Heller: “El sábado 4 vamos a desbordar Atlanta”

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Buenos Aires, 27 de septiembre de 2014.

“Creemos que hay que avanzar en la idea de la construcción frentista de la fuerza kirchnerista y que en ese sentido el aporte del Frente Nuevo Encuentro es considerable”, explicó hoy Carlos Heller, uno de los principales referentes nacionales del FNE, al ser consultado por el motor del multitudinario acto que la fuerza política realizará el próximo sábado 4 de octubre en la cancha de Atlanta, con la consigna “Cristina, presente y futuro”.

En diálogo con Eduardo Aliverti por Radio La Red, el diputado nacional agregó: “Queremos sumarnos a las otras expresiones que ya han hecho su acto, como La Cámpora y el Movimiento Evita, y seguramente antes de fin de octubre haremos uno de todos juntos en Unidos y Organizados, como una ratificación de varias cosas: el liderazgo de Cristina; la necesidad de la continuidad del proyecto nacional y de que ello debe ser sustentable sobre la base de la existencia de una gran fuerza política; que no creemos en la alternancia como una virtud y creemos que los procesos de transformación requieren de períodos largos, y que esos períodos largos deberían ser posibles más allá de las limitaciones constitucionales respecto de las personas; y que se pueden tener liderazgos aunque no coincidan esos liderazgos con los cargos institucionales”.

“Creemos que es un buen momento para que nuestra fuerza -que es una fuerza relativamente nueva, nacida al calor de la experiencia kirchnerista y que se siente parte de esa experiencia kirchnerista- diga «presentes, aquí estamos». Los compañeros nuestros que están trabajando en la organización están muy contentos por la respuesta que están teniendo, esperamos mucha gente del interior del país, vamos a hacer un gran acto. El sábado 4 vamos a desbordar Atlanta”, concluyó Heller.

La ONU eje económico y político de la semana

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEl hecho político y económico de la semana transcurrió en las Naciones Unidas, con los discursos de la presidenta Cristina Fernández en la 69º sesión de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, potenciados luego con la resolución de condena a los fondos buitre aprobada por el Consejo de Derechos Humanos.
El discurso de nuestra presidenta fue valiente, acorde a la estadista que es, porque no sólo habló de los buitres, sino también de otros temas igualmente muy serios: la paz y el respeto a la libre determinación de los pueblos y el fracaso absoluto del uso de la fuerza como medio para resolver los problemas del terrorismo. Asimismo, expresó que el mundo no tiene solución mientras siga habiendo cinco países con poder de veto, y volvió a reclamar el acatamiento de Gran Bretaña a la resolución de la ONU sobre Malvinas. Sin duda, un discurso que escandalizó a los partidarios vernáculos de las “relaciones carnales” con EE UU, entre ellos Mauricio Macri, quien expresó que “no podemos estar peleándonos con todo el mundo”, mientras que el discurso de nuestra presidenta fue firme pero sin ningún agravio.
Cuando el Papa le escribe: ya que va a estar más cerca, ¿por qué no se viene a almorzar?, la invita a que pase por Roma, que no queda camino a Nueva York, indica una intencionalidad en brindar un apoyo a la postura argentina contra los fondos buitre. Este apoyo es coherente con los enunciados de la exhortación papal Evangelii Gaudium, (que algunos de sus seguidores locales deberían leer con atención) como por ejemplo que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera”.
En la ONU, Cristina Fernández hizo referencia a su encuentro con Francisco: “Quiero traer el mensaje de construcción de la paz. Si queremos combatir al terrorismo, trabajemos para la paz”, expresó en momentos en que los países centrales planean resolver los problemas con la violencia de los bombardeos, y aclaró que “desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo–enemigo, de terrorista– no terrorista”.
Respecto a los fondos buitre, agregó que  ”no sólo son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a partir del pecado de la especulación”. En este aspecto, nuestra presidenta agradeció y felicitó a la Asamblea de la ONU por la  resolución  68/304 que decidió, por amplia mayoría, elaborar y aprobar un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Cristina además criticó severamente el fallo del juez Thomas Griesa y ratificó que nuestro país va a seguir pagando pese al acoso de los buitres, porque tiene voluntad y capacidad de pago. Sobre este tema, Griesa decidió aprobar nuevamente, por única vez, el pago de los bonos bajo legislación argentina, beneficiando principalmente al Citibank, e instó a auditar los bonos, cediendo a las presiones de los buitres. Estas decisiones exponen las fisuras del fallo, beneficiando la posición argentina, en medio de los aprietes de los buitres, que incluso se entrometen en nuestro país, a través de una solicitada llena de falsedades, agraviante hacia nuestro gobierno y nuestra presidenta, que la American Task Force Argentina publicó en medios hegemónicos locales.
Continuando con el discurso de Cristina, este coincidió en varios puntos del contexto internacional con el de Dilma Rousseff y otros líderes de la UNASUR. Esto indica la existencia de enfoques comunes, de acuerdos y de posicionamientos en el escenario internacional adecuadamente consensuados. Y en estos acuerdos, que son políticos pero también económicos, Cristina fue clara al afirmar que la multilateralidad es algo que se construye, para luego agregar que el poder de veto es desequilibrante en esa construcción e indicar que el único ámbito verdaderamente democrático es la Asamblea General, porque todos los países valen un voto.
Ese poder de veto de cinco países en el Consejo de Seguridad, o por vía indirecta en otros organismos financieros internacionales, es una rémora de la división del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y no tiene nada que ver con este mundo de hoy, con la aparición de nuevos bloques, de nuevos jugadores con mayor peso internacional, de nuevos espacios de discusión como la UNASUR, la CELAC, el G77 o los BRICS.
La ya mencionada resolución de condena a los fondos buitre, impulsada por la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo de especial significación para este tema, es también una nueva muestra de multilateralismo, ya que 33 países en desarrollo votaron por el sí (incluidos los BRICS), nueve se abstuvieron (entre los que figuran algunos europeos), mientras que votaron negativamente Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y República Checa. Según declaraciones del canciller Timerman, la resolución condena el accionar, pero lo que es más importante, las Naciones Unidas ordena investigar dicho accionar y analizar los efectos del mismo sobre las economías que han reestructurado sus deudas soberanas.
Todos resultados concretos que derriban las posturas de aquellos que sustentan que Argentina está aislada del mundo; por el contrario está muy conectada, e impulsando activamente ideas y acciones para incidir en un nuevo equilibrio global, en el cual los países en desarrollo obtengan la representatividad que les corresponde, independientemente del poder militar que posean.

INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN CAMBIARIA. En los últimos días quedaron expuestas de forma clara las maniobras de ciertos sectores locales y del exterior, con llegada a los principales medios, que buscan influir en las expectativas de la población y alimentar temores sobre la evolución futura del tipo de cambio y la inflación.
Según la agencia Moody´s: “El incumplimiento del gobierno con su deuda en julio limitará aún más la nuevas opciones de financiamiento para las empresas y conducirá a una mayor devaluación del peso, factores que se suman a las presiones inflacionarias”, (El Cronista, 24/09). En este contexto, no carece de inocencia una nota publicada donde se titula: “Avisan a importadores que desde el lunes deben utilizar dólar a $14,50″. La noticia contribuyó a generar confusión en ciertos sectores productivos, que incluso habrían comenzado a recibir ese mismo día llamados por parte de sus proveedores, donde les anticipaban los inevitables ajustes de precios.
Si bien las respuestas, tanto del BCRA como del Ministerio de Economía, que ratificaron que las operaciones de comercio exterior se seguirán llevando a cabo al tipo de cambio oficial, contribuyeron –en parte– a calmar las aguas del mercado cambiario, lo ocurrido constituye una secuencia “de manual” de desestabilización.
Tampoco hay que perder de vista las importantes ganancias que en situaciones de mayor incertidumbre obtienen ciertos sectores, entre ellos los que especulan con la compra y venta de valores en el mercado bursátil local. Tal es así que en lo que va de septiembre este vino mostrando un importante salto en los volúmenes negociados, producto de ciertas operatorias como son el denominado “dólar bolsa” y el “contado con liquidación”, como se los conoce en la jerga financiera, que permiten hacerse de dólares por vía legal, condición que no los exime de ser criticables atento a su carácter eminentemente especulativo.
A su vez, algunos analistas hicieron alusión a la reducción de los montos operados en el mercado mayorista, culpabilizando implícitamente al gobierno por la política de administración de las reservas, que incluye la autorización de divisas para las importaciones  y las negociaciones que derivaron en el supuesto y erróneamente caracterizado default. Esta perspectiva intenta esconder comportamientos especulativos de ciertos sectores exportadores que no han venido liquidando parte de sus dólares (y que por ley deberían hacerlo) o que no venden la totalidad de sus cosechas a la espera de una devaluación. Respecto de estos últimos, es interesante notar que en el mes de julio se había vendido un 50% de la cosecha de la actual campaña, cuando a esa altura del año en 2011, por ejemplo, se alcanzaba al 78 por ciento.
El discurso de la presidenta, caratulando de terrorismo económico al accionar de los fondos buitre, junto con su denuncia del plan de cinco puntos que estos tienen para generar inestabilidad económica, son temas esenciales para comprender lo sucedido estas últimas semanas en el mercado cambiario.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 28 de septiembre de 2014.

Herramientas para influir sobre los precios y la distribución del ingreso

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La discusión sobre los proyectos de ley de abastecimiento y regulación de las relaciones de consumo planteó claramente el rechazo de las asociaciones de grandes empresarios a cualquier forma de regulación estatal, a la vez que esa postura se enfrentó al apoyo mayoritario de los representantes de las PyME al contenido de fondo de las tres leyes.
Sucede que las PyME fueron excluidas de la normativa de la ley de abastecimiento durante el tratamiento en el Senado.
Estas leyes, aprobadas y ya sancionadas, son la 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (conocida como Ley de Abastecimiento), la 26.992 de Creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, y la 26.993 del Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Una diputada del PRO intentó vanamente colocar en falta al oficialismo al decir que, en la medida que eximía al 99% de las empresas de la regulación, las dejaba a merced del mercado que tanto se criticaba. Errónea observación, puesto que las PyME están sometidas a las posiciones dominantes de sus proveedores de insumos cartelizados, a los que deben transferir gran parte de sus excedentes (sino todos), como lo expresaron los representantes del sector.
Estas posiciones dominantes se pueden corroborar en los sectores de panificados, polietileno o chapa, donde un sola empresa del rubro controla más del 80% de la producción; los cinco supermercados que dominan el negocio, las dos empresas de galletitas con el 60% de la producción, las dos de gaseosas con el 82% de las ventas, las cuatro del azúcar, las tres de la cerveza, las cuatro del cemento, o las dos empresas que producen el 80% de los lácteos. No casualmente, la mayoría de estas grandes empresas pertenecen a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Argentina (Amcham), al G6 o al Foro de Convergencia Empresarial y distintas cámaras sectoriales, todos trajes a medida que estos empresarios utilizan indistintamente para difundir sus posturas, en este caso, las furibundas críticas a la ley de abastecimiento.
No hay que olvidar que en su manifiesto liminar, AEA establece que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país. Un representante de la cámara de muy grandes empresas, principalmente estadounidenses, expresó que “los derechos de propiedad del empresario son violados si no puede decidir qué va a producir, en qué cantidades y a qué precios”.
Para la Sociedad Rural Argentina la ley propuesta es “confiscatoria” y “es una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía”, mientras que su presidente, Luis Etchevehere, amenazó con “una catarata de amparos en toda la Argentina”.
Los argumentos de las grandes empresas, avalados por la mayoría de los diputados de la oposición, pueden resumirse en una cuestión filosófica, dado que su esencia lleva a las corporaciones a oponerse a todo tipo de controles.
Los empresarios concentrados interpretan nuestra Constitución Nacional como más les conviene: resaltan el Artículo 14, que establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” y en especial mencionan los “de trabajar y ejercer toda industria lícita” y “de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles”, pero se olvidan de citar el Artículo 42 en el cual se basan las leyes que se votaron y que establece los derechos de los consumidores. Tampoco tienen en cuenta otro artículo de nuestra Constitución Nacional, mucho más conocido pero también muy ignorado, el 14 bis, que expresa: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección(…)”. Si bien nuestra Constitución otorga el derecho de ejercer toda industria lícita, también le impone límites precisos, en cuanto a las características de los salarios, demás derechos de los trabajadores y de toda la ciudadanía.
Entre otras cuestiones, resulta absolutamente legítimo plantearse discutir cuál es el límite de esa propiedad privada. Y de eso se tratan estas leyes; además de la expansión de derechos del consumidor que conllevan, dotan al Estado de herramientas para evitar las distorsiones en las cadenas de valor, por las cuales los consumidores pagan precios abusivos, mientras que los productores reciben una ínfima porción del precio de venta, y se enriquecen injustamente los sectores concentrados. Eliminando las distorsiones se gana en actividad económica y se benefician  productores, consumidores y toda la sociedad, que verá mejor distribuída la renta generada por la producción.

UN PRESUPUESTO CON MAYOR GASTO SOCIAL. Ingresó al Parlamento el proyecto de Presupuesto para el año 2015, donde se plasman las principales definiciones en términos de ingresos y gastos del Estado Nacional, en consonancia con los objetivos de “crecimiento de la economía con el mejoramiento constante de la equidad en materia de distribución del ingreso”, tal como figura en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.
Los escenarios utilizados para la elaboración del proyecto le otorgan un especial peso al contexto mundial, por cierto volátil, y que desde el segundo semestre se ha tornado “decepcionante tanto para los países centrales como también para los emergentes”, según manifestó Axel Kicillof durante la presentación del proyecto.
Con ello, y teniendo en cuenta las distintas políticas de fomento a la actividad que se seguirán aplicando desde el Estado, se espera un crecimiento del 0,5% del PIB para 2014 y del 2,8% para 2015.
La estructura de ingresos y gastos presentada refleja el espíritu de las políticas anticíclicas de estímulo al mercado interno y defensa del empleo. En particular, durante el próximo año el gasto total aumentará un 13,2%, y el componente que más se incrementará es el de los servicios sociales, que crecerá un 25,3% y representará el 58,7% del gasto total, superando el 53% del presente año. Entre los ítems más dinámicos se encuentran las prestaciones jubilatorias y la Asignación Universal por Hijo, precisamente algunas de las partidas que más influyen en el consumo popular y en la mejora del reparto del ingreso. Mientras tanto, en paralelo se apuntará a reducir el gasto en servicios económicos (principalmente subsidios a tarifas).
No bien presentado el Presupuesto 2015, los representantes de la oposición lanzaron sus primeras críticas hacia el mismo, al resaltar por ejemplo las diferencias entre los números proyectados para este año y lo planificado un año atrás, sosteniendo a partir de allí que se trata de “un dibujo”. Sucede que el Presupuesto es un plan de trabajo que maneja posibles escenarios hacia el futuro, y que da indicaciones de las políticas que va a aplicar el Gobierno Nacional, y no un vaticinio de variables.
Quienes fundan sus críticas en las cifras específicas y no en las políticas aplicadas son aquellos que asignan la inflación al aumento de los recursos monetarios y del gasto, y lo que están planteando, sin decirlo explícitamente, es un severo ajuste en la economía aplicando estrictas reglas de manejo fiscal, al costo de erradicar el uso de herramientas anticíclicas y de apoyo a los sectores más vulnerables. Desde nuestra perspectiva, estas herramientas de fomento resultan absolutamente necesarias para situaciones como la actual, donde es preciso dinamizar el mercado interno, ante la baja de la demanda externa y las consecuencias del accionar desestabilizante de los buitres, que operan desde afuera y también desde adentro.
En el tema de los buitres, la Cámara de Apelaciones de Nueva York no quiso involucrarse en las complicadas implicancias del fallo del juez Griesa y rechazó el pedido del Citibank para intervenir, pero indicando al Citi que puede buscar mayores consideraciones por parte de Griesa. De esa forma queda bien con buitres y bancos estadounidenses, y aprovecha para criticar a la Argentina. Será ahora Griesa quien deberá cargar con el peso de sus decisiones y establecer si permite que el Citi pague, a fines de septiembre, los bonos Par con legislación argentina a los acreedores que residen fuera de nuestro país.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 21 de septiembre de 2014.

Un Estado activo que contrasta con débiles críticas opositoras.

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La Presidenta Cristina Fernández promulgó la Ley 26.984 de Pago Soberano y Reestructuración de Deuda, expresando que la existencia de la misma “significa que la Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas, con todos los tenedores de bonos”.

Respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por esta ley, el ministro de Economía Axel Kicillof aclaró, ante las dudas de algunos diputados, que esta comisión investigará, tal cual lo dice la ley: desde marzo de 1976 hasta hoy, incluyendo los procedimientos del Canje 2005 y 2010.
La oposición, tanto en el plenario de comisiones como en la maratónica sesión, se orientó principalmente a criticar la gestión económica del gobierno, no sólo de la deuda, sino en todos los ámbitos, privilegiando la miope visión de los posibles réditos electorales por sobre el verdadero interés de nuestra Nación. Hubo algunas propuestas, desde no hacer nada hasta enero de 2015, hasta algunos bloques que propusieron modificaciones en el Senado que fueron recogidas e incorporadas, pero que a pesar de ello votaron en contra. Según comenta La Nación (11.09.14): el único bloque que propuso acatar el fallo de Griesa fue el del PRO. “La Argentina se sometió por voluntad propia a una determinada jurisdicción. Ahora no tiene otra alternativa que acatar [el fallo]; de lo contrario, se colocaría en una situación de incumplimiento y aislamiento.” Esta postura es consistente con la del titular del PRO, Mauricio Macri, quien apenas conocida la sentencia expresó su acuerdo en pagarle a los buitres.
El ministro Kicillof expresó que uno de los principales objetivos de tener la ley sancionada cuanto antes se debía al pago de los bonos par que vence a fin de septiembre. De allí que cabe preguntarse qué significa no hacer nada, ¿caer voluntariamente en default ante el pago de septiembre? ¿O acaso algún diputado piensa que debe depositarse en el BoNY para que nuevamente quede retenido? Esto último podría ser una estrategia, pero no beneficiaría a los acreedores que entraron al canje como lo hace la Ley de Pago Soberano.
Está claro que si bien la ley votada es un gran avance en la dirección correcta, lejos está de ser una norma milagrosa que vaya a resolver el problema de los fondos buitre. El fallo del juez Griesa complica el normal cumplimiento de la deuda del país y las reestructuraciones de otras naciones, como lo han reconocido países, organismos internacionales y académicos de todo el mundo. Mientras tanto, los fondos buitre seguirán su hostigamiento contra Argentina y todo aquel que sea deudor de sus acreencias o se enfrente a sus intereses. Pero hay que tener en cuenta que además del apetito voraz de estos buitres, su intención es llevar a la Argentina a la necesidad de caer nuevamente en un sobreendeudamiento, porque lo que están mirando son los recursos de nuestro suelo, soñando con la posibilidad de que otra vez paguemos con patrimonio las deudas en las que nos quieren hacer caer nuevamente.
En estos aspectos resalta el notable éxito de la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del martes 9 de septiembre, impulsada desde Argentina juntamente con el G77+China. Entre otras importantes cuestiones, la Asamblea “decide elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales (…) y con carácter prioritario, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”. A pesar de los once votos negativos liderados por las grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá, primó la voluntad de la mayoría de los países en desarrollo, un indicio del nuevo equilibrio de fuerzas a nivel internacional que se está gestando.
Un dato para comprender la situación gestada a partir de la ratificación del fallo de Griesa es que, desde que la Corte Suprema estadounidense denegó el tratamiento del caso y ratificó la sentencia, el riesgo país ha aumentado sólo 30 puntos básicos, indicando que los inversores no esperan pérdidas significativas en sus bonos, una cuestión que es reconocida incluso desde medios férreamente opositores al gobierno. No coincido en comparar, como hacen muchos analistas, la situación actual con la de 2001, cuando el riesgo país aumentó 3000 puntos básicos, mientras se acercaba el derrumbe de la Convertibilidad y la crisis más profunda de nuestra historia. Tampoco creo que el riesgo país sea un indicador relevante de la situación económica doméstica, pero así lo consideran aquellos que están pendientes de los mercados, y que se cuidan muy bien de no difundir ese ínfimo aumento. Otro dato a citar es que el índice Merval ya duplica los niveles de inicio del año, un número incontrastable que echa por tierra los pronósticos apocalípticos de muchos analistas y políticos sobre las consecuencias del supuesto default y la debilidad de la economía argentina.

PROTEGER EL EMPLEO. El gobierno lanzó el último jueves el programa “Ahora 12″, que involucra la financiación en doce cuotas sin interés para los consumos con tarjeta de crédito, una medida que apunta decididamente a proteger la industria nacional y el empleo.
Durante el anuncio, Kicillof mencionó los impactos sobre la demanda como consecuencia de un mundo “que se encuentra en un proceso totalmente recesivo”, y sostuvo que “por eso son necesarias estas medidas para capear al temporal”. También vinculó la desaceleración que afecta a los bienes de consumo durable con las campañas de desánimo que impactan en las expectativas de consumo, ya que, siguiendo a Kicillof: “si la gente decide no consumir eso afecta a la demanda y la demanda afecta al empleo y la industria”.
Los rubros que incluye el programa, orientado a artículos de producción nacional, fueron seleccionados en virtud de su alta participación en términos de empleo local; comprenden indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, línea blanca, motos, bicicletas, materiales de la construcción y turismo. El gobierno estima que con este plan se estimulará un conjunto de actividades que explican el 6% del PBI y se podrá proteger el 35% del empleo industrial. La nueva iniciativa se suma a las líneas de financiamiento productivo vigentes, que equivalen actualmente al 4,1% del PBI, por encima del 0,6% del año 2009, según informó el Ministerio de Economía.

(DES)ABASTECIMIENTO. En la semana que se inicia, la Cámara de Diputados discutirá en el recinto el paquete de leyes para regular las relaciones de consumo y producción. En este marco, resulta interesante la posición de un columnista de El Cronista, quien el pasado viernes expresó: “la percepción entre los hombres de negocios es que llegó la hora del racionamiento, sea de dólares, de autos, de mercaderías en general, y sobre todo de utilidades. La carrera que viene es evitar ser cazado por el Estado con los precios máximos de la ley de abastecimiento. Importar lo menos posible, tratar de subir los precios, evitar vender a pérdida y cuidar los costos (…). El que más encanuta, menos se arriesga a perder.” Toda una lista de ‘cosas por hacer’.
La cita forma parte del conjunto de afirmaciones que rechazan cualquier intervención del Estado que apunte a mejorar la situación de los consumidores y de los eslabones más débiles de la cadena de la producción. Pero, por sobre todo, es representativa del accionar de aquellos que apuntan a influir en las expectativas de la población.
En esta gesta a favor de la irrestricta libertad de mercado se han enrolado, en una larga lista de solicitadas, agrupaciones gremiales de grandes empresarios, opuestas con gran animosidad a la nueva ley de abastecimiento. Para AEA “constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas” y por ello la tildan de “inconstitucional”. No tienen en cuenta el artículo 42 de nuestra Carta Magna, que establece los derechos de usuarios y consumidores. A similar enfoque adhiere la UIA, la cual muestra preocupación por tener que brindar “toda información relativa al giro de los negocios”. Claramente, sólo les interesa tener carta blanca para realizar sus negocios, y poder obtener la mayor rentabilidad posible, sin preocuparse por los costos sociales de sus acciones.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 14 de septiembre de 2014.

Buitres contrarios al interés nacional

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democracia-o-corporacionesEsta semana el Senado dio media sanción al proyecto de ley de pago soberano de la deuda exterior, que en su artículo 1º declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina”.
El texto aprobado en la Cámara Alta mantiene los lineamientos del proyecto original, elaborado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cuestiones, autoriza a remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario y a designar, en su remplazo, a Nación Fideicomisos SA, “todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados”.
Como fruto del debate legislativo se incorporaron igualmente algunas modificaciones que mejoran la calidad del proyecto. En lo que respecta a la apertura de un nuevo canje, además de la opción local, se incluyó la posibilidad de utilizar la legislación y jurisdicción francesas, siempre de acuerdo con la voluntad de los acreedores afectados por la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”. La elección de Francia responde a criterios objetivos ya que, como señaló el senador Miguel Pichetto, aparte de haber sido uno de los países que presentaron los amicus curiae” ante la Corte Suprema de Estados Unidos, allí cuentan con “normativas legales que impiden el funcionamiento discrecional y el ejercicio en las acciones judiciales a estos fondos”.
Otro de los puntos que se agregó es la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que tendrá por finalidad “investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”. Esto es algo por lo que siempre hemos bregado, ya que así se podrá investigar, y eventualmente sancionar, por las responsabilidades con respecto a abusos en el manejo de la deuda externa, que han afectado presupuestos públicos y limitado el desarrollo de la Nación.
No obstante los mencionados cambios, los miembros de la oposición igualmente terminaron por darle la espalda al proyecto. Por ejemplo, para la senadora Laura Montero, de la UCR, “no soluciona absolutamente nada y pretende dilatar la situación hasta enero”; y para la senadora Gabriela Michetti –en línea con su jefe político, Mauricio Macri, partidario de cumplir el fallo– lo de la cláusula RUFO es una “mentira” y es preciso sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia del juez Thomas Griesa a partir de enero de 2015.
Resulta imposible abstraer estas posturas de la feroz ofensiva de los fondos buitre, que a través de su grupo de tareas (ATFA) señalaron que el proyecto “constituye una descarada violación de las sentencias de la corte” y advirtieron que iniciarán acciones para asegurarse de que “el plan no se implemente” y que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían incluso entrar en “desacato” o “poner en riesgo sus actividades”. La avanzada constituye una nueva muestra de la presión que estos usureros internacionales realizan para intentar arrinconar a nuestro país y hacer efectivos sus reclamos, a pesar del apoyo que Argentina recibió desde otros países, ámbitos multilaterales y académicos, algo de lo que aparentemente no parece haber tomado nota todo un sector del arco político local.
UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA. Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido, participaron en Beijing de una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), encabezada por su presidente, Xu Shaoshi, y representantes de empresas y bancos chinos. Ambas partes resaltaron la importancia del diálogo permanente para poner en marcha los acuerdos firmados en Buenos Aires en julio pasado, elevando la relación a asociación estratégica integral.
Kicillof agradeció el determinante apoyo de la República Popular China a la Argentina en el litigio con los buitres, tanto en el G77+China y en la cumbre de los BRICS, como en las palabras del presidente Xi Jinping ante Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, los funcionarios chinos destacaron: “Lo que pase en el resto del mundo no afectará la decisión de seguir colaborando y trabajando con Argentina porque tenemos una asociación estratégica”, contradiciendo un comunicado de la ATFA que sostiene, citando al diario La Nación, que “el Ministerio de Economía chino duda de la capacidad argentina para enfrentar, en el mediano plazo, sus obligaciones financieras”.
Además de la ratificación de los acuerdos de financiamiento para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ambos gobiernos acordaron buscar esquemas de cooperación en materia de hidrocarburos no convencionales, a través de YPF. También se firmó el acuerdo comercial marco para la provisión de equipamiento y servicios para el desarrollo del proyecto de la cuarta central nuclear, Atucha III, por un total de U$S 2 mil millones para financiar productos y servicios chinos y de terceros países, además de otros $ 32 mil millones en proveedores nacionales.

MÁS AVANCES LEGISLATIVOS. El Senado también dio media sanción al paquete de proyectos que incluye la actualización de la Ley de Abastecimiento, y la creación del Observatorio de Precios y de un fuero nacional para la defensa de los consumidores. Entre los cambios introducidos, en el artículo 1° de la nueva Ley de Regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo se excluye a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), siempre y cuando no detenten posición dominante, recogiendo de esta manera los planteos del sector. Según se desprende de los datos del informe que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Cámara de Diputados, con esta modificación la nueva norma alcanzaría, como mucho, al 1% del total de las empresas, precisamente las que están más concentradas.
También se eliminó la posibilidad de realizar clausuras definitivas de empresas y se incluyó una “cláusula de confidencialidad” respecto de la información que brinden.
El rechazo del gran empresariado al paquete de proyectos tuvo diversas manifestaciones, como las vertidas en un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), donde se reconoce que los senadores consideraron y aceptaron algunas de las sugerencias elaboradas por esa entidad, aunque sostienen que “el proyecto en consideración que modifica la Ley de Abastecimiento dictada en el año 1974 es nocivo para el desarrollo de la actividad económica y, especialmente, del sector que representamos, el comercio y los servicios, por cuanto desalienta la inversión, la producción, distorsiona la competencia y provoca desempleo”. El trasfondo del reclamo fue develado por su presidente, Carlos Vega, quien sostuvo: “Hay una cuestión filosófica porque, como empresarios, nos oponemos a los controles”, toda una definición emparentada al axioma que versa acerca de la intangibilidad de las ganancias. Entre los senadores que adscribieron a esta línea aparece Gerardo Morales (UCR), para quien la nueva ley podría ser impugnada ante la justicia por inconstitucional, en tanto que Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño) afirmó que es “una ley de miedo, es una ley confiscatoria”.
En definitiva, hemos atravesado una semana de trabajo intenso en el Senado y se dieron pasos importantes para la aprobación de leyes fundamentales para la Nación. En el debe, no hay que dejar de mencionar la postura de ciertos sectores de la oposición que, ya sea por convencimiento ideológico o por simple cálculo electoral, terminan jugando a favor de buitres y empresarios concentrados que tratan de imponer sus intereses por sobre los del conjunto de la sociedad.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de septiembre de 2014.

 

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