La democratización de la palabra impresa

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papel-prensa2Luego de la presentación del informe sobre Papel Prensa que realizó la presidenta el pasado 24 de agosto, el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario se reunió para redactar una declaración que hicimos pública y en la que básicamente decimos que es necesario saber toda la verdad sobre la venta de Papel Prensa.

En el bloque estamos muy cómodos con la resolución de instruir al Procurador General y al Secretario de Derechos Humanos para que analicen si hubo delitos de lesa humanidad y, en caso afirmativo, para que realicen las denuncias del caso.

Por otro lado, también estamos de acuerdo en que la producción del papel debe ser declarado de interés público. Entendemos que el debate de fondo, en este caso, es ideológico. Por un lado están los liberales, que quieren que todo se autoregule y funcione por la ley de oferta y demanda. Son los mismos que defienden los intereses sagrados de los empresarios arguyendo que si se los controla, se frena la inversión.

Por el otro lado, tenemos un Estado que representa los intereses del conjunto de la sociedad a través de los instrumentos, en este caso el Parlamento, quien es el encargado de crear las reglas para el funcionamiento adecuado de las empresas, sobre todo si lo que se produce es de interés del conjunto de la población.

Está demostrado que no puede haber prensa independiente, diversificada, regional, ni sectorial, si hay una empresa monopólica y no controlada que administra la materia prima, que en este caso es el papel.

En este sentido me pareció muy interesante el juego que hizo la presidenta al mostrar la editorial de Clarín que decía a “El gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa” mientras nos invitaba a reflexionar sobre quién controla y es realmente dueño de la palabra impresa en la actualidad.

Es necesario saber toda la verdad sobre Papel Prensa

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papel-prensaLa siguiente es la perspectiva sobre el tema Papel Prensa de los integrantes del bloque Nuevo Encuentro: diputados Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas.

Algunos dirigentes políticos, en nombre de la Democracia y la Libertad, pretenden convencer a la sociedad de que es mejor no investigar si existieron delitos en la adquisición de Papel Prensa. Intentan armar un bloqueo político desde el Congreso para que no se sepa la verdad.

Existen fuertes sospechas de delitos gravísimos en la adquisición de las acciones de Papel Prensa durante la dictadura, con denuncias muy contundentes sobre una alianza cívico militar para apropiarse del paquete mayoritario de la empresa y, desde ese lugar dominante, controlar en forma monopólica el precio del papel.

Es imprescindible que se sepa la verdad y que, si existieron los delitos e irregularidades que se denuncian, no queden impunes. Porque no hay nada más perjudicial para la Democracia y para la Libertad que la impunidad. El informe presentado el 24 de agosto por el Poder Ejecutivo es un aporte trascendente para avanzar hacia la verdad.

Se argumenta a favor de la libertad de expresión pero en realidad no quieren que se investigue. Los diputados y diputadas de la oposición se comportan como representantes de grupos empresarios, defendiendo intereses sectoriales y particulares, intentando poner a las instituciones democráticas como centinelas de esos intereses en vez de ser garantes de la Justicia, de la Verdad, de la Libertad, de la Igualdad y de los valores que importan a la sociedad en su conjunto.

Es lamentable ver a parlamentarios cumpliendo el rol de abogados defensores de los intereses de esas empresas, cuando deberían estar resguardando que la Democracia se consolide con más Justicia y no se debilite con menos. Hay actitudes de algunos dirigentes que son vergonzosas; porque una cosa es oponerse a un Gobierno, lo cual es legítimo y parte de las reglas democráticas, y otra muy distinta es tratar de esconder posibles delitos de lesa humanidad.

Proyecto Sur y el quórum al 82% móvil

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congreso-82-movilLos espacios de centroizquierda e izquierda perdimos la gran oportunidad de unir posiciones y condicionar el quórum. Sabíamos que una vez establecida la sesión, el aumento del 82% iba a aprobarse tal como se aprobó: sin definir mecanismos de financiamiento. Teníamos la certeza de que, de no llegar al quórum, el proyecto volvería a comisión y allí sí podríamos profundizar el debate y buscar un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento. Hoy podríamos estar discutiendo la restitución de los aportes patronales o la eliminación de exenciones de Ganancias. Lamentablemente los compañeros de Proyecto Sur no lo entendieron así y le dieron la derecha a la oposición.

De la manera en que se aprobó el aumento no le resolverá los problemas a los jubilados, al contrario, estamos generando un problema político. Creemos que los Diputados de Proyecto Sur, en este sentido, equivocaron el camino. Seamos sinceros, ¿es posible pensar que los que habitualmente están en contra de los intereses populares de pronto se vuelvan progresistas y quieran mejorar la situación de los jubilados? ¿Es con el Peronismo Federal o el PRO que vamos a construir las mayorías que hagan posible los cambios que la Argentina necesita?

Las respuestas a estas preguntas las encontramos en los mismos discursos de algunos diputados que votaron a favor del 82% cuando, paradójicamente, se preguntaban si en vez de haber incluido 2.400 millones de jubilados sin aportes, no hubiera sido mejor utilizar ese dinero para darle el aumento a los jubilados que ya estaban en el sistema.

Con gente que niega el concepto básico de Solidaridad Previsional no se puede hacer alianzas porque está claro que su intención, aunque demagógicamente planteada, no es otra que condicionar al gobierno por dos vías: o afectando los recursos del conjunto de los programas sociales, o llevándolo a la necesidad de producir un veto.

La protección que los usuarios bancarios necesitan

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justicia-social-1El lineamiento principal del Proyecto de Ley de Servicios Financieros es el de “Servicio Público”. Con este precepto pensamos en crear, bajo el ala del Banco Central, la Defensoría del Consumidor de Servicios Bancarios.

Se trata de un ente que protegerá a los usuarios de posibles abusos por parte de los bancos. En este sentido, cada banco tendrá un código de conducta autorizado por el Banco Central, y cada año se publicará un ranking de cumplimiento de requisitorias de los usuarios, de nivel de reclamos, etc.

Creemos que la Defensoría del Consumidor de Servicios Bancarios tenderá a emparejar la relación, poniendo a los usuarios en una posición menos indefensa.

Por supuesto que el cambio no será automático, las entidades tendrán que crear estos mecanismos –previamente establecidos por el Banco Central-, asentarlos y hacerlos cada vez más eficientes. Con el tiempo llegaremos a un sistema más amigable con la sociedad, a un sistema que esté más cerca de las necesidades de los usuarios y que ponga los servicios financieros al alcance del conjunto de la población.

Un proyecto común

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latinoamericaEl encuentro de Santa Marta, entre el presidente venezolano Hugo Chávez Frías y el recientemente asumido Juan Manuel Santos, de Colombia, debe ser leído en sus diversas facetas -estratégica, política, simbólica y teórica- pues presupone un salto cualitativo en las relaciones de los diversos países de nuestra América.

En términos estratégicos, los gobiernos que se instalaron a inicios del nuevo siglo tuvieron una orientación mayoritariamente progresista, aunque el complejo concepto de “progresismo” no debe ocultar diferencias y matices. Algunos de los procesos continúan con programas similares a los de la década del noventa mientras que otros se despliegan en un sentido de ruptura con el reciente pasado neoliberal. Estos últimos, a su vez, contienen en un amplio espectro diversidad de énfasis, ritmos, extensión y velocidad.

A los efectos de intentar una clasificación panorámica podríamos ensayar un agrupamiento bivalente: un casillero en el que colocaríamos las similitudes y diferencias de los proyectos en sus modalidades nacionales y, otro, donde denotaríamos las posiciones asumidas en la arena internacional.

Desde las lógicas internas podemos percibir la coexistencia de tres tendencias de política.

En primer lugar, cierta continuidad bastante explícita y más o menos aggiornada de las políticas neoliberales. En esta categoría se inscriben México, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras -vía golpe militar- y, a partir de marzo de este año, Chile.

En segundo lugar, aquellos países que van perfilando políticas de ruptura con aquel modelo, todas ellas en complejos procesos de negociación y conflicto con los viejos poderes institucionales y fácticos. Estamos hablando de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Guatemala.

En tercer lugar, aquellos procesos que emprendieron rupturas de mayor radicalidad con el neoliberalismo y promueven proyectos de cambios profundos. Aquí se encuentran Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominicana, Antigua y Barbados y, obviamente, la República Socialista de Cuba.

En el otro casillero de nuestra observación panorámica, percibimos la existencia de un interesante y complejo proceso de construcción de unidad regional basado en la “unidad de lo diverso”, que se expresa en el reconocimiento de un proyecto común desde lo discursivo y en la creación de nuevas institucionalidades, alianzas, iniciativas comunes y nuevos modos de resolución de conflictos. Se trata de dos novedades relevantes: la resolución de conflictos entre nuestros países, y la creación de ámbitos supranacionales que anuncian una unidad regional de características inéditas.

El cuadro expresa así la dimensión estratégica de un nuevo momento de la región, en tiempos en que se conmemora el Bicentenario de revoluciones inconclusas cuyas tareas - la unidad de nuestra América, la construcción de sociedades que expresen democracias protagónicas y participativas- están todavía pendientes de resolución. Es un nuevo piso en el cual saldar los conflictos y realizar propuestas que nos conduzcan a aquellos sueños originarios que nos alumbraron como países independientes, soberanos, pero separados.

Concertación
El neoliberalismo propuso como corset político la particular noción de “concertación”, entendida como la aceptación resignada (o entusiasta, según los casos) del proyecto expresado por el Consenso de Washington.

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