Férrea estrategia argentina y deslucida embestida buitre

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La férrea estrategia del gobierno nacional sigue mostrándose efectiva en esta etapa decisiva del litigio. A los renovados apoyos políticos del ámbito regional y multilateral, se suma la carta enviada a la presidenta Cristina Fernández por el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, expresando la “cercanía del gobierno italiano con el esfuerzo argentino” ante el conflicto judicial con los fondos buitre. Cabe destacar también la actitud de grupos de bonistas reestructurados que, ante distintas instancias ya han iniciado acciones judiciales por no haber podido cobrar los fondos que el gobierno argentino depositó en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY).

También el banco JP Morgan, encargado del pago de los títulos de deuda argentina en yenes, envió una carta al juez Thomas Griesa solicitando “una clarificación” para poder enviar los fondos a sus clientes. El JP Morgan argumentó que el pasado 24 de junio recibió una carta de los fondos buitre, entre ellos Aurelius, recordándole que mantuviera el dinero inmovilizado para “no violar la orden”, de acuerdo con el fallo de febrero de 2012.
El BoNY está solicitando también definiciones a Griesa sobre los fondos retenidos, en especial sobre aquellos con legislación inglesa, sumándose a similares solicitudes de Euroclear y Clearstern (cajas de valores europeas), y de fondos de inversión como Fintech. Las entidades tratan de cubrirse de los planteos judiciales de parte de los bonistas reestructurados que están esperando recibir su pago ya depositado por Argentina.
Se realizó el viernes pasado una segunda reunión entre el mediador designado por el juez, Daniel Pollack, y representantes del gobierno argentino, quienes entregaron material para reforzar las mismas posturas que, en la primera reunión con Pollack, sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof, al explicitar las imposibilidades para cumplir con el fallo, y la necesidad de suspender la sentencia (”stay”), para que se liberen los pagos correspondientes a los intereses de los bonos que ingresaron en los canjes, una petición que por el momento ha sido denegada pero que resulta indispensable para poder negociar sin presiones.
Por su parte, en la semana los fondos buitre reforzaron su artillería mediática con la intención de mejorar su negativa imagen. La American Task Force Argentina (ATFA) es una alianza de organizaciones estadounidenses –principalmente agrícolas y ganaderas, más unas pocas financieras– liderada por el fondo Elliot (propiedad de Paul Singer), cuyo exclusivo objetivo es realizar acciones judiciales y mediáticas para alentar al gobierno estadounidense a “perseguir vigorosamente” un acuerdo negociado con Argentina, a favor de los intereses de los norteamericanos poseedores de la deuda defaulteada en 2001, según reconoce en su página web. La ATFA publicó una solicitada en la cual acusa a nuestro país de “negarse a negociar y elegir el camino del default”. La respuesta de las autoridades argentinas fue contundente, señalando que en “una nueva demostración de su ‘modus operandi’, los fondos buitre injurian y amenazan públicamente a Argentina. Su objetivo: extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1600% a costa del bienestar de nuestro pueblo.” Hasta llegó a realizar el último jueves una presentación en el Congreso estadounidense, junto con la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, a fin de presionar políticamente para que se impida la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país, según advirtió nuestra Cancillería.
En la solicitada que desparramó el lobby buitre, “los hechos de la disputa sobre la deuda argentina”, se trata de instalar la idea que nuestro país está eligiendo el camino del default, una lógica que se ve refutada por la adhesión voluntaria del 92,4% en los canjes de 2005 y 2010, por la renegociación de la deuda con el Club de París y el acuerdo con Repsol por la expropiación de las acciones de YPF. También por la afirmación tajante de las autoridades argentinas, una vez validado el fallo Griesa, de que nuestro país tiene una voluntad clara de cumplir con el 100% de sus acreedores en condiciones “justas, equitativas y legales”. Características que están muy lejos de la naturaleza que subyace a los buitres, auténticos extorsionadores financieros que en todos estos años han interpuesto más de 900 causas judiciales, todas ganadas por nuestro país, salvo el aludido fallo de Griesa.
Otro de los argumentos presentados por la ATFA asevera que la extensión del fallo al resto de los holdouts llegaría a U$S 7500 millones y no a los U$S 15 mil millones como sostiene nuestro gobierno, afirmando que “Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa”. Omiten deliberadamente que una mejor oferta a los holdouts podría activar el reclamo del 92,4% de los bonistas que entraron al canje (cláusula RUFO), involucrando un monto de, como mínimo, U$S 120 mil millones, cifra que algunos estiman en U$S 500 mil millones, según reconoció el Ministerio de Economía. Son números concretos, que muestran la estrategia de los buitres para seguir presionando al gobierno y obtener el máximo lucro a partir de la especulación financiera.
La puesta en escena incluye otro argumento que no resiste los archivos, ya que los buitres señalan que estarían dispuestos a “otorgarle mayor tiempo a la República”, algo que no se condice con la negativa a la solicitud argentina de reinstalar el “stay”, y mucho menos con las palabras de Robert Cohen, abogado del fondo buitre NML Capital, quien sostuvo: “Estamos preparados para sentarnos si quieren hablar sobre esto. Pero sin dar ninguna concesión sobre su obligación de pagarnos los U$S 1400 millones de dólares que están frente a la Corte ahora”, según consta en la publicación que la Presidencia de la Nación hizo en los medios con el título “Fondos Buitres: Los hechos demuestran que no es mito que sean Buitres”, en clara respuesta a la solicitada de la ATFA.
También es preciso subrayar el acompañamiento de la gran mayoría del arco político, que evitó cualquier contacto público con el lobby de la ATFA, que en la semana sobrevoló estas tierras tratando de ganar apoyos para reforzar la presión sobre la opinión pública local. Asimismo, cabe señalar las críticas de acérrimos opositores al gobierno nacional a la misión buitre, lo que indica cuán instalada está la idea de que esta es una cuestión de soberanía nacional que excede al gobierno de turno y que por lo tanto requiere los apoyos de la mayoría de los sectores, independientemente de su filiación política. No obstante, fue muy difundido el almuerzo de autoridades de la ATFA en Buenos Aires con varios medios opositores al gobierno, y no faltó algún que otro analista mediático que recomendara cerrar la negociación lo antes posible.
En materia parlamentaria, en la semana, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción del Senado, “que establece la inmunidad para ejecución o embargo de activos para bancos centrales extranjeros, pero que obviamente es una ley que establece reciprocidad de trato y equivalencia de trato para los activos de bancos centrales”, según expresó el jefe de Gabinete. Se trata de una actualización de las inmunidades soberanas adecuando la normativa a legislaciones que ya están en vigencia como las de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Singapur y Australia, entre otros. Las disposiciones de la ley que recibió la media sanción deberán ser instrumentadas a través de la suscripción de convenios bilaterales.
Evaluando el comportamiento de los mercados, que suelen moverse según las estimaciones y especulaciones de los agentes, y comparando los valores del viernes último con los previos a la decisión de la Corte Suprema estadounidense del 16 de junio, se observa que los títulos con legislación Nueva York cerraron en niveles similares a los de aquel momento, mientras que el Merval evidenció un aumento del 9 por ciento. Otro dato que evidencia las expectativas positivas en la economía es que las reservas internacionales se incrementaron en cerca de U$S 800 millones en ese período.
Todo indica que la estrategia seguida por el gobierno argentino es inteligente y adecuada, tomándose los tiempos necesarios, poniendo en tensión a las entidades financieras que están reteniendo los fondos depositados por Argentina para el pago a sus acreedores y decidiendo negociar sin aceptar ningún tipo de extorsión.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 13 de julio de 2014.

Fuerte apoyo a la Argentina

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oeaLos respaldos a la posición argentina en el caso del juicio de los fondos buitre se siguen multiplicando, fruto de una diplomacia activa y del propio peso específico de los problemas que genera el fallo del juez Griesa.

Lo sucedido en la Organización de los Estados Americanos (OEA) es contundente. A inicios de semana, el Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó el jueves 3 de julio, para considerar el tema. Esta reunión, en la cual expusieron el canciller Héctor Timerman y el ministro Axel Kicillof, fue un total éxito por varios motivos. La declaración que surgió del encuentro fue aprobada por todos los miembros, con la abstención de Estados Unidos y Canadá, lo que evidencia un cambio de época, puesto que solía ser habitual que la OEA no emitiera declaraciones si estas no tenían la venia de EE UU. En el inicio de la sesión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respaldó fuertemente la postura argentina y advirtió sobre “el peligro que significa para el sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitre” en contra de nuestro país, y comentó que los fondos especuladores pueden generar “la quiebra de los Estados” a partir de la “búsqueda de precio vil” sin que “les importe si esto redunda en un aumento de la pobreza de los países”.
La declaración de la OEA comienza reconociendo los esfuerzos que viene realizando nuestro país y “la voluntad expresa del gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos” en los canjes de 2005 y 2010. A partir de ello manifiesta su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores. Así como otorga “su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”, la declaración también expresa que es esencial, para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera, que sean respetados los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas.
En su exposición, el ministro Kicillof comentó: “Argentina está comprometida con el diálogo y quiere negociar como lo ha hecho siempre, lo vamos a hacer, pero necesitamos igualdad de condiciones, no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión”, y agregó: “Venimos a pedir soluciones urgentes. Argentina no quiere ser un caso de estudio para el futuro. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales actúen y que lo hagan pronto, antes de que el precipicio que ha establecido el juez Griesa esté delante de nuestras narices.”
Por su parte, el canciller Timerman expresó: “De lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitre que, utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, acciones de lobby, y muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades.”
Nuestro país también recibió apoyo del gobierno de la República Popular China, cuyo vocero declaró: “Esperamos que se logre un acuerdo adecuado lo antes posible”, y elogió a Argentina por “las medidas que ha tomado en años recientes para reestructurar su deuda y cumplir sus compromisos de devolución de esta”. También Cuba dio su apoyo; el ministro argentino Agustín Rossi manifestó que el presidente Raúl Castro le expresó “su solidaridad y acompañamiento en la lucha que mantiene nuestro país ante los fondos buitre, con mucha claridad y contundencia para con la Argentina”.
Merece mencionarse también el apoyo del Banco del Sur, que en la primera reunión de su Consejo Administrativo, lo que indica avances en este proceso de integración, emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la posición de la Argentina en la reestructuración de su deuda soberana.
UNA JUGADA AUDAZ. En estos días comenzaron a visualizarse los efectos del depósito realizado en el Bank of New York Mellon (BoNY), una eficaz estrategia del gobierno para trasladar parte de las consecuencias del fallo de Griesa al campo de los litigantes y las instituciones involucradas. En este marco, el jueves el gobierno nacional le envió una carta al BoNY “a los fines de intimarlo a que cumpla con las obligaciones asumidas en el Trust Indenture (contrato de emisión) para el efectivo cobro de los Tenedores”, sosteniendo además que “la República Argentina se reserva todos los derechos y acciones que correspondan contra el BoNY en cuanto el mantenimiento de su conducta en el tiempo constituya o pudiere constituir un Evento de Incumplimiento ajeno a la República Argentina, que afecte sus derechos e intereses, como los de los Tenedores, y una violación a sus obligaciones como Agente Fiduciario”. La imposibilidad de cursar los pagos a los acreedores tuvo origen en la prohibición que le hizo llegar Griesa, que en su fallo sostuvo que la prioridad de cobro la tenían los holdouts, situación que en definitiva terminó poniendo en apuros a la entidad estadounidense, en lo que es una muestra de los alcances que el tema de los buitres puede tener sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional.
De hecho, las derivaciones del juicio también se trasladaron rápidamente a la “city londinense”, otro de los epicentros de las finanzas globales, ya que el fallo de Griesa también afectó el pago de bonos que no se rigen por la legislación de Nueva York, los que son liquidados a través de Euroclear, la agencia de compensación de valores del viejo continente. Los intereses y las partes involucradas en el conflicto son tan variados que no sólo fue el gobierno argentino quien cursó una intimación a esta institución para que destrabe los pagos, sino que también elevaron sus quejas distintos fondos de inversión que no pudieron cobrar los vencimientos en euros regidos por ley inglesa. El propio Financial Times se hizo eco de la situación, expresando que un grupo de inversores con bonos argentinos “están sumamente preocupados ante la posibilidad de que el brazo largo del derecho estadounidense esté perturbando los mecanismos internacionales”.
La definición del conservador diario británico suena heterodoxa cuando se la compara con las vertidas por algunos medios locales. El último lunes, uno de los columnistas de El Cronista sostuvo que es el gobierno el que ensaya “maniobras inesperadas para evitar el cumplimiento sensato de la ley”, y que son imposibles de que prosperen ya que “cuando el escenario es un universo racional como la justicia estadounidense, las genialidades van cayendo una a una”, toda una oda al brazo largo de la justicia norteamericana, coronada con la recomendación para que el gobierno “negocie con firmeza pero sin altanería con los buitres”, una frase que también fue apuntada por un ex ministro con activa participación en el primer canje, al señalar que “el cacareo no ayuda en nada”.
Estas declaraciones se emparentan con el enfoque de The Economist, el diario del establishment financiero, que publicó un artículo titulado “La ‘Luis Suárez’ de las finanzas internacionales” refiriéndose a nuestro país , indicando que “el conflicto de Argentina con su deuda es el reflejo de una actitud adolescente de que las reglas están hechas para romperse”, desdeñando la cultura argentina y uruguaya, como es usual en sus comentarios, y desconociendo con gran soberbia los riesgos del fallo de Griesa.
Las posturas mencionadas omiten deliberadamente que el principal tema de este conflicto es político, al permitir que una minoría de ricos inversores inescrupulosos obtenga prebendas exorbitantes, por encima de los derechos de la mayoría de los inversores que decidieron entrar a una reestructuración de deuda soberana, quitando cualquier salvavidas posible a los países con problemas de deuda. Esta situación posee un efecto político directo en las negativas consecuencias económicas y sociales que puede generar.
No les gusta que nuestro país negocie en forma soberana, con grandes apoyos internacionales, porque de esa forma se valida el manejo de la crisis por parte del gobierno nacional, y les resultará menos convincente continuar utilizando como muletilla que “Argentina está aislada del mundo”.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 6 de julio de 2014.

Crónica del deseo de provocarnos un default

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democracia-o-corporacionesCuando el juez Thomas Griesa rechaza la solicitud argentina de reinstalar la cautelar (stay) para que nuestro país pueda negociar, establece que el pedido no es apropiado dado que la orden de pagar a los fondos especulativos “no entra en vigor” a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados, y agrega que “la Corte no tiene control sobre si la República Argentina realiza esos pagos”. En resumen, expresa que, si no queremos el embargo, no debemos pagar a los bonistas reestructurados, dejando bien en claro que está forzando a Argentina a un default “voluntario” de la deuda.

Es altamente improbable que Griesa, tan versado en las declaraciones de la presidenta argentina, no conozca las declaraciones de la calificadora Standard & Poor’s. Su director de calificaciones soberanas, Sebastián Briozzo, estableció que “si el 30 de este mes la Argentina no puede pagar, tendríamos que poner la deuda soberana en situación de default, porque vamos a estar ante un incumplimiento”, desconociendo que existen 30 días de plazo antes de que se incumpla la obligación. Más aún, y en una llamativa definición, Briozzo comentó que “los montos de endeudamiento de la Argentina son muy elevados”; debe haber tomado los erróneos datos de algún formador de opinión vernáculo, puesto que la deuda pública externa de nuestro país ascendía a fines de 2013 a sólo el 12% del PBI.
Estamos transitando una encrucijada que sólo puede encararse con una actitud soberana, como es la que ha tomado el pasado jueves el gobierno argentino al depositar los fondos para el pago a los bonistas reestructurados en las cuentas establecidas en los contratos, por 832 millones de dólares en total, de los cuales 539 millones se depositaron en el Bank of New York Mellon (BoNY). Dicha decisión se tomó luego del pedido a Griesa, por parte de las autoridades argentinas, de suspender el fallo (stay) y posibilitar “un diálogo de buena fe en condiciones equitativas, justas y legales”.
En la audiencia citada para el viernes último, luego del pago de Argentina, Griesa expresó que “el gobierno de la Argentina debería haber negociado una postergación del pago a los tenedores de bonos reestructurados mientras buscaba un punto de acuerdo con los fondos de acreedores que están en litigio”. También calificó el pago de “ilegal” y ordenó al BoNY que devuelva el depósito a la Argentina, aunque no se animó a embargar el dinero, como lo solicitaron los fondos buitre. En un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que al tomar tales medidas, “el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitre a precio vil para obtener ganancias siderales”, además de caratular a la medida como “inédita: porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar”.
Cobra así mayor entidad lo expresado previamente por el ministro Axel Kicillof al comunicar el pago, en cuanto a que “no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010″.
Cabe resaltar el profundo significado del pago a los bonistas, que constituye una medida proactiva, e indica una estrategia negociadora seria e inteligente de nuestro gobierno.
Según indicó Kicillof, el pago se realizó “para terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional, como un ‘default técnico’, que constituye sólo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global”.
El ministro fue claro al señalar que, con la decisión de realizar el pago, Argentina ratifica “su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento” y, a partir de esta decisión soberana, “advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa con respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional”.
CRECE EL APOYO A LA POSICIÓN ARGENTINA. Luego del amplio apoyo recibido por parte de países como Brasil, Francia, México, Uruguay y Bolivia, organismos como Mercosur, Unasur, Celac, G77+China –integrado por 133 países–, más de un centenar de parlamentarios británicos, el FMI y gran cantidad de académicos y otras importantes instituciones, esta semana se sumaron la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Cepal. La Unctad calificó como predatoria la conducta de los fondos buitre, así los llama, y da el ejemplo de NML Capital, que compró deuda por 20 centavos para reclamar judicialmente por la totalidad. Además de caratular el fallo de Griesa como una “inaudita interpretación” de la cláusula de pari passu, considera que este, acompañado por las decisiones de tribunales superiores, “coloca un precedente legal con profundas consecuencias para el sistema financiero internacional, dado que: 1) desincentiva a los acreedores para participar en reestructuraciones, lo cual dificultará las mismas en el futuro; 2) obliga a terceras partes, como instituciones financieras, a proveer información confidencial de las transacciones financieras del deudor soberano; y 3) establece que el fallo no cumple con la Ley de EEUU de inmunidad soberana extranjera.”
Por su parte, la Cepal define que el fallo mencionado “no sólo dificulta –o, quizás, imposibilite– que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional”, por lo cual indica que “se necesita diseñar un mecanismo de reestructuración de deuda que tenga en cuenta las condiciones de los deudores, incluyendo la necesidad de que el pago del servicio de la deuda pueda depender, por lo menos en parte, de condiciones macroeconómicas contingentes de las cuales depende la capacidad del servicio de la deuda”.
En este aspecto, la Cepal realiza una comparación más que interesante, puesto que “así como los ’salvatajes’ de los bancos en una situación de crisis financiera se justifican por las implicancias sistémicas de un quiebre del sistema financiero sobre la economía, las reestructuraciones de los pasivos soberanos, cuando estos son a todas luces insostenibles, protegen el buen desempeño posterior de la economía y por lo tanto también la regularización de los pagos adeudados”. Interesa aclarar que los países centrales destinaron los mayores fondos anticrisis a los salvatajes bancarios, y dieron muy poca atención a la resolución de los problemas de la deuda griega o chipriota, y a su sostenibilidad, por citar dos ejemplos prácticos.
MOMENTO DE DEFINICIONES. El gobierno ya se expresó: “Queremos cumplir con el 100% de los acreedores, con el 92,4% que accedió a ingresar al canje de 2005 y 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron; sólo pedimos que nos generen condiciones de negociación justa y de acuerdo con la Constitución Argentina, las leyes nacionales y los acuerdos que firmamos como país”, enfatizó la presidenta Cristina Fernández. Y las decisiones que se han venido tomando son las pertinentes a una Nación soberana que defiende el interés común de todos sus habitantes. Con el depósito en el BoNY y la posterior solicitada para los tenedores de deuda de los canjes 2005 y 2010, indicando que se realizó el pago de acuerdo con las condiciones de los contratos, deslindando por lo tanto “cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele a la República”, las autoridades de nuestro país han puesto la pelota en el campo de los litigantes y las instituciones involucradas.
El proceso está en pleno desarrollo, los representantes del capital especulativo internacional, aliados a los fondos buitre, pondrán todo tipo de trabas a la negociación, como lo han venido haciendo hasta el momento. Pero se han alzado voces muy importantes para frenar estos actos de usura y depredación financiera, aunque todavía falta que se expresen en acciones concretas de regulación y limitación de las conductas.
Por el bien del país, es de esperar que todo el arco político esté unido en apoyo de las negociaciones de nuestro gobierno, pues el conflicto con los fondos buitre es una cuestión de indubitable interés nacional, que excede el interés partidario y cuya resolución impactará decididamente en los años venideros.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 29 de junio de 2014.

Ante la patente de corso, no a la extorsión

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griesaApenas se conoció la decisión del juez del Segundo Circuito de Nueva York, Thomas Griesa, mencionamos que constituía un “fallo de colonias” por su avance sobre los derechos soberanos de nuestro país, sobre los derechos del 92,4% de los bonistas que entraron al canje, y por el riesgo que genera para las reestructuraciones futuras de cualquier país.

Es un fallo injusto e irresponsable, una patente de corso para los fondos buitre del mundo. La sentencia significa “la convalidación de un modelo de negocios a escala global” pues “se está consolidando una forma de dominación global financiera… para que este modelo siga prosperando basado en el hambre y la desocupación de millones”, tal cual lo consignó el lunes la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional.
Ante la decisión de la Corte Suprema de los EE UU, hay que considerar el amplio apoyo que recibimos de Francia, México, Brasil, parlamentarios británicos y premios Nobel. Entre otras tantas adhesiones, cabe mencionar la emitida en días recientes en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra del G-77 más China (asociación que se amplió a los actuales 133 países en desarrollo), en cuya declaración se consigna que los fondos buitre “plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para los países desarrollados”. El texto enfatiza “la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional”.
Ante la situación derivada del fallo, corresponde mencionar las palabras de Néstor Kirchner cuando negoció el primer canje de deuda en 2005 con la premisa “permítannos crecer, para después pagar, porque los muertos no pagan”. Hoy nuestro país está en una situación mucho mejor que en aquel entonces, pero el actual fallo intenta proyectar sombras de default sobre la deuda argentina.
Frente a este panorama, resultan acertadas las decisiones de la presidenta; como lo expresó en su discurso del Día de la Bandera: “Que nadie se equivoque, nosotros, como lo dije el día lunes, queremos cumplir con el 100% de los acreedores, con el 92,4 que accedió a ingresar al canje de 2005 y 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron; sólo pedimos que nos generen condiciones de negociación justa y de acuerdo con la Constitución Argentina, las leyes nacionales y los acuerdos que firmamos como país.” Cabe enfatizar que el pago de la deuda a los bonistas ingresados al canje se dio en un entorno de crecimiento con inclusión social, objetivo que debe mantenerse en las decisiones que se tomen de aquí en más con respecto a la deuda.
El ministro Axel Kicillof aseguró que el gobierno nacional no está dispuesto a “hacer cualquier cosa, a arreglar bajo cualquier condición”, sino que mantendrá “los principios que guiaron la reestructuración”, para luego aclarar que “esa reestructuración que ahora está en juego es uno de los pilares centrales del crecimiento que ha tenido el país estos años”. Posteriormente, por un comunicado del Ministerio de Economía, se expresó que “el levantamiento del ’stay’ por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”.
ENDEUDADORES SERIALES. Ciertos sectores no dejaron pasar la oportunidad para emitir sentencia, reforzando su habitual prédica conservadora. El Cronista (18/06/14) critica el default “al que nos arrojó Adolfo Rodríguez Saá en el final tétrico de 2001, ovacionado por 300 legisladores que eligieron la borrachera de la euforia a la responsabilidad de enfrentar las dificultades”. Nada dice que en ese entonces la deuda había crecido tanto que era impagable, máxime cuando los títulos del megacanje devengaban altísimas tasas de interés en dólares. Precisamente, la Argentina pudo salir de ese “final tétrico” gracias a la renegociación de la deuda en 2005 y a la cancelación de la deuda con el FMI en marzo de 2006. De la misma forma, un editorial del Financial Times (FT), publicado por El Cronista (18/06/14), indica que como resultado de las políticas económicas, “a 13 años de su default por U$S 100 mil millones, Argentina es mucho más pobre de lo que debería”.
En el mismo editorial, el FT indica que “arreglar es apenas aceptable” dado que al pagarle a los hedge funds (nótese que no refiere a “fondos buitre”, una categoría que es aceptada internacionalmente) Argentina queda expuesta a otros reclamos por U$S 15 mil millones, más la posibilidad de que los bonistas que ingresaron al canje reclamen una indemnización. El FT indica además que “algunos argumentos legales a favor de los hedge funds conducen a una situación en que su victoria podría llevar a que otros holdouts bloqueen fácilmente otras futuras reestructuraciones soberanas”.
Un columnista de La Nación (18/06/14) se pregunta: “¿Por qué alguien que cobra en Nueva York aceptaría hacerlo en Buenos Aires, donde no sólo hay cepo sino también prohibición de girar divisas?” Hay varias razones para aceptar. Para empezar, una de base es que si se realiza el canje resulta lógico establecer una cláusula para que los acreedores puedan girar sus divisas al exterior sin limitación alguna. Otro argumento importante es que el juez Thomas Griesa les impuso a los bonistas de la deuda argentina reestructurada un cepo más fuerte: los derechos de los fondos buitre Aurelius y NML (el 0,45%) están primero que los suyos (el 92,4%), y ello les genera una fuerte incertidumbre acerca de qué sucedería con los potenciales reclamos del resto de los holdouts por U$S 15 mil millones. Además, desde 2003 se han pagado puntualmente todos los vencimientos de la deuda bajo legislación local.
LOS DESAFÍOS DE LA UNIDAD. Nos enfrentamos a decisiones complejas. El establishment financiero internacional no perdona el exitoso canje de deuda con una importante quita, de 2005 y 2010, mientras que las calificadoras internacionales empezaron a bajar la nota de Argentina antes de conocer la estrategia que aplicará el país. También debe tenerse en cuenta que con la decisión de la Corte Suprema de EE UU se ha activado el pedido de los fondos buitre para acceder a la información de los posibles activos embargables que posee nuestro país.
Luego de la reunión informativa en el Congreso, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, comentó que los distintos bloques legislativos han coincidido en repudiar la actitud de los fondos buitre, como también el fallo de la Corte de Estados Unidos, que “es lesivo contra la soberanía”. Sería conveniente que estas declaraciones se traduzcan en acciones concretas de acompañamiento en el Congreso en el caso de eventuales proyectos del gobierno para solucionar el tema de los buitres. Son preocupantes en este sentido algunas declaraciones de conocidos políticos y analistas que proponen pagar al contado si hiciera falta, lo cual resultaría ineficaz, pero indica además la clara orientación conservadora de sus posturas. Esta situación debe enfrentarse con el conjunto de la dirigencia política y social de Argentina, unida para cerrarles el paso a los fondos buitre que pretenden atropellar nuestra soberanía e impedir que los responsables de la crisis –de la deuda y de la economía– de los años neoliberales tengan éxito con la pretendida instalación de sus recetas.
En un desprecio total hacia la soberanía del país, Griesa dice que la Argentina “se ríe” de las sentencias, lo cual constituye una clara valoración ideológica de nuestras decisiones autónomas. El fallo de este juez significa volver a poner a la Argentina en una situación parecida a la que estaba cuando cayó en default. Y haría que todo el esfuerzo hecho en todos estos años se esterilice de una manera importante con la consecuencia que eso tendría para la calidad de vida de los argentinos. Por lo tanto, creo que se debe cerrar filas alrededor de esta postura, entenderla como una causa nacional, de defensa de nuestro derecho soberano, y fortalecer la capacidad negociadora de nuestros representantes, que va en esa dirección, para seguir sosteniendo los logros de este proyecto iniciado en 2003, de desarrollo con equidad e igualación de derechos.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 22 de junio de 2014.

Usuarios financieros con tasas y comisiones cuidadas

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Las medidas recientemente adoptadas por el BCRA deben entenderse en el marco de la defensa del usuario de servicios financieros, utilizando las atribuciones conferidas por su Carta Orgánica según las modificaciones incorporadas en 2012, entre otras la de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”.

En primer lugar, se adoptó un régimen de tasas de interés de referencia para préstamos personales y prendarios, otorgados a personas físicas, con una tasa de interés máxima asociada a la tasa de letras del BCRA (Lebacs) a 90 días, que es fijada por la autoridad monetaria.
Se establecen, además, dos grupos de entidades, uno conformado por las oficiales y las más grandes, con depósitos al sector privado que individualmente superan el 1% del total del sistema, y el otro grupo con el resto de las entidades.
Para las distintas operaciones, se fijan coeficientes sobre la tasa de referencia, que hoy se ubica en el 28 por ciento. Para las operaciones más habituales de préstamos personales, el coeficiente es de 1,45 para las grandes entidades, con una tasa máxima del 41% anual; para los préstamos prendarios sobre automotores, el coeficiente es de 1,25, lo que da una tasa del 35%; mientras que las entidades más pequeñas podrán cobrar una tasa de hasta el 51 por ciento.
En el caso de los préstamos a tasa variable, la reciente normativa se aplicará al momento de repactarse la tasa, por lo cual la medida afectará a los préstamos ya otorgados en esta modalidad.
Si se tiene en cuenta que la política del BCRA, tal como lo expresó su presidente, Juan Carlos Fábrega, es bajar las tasas de Lebacs en la medida en que aminore la inflación, y los datos son auspiciosos en ese sentido, es probable que las tasas máximas citadas se reduzcan en los próximos meses. El 1,4% que arrojó el IPCNu para mayo, con un aumento en los precios de los alimentos del 0,7%, ratifica la senda descendente de la inflación.
Otra medida importante es que las entidades deberán contar con la autorización previa del BCRA para aplicar aumentos a las comisiones en los servicios básicos. Esta medida está orientada a defender al usuario de servicios financieros, y también ayudará a reducir el Costo Financiero Total, que es la suma de los intereses más los distintos cargos y comisiones que debe abonar quien toma un préstamo.
También se avanza en la regulación de los proveedores no financieros de crédito (las asociaciones mutuales, las cooperativas y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito o compra, entre otros prestadores) que deberán inscribirse en el “Registro de otros proveedores no financieros de crédito” del BCRA para ser sujetos de crédito de los bancos, mientras que la Comunicación A 5593 establece extender la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los que se inscriban. Se regula así un sector con una participación importante en el crédito personal, especialmente a nivel regional.
El Central informó que las medidas fueron tomadas tras un minucioso análisis de las tasas y de los márgenes financieros del sistema; la tasa cobrada por las entidades más grandes rondaba el 50%, mientras que otros bancos aplicaban tasas de interés de hasta el 90%, de allí que las medidas se orientan principalmente a reducir los excesos y, de esa forma, proteger a los usuarios.
Surgieron varias críticas –que la extensión de esta columna no permite recoger– como también sucedió al principio de la implementación de la Línea para la Inversión Productiva, que luego los bancos tomaron como una importante herramienta de penetración en las pymes y de comercialización de otra gran serie de servicios.
Debe considerarse que la mora del sistema financiero de las familias es en promedio el 2,8%, y que existen muy buenas herramientas de manejo del riesgo crediticio, por lo cual no debería ser un impedimento para que se sigan colocando créditos como se venía haciendo hasta ahora, e incluso incrementar esas colocaciones. Debe tenerse en cuenta que en la medida en que los bancos captan depósitos, deben tener una aplicación, y aun con la nueva regulación, los préstamos personales continúan siendo una de las opciones más rentables.
En resumen, estas medidas seguramente derivarán en una mejora en las condiciones de costos para los individuos que utilizan el crédito y otros servicios financieros, incrementando la protección de la autoridad monetaria sobre ellos, una función también prevista en la última reforma a su Carta Orgánica.
ACUERDO AUTOMOTRIZ CON BRASIL. En esta semana Argentina y Brasil convinieron prorrogar por un año la vigencia del acuerdo relativo a la Política Automotriz Común (PAC), que regula el intercambio bilateral de automóviles, vehículos pesados, remolques, maquinaria agrícola y autopartes. Se prevé llegar al año próximo con un acuerdo de mediano plazo que fije las condiciones del sector hasta 2020.
La principal novedad del reciente acuerdo es la reintroducción del denominado “flex” en un valor de 1,50, es decir que por cada dólar que la Argentina exporta al vecino país, puede importar hasta U$S 1,5, algo muy conveniente para nuestro país, teniendo en cuenta que desde el 1 de julio de 2013, cuando se cayó el acuerdo anterior, se pasó a un sistema de libre intercambio y las importaciones automotrices desde Brasil se expandieron aceleradamente.
Otro elemento del nuevo convenio, con carácter de “compromiso del sector privado” es establecer “reservas de mercado”, es decir, participaciones mínimas de los automotores de cada país en el mercado de la contraparte. Así, Brasil asegura al producto argentino una participación no menor al 11% en base mensual, prácticamente el valor máximo de los últimos años, y que este año tocó un piso del 6% en enero. En tanto, la Argentina asegura a Brasil un mínimo del 44%, cifra muy inferior a la participación usual de Brasil en nuestro mercado, la cual nunca fue menor al 60%, con máximos recientes del 70 por ciento.
El acuerdo es muy importante, porque beneficia a ambos países, cada uno con sus propias características, y se da en un marco de negociación amigable entre los gobiernos, indicando los beneficios de una integración consistente, que en el caso de los autos debe seguir avanzando en el aumento de los componentes nacionales en los exportados por Argentina, una medida que creará más valor agregado y empleo.
VIAJE A WASHINGTON. Legisladores argentinos viajamos esta semana a Washington en representación del Congreso Nacional, para tener contactos con legisladores y funcionarios estadounidenses y hacer conocer la postura argentina en el juicio que llevan a cabo los fondos buitre, puntualizando en el impacto que una decisión que confirme el fallo del juez Griesa podría tener, no sólo sobre la posición financiera de nuestro país, sino también sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional, al ponerse en duda la factibilidad de los procesos futuros de reestructuraciones de deudas soberanas. Esto último se encuentra en línea con las preocupaciones planteadas por países como Francia, México y Brasil, por miembros del Parlamento inglés e incluso por el FMI. La delegación, de la que formé parte como presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, estuvo compuesta por integrantes del oficialismo y la oposición. Además de la reunión que se mantuvo con los abogados que representan a nuestro país, para conocer los detalles del caso, la agenda consistió en una serie de encuentros con miembros destacados del Parlamento, tanto demócratas como republicanos, a los que se sumaron reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID y ONGs como Jubilee Debt Campaign.
Mas allá de la decisión de la Corte Suprema de EE UU, que se conocerá mañana, la visita fue altamente provechosa, y sirvió para mostrar una posición cohesionada alrededor de este tema del diverso arco político nacional y para aclarar conceptos, ya que hemos podido comprobar que muchos legisladores estadounidenses tenían preconceptos o informaciones incorrectas sobre el carácter de las propuestas y la postura argentina.
En resumen, la regulación de tasas y la defensa del usuario de servicios financieros por parte del BCRA; los datos de inflación que mejoran mes a mes a partir de políticas específicas, entre ellas Precios Cuidados; los acuerdos con nuestro principal socio comercial, en un marco de mutuo entendimiento y conveniencia; así como la defensa de los intereses del país con estrategias inteligentes contra los diversos juicios encarados por los fondos buitre, muestran un hilo conductor en las políticas de un Estado activo que sigue ratificando y profundizando el rumbo iniciado en 2003.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 15 de junio de 2014.
 

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