La semana pasada el gobierno español estatizó Bankia, la cuarta entidad bancaria del país. Pero resulta que Bankia es, además, la máxima expresión de los créditos inmobiliarios que financiaron la burbuja inmobiliaria, ahora llamados activos tóxicos. En resumidas palabras lo que sucedió fue que el banco le prestaba a una persona 100 mil euros para comprar un departamento, esa persona no pagó el crédito entonces el banco ejecutó el inmueble. El problema es que después la burbuja se pinchó y el departamento de 100 mil euros pasó a valer la mitad. Es entonces cuando el Estado español pidió a las entidades que desintoxiquen la diferencia, es decir que la pierdan; pero el caso de Bankia era de tal magnitud que no lo podría haber hecho sin la intervención del Estado.

Lo cierto es que el Estado español ha puesto en Bankia una suma equivalente a la que recortaron de salud y educación, toda una definición de política: 10 mil millones de euros es el recorte que anunció Rajoy en salud y educación; 10 mil millones de euros es lo que el gobierno español aportó para intentar salvar al cuarto banco español.

Ahora la gran pregunta es qué hará el banco con ese dinero. Es cierto que como primera medida deberá poner en orden sus relaciones técnicas y deberá dar caja en caso de que los depositantes quieran realizar extracciones. De todos modos mucho más interesante sería que vuelvan a dar préstamos, aunque quedó demostrado que en Europa mucho no se preocupan por eso: el Banco Central Europeo realizó préstamos a los bancos de Europa por 1 billón de euros, y en lugar de prestársela a las Pymes o a empresas que generen empleo, compraron bonos de deuda de los países de la zona euro. Es decir, el Banco Central Europeo les prestó fondos públicos a los bancos privados que los recibieron al 1% de interés y éstos a su vez se lo prestaron a los estados miembros de la comunidad que luego son los que deben aportar el capital del Banco Central Europeo al 5% o 6%. Una maravilla.

A pesar de los costos del excesivo ajuste que carga la sociedad española, el mayor desde la vuelta de la democracia, el presidente Mariano Rajoy sostuvo el lunes pasado que “si eso (la inyección de dinero público en los bancos) fuera necesario para conseguir el crédito para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de Unión Europea, en inyectar dinero público, pero eso sólo sería en última instancia”.

Esa última instancia llegó rápidamente y tres días después se tomó la decisión de nacionalizar Bankia, el cuarto banco en importancia en España, definido por el diario El País como “la gran caja de ahorros del PP” (10/05/12), dado que Caja Madrid y Bancaja, que integran el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fueron controladas por políticos del Partido Popular. Pareciera que los populares salen al rescate de los populares. De hecho, el presidente de Bankia fue hasta hace unos días Rodrigo Rato, ex vicepresidente y ministro de economía del gobierno de José María Aznar y ex director gerente del FMI. Durante su mandato en Bankia, cerró 853 sucursales y despidió a 3857 empleados.

La ingeniería para la formación de Bankia, así como su actual nacionalización, es altamente compleja. Con un generoso préstamo del gobierno español, siete cajas de ahorro complicadas por la gran cantidad de activos tóxicos, cinco de ellas muy pequeñas, se fusionaron en el BFA, que consolidó gran parte de los activos tóxicos y que, a su vez, gestó Bankia, una entidad controlada, y supuestamente saneada. La creación de Bankia fue presentada como un éxito de la política de libre mercado, que se coronó con la emisión de 3092 millones de euros en acciones, ofertadas principalmente a los asociados de las cajas fusionadas y a los bancos españoles; llamativamente, no hubo demanda de inversores extranjeros.

Esta arista de “contribución de mercado” a la crisis financiera no resultó eficiente para los inversores que confiaron en Bankia, pues al día de hoy perdieron cerca de un 40% del monto invertido, arrastrados por la caída del valor de las acciones.

Tampoco fue suficiente que Bankia pusiera, entre sus activos privilegiados para integrar las garantías entregadas al Banco Central Europeo, el préstamo de 76,5 millones de euros realizado al Real Madrid para comprar los pases de Cristiano Ronaldo y Kaká.

La nacionalización se realiza con la capitalización de un préstamo otorgado por el gobierno por 4465 millones de euros al Banco Financiero y de Ahorros, que a su vez es propietario del 45,5% de las acciones de Bankia.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía informa que “la entrada en el capital se considera un primer paso necesario para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad”, un enfoque inaceptable pues se realiza a costa de la intranquilidad de la mayoría de los españoles, quienes ven severamente reducidas sus posibilidades de empleo, atención médica o educación.

Los activos tóxicos del ladrillo
La razón subyacente de esta nacionalización, y de otras tres intervenciones y cuatro nacionalizaciones de entidades de menor tamaño, son los denominados “activos tóxicos del ladrillo” que, si bien comprenden a los préstamos hipotecarios para vivienda realizados a las familias, tienen su mayor poder tóxico en los préstamos destinados a las constructoras, en muchos casos en desarrollos que han quedado por la mitad o de los que sólo se adquirió el terreno. Sobre estos activos problemáticos, como los denomina el Banco de España, se enfocó la primera reforma financiera del gobierno de Rajoy en febrero pasado, exigiendo fuertes provisiones (el colchón con el que los bancos se protegen de las pérdidas), que alcanzan entre el 65 y el 80% de la cartera problemática.

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La semana pasada La Nación publicó una nota de Paul Krugman titulada “La austeridad, un cuento de hadas que llega a su final”. Lo que dice en esa nota es básicamente que resolver los problemas vía ajuste –a eso él llama cuento de hadas- no ha hecho más que fracasar. Dice Krugman: “Desde el principio los críticos advirtieron que la austeridad en una depresión sólo agravaría esa depresión. Pero los austeristas insistieron en que ocurría lo contrario”. Acto seguido se pregunta por qué insistían en lo contrario, la respuesta es simple: por la confianza. Argumenta Krugman: ” `Las políticas que inspiran confianza alentarán en vez de obstaculizar la recuperación´, dijo Jean Claude Trichet, ex presidente del Banco Central Europeo”. Es decir, “la idea es que ese hada de confianza recompensaría a los políticos y legisladores por la virtud fiscal”, o dicho en otras palabras: si somos austeros, si ajustamos, las cosas van a mejorar.

Ese mismo día publicaron la contratara de esta situación: la pelea entre Angela Merkel y quien ayer fue electo presidente de Francia, Francois Hollande, por el Pacto Fiscal que los jefes de Estado de la Unión Europea firmaron. Sucede que Hollande venía prometiendo hace meses que de ganar las elecciones, exigiría que se modifique el pacto; mientras que Merkel asegura que el Pacto Fiscal no es negociable.

En este contexto se conocieron los nuevos datos de desocupación española que ya está en 24,4%, es decir, 5.6 millones de desempleados. Pero la situación, lejos de frenarse, empeora. Durante el año 2010, se incorporaban al paro 150.000 españoles por trimestre; en el primer trimestre de 2012, se incorporaron 370.000 españoles, un signo que da cuenta de la aceleración del proceso.

A nivel de la UE, los datos también son brutales: 24.5 millones de desocupados, de los cuales 17 millones pertenecen a la eurozona. La situación es realmente gravísima, y lo cierto es que el colchón es cada vez más finito, porque se siguen recortando los gastos de salud, los gastos de educación, las jubilaciones, y el conflicto va a ir en aumento. Por eso me gusta decir que el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. ¿Cuánto más puede el pueblo europeo seguir aguantando?