Heller y Junio impulsan la creación de “la YPF del litio”

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Los diputados del Partido Solidario presentaron un proyecto de ley para garantizar la soberanía sobre ese recurso natural no renovable y su utilización para el desarrollo científico, social y económico de todos los argentinos.

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“Presentamos un proyecto de ley para crear la YPF del litio, una empresa nacional que nos permita empezar a gestionar este mineral como un recurso estratégico”, explicó el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) en el marco de una charla debate que se realizó anoche en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con la presencia de su compañero de bancada, el legislador Juan Carlos Junio, y su asesor en temas de minería, el economista y politólogo Nicolás Gutman.

La iniciativa, que ya tiene estado parlamentario, prevé declarar “de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados”. “El interés público está por encima del interés particular. A partir de establecer el concepto de interés público planteamos un cambio de paradigma: nosotros no decimos «no a la minería», decimos «sí a la minería racional, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos»”, sostuvo Heller.

Para el titular de la comisión de Finanzas, así como existe el denominado “triángulo del litio” (se estima que entre el 80 y el 85% de las reservas mundiales están en Bolivia, Chile y Argentina), en materia de andamiaje legal Argentina aún tiene “una herencia de la última dictadura y del período neoliberal” que se expresa en “el triángulo legal que conforman la Ley de Inversiones Extranjeras, el Código Minero y la Ley de Entidades Financieras”. “Son tres de las batallas que tenemos por delante y en las que tendremos que trabajar hasta que logremos modificarlas. Nuestro proyecto de ley es un avance en ese sentido”, concluyó Heller”.

“Pensamos que en Argentina debe haber un cambio copernicano, drástico, en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado, y con una perspectiva de alguna forma de unión con Bolivia y Chile”, expresó a su turno el diputado nacional Juan Carlos Junio, coautor del proyecto de ley.

El legislador, quien enfatizó la necesidad de integración regional para fortalecer las posibilidades comerciales, destacó que “Bolivia ya tomó el camino de la propiedad estatal a partir de considerar al litio un bien de carácter estratégico”, mientras que Chile, “a partir de la Ley Orgánica Constitucional minera, también lo declara un producto estratégico”.

Junio resaltó además que el proyecto de ley está en términos jurídicos en línea con importantes normas sancionadas en el último período: “en nuestro país venimos avanzando con los conceptos de interés público; se aplicó a hidrocarburos y ferrocarriles, y nosotros lo tenemos incorporado también en nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros”.

Para Junio, el tema de la minería forma parte de los temas pendientes de este proceso de 12 años de conquistas en términos económicos, sociales y culturales: “Recuperamos el petróleo, recuperamos los aviones, los fondos jubilatorios, recuperamos además muchas otras cuestiones de carácter cultural y social. Todo lo logrado tenemos que defenderlo con el voto, con el protagonismo popular, pero también debemos asumir lo que nos falta hacer”, sostuvo el diputado.

Finalmente, Junio también mencionó que una de las claves del proyecto de ley está en el desarrollo científico y técnico local, asociado a la industrialización del mineral. “Por citar un ejemplo: la salmuera de litio, que no requiere de ningún proceso, tiene un precio estimado de 300 dólares la tonelada, el carbonato de litio -con el primer proceso- se cotiza 20 veces más y el litio metálico -tercer momento del proceso- se cotiza a 6 mil dólares el kilo. Hay una enorme posibilidad en la industrialización de las riquezas, allí reside la diferencia entre dependencia y liberación”, concluyó el legislador.

Para Nicolás Gutman, en tanto, uno de los valores de la iniciativa parlamentaria está en la “participación civil” prevista en el texto. “Creímos importante involucrar a la sociedad civil, a todos los actores posibles, por eso nuestro proyecto de ley tiene desde la génesis a varios actores políticos, a las universidades nacionales, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y un punto clave es que incluimos dentro del proyecto a los pueblos originarios”, detalló el investigador.

Gutman hizo énfasis también en la necesidad de instalar un debate alrededor del actual Código Minero. En esa línea, el especialista opinó que el actual Código Minero “es neoliberal y neocolonial” y agregó que “si no se puede cambiar el Código Minero en este momento, porque es muy difícil cambiar un código del tamaño del minero, se pueden ir haciendo cambios”. “Yo creo que este proyecto de ley es el comienzo de cambiar esa impronta neocolonial, neoliberal que tenemos en el sector minero argentino”, dijo.

Gutman coincidió con Junio en la importancia del desarrollo científico-tecnológico vinculado al tratamiento del litio a nivel local: “tenemos que honrar las capacidades, el conocimiento, el desarrollo científico que tenemos en nuestros países y que en Argentina es increíblemente alto y queremos seguir desarrollando”. El investigador, asimismo, hizo hincapié en el desafío que Argentina tiene para garantizar la soberanía sobre sus recursos naturales: “Aun cuando esté escrito en una ley, la puja de intereses, la fuerza que hay detrás de la carrera por estos recursos es inmensa y siempre va a ser así. Por eso nosotros queremos hacer la mejor ley posible que hoy podamos pensar, pero no pensamos que porque esté escrita es el resultado final, es un instrumento de lucha para garantizar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, porque en la soberanía sobre nuestros recursos naturales está la posibilidad de desarrollo para nuestras sociedades, para nuestra generación y para las que vienen”, finalizó diciendo Gutman.

La iniciativa parlamentaria, que también lleva la firma de Carlos Raimundi (SI), Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni (FPV), prevé la creación de la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado como “ejecutora de las políticas nacionales sobre el litio”. En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que la creación de la empresa, de naturaleza estatal y con participación de las provincias, está fundada en garantizar “la soberanía sobre un recurso natural no-renovable (…) que será indispensable como fuente energética y de aplicación de alta tecnología”. La norma puntualiza además que “el Estado Nacional, a través de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, tendrá la primera opción para adquirir, en las condiciones de precio y modalidades del mercado, el litio y sus derivados producidos en el país”.

En su capítulo II, la iniciativa parlamentaria plantea que “los yacimientos de litio situados en el territorio de la República Argentina pertenecen al dominio privado de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren” y que “la actividad de exploración, explotación, concesión de explotación, comercialización, proceso e industrialización del litio y sus derivados estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria”. Además establece que los permisionarios y concesionarios deberán realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de la ley les corresponda “observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes; y adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales, y actividades regionales, y sobre las comunidades que habiten la zona”.

El proyecto de ley contempla asimismo la creación de la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con capacidad para actuar en los órdenes científico, técnico, comercial, industrial, administrativo y financiero. La CNEL será administrada por un directorio constituido por un presidente y siete miembros que representen “uno a las provincias que tengan yacimientos comprobados de litio; uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con yacimientos de litio; uno al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); uno a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; uno a la Secretaría de Minería de la Nación; y uno a las comunidades originarias que habiten en las zonas donde se encuentra el mineral”.

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La caja fuerte de los evasores

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Clic de Noticias
Por Carlos Heller

hellerLa isla Bouvet, uno de los lugares más recónditos e inhabitados del planeta, a medio camino entre África y la Antártida, comparte un rasgo en común con el estado de Delaware, uno de los más pequeños de los Estados Unidos y de menor densidad poblacional: ambos son considerados “guaridas fiscales”.

En el primer caso, los datos vertidos en la introducción del libro “La caja fuerte de los evasores” del ingeniero informático Hervé Falciani hablan por sí solos. “¿Cómo es posible que un «habitante» de aquel lugar haya abierto una cuenta en uno de los mayores bancos del mundo y haya depositado dinero en ella?”. Es una de las preguntas que se plantearon los investigadores franceses cuando, en 2009, empezaron a examinar los miles de documentos del HSBC Private Bank incautados en el ordenador de Falciani. “¿De dónde sale el misterioso ciudadano de Bouvet, si la isla no tiene ni un solo residente? (…) ¿Se trata de un error de la persona que transcribió esos datos, o de un procedimiento interno para proteger la identidad de un importante evasor fiscal?”.

En cuanto al estado de Delaware, basta con echar un vistazo a su sitio oficial en Internet para entender por qué en su pequeño territorio están radicadas 850 mil empresas habiendo sólo 800 mil habitantes, es decir, más de una compañía por persona. Un escrito distribuido por la propia autoridad de gobierno de esa jurisdicción, denominado “Por qué las corporaciones eligen Delaware”, señala que la Secretaría de ese Estado “tiene un modo de actuar y pensar que se asemeja más al de una de las corporaciones que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. Por su parte, la Ley General de Sociedades de Delaware hace alarde del hecho de que “está escrita con un sesgo en contra de la regulación” y de que a “las sociedades de responsabilidad limitada se les ofrece un «trato impositivo favorable»”. Todas frases que dejan explícita la “cálida bienvenida” que se les da a todas aquellas sociedades que quieran llevar allí su dinero para evitar pagar impuestos en las jurisdicciones donde están radicadas sus casas matrices.

En este marco, y a partir de las denuncias de Falciani que involucran a 4.040 cuentas de argentinos, se creó, a fines del año pasado en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral que investiga la conducta de las entidades financieras para crear mecanismos institucionalizados con el objetivo de facilitar la fuga de dinero y la evasión de impuestos. La Bicameral tiene dos objetivos; por un lado, recomendar medidas legislativas tendientes a adecuar las normas de nuestro país para evitar la fuga de divisas o el lavado de activos a través de la banca privada y, por el otro, aportar a la justicia toda la información recabada. Además de haber entrevistado a los responsables del HSBC Argentina, a funcionarios de las áreas de control del gobierno y a las autoridades de algunas de las empresas cuyas cuentas figuran en la “lista Falciani”, la Comisión se reunió hace pocos días en Francia con el propio Falciani. El ex empleado del HSBC Ginebra fue el pionero en la filtración de información confidencial de un banco y brindó datos reveladores sobre las plataformas montadas en esa entidad específicamente para la evasión, lavado y fuga de divisas. Asimismo, se entrevistó a Stéphanie Gibaud, ex directora de ceremonial y protocolo de la Unión de Bancos Suizos (UBS), otra entidad bancaria que entre otros casos fue multada en los Estados Unidos por haber ayudado a 17 mil norteamericanos a “disimular” más de 20 mil millones de dólares. La ex funcionaria fue bastante cautelosa al señalar que los bancos ya tienen integradas en sus balances las sumas de las multas que pueden pagar para que, al final, nada cambie. (Página/12, 18-6-2015).

No obstante, a mi entender, algo puede cambiar, pero para ello es necesario que las grandes organizaciones internacionales como el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tomen medidas para poner trabas a estas operaciones ilícitas. Claro que el camino no es fácil, estas cuentas de la banca privada suelen constituir la principal fuente de ingresos de los bancos que las ofrecen. Tal es el caso de la sucursal en Suiza del HSBC que, según el libro de Falciani, a pesar de tener miles de depósitos, consigue sus verdaderas ganancias gracias a unos sesenta clientes, muchos de ellos con vinculaciones en ámbitos políticos europeos. Esto último “les permite a los bancos no sólo la posibilidad de saltarse las normas sino también de plasmarlas a su favor”. Un ejemplo de ello quedó de manifiesto en ocasión de la entrada en vigor de la directiva europea sobre “fiscalidad de los ahorros”: la norma dice que todo ciudadano en ese continente tiene que pagar impuestos por los productos financieros, incluso si están ubicados en Suiza, a menos que estén a nombre de una sociedad. Basta entonces con aconsejar a los clientes que creen nuevas sociedades y que pongan a nombre de éstas la propiedad de sus productos financieros.

Existe además la posibilidad de actuar contra estas conductas ilegales a nivel local. Una de estas acciones ya se está llevando a cabo en Argentina; por primera vez los organismos públicos de control como el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la AFIP están actuando en forma coordinada, algo que se logró a partir de importantes cambios legislativos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Mercado de Capitales. El desafío ahora es modificar la Ley de Entidades Financieras que conserva una concepción neoliberal propia del contexto político que se vivía en el país al momento de su sanción en el año 1977.

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La población tendrá en cuenta la inclusión económica

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Ámbito.com
Por Carlos Heller

En los últimos meses se ha notado un dinamismo en la economía argentina. El PIB crece a un ritmo del 1,2% en el primer trimestre de este año, impulsado por un aumento importante en la actividad agropecuaria y en la construcción, mientras que la producción industrial reduce su caída, aunque varios rubros dentro del aglomerado manufacturero están dando valores positivos. El índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella, por mencionar un ejemplo, se ubica cerca de los valores más altos de la década. Este dinamismo se monta sobre un horizonte de producción en el más alto nivel histórico -si bien desde el 2012 ha evidenciado un cierto amesetamiento- favorecido por las diferentes políticas aplicadas desde el Estado que fomentan la demanda, es especial el consumo popular y la inversión productiva de las pymes, como así también el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La situación descrita no está exenta de tensiones, que han sido bien gestionadas por el Gobierno nacional, pero que siguen latentes como la elevada retención de granos, que limita las posibilidades de importar insumos y bienes de capital; la puja distributiva por la cual las grandes empresas oligopólicas incrementan los precios, o la continua especulación sobre los mercados de valores y el precio del dólar ilegal.

La población tendrá en cuenta, además de la situación de la coyuntura, todo lo que se ha avanzado en estos años en inclusión económica: la importante creación de puestos de trabajo, la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la universalización de las jubilaciones gracias a las moratorias previsionales, las re-estatizaciones realizadas y la importante recuperación del poder adquisitivo de la población, entre otras tantas conquistas.

Atentos a esta voluntad, los principales candidatos de la oposición prometen mantener algunas de estas conquistas, como la AUH o la nacionalización de YPF, aunque anteriormente se hayan expresado frenéticamente en contra de tales medidas.

No puede ser desoído el profundo mensaje de la recientemente designada candidata a vicepresidenta de la Nación por el PRO, Gabriela Michetti, quien entre sus primeras declaraciones de campaña prometió pagar a los fondos buitre: “una vez que tenés el fallo encima no se puede incumplir”, expresó. No es un error de la actual senadora, sino que forma parte íntima de la visión política y económica que comparte plenamente con su candidato a Presidente, Mauricio Macri. Pagar según el fallo Griesa a los buitres que tienen en sus manos el 7% de la deuda original podría implicar un endeudamiento de más de u$s 20.000 millones, casi la mitad de lo pagado al 93% que entró al canje, según fuentes oficiales. ¿Cómo harían entonces, con semejante endeudamiento y los costosos intereses del mismo, para sostener la AUH como proponen? Una promesa económicamente imposible e ideológicamente insostenible para ellos.

Más allá de las promesas vanas de la oposición y de las falsedades de los medios concentrados, hay una realidad edificada todos estos años, no exenta de carencias, pero que a todas luces es altamente positiva.

A esta situación concreta se suma la definición de la fórmula Daniel Scioli - Carlos Zannini, que supera cualquier otra opción anteriormente prevista, pues conlleva un importante mensaje de continuidad, y, según mi parecer, una continuidad que necesariamente debe ser sostenida con la profundización del proyecto iniciado en el 2003. Hay mucho por avanzar en la regulación del Estado; se requiere una importante reforma impositiva; una mejor distribución del ingreso y la riqueza; nuevas leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras para reemplazar a las existentes que datan de la última dictadura; impulsar la denuncia de los tratados bilaterales de inversión; la salida del CIADI y una nueva ley de minería sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales, entre otras medidas. Todas estas cuestiones estarán impactando en el voto, tanto en agosto como en octubre.

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Globitos, chamuyo y ajuste

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Tiempo Argentino | Opinión
por Carlos Heller

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Un artículo de la BBC, replicado por la Web de La Nación este viernes, destaca el elevado nivel de aprobación de Cristina Kirchner en la finalización de su mandato, “pese a los vaivenes de su gestión y las crisis que ha tenido que enfrentar el gobierno”. En el texto se comenta que “planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (…) se han vuelto tan populares que incluso los candidatos de la oposición prometen conservarlos si llegan a la Presidencia tras las elecciones de octubre”.
En este entorno, el PRO lanzó el subtrenmetrocleta, que no es más que un lanzamiento “ocurrente” de dos medidas ya presentadas con anterioridad. En abril de este año Horacio Rodríguez Larreta anunció el metrobus transversal, y en mayo Mauricio Macri anunció la Red de Expresos Regionales (RER), una obra faraónica que implica la construcción de 16 km de túneles ferroviarios y estaciones de traslado, para conectar todas las estaciones de trenes, con un centro neurálgico debajo del Obelisco. No sólo nos hace acordar de la incumplida promesa de Macri de construir 10 km de subte al año, sino que implica desafíos técnicos que la podrían hacer inviable, y además la Ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción sobre los trenes, entre otras debilidades del proyecto. Un tema esencial que no fue explicado es su financiamiento, aunque, conociendo la filosofía neoliberal del PRO, estarán pensando en mayor endeudamiento externo.
Siguiendo con las declaraciones de campaña, la candidata del PRO, Gabriela Michetti, propone pagar a los buitres, porque “una vez que tenés el fallo encima no se puede incumplir”. Declaración que coincide con las ideas de su jefe Macri, quien apenas conocida la ratificación del fallo llamó a pagarlo sin demora. También se han multiplicado los comentarios de distintos analistas en los medios concentrados, que sugieren que el próximo gobierno deberá pagar a los buitres, aunque la mayoría de ellos habla de “acordar” o “negociar”. Esto también es parte del “chamuyo” de los sectores económicos concentrados.
Aunque revestidos de una supuesta formulación científica, todos estos comentarios no son más que eslóganes para edulcorar el pago a los buitres y volver a un descomunal endeudamiento externo.
Si hay una consigna que quedó clara en todos estos meses es que los buitres no quieren negociar, sino que se pague la totalidad de lo establecido por Griesa: el gobierno argentino les ofreció entrar al canje con una ganancia del 300% en dólares, y no la aceptaron. Pero sucede que pagar a ese 7% de la deuda original en manos de los buitres podría implicar un endeudamiento de más de U$S 20 mil millones, casi la mitad de lo pagado al 93% que entró al canje.
Estas posturas de algunos sectores de la oposición y del establishment coinciden con una avanzada de los buitres, que ante el escaso progreso que han tenido con el fallo Griesa, han contratado a Richard Zabel, subprocurador general del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), quien se encargó en los últimos años de perseguir los delitos de los bancos y de los fondos de cobertura. Zabel será el consejero general y jefe de legales de Elliott, el fondo de Paul Singer. Este magnate también ha contribuido al financiamiento de una fundación creada por iniciativa de, entre otras personalidades, Madeleine Albright –ex lobbista de Singer- y de la que –en la rama argentina- participan diputadas del PRO.
Todo aquel que entre en la página de la ATFA encontrará publicadas notas de La Nación, Clarín, El Cronista e Infobae, cuyo contenido coincide con los planteos de la fuerza de tareas de los buitres.
Otra de las posturas habituales de los analistas y candidatos de la oposición es prometer “conectarnos con el mundo”, frase que a primera vista no se entiende, dado que la Argentina tiene hoy una presencia internacional destacadísima, está en todos los foros, como el G20 y el G77, jugando papeles de gran importancia; ha sido principal partícipe de la construcción de la UNASUR y la CELAC, y tiene asociación preferencial con tres de los grandes países de los BRICS , por detallar algunos de los vínculos internacionales.
En verdad, hay que decirlo descarnadamente, lo que nos están proponiendo todos los que nos quieren “amigar” con el mundo, es volver al Fondo Monetario Internacional y a sus condicionamientos, y a las relaciones carnales con Estados Unidos, entre los principales alineamientos. Pero ese mundo en el que piensan no es para nada amigable. Es el mundo que le está pidiendo a Grecia más ajuste aún, amenazándola con su expulsión de la zona Euro si no aplica medidas que se traduzcan en mayores rebajas en los haberes jubilatorios y reformas impositivas, que no son más que otra oportunidad para que los ricos acumulen más riqueza a costa de mayor cantidad de pobres. En relación a estas negociaciones, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, utilizó la frase “game over” para indicar el fracaso de las mismas, a lo que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, le contestó: “Tenemos 1,5 millón de desempleados, 3 millones de pobres y miles de familias viven sin ingresos. No es un juego.”
Un ejemplo aleccionador de este mundo al que “hay que acercarse” tal como lo plantea la oposición, se refleja en la situación de México, donde según un estudio de Oxfam la brecha entre pobres y ricos aumentó significativamente: el 46,5% del total de sus habitantes vive en la pobreza, cifra que en el caso de la población indígena alcanza al 80 por ciento. No obstante, los individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares –representantes de menos del 1% de la población total– concentraban en 2012 alrededor del 43% de la riqueza total del país. Un ejemplo claro es la evolución de la riqueza de los cuatro principales milmillonarios mexicanos. Comenzando por el que ocupa el primer puesto, Carlos Slim, el peso de su fortuna pasó de poco más del 1% del PIB en 2003 a casi el 6% en el periodo 2011-2014. Lo mismo ocurrió con las fortunas de los otros tres: de medio punto porcentual del PIB pasaron a casi un 3% en el mismo periodo, con un crecimiento vertiginoso a partir de 2007, inicio de la crisis financiera internacional, una “coincidencia” altamente significativa.
Para México, el índice Gini -que mide la desigualdad de ingresos- se ubica actualmente entre 0,44 y 0,48 según distintas mediciones, valor en el que se encontraba la Argentina en el 2003, cuando se estaba saliendo de la crisis. Estos guarismos pueden compararse con el último dato conocido para Argentina, correspondiente al primer trimestre de 2015, que se ubicó en el 0,364, muy discretamente por debajo del coeficiente de un año atrás, tal como lo informó la presidenta Cristina Fernández en la Pampa esta semana. Con esta información, Cristina sostuvo que “no se gobierna el país con chamuyo y globitos sino con números y gestión”. Esa gestión que, volviendo al inicio de la columna, le permite tener el más alto nivel de aprobación de un presidente argentino saliente, muy superior al que poseen en este momento mandatarias de países hermanos. Un proyecto que para avanzar debe profundizarse, como se está haciendo con la actualización por ley de los haberes de la AUH. Se requiere además una nueva ley de entidades financieras y otra de inversiones extranjeras, así como impulsar la denuncia de los tratados bilaterales de inversión y la salida del CIADI. También resulta necesario avanzar en una importante reforma impositiva, una nueva ley de minería sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales, y por sobre todo, hacia una mejor distribución del ingreso y la riqueza.” «

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 28 de Junio de 2015

Heller reunió a más de mil empresarios pyme de la Ciudad que dieron su apoyo a la candidatura de Recalde

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Con la presencia de más de mil empresarios Pyme de la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Solidario, encabezado por el diputado nacional Carlos Heller, realizó anoche en el estadio Héctor Etchart de Ferrocarril Oeste una cena-acto de apoyo a la candidatura de Mariano Recalde.

“Desde el Partido Solidario, una fuerza política que se nutre de los principios de la cooperación y de la solidaridad, estamos aquí con profundo compromiso, sumando nuestro aporte para hacer posible un resultado positivo en la Ciudad, en primer lugar, y asegurar la continuidad de este proyecto nacional en las elecciones de octubre”, sostuvo Heller durante la apertura del acto en el que también fueron oradores Leandro Santoro, candidato a vicejefe de Gobierno, y Jorge Taiana, actual legislador porteño y primer candidato al Parlasur.

“Las elecciones del 5 de julio son un verdadero desafío, y en ese sentido está bien lo que dice Lousteau: sería saludable que en la Ciudad tengamos un ballotage, pero no un ballotage entre dos variantes de un mismo proyecto sino un ballotage entre los dos proyectos de país, entre el que proponen Macri, Rodríguez Larreta, Lousteau y Carrió -que en definitiva son el mismo proyecto- y este otro proyecto que impulsamos nosotros, con todos nuestros matices, desde el Frente para la Victoria, que plantea un país inclusivo, con desarrollo interno, crecimiento de los sectores más postergados y resolución de los grandes problemas pendientes; un país autónomo e integrado regionalmente”, planteó el referente nacional del movimiento cooperativista al hacer uso de la palabra frente al millar de empresarios de la pequeña y mediana industria porteña que se reunieron para expresar su apoyo a la fórmula del Frente para la Victoria.

En tanto, Leandro Santoro asumió un compromiso público frente al auditorio: “El Frente para la Victoria se compromete a hacer de la Ciudad de Buenos Aires una ciudad productiva, una ciudad del empleo y la inversión, dándole a las pequeñas y medianas empresas el rol que corresponde, pensando en la necesidad no solamente de producir empleo, sino en la necesidad de producir un tipo de estructura productiva que le permita a todos los vecinos aspirar a la movilidad social ascendente que soñaron Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen, Raúl Alfonsín, Arturo Illia y Néstor Kirchner, la movilidad social ascendente que hizo de esta ciudad, una ciudad de clase media con expectativa de ascenso, y para eso se necesita un Estado presente, un sistema que desmonte el sistema de negocios que ha montado el PRO”, señaló el candidato a vicejefe de gobierno del FPV.

El referente de Los Irrompibles recalcó la importancia de elevar el nivel de conciencia colectiva y de politizar el debate en la Ciudad de Buenos Aires a propósito de los dos modelos que están en juego en las próximas elecciones: “Hay dos proyectos distintos, dos sensibilidades distintas, dos sujetos distintos; de un lado, la especulación, el curro, el contrabando, los sectores que se enriquecieron de la teta del Estado, y del otro lado estamos nosotros, los pequeños y medianos empresarios, los estudiantes, los artistas, los militantes del campo popular, los organismos de derechos humanos, los jóvenes, los chicos, los intelectuales, los militantes de la década del setenta”.

Taiana fue el responsable del cierre del acto: “El 5 de julio, con Mariano y Leandro vamos a dar la batalla contra el PRO, porque creemos que otra Buenos Aires es posible. Esta Ciudad se merece un gobierno mejor que el del macrismo que solo profundiza la desigualdad y entrega la Ciudad a los grandes intereses económicos. No es ésa la Buenos Aires que queremos”, enfatizó el actual legislador porteño.

“Buenos Aires es socialmente diversa; tiene un profundo sentido de justicia social y por eso va a expresarse a favor del Frente para la Victoria, porque el FPV representa lo mejor de nuestra tradición solidaria”, agregó Taiana en el mismo sentido y destacó la necesidad de que la CABA se sume al proyecto nacional: “Ésta es una de las grandes ciudades del mundo y no vamos a permitir que la arruinen Macri y el PRO, por eso vamos a dar la batalla el 5 de julio, para tener una Ciudad de Buenos Aires que esté en sintonía con el resto del país y que tenga sinergia con la transformación que hemos tenido en estos años. Es una vergüenza que en estos doce años de crecimiento de la Argentina, en la Ciudad haya aumentado la desigualdad y la mortalidad infantil. Es completamente inaceptable”, finalizó el primer candidato al Parlasur.

También participaron de la convocatoria el diputado nacional Juan Carlos Junio, el legislador porteño Edgardo Form, el comunero Carlos Funes y referentes de todas las comunas del Partido Solidario.

ferro12

 

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