Protección al trabajo y fomento a las pymes

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economia-socialSe envió al Congreso el proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral que “articula una serie de acciones e instrumentos orientados a estimular la formalización laboral y a fortalecer las capacidades estatales de prevención y sanción al incumplimiento de las normas de trabajo y seguridad social” y que fuera presentado por la presidenta Cristina Fernández en la semana, destacando que el mismo surgió del debate realizado en el marco del Diálogo Social que comenzó en Río Gallegos en agosto de 2013.

La informalidad laboral es una realidad que cruza a todas las economías de América Latina; en un informe del BID de 2012, Recaudar no basta: los impuestos como instrumento de desarrollo, se indica que el promedio de informalidad laboral en el período 2006-2010, como porcentaje del empleo, supera ligeramente el 50% para toda la región, con picos en Bolivia y Paraguay cercanos al 70%, mientras que los más reducidos están en Chile, Costa Rica, y Argentina por debajo del 40%; pero es nuestro país el que evidenció la mayor reducción respecto al período 1990-1994.
Atacar, entonces, este problema común a la región demanda políticas integrales, industriales, de fomento y, por supuesto, laborales, aunque el dirigente sindical vernáculo Gerónimo Venegas haya expresado: “el trabajo en negro no tiene nada que ver con nuestros reclamos”, una visión que no es nueva, ya que se opuso a una de las más importantes leyes para reducir el trabajo informal, como lo es la Ley Nº 26.727 de Régimen de trabajo agrario.
Al presentar el proyecto, la presidenta explicó claramente, al referirse a la década de los noventa cuando “casi un tercio de la población estaba desocupada, y había casi un 50% de precarización laboral”, que “no hay mejor instrumento para precarizar el trabajo, que el hecho de que haya muchos desocupados”. Por eso, según subrayó Cristina, “la mejor herramienta para combatir la precarización fue crear 6 millones de puestos de trabajo”, lo cual hizo descender el índice de desempleo a su mínimo del ciclo, el 6,4% en diciembre pasado. Según fuentes oficiales, se apunta a regularizar a 650 mil trabajadores en dos años, 300 mil de ellos en el primero. Con esta evolución, el índice de trabajadores no registrados descendería al 28%; asimismo, se proyecta facilitar la registración laboral a 290 mil microempleadores.
Pueden detallarse varias acciones principales en el proyecto; una de ellas es la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá empleadores que tengan infracciones comprobadas y sanciones del Ministerio de Trabajo, de la AFIP, de autoridades provinciales, y de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes figuren en este registro no podrán “acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados, administrados o implementados por el Estado Nacional, ni celebrar contratos con el mismo. Tampoco podrán acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas”, entre otras medidas.
Otro eje es la creación de dos regímenes especiales de promoción del trabajo registrado. Uno es para las microempresas que cuenten con una dotación de hasta cinco trabajadores y siempre que no superen cierto monto de facturación anual. En este caso, los empleadores se beneficiarán de manera permanente con una reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados contratados por tiempo indeterminado, es decir, sin contrato temporario.
El segundo esquema difiere en cuanto al tamaño de la empresa, y apunta a que se incorporen nuevos trabajadores formales. Con este régimen, “los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personal a través de la contratación por tiempo indeterminado, gozarán de reducciones a las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones” por un plazo de 24 meses, privilegiando a las Pymes, que tendrán una mayor rebaja.
Cabe destacar que esta reducción en las contribuciones patronales no afectará los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social, una diferencia abismal con las programadas disminuciones de aportes en la década de los noventa, asociadas al régimen mixto de capitalización.
Todos aquellos que figuren en el REPSAL o que incurran en prácticas abusivas de los beneficios establecidos, quedarán excluidos de estos. Las reducciones del proyecto no alcanzan a los importes destinados a las obras sociales ni a las ART.
Otra acción principal se trata de la adjudicación al Ministerio de Trabajo de la Nación de la función de fiscalizar el trabajo y la normativa laboral en todo el territorio de la Nación, en concurrencia con las autoridades provinciales y la CABA, así como de aplicar sanciones. También se crea una unidad especial de fiscalización del trabajo irregular en el ámbito de ese ministerio.
De convertirse en ley, lo que muy probablemente ocurra, el proyecto comentado generará un importante efecto promocional sobre las Pymes y la calidad del trabajo que estas generan.
NEOLIBERALISMO PARA PYMES. Se conoció el informe elaborado por la Fundación Observatorio Pyme (FOP) denominado Productividad, Devaluación, Inflación y Desempleo en las Pyme en 2014, que define al escenario macroeconómico actual como de “estanflación”, con un tope a la demanda agregada tanto por el consumo como por el gasto público, una evaluación que no considera el efecto positivo que las paritarias tendrán sobre el consumo. Lo llamativo es que define que “sólo una inflación en continua aceleración podrá impedir este año una caída del empleo”, aunque en este escenario de “inflación creciente” estima la reducción de 400 mil trabajadores, un 1% de la masa laboral empleada por las Pymes. Según la FOP, Este es el mejor pronóstico para el empleo, dado que “en un escenario de inflación estable o decreciente, el mejor escenario produciría una pérdida del empleo de dos puntos y en el peor cuatro”, es decir, entre 800 mil y 1,6 millones de desocupados. Estos supuestos que aparecen como excéntricos (a menor inflación, mayor desocupación), en realidad están basados en la idea de que la única forma de reducir la inflación es con un profundo ajuste de la economía, una idea bien ortodoxa; para reforzar este enfoque, se expone explícitamente que “la inflación no bajará por los controles”.
El estudio también carga las tintas sobre la baja productividad de las Pymes argentinas en comparación con los países desarrollados, y responsabiliza por esta característica a los altos costos laborales. Sin embargo, menciona que la productividad es más alta en Argentina (36% respecto a la productividad de las grandes empresas) que en Brasil (26%), Chile (25%) o Perú (24%). Es un estudio que pareciera estar sesgado por la visión de las Pymes que tienen las grandes empresas. El FOP fue fundado por Techint, junto con la UIA y la Universidad de Bologna; y cuenta con el acompañamiento institucional de empresas como Arcor, Clarín, Telecom y Toyota, entre otras. En realidad, la FOP actúa como una usina de pensamiento ortodoxo desde el cual analiza el comportamiento de las Pymes, para terminar recomendando como solución a los problemas de precios el ajuste de la economía, que impactará negativamente en esas mismas Pymes.
Confirmando ese sesgo ideológico, el informe citado no considera en absoluto la acción del Estado para garantizar el empleo, ni la variedad de programas que posee para ese fin, como el reciente proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que –si bien no se conocía en el momento de emisión del informe– es una más de las varias leyes para combatir el trabajo no registrado que se han promulgado en estos últimos años. Como la mencionada Ley de trabajo agrario, o el Régimen para el personal de casas particulares, que acaba de reglamentarse por el decreto 467/2014, y que establece, entre otras medidas, la obligatoriedad para los empleadores de contratar la cobertura de una ART.
La realidad evidencia que hay un Estado activo, protector del trabajo y del bienestar social, que quienes pronostican catástrofes se empeñan en desconocer, porque es antagónico con sus ideas e intereses corporativos.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 20 de abril de 2014.

Es la ideología, Christine

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chrsitineEn respuesta a comentarios de funcionarios del gobierno argentino, que caratularon de ideológico el informe del FMI sobre nuestro país, la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, comentó: “Esto no es ideológico sino técnico, no hacemos ni decimos cosas a la ligera.”

Sin embargo, al surcar la lectura de los distintos informes del Fondo, en especial el reciente “Perspectivas de la Economía Mundial”, surge claramente el sesgo ideológico del organismo, junto con su habitual doble discurso. Un ejemplo de ello es donde se refiere al mayor crecimiento en Estados Unidos y señala que, entre otras cuestiones, “una consolidación fiscal más moderada ayuda”, mientras que “el respaldo también proviene de unas condiciones monetarias laxas”. No obstante, al establecer las “recetas” para las economías en desarrollo, el FMI les aconseja lo contrario: “endurecer aun más la política monetaria”, mientras que “las autoridades deben reducir los déficits presupuestarios”.
De esa misma forma, el organismo internacional solicita a las economías emergentes, donde “la actividad ha estado por debajo de lo esperado en un entorno financiero externo ya no tan favorable” que apliquen medidas que erosionan su nivel de actividad, a la vez que reconoce que “este grupo continúa contribuyendo a más de dos tercios del crecimiento mundial”.
Los datos del reciente informe del FMI proyectan un crecimiento de la economía global del 3,6% para 2014, algo por encima del 3% del año pasado, dinámica que estaría apuntalada por el mayor crecimiento de Estados Unidos, que llegaría al 2,8%, desde el 1,9% de 2013.
Si bien para las economías emergentes el informe proyecta para 2014 un crecimiento del 4,9%, similar al de 2013 (4,7%), también advierte que “la normalización de la política monetaria, sin embargo, entraña condiciones financieras más restrictivas y un contexto financiero más riguroso. Los inversionistas serán menos indulgentes, y las debilidades macroeconómicas acarrearán un costo más alto.”
No resultan sorprendentes estas definiciones que colocan a las decisiones de los inversores como infalibles, desconociendo que las mismas son originadas en el afán de lucro y no en la capacidad de perdonar que sugiere la indulgencia. La conducta de los inversores está determinada también por las expectativas sobre la regularización de las políticas monetarias en los países centrales, especialmente en EE UU, y los riesgos en las naciones emergentes derivan precisamente de estas.
Al descansar en las conductas de los inversores, el FMI revalida acciones como el reciente préstamo a tasas del 4,75% a Grecia, país que, recordemos, hasta hace poco tiempo era firme candidato a salir de la zona del euro. Ningún dato técnico puede sostener que Grecia tiene hoy una macroeconomía más sólida que la Argentina, como para que pueda haber interés en prestarle a la mitad de la tasa a la que se le presta a la Argentina a través, por ejemplo, del financiamiento del 8,75% que consiguió YPF, una empresa pujante y con un enorme potencial.
El organismo fondomonetarista proyecta para América del Sur un crecimiento del 2,3% en 2014, por debajo del 3,2% del verificado en 2013. Vale hacer un comentario en este punto porque mucho se ha hablado de la especial mención a Argentina, que según el FMI crecería este año un 0,5%, una proyección que difiere sustancialmente de la realizada por el mismo organismo en su informe de octubre de 2013, cuando se hacía referencia a un crecimiento del 2,8% para este año. En la actualidad, según el FMI, “las medidas administrativas adoptadas para gestionar los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de los precios, los tipos de cambio y el comercio, están refrenando aún más la confianza y la actividad”, aspectos que ya mencionaba en el anterior informe de octubre, cuando sostenía que en la Argentina “la actividad sigue estando limitada por el cepo cambiario y otros controles administrativos”. Con estas evaluaciones “técnicas”, el cambio en el pronóstico de la Argentina sólo puede ser definido en términos ideológicos. Incluso, se menciona en forma conjunta a Venezuela y Argentina y su “alto grado de incertidumbre”, cuando son dos economías y gestiones totalmente diferentes, aunque coinciden en una activa presencia del Estado en la economía, una estrategia perversa a los ojos del FMI.
Los nuevos bríos que rodean las expresiones del Fondo muestran que la impronta neoliberal no es cosa del pasado. El rotundo fracaso en sus pronósticos de variables y en sus recomendaciones de políticas no obedece exclusivamente a la incertidumbre sobre el futuro o a problemas de implementación de las medidas, sino al recetario aplicado, que se basa en las reformas estructurales, eufemismo con el que se engloba a la flexibilización laboral y las privatizaciones, entre otras. Es así que retoman con fuerza el pedido de ajuste de las cuentas públicas. En el también reciente “Monitor Fiscal” del FMI puede leerse que “en muchos países hay margen para mejorar la eficiencia de los sistemas de atención de la salud sin recortar drásticamente los servicios. En lo que respecta a las pensiones públicas, elevar la edad de jubilación y ajustar las cotizaciones y las prestaciones son las opciones fundamentales”. En este tema, el organismo internacional está acompañado por otros actores globales: aún resuenan en Brasil las palabras del director de Calificaciones Soberanas de Standard & Poor’s, Sebastián Briozzo, quien en un evento del Consejo de las Américas sostuvo que “es sorprendente lo pronto que la gente se jubila aquí”, para luego pontificar que “la sociedad brasileña tiene que debatir si va a seguir pagando por el déficit que la jubilación precoz produce”.
La síntesis del informe, firmada por Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, termina concluyendo que “a medida que los efectos de la crisis financiera se disipan lentamente, el panorama puede pasar a estar dominado por otra tendencia: el aumento de la desigualdad de ingresos. Aunque siempre se ha visto a la desigualdad como un problema central, hasta hace poco no se creía que tuviera fuertes repercusiones en los resultados macroeconómicos”. Blanchard está lejos de descubrir algo nuevo; si hasta el expresidente estadounidense Bill Clinton acaba de lamentar que el crecimiento económico de los últimos años se concentró en la minoría de los más ricos del país y urgió que la política nacional vuelva a ser inclusiva. El FMI hace una inversión de causalidades para desconocer, con artera ideología, que esa desigualdad en ascenso es hija directa de las políticas que propugna.
SE AMPLÍAN LOS PRECIOS CUIDADOS. En la semana se anunció la primera revisión trimestral del programa Precios Cuidados, cuyos principales resultados derivaron en una ampliación importante de su cobertura. De acuerdo a la evolución de los costos, se aprobó un aumento promedio del 3% en los precios de los bienes que integraron la canasta en el primer trimestre. En tal sentido, el ministro Axel Kicillof destacó que el programa “no es un congelamiento de precios impuesto por el Estado, sino una suma de acuerdos voluntarios que garantizan una rentabilidad razonable, a precios convenientes, y que asegura que los productos estén al alcance de la población”.
A partir de esta revisión, en la segunda etapa se incorporarán para las grandes cadenas de supermercados 15 nuevas empresas proveedoras, 30 nuevos rubros y 108 nuevos productos que integrarán una canasta total de 302 bienes.
En cuanto a las cadenas regionales, se sumarán nuevas empresas proveedoras que garantizarán mayor representatividad de la canasta y mejor abastecimiento, mientras que en los acuerdos llevados a cabo con mayoristas y distribuidores se anunció una nueva canasta de 32 rubros y 58 productos que beneficiará notablemente a los comercios de proximidad y almacenes. Los acuerdos con proveedores permiten un mejor abastecimiento y, por lo tanto, más de 300 locales de supermercados conocidos popularmente como “chinos”, adheridos en CABA y el Gran Buenos Aires decidieron ampliar su participación en el programa. También se incluyen alimentos para celíacos. En el caso de los nuevos productos que se incorporan al programa, Kicillof comentó que sus precios bajarán un 10% en promedio.
En este contexto, destaca la importancia de Precios Cuidados en tanto actúa como referencia de otros productos no incluidos en la canasta, extendiendo de esa forma el alcance del programa como parte de las medidas destinadas a contener los aumentos injustificados de precios.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 13 de abril de 2014.

El Partido Solidario se pone la camiseta del B.A.U.E.N.

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heller-junio-bauenLos legisladores nacionales Carlos Heller y Juan Carlos Junio y el diputado de la Legislatura CABA Edgardo Form se sumaron a la campaña pública “ponete la camiseta del B.A.U.E.N.”, para expresar su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras del hotel recuperado.

El Hotel B.A.U.E.N. se construyó con dinero público, otorgado por la dictadura cívico militar entre 1977 y 1978, que nunca fue devuelto al Estado Nacional.

En diciembre de 2001, esos mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando en la calle a más de 100 familias. En 2003 el B.A.U.E.N. fue recuperado y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores.

Actualmente una nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a los 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel.

Quienes crean que la gestión de los trabajadores de las empresas abandonadas por la patronal es un acto de justicia, pueden sumarse a la campaña sacándose una foto con la remera o el afiche que expresa la solidaridad con la cooperativa.

Más información: http://www.expropiabauen.com.ar/

¡No al desalojo! El B.A.U.E.N. es de todos.

Respuestas, análisis y conceptos

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capitanichEl amplio informe que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, brindó en la Cámara de Diputados, tanto en forma oral como escrita, contiene elementos importantes de la gestión del gobierno y de su concepción sobre los principales temas económicos.

Ante una pregunta en la cual se indagaba qué herramientas piensa implementar el gobierno nacional para contrarrestar el resultado de las paritarias en junio 2014, Capitanich respondió que “la negociación salarial mediante paritarias libres es un mecanismo impulsado por el gobierno durante la última década que va en la dirección de mantener y mejorar el salario real de los trabajadores, y por lo tanto no son sus resultados los que se deban ‘contrarrestar’. Más bien, lo que se intenta desde 2003 es proteger ese ingreso que los trabajadores lograron ganar mediante el sistema de paritarias, evitando que los empresarios aumenten el costo de vida de forma desmedida y por ende reduzcan el poder adquisitivo de los trabajadores, mediante subas injustificadas en los precios.”
Resulta interesante el análisis de la dinámica de la inflación y cómo se la piensa enfrentar. Capitanich expresó que “el gobierno nacional está lejos de utilizar los salarios como ancla nominal”, una importante definición.
Si bien comentó que durante los últimos diez años los salarios reales experimentaron subas sostenidas, “esto no significa ignorar las posibles consecuencias dinámicas que genera la puja distributiva y sus potenciales impactos sobre la tasa de inflación, que terminan impactando a su vez en el ingreso asalariado. El objetivo del gobierno ha sido contribuir a moderar esta puja comenzando por los precios y no por los salarios”, enfoque que hemos utilizado repetidamente en esta columna.
El jefe de Gabinete comentó que si bien se está evaluando la marcha de las diferentes variables macroeconómicas y el impacto de la reciente política fiscal, monetaria y cambiaria, no es correcto pensar que la evolución de los precios de enero y febrero será la tendencia de 2014, debido a factores estacionales y a las diferentes acciones que se realizan en el ámbito de la Secretaría de Comercio, orientadas a evitar aumentos desmedidos en los precios de los bienes y servicios.
También comentó que “las políticas fiscales y monetarias son utilizadas por el gobierno con el fin de mejorar los ingresos de la población y asegurar la inclusión social, y no con objetivos puramente antiinflacionarios”, toda una definición de política económica.
En este tema, muchas de las preguntas se orientaron a interrogar sobre los Precios Cuidados. Según Capitanich, el objetivo de dicho programa es hacer posible el acceso a productos básicos del consumo de los argentinos a precios razonables, que respeten los costos y márgenes razonables de rentabilidad en los diferentes eslabones de la cadena productiva. En contraposición, los productos sustitutos o similares, que tienen valores de venta al público marcadamente superiores a los Precios Cuidados, generan ganancias extraordinarias. También reconoció que el programa tiene una influencia directa en la evolución de los precios, al funcionar como un ancla para el resto de los artículos de la canasta básica y de esa forma desalentar los aumentos. Esta es una importante función de los Precios Cuidados que no ha sido suficientemente divulgada.
Un tema ampliamente difundido por los medios, y generado también a partir de una gran cantidad de preguntas y de proyectos ingresados en el Congreso, fue el Impuesto a las Ganancias. El jefe de Gabinete expresó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a “analizar todas las propuestas que tengan que ver con la reforma del Impuesto a las Ganancias”, pero advirtió que “hay que evaluar cada iniciativa y la estructura de ingresos” que conlleva cualquier cambio en el impuesto.
Con respecto a la política cambiaria, se expresó que se desarrolla en un marco de flotación administrada, en el que el valor de la divisa es determinado por un conjunto amplio de variables, domésticas e internacionales, como los costos de producción, los precios internacionales y la política cambiaria de nuestros socios comerciales. En el caso de la política monetaria, Capitanich informó que el Banco Central hará uso de toda la batería de regulación monetaria con que cuenta, con el objetivo de compatibilizar las metas monetarias con la dinámica de la economía real.
DEUDA EXTERNA. También fueron importantes las definiciones sobre el financiamiento externo, otro de los temas muy solicitado por los diputados, sobre el cual Capitanich comentó que “no está bajo análisis en este momento la posibilidad de recurrir a financiamiento externo, más allá de las fuentes habituales, como son los organismos multilaterales, créditos bilaterales, entre otros”, para desarrollar las obras estratégicas necesarias para avanzar en los objetivos de crecimiento, industrialización y desarrollo.
El informe expresó que la propuesta presentada al Club de París por parte del gobierno argentino busca regularizar la deuda que el país mantiene con las naciones acreedoras, sin poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública ni el proceso de crecimiento con inclusión social en curso.
Para Capitanich, “esto implica no someter la política económica de nuestro país a ningún tipo de condicionamiento”.
Según los datos oficiales, al 30 de septiembre de 2013 la deuda con el Club de París ascendía a U$S 6089,6 millones, de los cuales U$S 5068,6 millones corresponden a servicios de capital y U$S 1021,0 millones a servicios de intereses, montos que no incluyen intereses compensatorios ni punitorios.
En cuanto a la deuda externa del gobierno nacional, y ante las preguntas de los diputados, el informe del jefe de Gabinete aclara que la deuda neta, que es aquella que el Estado nacional mantiene con acreedores privados, alcanzaba a septiembre de 2013 el 12,2% del PIB, mientras que a la misma fecha, los pasivos con privados denominados en moneda extranjera representaban apenas el 9,4% del PIB. La deuda bruta, que incluye tanto aquella contraída con agentes privados, como aquella con organismos multilaterales y con entidades del sector público, se ubicaba en aproximadamente el 45% del PIB en idéntico período. Puede pensarse que con los nuevos datos del PIB probablemente estos guarismos cambien, aunque difícilmente de manera significativa, lo cual indica efectivamente un proceso de fuerte desendeudamiento en los últimos años.
MALVINAS. No es extraño encontrar el tema Malvinas en una columna de economía, dado que resulta usual referirse a la importancia del tema de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Sin embargo, conviene detallar la valoración que dio Cristina Fernández a esta cuestión en el acto del 2 de Abril, y que comparto plenamente.
La presidenta comentó que “el Reino Unido toma a los recursos como una cosa más, pero no la más importante en Malvinas. Los recursos naturales, la renta que da la pesca, sirven apenas para sostener a la población civil.” Para luego sostener enfáticamente que “la verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur” con poderosos misiles crucero capaces de alcanzar gran parte del Cono Sur.
Y de allí el interés de las naciones integrantes de la Celac, a quienes la presidenta agradeció la solidaridad en la causa Malvinas. Cristina también rindió un tributo especial “a la gestión del comandante Hugo Chávez Frías, presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela que, a fuerza de solidaridad, de generosidad, logró que la causa Malvinas fuera una causa de todos los americanos”.
Creo que no puede concebirse este interesante nuevo estilo de integración regional que se ha logrado a través de la Unasur y la Celac sin tener en cuenta este enfoque sobre el tema Malvinas, por la amenaza evidente que conlleva sobre nuestros países.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 6 de abril de 2014.

Reasignación de subsidios: más igualdad y competitividad

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gas-y-sartenLas variadas repercusiones que tuvo la reducción de subsidios informada el jueves 27 por los ministros de Economía y Planificación Federal, y los diversos datos que han arrojado los medios hegemónicos sobre estas medidas han estado dirigidos a sembrar confusión en la población sobre su alcance.

Las coberturas periodísticas se centraron en la variación porcentual de lo que deberán abonar los consumidores, un enfoque que desvirtúa el auténtico impacto de las decisiones tomadas.
En principio, cabe destacar que, según las definiciones oficiales, se trata de una “política de reasignación de subsidios y consumo responsable de gas y agua”, temas que abordaremos en esta columna.
Una de las cuestiones principales a considerar es que en las tarifas de gas el subsidio preexistente variaba entre el 85% para los menores consumos, a un 77% para los consumos mayores. Como ejemplo, una estufa prendida las 24 horas le costaba al usuario $ 157, y generaba un subsidio de $ 797, dando una idea del gran esfuerzo fiscal.
Otra cuestión esencial es que el nuevo esquema de reducción, entre el 17% al 80% del subsidio para el gas, privilegia significativamente a los usuarios de menor consumo, que suelen coincidir en la mayoría de los casos con los de menores ingresos. Otro tema a considerar es la larga lista de excepciones a los sectores más vulnerables, como los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobran el haber mínimo, personas con enfermedades crónicas, desempleados, quienes se autopostulan por insuficiencia de ingresos familiares; viviendas sociales, y servicios asistenciales, entre otros. De allí que estas medidas “tienen que ver con la equidad”, como lo expresó la presidenta Cristina Fernández.
Según el ministro Kicillof, lo que se genere de facturación adicional se destinará principalmente a profundizar los planes de AUH y Progresar, decisión que indica que no se trata de una medida pensada para mejorar la situación fiscal, sino que está enfocada en lograr una reasignación más equitativa de los subsidios.
Otro de los temas principales, que no fue debidamente tratado en los medios, es que las tarifas que cobran los prestadores no se movieron, sino que se produjo una reducción en los importantes subsidios que los consumidores reciben. Si se pagara la tarifa plena, sin subsidio, igualmente el valor del m3 de gas en Argentina resultaría comparativamente bajo, ya que ascendería a U$S 0,29, cuando en Uruguay es de U$S 1,35, En Chile de U$S 1,50 y en Brasil de U$S 1,82, según datos del Ministerio de Planificación.
Los titulares del estilo “la quita de subsidios implicará aumentos de hasta 400%” han sido muy repetidos, arrojando una información extremadamente parcial y engañosa sobre las medidas. Si nos atenemos a los incrementos porcentuales con la reducción de subsidios, las tarifas de gas subirán entre el 100% y el 262%, pero este análisis debe asociarse necesariamente al nivel de las tarifas, tanto relativo como absoluto. Mientras que en 2003 la tarifa promedio de gas insumía el 5% del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy en día sólo significa el 0,5% del mismo, lo que da una idea del escaso peso en el bolsillo de los usuarios en general.
En el caso del segmento de menor consumo, hoy está pagando $ 20 por bimestre y se le aplica una reducción del 17% en el subsidio, con lo cual deberá pagar, a fin de agosto, producida la tercera adecuación, unos $ 40, tarifa que sigue siendo baja, a pesar de haberse duplicado. En el caso del segmento de mayores consumos, hoy está pagando $ 325, se le aplica una quita del 80% en el subsidio, y pasaría a pagar $ 1175. En este último caso, estamos hablando de un consumo de viviendas de clase alta, incluidas calderas, losas radiantes y piscinas climatizadas, entre otras instalaciones.
Como resumen del impacto de las medidas y del efecto equitativo que tienen las mismas, cabe mencionar que el 56% de los hogares de menor consumo, que pagaban entre $ 20 y $ 44, pasarán a pagar, a partir de agosto, entre $ 40 a $ 120.
En el caso del agua, se establecen tres categorías, barrial, media y alta; los usuarios que hoy pagan $ 27 (barrial) van a pagar a partir de agosto $ 73, mientras que los que hoy pagan $ 32 (alta) van a pagar a partir de agosto $ 162. Si expresamos estos aumentos en porcentajes, resultan muy impactantes, ya que se incrementan en un 170% y 406% respectivamente, aunque los montos sean acotados.
El excesivo énfasis puesto en los aumentos porcentuales llevó a algunos dirigentes a evaluar su eventual impacto en las paritarias, un tema sobre el cual el Jefe de Gabinete fue contundente al expresar que “no hay relación posible entre reducción de subsidios y negociación paritaria”, y que la vinculación es “un artilugio que no se corresponde con la realidad”.
EL CONSUMO RESPONSABLE. Una cuestión poco mencionada de las medidas comentadas es que uno de sus objetivos principales es lograr una “racionalización en el uso de la energía”, tal como lo expresó la presidenta.
Según informaciones oficiales, si el consumo de gas baja el 1%, el país se ahorra U$S 86,5 millones, una cifra que equivale al monto mensual de 1,5 millones de AUH, o 250 mil jubilaciones mínimas, para dar una noción de la importancia del ahorro.
En este entorno debe valorarse aún más el mantenimiento de los actuales subsidios a la industria, dado que son una herramienta competitiva muy importante.
Argentina es un país que posee un consumo energético muy alto en relación a otros países latinoamericanos. Las diferencias en el consumo residencial de gas son más abismales, mientras que Argentina consume 0,65 Toneladas Equivalentes de Pétroleo (TEP) por hogar, Chile tiene un consumo de 0,09 y Uruguay de 0,02 TEP/ hogar.
Para fomentar un ahorro energético, se dispuso que si la merma del consumo en un hogar es mayor al 20% entre un bimestre y el idéntico del año 2013, no se realiza quita de subsidios. Si el ahorro de consumo es de entre el 5% al 20%, se reduce al 50% la quita de subsidios programada.
EL NUEVO PIB. Se han conocido las cifras del nuevo cálculo del PIB, que consiste en una actualización de su base de cálculo; dado que la anterior ya estaba muy vieja (1993), se la remplazó por la base 2004.
El indicador con la nueva base 2004 dio un incremento para todo 2013 del 3%, muy lejano al 4,9% que arrojaron las cifras con la vieja base. Según el ministro Kicillof, “no es menor el cambio, porque lo que cambió en estos diez años es la estructura productiva nacional”. Evidenciando esa modificación estructural, se incrementa la participación de los sectores productores de bienes en el total, del 34,7% con la vieja base al 46,3% con la base 2004, y en la misma proporción pierden participación los sectores de servicios. Entre los sectores que crecen en participación se encuentran el industrial, el agropecuario y el minero, mientras que el sector financiero bajó su participación en el total.
Con esta cifra se desactiva el pago del cupón PIB correspondiente a 2013, lo que significará un ahorro de más de U$S 3500 millones, decisión bien recibida por muchos analistas y criticada por otros. Cabe resaltar que la decisión no significa necesariamente un impacto negativo sobre los valores de los títulos, dado que al mejorar el saldo de reservas internacionales por el no pago del cupón, mejora la capacidad de pago del resto de los títulos.
Quedaron para el recuerdo noticias como “cierra hoy Cristina pacto carnal con bancos” en alusión al pago del cupón, hasta la actitud de varios legisladores de la oposición, quienes advirtieron que si la tasa oficial superara la estimada por el sector privado se estaría “frente a un delito” y adelantaron que harían “una denuncia penal por malversación de fondos públicos” (Cronista, 26.03.14). No obstante, no salieron a elogiar el nuevo cálculo del PIB.
Son muchas las frases contradictorias de analistas que sostenían el giro a la ortodoxia del gobierno y que con el no pago del cupón, un heterodoxo desaire a los inversionistas según sus enfoques, no saben qué decir.
El no pago del cupón del PIB es una noticia positiva, aunque el crecimiento menor de 2013, si bien es algo mayor al 2,3% de Brasil, refuerza la necesidad de privilegiar las políticas activas para sostener el nivel de actividad y empleo, en el entorno de una situación mundial difícil y con tensiones internas que hay que enfrentar, entre ellas, la disponibilidad de divisas.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 30 de marzo de 2014.
 

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