Cambios regresivos

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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Se cumplieron seis meses de gobierno de Mauricio Macri y su equipo, conmemoración que pasó casi inadvertida en la prensa concentrada, que prefiere no hacer ningún balance, dado que sería imposible presentarlo como positivo, salvo para los grandes grupos de poder económico.

Podemos decir que hay dos hitos legislativos que marcan a fuego la gestión macrista: la ley de pago a los fondos buitre, denominada “Ley de Normalización de Deuda” y la reciente ley ómnibus, denominada “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. En el caso de la ley de pago a los fondos buitre, además de concederles todo lo que deseaban, una renta más que abusiva, se la presentó como necesaria para finalizar con la cesación de pagos a la totalidad de bonistas. Sin embargo, de acuerdo a la presentación del Programa Financiero 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, aún quedan pendientes de pago U$S 1867 millones, del total de U$S 6021 millones que no ingresaron a los canjes. Es decir, el 31% del total que permanece impago mantiene la posibilidad de litigio (así lo confirmó la Cámara de Apelaciones de Nueva York) y también habría una eventual conflictividad con los bonistas que entraron a los canjes.

En el caso de la ley ómnibus que se trató extensamente en las anteriores columnas, la media sanción en la Cámara de Diputados cambió muy pocas cuestiones respecto al dictamen de mayoría, que tal como se aprobó conculca los derechos de una parte de los jubilados y pensionados y produce una reforma tributaria regresiva. Quizá la modificación más significativa es la prohibición para entrar al régimen de exteriorización de riquezas en el exterior a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de los funcionarios, un cambio que sin embargo es menos abarcativo que el solicitado por muchos diputados que propusimos llevarla al cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Tampoco se tomó en consideración la propuesta de excluir a los contratistas y concesionarios del Estado.

Se plantea una exteriorización que no exige repatriar bienes, que solamente beneficia a quienes evadieron y reporta muy pocos beneficios para el país, pues se realizará, además, a un costo mínimo para los evasores.

Las estimaciones del dinero de argentinos en el exterior son diversas, debido al secretismo de las operaciones, y varían entre los U$S 250 mil millones a los U$S 400 mil millones. En verdad, una escasa porción de los U$S 10 billones que se estiman depositados en las guaridas fiscales. Lo que indica que este fenómeno es mundial, y desautoriza la frase de Mauricio Macri: “Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado”.

La decisión del presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, de dejar gran parte de su fortuna en el exterior, da a entender que estas decisiones van más allá de las condiciones específicas de cada país. En este punto cabe mencionar el cambio que a último momento se votó en el recinto, pasando la Unidad de Información Financiera desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda y Finanzas: de esta forma, el organismo encargado de analizar los flujos financieros para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo dependerá del ministerio que establece las políticas para el libre flujo de capitales.

Entre las propuestas que nuestro bloque Solidario-Si presentó en el recinto, se estableció que todo régimen de exteriorización de bienes y perdón fiscal debe tener como condición esencial la repatriación de los capitales, una constante de los regímenes de este tipo impulsados en los últimos años.

Entendemos que resulta esencial incorporar como destino de la exteriorización de fondos a las inversiones productivas en el territorio nacional, a través de la inversión directa en activos, como la capitalización de empresas, o la compra de inmuebles o equipamiento.

Los cambios en el régimen tributario, que no aparecen como necesarios o urgentes, terminaron votándose con leves modificaciones. En nuestra propuesta figuró la no derogación de la ley que impide la venta de acciones del gobierno en las empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de empresas nacionalizadas como YPF y Aerolíneas Argentinas. También rechazamos la eliminación del Impuesto a las Ganancias a los dividendos y utilidades y la extensión de las excepciones a la renta financiera. En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, propusimos un aumento del Mínimo no Imponible (MNI) relacionado con el costo de una vivienda de 50 m2 con el siguiente esquema de tasas: MNI por hasta los $ 750 mil, tasa del 0 por ciento. Sobre el excedente de $ 750 mil hasta los $ 2 millones el 0,75%; por el excedente de $ 2 millones hasta los $ 5 millones el 1,0%; por el excedente de $ 5 millones el 1,25 por ciento. En la ley votada quedó una alícuota del 0,25% para todos los que superen el MNI a partir de 2018, incluidas las mayores fortunas. Una regresividad total.

En el caso de la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, es decir una amplia moratoria, propusimos que debería estar estrictamente limitada a las MiPyMEs. Es inaceptable que se les brinde un régimen de regularización excepcional a los grandes grupos económicos, incluidas las multinacionales, cuando de ninguna manera su situación lo requiere.

En la cuestión más significativa, que tiene que ver con los derechos de nuestros jubilados, propusimos pagar íntegramente y con prioridad las sentencias firmes, con fondos del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2016, que destina $ 12.500 millones a tal fin. De no ser suficiente este monto podría utilizarse la renta o parte de la renta del FGS y si aún no alcanzara con eso sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos títulos y obligaciones del FGS que de las participaciones en las empresas que tiene el Estado.

Para aquellos que no tienen sentencia firme, el recálculo de los haberes y de los retroactivos debe realizarse de acuerdo al cálculo habitual que realizan los juzgados, sin limitación en los años de retroactivo. Para aquellos que no han iniciado juicios, sus haberes deben recalcularse de acuerdo a la misma fórmula.

Además, rechazamos de plano la declaración de “la emergencia en materia de litigiosidad previsional”. Más que una reparación histórica es un chantaje, porque estamos hablando de gente de elevada edad que no puede esperar años para recibir lo que le corresponde, y se ve presionada a tener que aceptar las fuertes quitas que proponen el gobierno macrista y la oposición que acompañó en la votación.

Mientras se decreta la cuasi desaparición del Impuesto a los Bienes Personales, que recaudó $ 18 mil millones en 2015, y la exención al pago de los dividendos empresariales, existe un conflicto por el pago del Pami a las farmacias por unos $ 2.000 millones y se pone en riesgo la salud de los jubilados y pensionados, mientras las usinas de comunicación amigas del poder hablan de la “reparación histórica”.

La ley ómnibus y el pago a los fondos buitre son hitos que marcan a fuego una característica que ha evidenciado la gestión macrista en estos seis meses: una profunda regresividad en la distribución del ingreso que, además de ser muy injusta, genera un fuerte enfriamiento de la economía.

Una gestión apañada por una oposición “amigable”, que nos lleva a pensar que, más que oposición, es otra fórmula política para asegurar la persistencia de un Estado manejado por las corporaciones y que persigue sus intereses a costa del bienestar popular.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 19/06/2016

LEY ÓMNIBUS - Para Heller, “no es una reparación histórica, es un chantaje”

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“Este proyecto lo mejor que tiene es el título, porque habla de reparación histórica a los jubilados y pensionados, pero en realidad en su contenido es muy difícil encontrar el sentido real de esa reparación histórica, más bien, todo lo contrario”, sostuvo esta tarde en el recinto el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), durante el debate de la ley ómnibus del Poder Ejecutivo.

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Chantaje contra la expectativa de vida

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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En un acuerdo con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, el oficialismo emitió dictamen de mayoría del proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que como he comentado en varias oportunidades, lo mejor que tiene es el título, aunque, desafortunadamente, no cumple con dicha premisa. Bajo el paraguas de un loable propósito como la “reparación histórica”, se presenta un proyecto de ley que intenta menoscabar los derechos de los jubilados y pensionados al proponer realizar los pagos con quitas respecto de lo determinado en las sentencias. Se intenta, además, realizar una serie de modificaciones a leyes que no están vinculadas con la materia previsional, como cambios en la estructura impositiva que le quitan progresividad a la tributación. También pretenden hacer pasar una exteriorización de capitales que no tiene por objetivo la repatriación del dinero, y la “liquidación” de las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Los cambios que se han introducido en el texto no modifican esencialmente las políticas establecidas en el primer proyecto. Hay un avance muy importante en cuanto a que se prevé que los jubilados con sentencia firme que no adhieran a los “acuerdos transaccionales” puedan cobrar por las vías normales. En verdad, no se necesita una ley para pagar las sentencias, son cosa juzgada y deben cumplirse. En los demás casos, se mantiene la declaración de la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, reducida a tres años de duración, algo que hace dudar de la efectividad que puedan tener los reclamos de cobro.

También se decidió que los objetivos del Consejo de Sustentabilidad Previsional incluyan el logro de un sistema previsional público y de reparto, además de universal, integral, solidario y sustentable como decía el proyecto original.

Nada cambió con respecto a los descuentos en las actualizaciones y retroactivos que por derecho corresponden a los jubilados y pensionados y, por lo tanto, no sólo podría incrementarse la litigiosidad, sino que además se quebrantan derechos, en lo que puede considerarse como un “chantaje contra las expectativas de vida”.

Por estas y varias razones más, determinados bloques han rechazado el proyecto oficial. Tanto el dictamen del FPV como el del Partido Solidario proponen, entre otras cuestiones, pagar las sentencias en forma plena con los recursos ya asignados en el presupuesto 2016 y otros fondos. También considero que debería extenderse la actualización a aquellos beneficiarios que cobran exiguas rentas vitalicias (derivadas del sistema de las ex AFJP).

Las actualizaciones que les corresponden por derecho alcanzan a algo menos del 30% de los jubilados y pensionados. Mantener la sustentabilidad para poder actualizar semestralmente los haberes de todos los jubilados, especialmente los que cobran las prestaciones mínimas, es a mi entender, el principal objetivo y desafío que enfrentamos los legisladores.

Caja de sorpresas II

Con respecto a la cartera de acciones del FGS, las modificaciones han sido “cosméticas” y se comenta que están “hechas a medida”. En principio, se mantiene la derogación de la Ley 27.181 que declara de interés público la protección de las participaciones del gobierno en empresas sociales del Estado nacional que integran la cartera del FGS y en otras empresas. Se colocó un porcentaje mínimo de cartera de inversión en acciones para el FGS del 7 por ciento.

También se estableció que, sin previa autorización del Congreso de la Nación, se encuentra prohibida la transferencia y/o liquidación de las acciones, y aquí viene la sorpresa, siempre que esta resulte en una tenencia del Fondo inferior a ese 7 por ciento. Hoy esas acciones llegan al 13% del Fondo, con lo cual se podría vender casi la mitad de las acciones (unos $ 39 mil millones) sin pasar por el Congreso. Una vez que lleguen al 7%, la prohibición se levanta en los casos de Ofertas Públicas de Adquisición dirigidas a todos los tenedores o canjes de acciones por procesos de fusión o reorganización societaria. Es decir, casi una vía libre para la venta de acciones.

En el caso de la exteriorización de activos, si bien se ampliaron las prohibiciones para los funcionarios de los tres poderes del Estado, no se extendió a los cónyuges y parientes ascendientes y descendientes hasta un determinado grado de consanguinidad, ni a los concesionarios y contratistas del Estado como solicitamos varios diputados.

Con respecto al viejo artículo 85 (en el dictamen de mayoría es el 84) era indispensable exceptuar a los periodistas y comunicadores sociales, así como a los medios de comunicación y sus responsables legales, por motivos de interés público, de las penas por la divulgación de información relacionada a las declaraciones de exteriorización de capital, “en razón de la protección superlativa de la que goza la libertad de prensa”, según reza el nuevo proyecto oficial. No obstante, parece una definición de libertad de expresión un tanto restringida.

El proyecto de “sinceramiento fiscal” se mantuvo prácticamente igual, con las modificaciones comentadas, y una mejora en los términos de los bonos ofrecidos para quienes ingresen capital. El bono a seis años se extendió a siete años, se le asignó una tasa del 1% para toda la vida del título (en el original la tasa era del 5% en los últimos cuatro años) y se permitió transferirlo y negociarlo a partir del cuarto año. Pero, y aquí apareció otra sorpresa, la adquisición en forma originaria del bono “exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a tres veces el monto suscripto”. Es decir, una persona que exteriorice por U$S 3 millones y compre un bono a siete años por U$S 1 millón no paga penalidad alguna. Es decir, el evasor se ahorra de pagar U$S 300 mil, monto que si se incorpora al rendimiento del bono, permitiría obtener tasas astronómicas de renta en dólares.

En compensación, el “beneficio para los contribuyentes cumplidores” que los exceptúa del pago del Impuesto a los bienes personales por tres años se extendió a la tributación de Ganancias del medio aguinaldo de junio de 2016 para aquellos que no tributen bienes personales. Es decir, sólo para quienes ganan más de $ 30 mil mensuales y que tienen hoy bienes por más de $ 305 mil. En verdad, un “beneficio para cumplidores” bastante austero, que no tiene que ver con la magnitud de la noticia en los medios.

Se mantienen las excepciones a la renta financiera y a las utilidades y dividendos en el Impuesto a las Ganancias, y si bien se eliminó la derogación del impuesto a los bienes personales a partir de 2019, la tasa del mismo se va reduciendo de un sobrio 0, 75% para 2016 a un frugal 0,25% en 2018.

Cabe destacar la amplia moratoria fiscal, de la seguridad social y aduanera que se propone, y que va en línea con los reclamos de las asociaciones de pymes, aunque debería aplicarse exclusivamente a este grupo y no beneficiar tan generosamente a las grandes empresas que lucran con la mora fiscal.

Sin duda, la “oposición amigable” fue esencial para que el oficialismo pudiera saltar tantas vallas, tantos reparos, a partir de conceder algunas modificaciones que no cambian la esencia de la estrategia original. Preocupa que se utilice a los jubilados como excusa para justificar una exteriorización, que tiene grandes defectos y beneficia casi exclusivamente a los evasores, o cambios regresivos en la tributación. Pero lo peor del proyecto oficial es la quita a los jubilados presentada como “reparación histórica”, y la posible intención de plantear en unos años la privatización del sistema previsional, porque el mismo no resulte sustentable.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 12/06/2016

Carlos Heller: “El tarifazo es una herramienta del ajuste”

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www.vaconfirma.com.ar | Entrevista

El legislador del Partido Solidario asegura que el Gobierno denuncia una herencia falsa para justificar “despidos y aumento de la pobreza”. Acusa a Macri y a sus ministros de “desinformadores seriales”.

Por Sergio Fernández Novoa

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Carlos Heller (Partido Solidario, aliado del Frente para la Victoria) tiene una vasta experiencia como diputado nacional y en el sector cooperativo. Impugnador incansable de las políticas neoliberales, denuncia que el actual escenario socioeconómico sólo se explica por las políticas del Gobierno, denuncia al “poder comunicacional” e ironiza: “Macri puso al país de pie, pero para protestar en Plaza de Mayo”.

- El Gobierno dice que recibió una herencia muy pesada del kirchnerismo que le obliga a tomar medidas antipáticas. ¿Qué país recibió Mauricio Macri en el plano económico?

- Esto de la pesada herencia es una gran zoncera, como las denominaba Arturo Jauretche. El Gobierno lo único que está haciendo es disfrutar de la bonanza recibida, ¿de qué pesada herencia hablan? Cuando uno habla de herencia lo tiene que demostrar en datos. No nos dejemos engañar: el actual escenario socio-económico no es la “herencia”, es la consecuencia de la destrucción de la “herencia” que está haciendo Macri.

- En materia económica el gobierno nacional parece manejar dos discursos, uno público, con énfasis en la herencia, y otro más real, en base a los datos duros que maneja el Estado y que se contradice con lo anterior…

-Cuando el Gobierno tuvo que salir a buscar dólares para pagarle a los fondos buitre elaboró un prospecto llamado “Argentina, un país de oportunidades”. Los datos en ese documento dicen, entre otras cosas, que Argentina ocupa el primer lugar de Latinoamérica en el índice de desarrollo humano, así como también el primer lugar en educación, con más de un 98% de alfabetismo. Además, señala que tenemos el menor nivel de desigualdad de la región, 110.000 universitarios graduados por año, el segundo PBI per cápita más alto de la región, menos del 6% de desocupación, un sistema altamente desarrollado de rutas, trenes, aeropuertos y puertos, alto nivel de conectividad y una muy baja relación deuda-PBI, que es del 13% contra el 60% promedio en América Latina. Estos son datos del gobierno de Macri que se contradicen con la idea de “la pesada herencia”. Nos instalan cosas falsas que el poder comunicacional logra convertir en sentido común.

-¿Cómo funciona el argumento de la pesada herencia en términos políticos?

- El invento de la pesada herencia es la justificación para el ajuste, y el ajuste es un cambio en el modelo de distribución y acumulación. En química dicen “nada se pierde, todo se transforma”; en economía yo digo “nada se pierde, sólo cambia de manos”. Macri no dudó en bajar las retenciones a los sectores más concentrados de la economía, pero vetó la ley antidespidos. Y vetó esa ley porque su proyecto político requiere de un alto porcentaje de desempleados. El tarifazo es una herramienta más del ajuste que está implementando el macrismo. La devaluación, los despidos y el aumento de tarifas de los servicios públicos nos condenan inevitablemente a un escenario de aumento de la pobreza. Las políticas públicas hacen que las cosas vayan en una dirección o en otra. Entonces, si sacás retenciones a productores agropecuarios y mineros y eliminás subsidios a las tarifas de los servicios públicos, trasladás ingresos de un sector a otro.

- Lo escuché señalar que la devaluación, tal como se hizo, supone una mayor pérdida del salario real. Y que esa es la verdadera intención de las políticas del actual Gobierno…

- La devaluación lo que produce es el cambio en los precios relativos de las cosas. Una devaluación es exitosa cuando el precio del trabajo se atrasa. Imagínese que el salario crece igual que el aumento del transporte, del pan, de la nafta, estaríamos en el mismo lugar de partida y, desde la perspectiva del Gobierno, habría que devaluar de nuevo. La devaluación es exitosa sólo si se atrasa el salario y crece menos que lo que aumentan los demás precios. La devaluación es una clara transferencia de recursos. Ellos la llaman recuperar competitividad, pero hay que explicar qué quiere decir “ser competitivo”, nosotros no vamos a vender ni un kilo más de nada porque devaluemos, porque en realidad los precios de lo que se vende en el mercado internacional son en dólares.

-Lo que señala sobre la devaluación está muy lejos de lo que explicaban desde el actual ministerio de Hacienda y Finanzas.

- Le doy un ejemplo: la soja vale “x” dólares la tonelada y vos podés devaluar el 300 por ciento y la cantidad de soja que vas a lograr vender es la que el mundo está dispuesto a comprar a “x” precio de dólar. Lo que va a pasar es que el señor que venda esa soja va a ganar más pesos. Ahora, le sirve ganar más pesos mientras sus costos no evolucionen de la misma manera, eso es lo que llaman “mejorar la competitividad”. Triaca dijo que la Argentina tiene elevados costos laborales. No se puede bajar el salario, eso ya lo intentó López Murphy y casi incendia el país. Estos funcionarios son más sofisticados, aumentan el precio de las cosas de manera que el salario pierda valor real. Y después se flexibiliza, que es lo que viene. El costo de un trabajador no es su salario solamente, sino la protección que tiene por derechos adquiridos.

-¿Cuál es el tipo de Estado que necesita este modelo económico que Usted describe?

-Macri lo explicó. En sus propias palabras, “el Estado debe cumplir el rol del canchero (de fútbol)”, que es el que corta el pasto, pinta las líneas y crea las condiciones para que los jugadores jueguen. Los jugadores son los privados. El Estado no se puede meter en la economía. Los privados la regulan. El ministro del Interior (Rogelio Frigerio) dijo: “hemos desactivado la bomba y trabajamos para poner al país de pie”; la vicepresidenta (Gabriela) Michetti dijo: “tuvimos que adoptar políticas antipáticas y duras, pero diciendo la verdad a la gente”. Son desinformadores seriales, pero coincido cuando dicen que pusieron de pie al país. Lo pusieron de pie para protestar, para ir a la Plaza de Mayo.

- ¿Qué opina del proyecto de blanqueo de capitales y el pago a los jubilados que entró el miércoles a la Cámara de Diputados?

- Recién el jueves último lo tuvimos en la mano y lo estamos analizando. En el tema de los jubilados lo que se anuncia como una actualización del 45% es una quita de lo que les correspondería si ganaran los juicios, porque se está cambiando el índice de actualización. Como en todas las cosas, el macrismo maquilla lo que dice y en realidad el producto después no tiene nada que ver con lo que dice. Está claro además que quieren la autorización para vender las acciones del Estado en las empresas privadas. Creo que es el inicio de un proceso de desmantelamiento del sistema previsional. Creo que ante eso va a haber mucha resistencia en el debate parlamentario y que van a tener dificultades para aprobarlo.

- ¿Existe la posibilidad de que el Estado también venda sus acciones en otras empresas que no sean las que participa la Anses?

- A mí no me extrañaría que este gobierno nacional también vuelva con ideas privatistas. No creo que eso esté planteado para lo inmediato, para el corto plazo, porque sería demasiado violento.

- Pero este proyecto allana el camino para llegar a eso…

- Ellos van instalando la idea del mercado, la desregulación, el Estado marcando las reglas pero no interviniendo en la economía. Si uno lleva al máximo ese planteo no tendría que tener una empresa petrolera ni una aerolínea ni un correo ni nada que se le parezca. Si uno los lee en la intención de fondo, desde luego que incluye eso. Ahora, vamos a ver cómo intentan hacerlo y trataremos que no lo logren.

Nota

Caja de sorpresas

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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La sorpresa nos invade cuando abrimos una caja y salta la cabeza de un muñeco adosada a un resorte. Así nos sentimos muchos diputados al recibir el proyecto ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo. La razón es que bajo la aceptación general que suelen generar medidas como el pago de las sentencias a los jubilados y mejora de sus haberes, el Poder Ejecutivo presentó una ley que trata al menos cinco cuestiones diferentes: el tema de los jubilados, el blanqueo de capitales, una reforma impositiva regresiva y el acuerdo con provincias para devolverles la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada a la ANSES.
Por su envergadura, cada uno de los temas debería tratarse separadamente como leyes particulares, para darle el necesario tiempo de discusión y que la misma se realice en las comisiones específicas. Por ejemplo, el blanqueo no pasa por la Comisión de Finanzas, o el acuerdo con provincias no ingresa por el Senado, como debería ser. Si bien algunas de estas cuestiones pueden parecer técnicas, están debilitando la calidad institucional, objetivo que los diputados de Cambiemos dicen defender y que fue uno de los ejes de su campaña electoral.
Al estudiar el texto siguen surgiendo sorpresas. La “reparación histórica” a jubilados posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, dando cuenta de que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. Se propone así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y el Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un “acuerdo transaccional”. Pero la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los derechos previsionales son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo acuerdo, porque el jubilado está presionado a aceptarlo por su propia situación. O cobra con el descuento que dan hoy, o el limbo.
Por la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces, también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían estimativamente a sólo un tercio de los jubilados.
Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la “pensión universal para el adulto mayor” un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando “jubilados de segunda”. La moratoria previsional es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.
También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.
Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.
Por otra parte, el blanqueo fiscal tiene una característica única: no se requiere la repatriación de los capitales declarados, una exigencia ineludible en los últimos regímenes de exteriorización. Todos los beneficios son para los que exteriorizan, y el Estado apenas tiene como beneficio principal el cobro de la penalidad.
Se plantea, además, una reforma tributaria regresiva, puesto que se bajan las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y se lo elimina totalmente a partir de 2019, y se exime del Impuesto a las Ganancias la renta de las acciones de empresas, entre otros. El Impuesto a las Ganancias sobre las rentas del trabajo no sufre modificación alguna. La propuesta del Ejecutivo no sólo posee una regresividad total, sino que implica una cesión de ingresos fiscales al segmento de mayores ingresos, mientras se sostiene que no había otra alternativa a los fortísimos aumentos en las tarifas (que tuvieron que sufrir algún recorte por la presión popular). Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tema que favorece a las PyMEs, al igual que la moratoria impositiva.
Se incluye también la aprobación del convenio entre Nación y provincias para la devolución del 15%, asunto que ya se trató en esta columna.
Imposible resumir la gran cantidad de temas que se tratan y normativa que se modifica, y no puede descartarse que surjan nuevas sorpresas. Lo que queda claro es que el gobierno de Mauricio Macri está decidido a cambiar la estructura económica y normativa, virando hacia la esencia del modelo de los noventa. El único freno a esta orientación será la voluntad popular mayoritaria.

Regreso al “primer mundo”
El gobierno se sigue moviendo intensamente para integrarse de forma plena al concierto internacional neoliberal. El presidente Macri viajará a Chile al encuentro de la Alianza del Pacífico (que, además del anfitrión, integran Perú, Colombia y México). Las actuales autoridades siguen jugando sus cartas para ingresar al bloque, en principio como observador. Según la Canciller Susana Malcorra, no existe una dicotomía con el MERCOSUR, ya que de allí parte la integración “que es central para nuestra capacidad de insertarnos en el mundo”, una visión en la que prevalecen los lazos comerciales, y no de otra índole, ya que, en sus palabras, “plantearnos como mercado integrado nos da oportunidad de negociar muy grande”.
No hay que perder de vista el pedido del gobierno de Brasil para que los países miembro puedan negociar por su cuenta. Con o sin MERCOSUR, la Alianza del Pacífico es una amenaza cada vez más concreta de la misma forma que también lo sería el NAFTA, por añadidura, dado que México participa de ambos acuerdos.
No deja de ser paradójico que todo lo anterior ocurra mientras el FMI sigue reconociendo los efectos de la agenda ortodoxa. En Finanzas y Desarrollo (F&D), una de sus principales publicaciones, señala: “Hay aspectos de la agenda neoliberal (así la llaman ellos) que no han resultado según lo esperado”. Las principales conclusiones son: 1) “Los beneficios en términos de incremento del crecimiento parecen difíciles de establecerse”; 2) “Los costos en términos de incremento de la desigualdad son prominentes” y 3) “El incremento de la desigualdad a su vez daña el nivel y la sustentabilidad del crecimiento. Las estrategias de consolidación fiscal –cuando son necesarias- podrían estar diseñadas para minimizar el impacto en los grupos de menor ingreso. Pero, en algunos casos, las consecuencias distributivas tendrán que ser remediadas luego que ocurran, utilizando impuestos y gasto de gobierno para redistribuir ingresos”. Diagnósticos cada vez más acertados, pero que a la hora de la praxis sólo derivan en la utilización de herramientas compensatorias para morigerar los impactos de las “bombas” que lanza el aparato neoliberal. Una conclusión que explica parte de la agenda social que muestra en estos días el gobierno nacional.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 5/6/2016

 

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