Ganancias extraordinarias de empresas e inflación

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17-agostoLa inflación es un fenómeno complejo y multicausal, y para poder enfrentarlo resulta indispensable indagar en sus causas más profundas.
Siempre he sostenido que para analizar los aumentos de precios se requiere necesariamente tratar el tema de las elevadas ganancias empresarias, pues ese es el núcleo del problema inflacionario en la Argentina.
Es que las grandes empresas se apropian, vía aumentos de precios, de la mayor capacidad de consumo de la población, principalmente surgida de los incrementos en los ingresos de los trabajadores, jubilados y perceptores de planes sociales. Esta conducta no sólo va en detrimento de los consumidores, también afecta a los productores pequeños y medianos, que no siempre reciben la magnitud de aumentos que se aplican sobre los precios al consumidor.
Para encarar estos temas, siempre he planteado que el Estado debe realizar una importante recolección de información de los costos y precios de venta de las empresas, para detectar la generación de ganancias extraordinarias.
Varias de las decisiones de la Secretaría de Comercio de la Nación han ido en ese sentido recientemente, al igual que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el Senado, para la aprobación de una nueva Ley de Relaciones de Producción y Consumo, que modifique la vieja Ley de Abastecimiento Nº 20.680 de junio de 1974.
El proyecto presentado por el Ejecutivo no dista mucho de la Ley de Abastecimiento vigente, e incorpora varios cambios benéficos para los empresarios, como la supresión de: las disposiciones sobre expropiación e intervención de empresas, suspensión de patentes, y sanciones de arresto y prisión, entre otros.
La ley vigente ya permite aplicar sanciones a quienes “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas”, característica que recoge el proyecto presentado. Este último también faculta a la autoridad de aplicación a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o alguna de estas medidas”, siguiendo un formato de contenido y redacción similar al de la ley actual.
A medida que el proyecto de ley se vaya estudiando y discutiendo en la instancia legislativa, y se reciban opiniones de los diversos sectores (ya obtuvo apoyo de la CGT, la CTA y asociaciones de consumidores), se irán desgranando las diferencias y semejanzas con la ley actual.
Por ejemplo, en la propuesta de modificación se incorporan dentro de las actividades alcanzadas “la producción, construcción, procesamiento y comercialización”, que amplían el ya extenso espectro de agentes alcanzados por la actual ley.
Como novedad, se faculta al ente regulatorio para requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, así como también su disponibilidad de venta, cumpliendo el artículo 42 de nuestra Constitución.
La información y el análisis de los precios y márgenes de comercialización y ganancias son una herramienta esencial para ir a la médula de los procesos inflacionarios y para identificar las distorsiones en la cadena de valor de los productos y servicios. La solicitud de información permitirá hacer públicos los márgenes de ganancias de las empresas (tal como ocurre con los salarios), conocer cómo se distribuyen a lo largo de las cadenas y poder actuar para frenar aumentos de precios injustificados y rentas desproporcionadas.

LAS SACROSANTAS GANANCIAS. Las distintas cámaras que agrupan a las grandes empresas han salido con los botines de punta a criticar la ley, con una variedad de argumentos que pueden resumirse en uno principal: el total rechazo a cualquier tipo de regulación estatal sobre sus márgenes de ganancia. Esta postura forma parte de una tendencia que se ha venido intensificando en los últimos años, a partir de la creación de AEA (2002), que en su manifiesto liminar establece que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país, ya que sin garantías a la propiedad privada no existen incentivos para realizar inversiones productivas”.
El documento “Bases para la formulación de políticas de Estado”, presentado en abril de este año por el Foro de Convergencia Empresarial, marca el pulso del discurso de los empresarios que critican el proyecto de la nueva ley de abastecimiento. En él se propone el “respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas”, garantizar “los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas”, así como “la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas”.
Las críticas actuales son un calco de estas ideas, lo que evidencia el claro componente ideológico que poseen. Para la Sociedad Rural Argentina, la ley propuesta es “confiscatoria” y “es una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía”. En términos similares, incluyendo duras críticas a las políticas del gobierno, se expresaron la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas.
Para el presidente del centro de pensamiento neoliberal IDEA, la norma “afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada”.
Se realizaron muchas referencias a la Constitución Nacional, muchas con interpretaciones forzadas a gusto del expositor, para que se adecuen a la “intangibilidad de las ganancias” que pregonan, o la libre administración de las empresas. No toma en cuenta el artículo 42 de nuestra Carta Magna que establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”, a la vez que resulta imperativo para las autoridades la protección de esos derechos.
Cabe observar que los grandes empresarios interpretan nuestra Constitución según sus intereses, con un doble estándar escandaloso que incluso duda de la legalidad de normas vigentes, como ocurre con la actual Ley de Abastecimiento, que busca ser adaptada y revitalizada desde el PE.
En este contexto, la presidenta Cristina enfatizó el jueves pasado que “los usuarios y consumidores necesitan protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para hacer una inversión”. A la vez, sostuvo: “No queremos fundir a ningún empresario, lo que queremos es que los empresarios no nos fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores.”
Un tema, el de defensa del consumidor, que no ha estado en las primeras planas de la mayoría de los medios, como sí lo estuvieron las críticas empresariales.
Bienvenido sea este debate, que no sólo tiene que ver con la generación de rentas abusivas y con dilucidar las causas profundas de la inflación. También abarca la discusión sobre las herramientas del Estado y su modalidad de intervención, en un momento en el que se requiere políticas anticíclicas activas como las mencionadas la semana pasada, a las que se agregó el anuncio reciente del plan Vivir Más Cerca, que contempla la ejecución de 105.186 soluciones habitacionales para todas las provincias del país y constituye, como lo mencionó la presidenta, “un refuerzo y una ampliación del plan de viviendas populares en Argentina”.
Distribuir el ingreso, como se lograría a través de precios que no contengan ganancias abusivas, además de intentar disminuir el ritmo inflacionario (el IPCNu arrojó un 1,4% para julio), siempre generará tensiones entre los actores que deben ceder sus ingresos, pero constituye una condición necesaria para pensar el crecimiento a largo plazo en nuestro país, además de un acto de auténtica justicia.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 17 de agosto de 2014.

Fomento doméstico + estrategia antibuitres

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heller-10-agosto-2014La Argentina ha comenzado a descargar munición gruesa contra los responsables de mantener retenidos los pagos a los bonistas reestructurados. Una de las jugadas más importantes fue la emisión de un comunicado para los tenedores de la deuda reestructurada, en el que se indica el cumplimiento de los contratos por parte de Argentina, y que el país posee los recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los canjes de 2005 y 2010. Además, se pone en conocimiento de los bonistas que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del contrato, para el caso que el agente fiduciario (el BoNY) incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que Argentina realizó a su favor.

Siguiendo estas premisas, el Ministerio de Economía remitió una carta al BoNY, para intimarlo a que cumpla con sus obligaciones de distribuir los fondos de los bonistas. También envió una nota al Citibank, entidad registrada, constituida y autorizada para operar en nuestro país conforme la Ley de Entidades Financieras; dado que los fondos depositados por nuestro gobierno están destinados a atender el pago de los intereses de los bonos sujetos a ley y jurisdicción argentina, se indicó al Citibank que “cualquier pedido de aclaración en la causa NML deviene innecesario, debiéndose en los futuros vencimientos de intereses (el próximo será el 30.09.14) abstenerse de formular pedidos de nuevas aclaraciones que no hacen más que confundir al mercado y a los tenedores sobre el alcance de sus derechos”.
Visiblemente molesto por las acciones del gobierno argentino, el Juez Griesa volvió a convocar a una audiencia exclusivamente para sermonear a las autoridades de nuestro país. “Dígale a la Argentina que deje de engañar afirmando que ya pagó”, dicen que expresó, y volvió a reclamar un acuerdo con los fondos buitre lo antes posible. Queda en claro que el juez persigue destruir el exitoso canje de deuda argentino, y así que nuestro país vuelva al sobreendeudamiento, dado que de cumplir con su mandato se gatillarían las cláusulas RUFO y los reclamos del resto de los holdouts.
Otra estrategia del gobierno ha sido la demanda de Argentina a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos del Poder Judicial estadounidense, atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. Una jugada que no sólo es simbólica, pues el derecho internacional reconoce que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales; también es inteligente, pues, de la misma forma que al pagar se puso la pelota en el campo de juego del juez y de los agentes de pago, hoy se coloca el balón en el área del presidente Barack Obama.
La agencia Moody´s bajó de estable a negativa la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en nuestro país debido al “default” en que habría incurrido según dicha agencia. Si bien las consideraciones se basan en los potenciales riesgos que este puede causar a la economía argentina, se cuidan mucho en alertar a los inversores que las calificaciones otorgadas reflejan que “a pesar de que existe un amplio espectro de posibles pérdidas para los acreedores, las mismas serán muy probablemente modestas” (traducción no oficial), una consideración que no fue difundida en los medios, que se quedaron sólo con la noticia de los posibles efectos negativos sobre la economía doméstica.
En realidad, esta postura está teniendo en cuenta que “los mercados” no han convalidado una baja abrupta de los activos argentinos, incluso con fondos inversores que han llegado a triplicar sus tenencias de estos títulos, pensando que los mismos se pueden revalorizar significativamente en el futuro.
Los temas enunciados son indicadores importantes que desarman las profecías catastrofistas que han sido divulgadas ampliamente en los últimos días, aunque sin duda tendrán un efecto sobre las expectativas. Argentina no es inmune a la consideración de este “default que no es” por parte de las calificadoras, pero el mismo está lejos de llevarnos a una situación límite, entre otras cuestiones importantes, porque tenemos un gobierno que ejerce políticas activas.
MEDIDAS DE FOMENTO. El gobierno nacional anunció una batería de medidas anticíclicas tendientes a incentivar el mercado interno y el empleo, en un contexto de amesetamiento de la actividad local, afectada por situaciones vinculadas al frente externo, como es el caso de la definición por el tema de la deuda y del anémico desempeño de la economía global.
Los principales estímulos productivos fueron mencionados en el discurso que realizó el último jueves la presidenta Cristina Fernández, al anunciar un plan de financiamiento a tasa subsidiada para la compra de ómnibus de corta distancia, lo que implicará un aporte estatal de unos $ 2000 millones. En los hechos, con esta medida se busca incentivar la producción de once fábricas de carrocerías que cuentan con exceso de capacidad instalada y acelerar la renovación de la flota. Se estima una producción de 3300 vehículos para los próximos 12 meses, una cifra superior al promedio de los últimos dos años.
Otro conjunto de medidas anticíclicas apunta a la protección del empleo, un componente clave en materia de consumo interno, aunque en paralelo también se persigue, según lo expresó Cristina, “promover la creación de empleos registrados y facilitar la inserción laboral”.
En particular, se lanzó el Plan Pro Emplear, dentro del cual se incluye la actualización de una herramienta muy utilizada durante 2009, como el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). El Pro Emplear involucra el pago, durante un año, de una suma fija mensual de $ 2000 a los trabajadores de las empresas adheridas, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, según figura en la página del Ministerio de Trabajo, “las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal”.
El Plan Pro Emplear también apunta a profundizar la atención a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a facilitar su inserción laboral. Las personas de entre 18 y 24 años que formen parte del Progresar, esquema destinado a incentivar sus estudios, tendrán la posibilidad de acceder a los programas de capacitación laboral en las propias empresas. Una vez concluido el entrenamiento, si el empresario decide contratar al trabajador, el Estado se hará cargo del pago de $ 2700 del convenio colectivo, por un lapso que irá entre los seis y los 12 meses, lo cual constituye a la vez un incentivo a la contratación por parte de los empresarios. Además de alcanzar a los jóvenes, el beneficio será extensible a los adultos que cobren seguro por desempleo. En conjunto, estas decisiones favorecerán a unas 815 mil personas e involucrarán una inyección de recursos por $ 3034 millones.
Para agilizar la actividad de la construcción y la inmobiliaria, también se establecieron comisiones para los bancos que intervienen en la operatoria de los Cedines, incentivando así su utilización.
Implementar este tipo de herramientas sólo resulta posible en el marco de una férrea decisión política de evitar que se vean afectadas las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Dicho espíritu confronta de manera categórica con las palabras del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien sostuvo que con la cotización actual del tipo de cambio, el sector productivo no puede “exportar ni un caramelo”. Estas palabras, algo emparentadas con la infortunadamente célebre frase de un funcionario del equipo de Martínez de Hoz (da lo mismo producir “acero que caramelos”), se suman a otras declaraciones del mismo empresario sobre que “es tristísimo, pero los trabajadores son siempre la variable de ajuste”. Las expresiones mencionadas constituyen una muestra acabada de la postura de parte del gran empresariado local, que sostiene la teoría de la “intangibilidad de las ganancias” y sólo parece dispuesto a avanzar con sus negocios si es que cuenta con garantías de que podrá distribuir el costo de sus decisiones, no así sus beneficios, entre todos los integrantes de la sociedad. Tesis que refuerza además la necesidad de fuertes medidas de regulación por parte del Estado en diversos aspectos del funcionamiento económico, en especial los referidos a la distribución del ingreso.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 10 de agosto de 2014.

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El “default que no es default” y los riesgos del fallo Griesa

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democracia-o-corporacionesHe dicho en reiteradas oportunidades que la sentencia de Griesa tiene todas las características de un fallo de colonias, cuestión que ha sido ratificada en todas sus declaraciones y decisiones con relación al caso. Tanto en la última audiencia del viernes pasado, cuando pidió que cesen las “declaraciones engañosas” del gobierno (en ningún momento observó declaraciones engañosas de los demandantes), como en el comunicado del mediador Daniel Pollack, quien expresó taxativamente que “Argentina entrará al default” y que ello tendrá graves consecuencias sobre el pueblo argentino, definición a la que cuesta encontrarle una veta de imparcialidad.

Habría una solución si los buitres no fueran buitres. Argentina ofreció a los demandantes entrar al canje, lo que les significaría, según explicó el ministro de Economía Axel Kicillof, una ganancia de un 300% debido a que compraron los bonos a precio de remate. Pero los demandantes desean no menos de lo que les concedió el juez, que en el caso del fondo NML de Paul Singer, significa una ganancia del 1600% en seis años.
Otra negociación no era posible. Luego del pago de Argentina de su deuda reestructurada, se cae en una extraña situación de un “default que no es” pero que los “mercados” consideran que sí es, incorporándole insólitos calificativos; la otra alternativa, la de pagar a los buitres según establece el fallo, implicaría entrar en un sobreendeudamiento por el reclamo del resto de los holdouts y la activación de las cláusulas RUFO. Ambas situaciones son nocivas para la Argentina, la segunda mucho más.
Tal como lo comunicó el ministro de Economía el viernes, la situación actual, si un nombre no tiene, es el de “default”. Kicillof explicó que no se cumple ninguna de las tres condiciones que implicarían que el país entre en default: el no pago, la declaración de una moratoria o la invalidez de los convenios firmados oportunamente. Lo que sucede tiene que ver con “riesgo en oportunidad de cobro” que es cuando, por ejemplo, un acreedor interfiere en los cobros por un embargo, una prohibición judicial, una medida cautelar temporaria o cualquier otra acción similar, condiciones que suelen ser “transitorias”.
La audiencia que citó el juez Griesa para el viernes pasado generó cierta expectativa. Pero al igual que en la anterior, no resolvió nada relevante respecto de los planteos por los fondos retenidos, sólo criticó a Argentina, y dijo que nuestro país debía cumplir el fallo. Argentina solicitó cambiar al mediador Pollack, y los demandantes solicitaron su continuidad: la decisión de Griesa no fue sorpresiva: ratificó al mediador.
Esta situación genera elevadas dosis de volatilidad, la materia prima preferida por los especuladores, y es otra de las implicancias del fallo Griesa. En la medida que el juez les concedió a los buitres la facultad de pedir la reposición de la cautelar, y que hay otras entidades interesadas en comprar el fallo, estas tienen información privilegiada, y la pueden usar para obtener elevadas ganancias.
Entre los 15 integrantes que decidieron unánimemente que se debían abonar los seguros de default sobre la deuda argentina (CDS), figuran el fondo Elliott y grandes bancos, entre otros; nuevo aliciente para incrementar la masa crítica de la especulación. El Ministerio de Economía informó que la Comisión Nacional de Valores “solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos (CDS), para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo”.
CONTINÚAN LAS CRÍTICAS AL FALLO GRIESA. El premio Nobel Joseph Stiglitz expresó al diario New York Times (NYT): “hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo, y esta es una que Estados Unidos le está tirando a todo el sistema económico global”, y agregó que no se sabe aún “cuán grande será la explosión y no es sólo de la Argentina”. Según cita NYT, Stiglitz dijo que el fallo puede prolongar o posponer las reestructuraciones de deuda y extender la miseria económica de los países y reflexionó que “Singer y Elliott han hecho ya un gran daño”.
Una carta firmada por 100 economistas de universidades y centros de estudios, principalmente de Estados Unidos, y de varios países más, también coincidió con que el fallo de Griesa: “podría causar daño económico innecesario al sistema financiero internacional”. La carta expresa que “la decisión de la Corte obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y deudores de concluir una reestructuración ordenada si ocurre una crisis de deuda soberana”, dado que el fallo del magistrado distrital podría “torpedear un acuerdo existente con aquellos tenedores de bonos que eligieron negociar”.
Mark Weisbrot, co-director de un importante centro de pensamiento localizado en Washington que distribuyó la carta de los 100 economistas, se mostró de acuerdo con la posición del gobierno argentino con respecto a la necesidad de buscar un nuevo término para describir una situación en que un deudor quiere pagar y no puede hacerlo porque un fallo judicial no se lo permite. Agregó además que “fue una Corte la que tomó esta decisión sin precedente. Es una corte la que está forzando a Argentina a defaultear. El default no es de Argentina” (Infobae, 01.08.14).
No obstante la gran cantidad de apoyos recibidos de alto nivel y de todo tipo, algunos analistas y economistas vernáculos siguen sosteniendo que el gobierno argentino negoció mal y no toman en cuenta los terribles problemas que genera el fallo. Son los mismos analistas y economistas que pronostican una catástrofe por la caída en “el default que no es”, algunos intentando engañosamente comparar esta situación con el default que sí fue de 2001. Algún economista neoliberal profetizó que “con el default podrían llegar a faltar medicamentos”, una consecuencia absurda, pero que preocupa a la gente que la escucha y no tiene los conocimientos técnicos para identificar el embuste. También se ha podido leer a opinólogos locales, usualmente citados por la American Task Force Argentina, partiendo de “versiones que aseguran” actitudes del gobierno argentino que podrían gatillar las cláusulas RUFO, todo un festín para los buitres.
Argentina está en condiciones de pilotear esta situación, que no es fácil. Nuestro país tiene muchísimas fortalezas: está parado en una posición sólida y posee el control de las principales variables de la economía. Por ejemplo, la deuda pública total es del 40% del PIB, cuando en 2002 era del 166%, pero lo que más interesa, la deuda en moneda extranjera en manos de privados, es menor al 10% del PBI, y al sumar organismos internacionales es equivalente hoy al 16% del PBI, cuando en 2002 era más del 95 por ciento. Hemos vivido, desde 2003, con el cierre al financiamiento externo, y la economía creció basada en su dinamismo interno. Esto no indica que la falta de financiamiento sea neutra; con crédito a buenas tasas sería interesante financiar proyectos de inversión e infraestructura, previendo la jurisdicción de la justicia argentina en los contratos. Pero su falta no generará el derrumbe ni mucho menos, la economía argentina tiene un potencial que habrá que ir gestionando, a partir de una participación cada vez más activa del Estado en las cuestiones básicas de la economía.
Y si lo económico no tiene visos de descarrilar en lo absoluto, es válida la preocupación por lo político, como lo expresó Cristina Fernández, luego del acto en el cual anunció el nuevo aumento semestral del 17,21% en las jubilaciones, medida que llevó el haber mínimo a $ 3231. La presidenta expresó: “Tenemos que ser muy fuertes los argentinos, muy unidos, porque van a intentar tratar de dividirnos. No lo van a lograr porque realmente el Mercosur, la Unasur, la América del Sur, la CELAC, estamos definitivamente unidos, porque hemos aprendido que la unidad hace la fuerza y que solamente juntos vamos a lograr ser protagonistas en este mundo complejo.” Un mensaje que comprende que la unidad no sólo debe darse en nuestro país, sino en conjunto con nuestros hermanos latinoamericanos, un signo del cambio de época que venimos transitando desde 2003 y debemos mantener, pese a la actitud de ciertos políticos y analistas de la oposición que intentan instalar temor y desconcierto.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 3 de agosto de 2014.
 

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