El FMI sigue queriendo entrometerse en Latinoamérica

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Por Carlos Heller
Especial para El Destape

Hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizó un encuentro en Santiago de Chile denominado “Desafíos para asegurar el crecimiento y la prosperidad compartida en Latinoamérica”. En el mismo disertó el economista estadounidense Jeffrey Sachs. Un rápido vistazo a su formación profesional en la Universidad de Harvard y su experiencia laboral como asesor del Banco Mundial o el FMI no hacen más que dar una acabada idea de su orientación ortodoxa.

Años atrás el Sachs acuñó la expresión “terapia de choque” que se traduce en medidas de política económica orientadas a la “liberalización repentina de los controles de precios y cambiarios, eliminación de los subsidios e inmediata liberalización comercial”. En su participación en el seminario, en calidad de asesor especial del Secretario General del FMI, se mostró optimista ante la reciente caída de los precios de las materias primas y anticipó que la región seguirá disfrutando de buenos términos de intercambio desde una perspectiva histórica. Probablemente bajo el peso de los hechos, que no pueden ser convalidados por las teorías ortodoxas, remató su discurso señalando que la verdadera independencia de la región es consecuencia de que “hace 15 años que Estados Unidos no se ocupa más de Latinoamérica”.

Como si esto fuera poco, no se olvidó del conflicto de Argentina con los fondos buitre y afirmó que la Justicia de los Estados Unidos cometió un enorme error político y legal y se pronunció claramente a favor de la posición argentina. En una entrevista periodística agregó que “puede ser que el marco político y tradicional de los Estados Unidos sea muy difícil, pero el sistema internacional realmente debe entender que esto es un abuso, inapropiado e inaceptable desde el punto de vista de la política financiera internacional”.

Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, más cercana al pensamiento del organismo, advirtió que en el contexto actual el camino por delante está “lleno de baches”, ya que las condiciones globales cambiaron al caer los precios de las materias primas y finalizar la era de las facilidades del financiamiento en dólares. Argumentó que esto último genera la necesidad de reformas estructurales en áreas clave como educación, redes de seguridad social, inclusión financiera e infraestructura. Destacó también la necesidad de mayor integración regional aduciendo que en la actualidad los tratados comerciales se asemejan a un “recipiente de espaguetis” con regímenes y preferencias cuyos beneficios a nivel agregado no están aún demasiado claros, dada “la proliferación” de grupos, como el Alba o el Mercosur, cuyos “beneficios agregados” calificó de “confusos”. Queda claro que en el FMI siguen añorando el ALCA.

Con posterioridad a la finalización del evento, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, consideró “inaceptables” los dichos de Lagarde sobre la necesidad de revitalizar los procesos de integración en Suramérica. “Aquí el Fondo Monetario Internacional no tiene autoridad moral para venir a hacer ningún tipo de recomendaciones después de que estuvimos durante muchísimos años sometidos al condicionamiento” del organismo, que bloqueó “cualquier posibilidad de progreso”, sentenció el funcionario.

Finalmente, Alicia Bárcena, otra de las disertantes del encuentro de Chile y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se refirió al tema de la inflación en Argentina expresando que en el país “se están tomando ya medidas importantes” que pueden ir ayudando a que se suavice la situación al tiempo que prevé un crecimiento del PIB para el próximo año, agregando que nuestro país goza de una “economía que sigue siendo potente en su ámbito industrial” y que “no cabe duda que sigue siendo una gran potencia agroindustrial”.

Las distintas medidas de la inflación

Algunos diputados de la oposición, con el acompañamiento de varios medios monopólicos de comunicación, intentan instalar una idea de inflación del 40% o más, a sabiendas del efecto que ello tiene en las expectativas y con el objetivo de criticar al gobierno, pero con un resultado que paga toda la sociedad: presión al alza sobre los precios.

Sin resistir ningún tipo de rigor periodístico, algunos días atrás un medio de comunicación tituló una de sus notas: “El Congreso midió una inflación anual del 41,25%”. Recién en el cuerpo de la nota se menciona que se trata de un índice que presentan “un grupo de diputados de la oposición”, mediante un cartel que dice, explícitamente, “índice Congreso”, hecho que se puede comprobar fácilmente en las fotos que se sacan todos los meses.

Lo anterior no sólo resulta ser un uso abusivo de la palabra “Congreso” sino que además dicho índice carece de absoluto rigor técnico ya que constituye un “promedio” de los relevamientos efectuados por consultoras privadas, lo cual, llevado a términos cotidianos, sería sumar “peras con manzanas” o “un kilo de carne con un kilo de Audi”. Las metodologías adoptadas por los estudios privados junto con las canastas de bienes que se toman en cuenta son totalmente incompatibles entre sí, además de poseer una gran debilidad en su estimación, dado que afectan escasísimos recursos al cálculo de los índices que publican.

Cuando en la sesión de Diputados del jueves pasado suscité una cuestión de privilegio contra el grupo de diputados que se apropia en forma indebida de la denominación “Congreso”, dejé en claro que respeto absolutamente el derecho de cada uno a expresar libremente sus opiniones, agrupándose de la manera que les parezca más conveniente, pero esas opiniones no pueden confundirse con las del Congreso. El Parlamento se expide a través de las resoluciones que emanan de sus Cámaras de acuerdo con lo que establecen la ley y los reglamentos y se requiere de mayorías para que tengan validez.

De acuerdo a lo expresado por una diputada en la misma sesión, ese índice es utilizado habitualmente por gran cantidad de entes y empresas para fijar precios, incluso en los servicios de educación privada. Es evidente que la lucha política y económica se juega en varios frentes, y el de las expectativas con respecto a los niveles de precios es uno de ellos. En definitiva, varios analistas concuerdan en que el ritmo de aumento de precios ha ido disminuyendo en los últimos meses, con valores que se ubican, según sus cálculos con las debilidades que ya he comentado, por debajo del 2% mensual, lo que indica que, en forma anualizada, no supera el 26% anualizado, muy lejos del 40% que se intenta instalar.

Artículo publicado en El destape web el 15 de diciembre de 2014.
Link:http://www.eldestapeweb.com/el-fmi-sigue-queriendo-entrometerse-latinoamerica-n1310

Trabajo, el principal distribuidor de ingresos

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trabajoA la hora de analizar la coyuntura de la economía global, surgen como una lectura obligada los informes que elaboran las principales instituciones de carácter multilateral, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. No obstante, por fuera de los estudios técnicos y de la aparente neutralidad que dicen representar, las recomendaciones de política económica poseen un contenido profundamente político ya que afectan de manera directa a las condiciones de empleo y la distribución de la renta y la riqueza.
Sobre estos temas echa luz el reciente Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, confeccionado por la OIT, que analiza la evolución de los ingresos de los trabajadores y la distribución de la renta en el mundo, quedando expresados con claridad los avances mostrados por los países emergentes, así como también las consecuencias negativas de la aplicación del recetario ortodoxo en la mayor parte del bloque de países desarrollados. En estos últimos, el impacto de la recesión 2008-2009 derivó en una caída y posterior estancamiento de los salarios reales, que en la Eurozona, para citar el caso más dramático, afecta el ingreso de los hogares e incrementa el riesgo de deflación. Este hecho contrasta con el crecimiento de los salarios reales de las economías en desarrollo, que según la OIT han sido considerados como un “componente fundamental de las estrategias generales de reducción de la pobreza y la desigualdad”.
El trabajo de la OIT resulta contundente al demostrar cómo en los países desarrollados los salarios se han quedado rezagados respecto del incremento de la productividad laboral (cuánto produce cada trabajador). En otras palabras, esto significa que se ha producido una apropiación más desigual de la renta a favor de los empresarios. Lo interesante es que esta es la dinámica que las economías desarrolladas han mostrado desde los años ‘70, y que continúa, e incluso se incrementa, en contextos de escaso crecimiento como el actual.
Según la OIT, “la desigualdad comienza en el mercado de trabajo”, lo cual está íntimamente emparentado a situaciones de “estancamiento o reducción de los ingresos”. De hecho, España y Estados Unidos han sido los dos países donde mayor incremento de la desigualdad hubo entre 2006 y 2010, con ingresos que se vieron afectados por la desmejora de la situación salarial y las pérdidas de empleo; son variables que se realimentan entre sí, teniendo en cuenta que el desempleo, como todos sabemos, es una poderosa herramienta para intentar acallar los pedidos salariales de los trabajadores.
Respecto de las economías en desarrollo, a pesar de los altos niveles de desigualdad de los que se parte en muchas de ellas, el informe destaca la reducción de la regresividad en la distribución de la renta. En ese último aspecto descollan los casos de Brasil (2001-2012) y Argentina (2003-2012), los de mejor desempeño de la muestra, tanto por la incorporación de nuevos empleos, así como por la mejora de los salarios percibidos. En cambio, Chile y México son los países de peor evolución a nivel regional, algo que está muy emparentado con la dirección que siguieron las políticas públicas.
El informe, además de dejar en evidencia los efectos perniciosos del enfoque que plantean los principales organismos de crédito, destaca explícitamente la prioridad de que el salario mínimo se fije según las necesidades de los trabajadores y seguir contando con instituciones valiosas como las convenciones colectivas de trabajo. También subraya la necesidad de crear trabajo formal y del pleno empleo como herramientas para reducir la desigualdad, además de la importancia de la política fiscal, que permite “compensar la desigualdad a través de los sistemas de tributación progresiva y de las transferencias”. No es casual que casi todas las políticas mencionadas –aunque aún resta avanzar en una reforma tributaria– estén siendo aplicadas por el gobierno argentino. Tampoco es casual el amplio rechazo de las principales cámaras empresarias a las políticas de distribución de ingresos o de transparencia de los costos de los grandes formadores de precios que, bajo el lema de la intangibilidad de las ganancias empresarias, intenta ponerle un límite a la redistribución progresiva de los ingresos. En la información de la OIT queda claro cómo en los países desarrollados las empresas engrosaron sus ganancias a costa de los salarios reales. En Argentina, en el marco de la puja distributiva, que como expresé en varias oportunidades es un causante fundamental de los aumentos de precios, ese objetivo empresarial de engrosar ganancias sigue tensionando las relaciones con los asalariados, aunque gracias a la libre negociación por rama sindical de los salarios, y la intervención del Ministerio de Trabajo en las paritarias, en los últimos años se ha recuperado una gran porción del ingreso nacional para los trabajadores, que anteriormente fluía a los dueños del capital.

VANOLI CRITICA LAS EXPECTATIVAS DEVALUATORIAS. En una audiencia en el Senado para aprobar su designación, Alejandro Vanoli, titular del BCRA, comentó que con las tasas mínimas a los plazos fijos “los pequeños ahorristas ganaron sólo en noviembre 300 millones de pesos por apostar a la moneda nacional”. Con respecto a la situación cambiaria, expresó que “había distorsiones, había un aliento a hacer operaciones de dudosa legalidad estimuladas en gran parte por los medios”. Vanoli confirmó además que mientras las reservas aumentaron un 3,5%, la cotización del contado con liquidación bajó un 16 por ciento. A punto seguido, expresó que desde algunos sectores “se habla de retraso cambiario”, advirtió que “no hay que convalidar las expectativas devaluatorias, porque buena parte se la comen los precios y afecta principalmente al bolsillo de los trabajadores”, y reafirmó que “en este contexto, (la devaluación) no sería una medida que mejore la competitividad”. Si bien estas son unas breves frases y resumen de su alocución, resultan definiciones importantes, así como su aseveración a propósito de que “es preciso cambiar el sistema financiero para hacerlo más eficiente, participativo y federal”.
Sobre el fin del día viernes, se conocieron los resultados del canje de Boden 2015; de los U$S 6700 millones puestos en juego, sólo el 2,7% del total del bono se canjeó por dólares, unos U$S 185 millones, mientras que otros U$S 377 millones se canjearon por bonos 2024 y se colocaron nuevos bonos por U$S 286 millones. Al analizar este resultado, el ministro Axel Kicillof comentó: “En este marco catastrófico económico mundial, hemos recibido un espaldarazo de confianza para el año que viene, aun cuando los fondos buitre han querido desprestigiar al país.”
En efecto, los resultados muestran un muy alto nivel de confianza en la capacidad de pago del gobierno, a partir principalmente de su comportamiento histórico, pero también influido por esta reducción de las expectativas devaluatorias que lograron las políticas del Ministerio de Economía y del Banco Central.

SIGUEN VOLANDO. Nuevamente volvió a los estrados neoyorquinos una acción declarativa para establecer que el BCRA es el “alter ego” (otro yo) de la República Argentina, y –por lo tanto– responsable por sus deudas. La medida fue solicitada por los fondos buitre EM y NML y, de prosperar, estos tendrían vía libre para embargar a nuestra autoridad monetaria. Tanto el BCRA como la República Argentina expresaron ante las cortes estadounidenses que estas carecen de jurisdicción para tratar lo solicitado por los fondos buitre, dado que de hacerlo violarían la Ley de Inmunidades de Soberanos Extranjeros (FSIA) de Estados Unidos.
Es una presión más de los buitres en la batalla que están dando contra Argentina, lo que indica que, al seguir buscando la vía de los embargos, evidentemente no desean negociar con nuestro país, sino intentar garantizar que se pague la totalidad de lo dispuesto en el juicio, una opción que el gobierno ya declaró que no es aceptable, puesto que además arrastra los reclamos del resto de los holdouts y podría generar un endeudamiento para Argentina bastante superior a los U$S 15 mil millones.
El mundo avanza para limitar el accionar de estos fondos buitre. Ya en los inicios de este mes se conformó en la ONU un comité ad hoc para iniciar las negociaciones para la creación de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, que ya tiene un calendario de reuniones de trabajo para el próximo año. También la XXIV Cumbre Iberoamericana realizada en Veracruz, México, emitió a pedido de Argentina un “Comunicado Especial sobre Reestructuración de Deuda Soberana”, el cual establece “el derecho de todo Estado de alcanzar acuerdos con sus acreedores que no comprometan su desarrollo ni el bienestar de sus pueblos, en consonancia de su política nacional, sin interferencias ni planteos de grupos minoritarios de tenedores de títulos no reestructurados”. Como se observa, las actividades de los buitres están cada vez más cercadas, aunque mantienen un ostentoso poder de presión, frente a lo cual el gobierno argentino continuará tenazmente con su estrategia de defender condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables, manteniendo la soberanía nacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 14 de diciembre de 2014.

Un combo de política, inflación y expectativas

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economia-socialLa lucha política y económica se juega en múltiples frentes, y el de las expectativas es uno de ellos. Varios políticos de la oposición intentan instalar una idea de inflación del 40%, a sabiendas del efecto que ello tiene en las expectativas; por criticar al gobierno, generan una presión sobre los precios que paga toda la sociedad.
La reflexión anterior no es amañada. La sesión de la Cámara de Diputados del jueves pasado se inició con cuestiones de privilegio, enfocadas principalmente en el abusivo uso que hacen de la palabra “Congreso” en el índice de inflación que presentan todos los meses cinco o seis diputados, dado que ello puede llegar a confundir a los ciudadanos al pensar que tiene una validación del Congreso Nacional como institución. Se propuso que divulguen sus índices, si lo desean, pero evitando utilizar la palabra Congreso. Algunos de los diputados que publicitan el mentado índice defendieron su postura, y uno de ellos expresó que sus valores son utilizados habitualmente por gran cantidad de entes y empresas para fijar precios. Traslado de expectativas a acciones concretas, fomentadas por estos diputados.
Cabe decir que el cálculo (no podemos decir “metodología”) que utilizan es absolutamente erróneo, dado que promedian índices que miden distintas cosas con diversas metodologías, algo similar a sumar un kilo de carne con un kilo de Audi, una comparación que se ha leído por estos días.
Pero sucede además que no hay datos que avalen tal nivel de inflación (40%). Más aún, en un medio insospechado de cualquier favoritismo hacia el gobierno, como La Nación, se indica (02.12.14) que “noviembre cerró con el nivel de inflación más bajo del año, en torno a 1,8 o 1,9%”, datos que dan una variación anualizada de entre el 24,2 y el 25,7 por ciento. Por si fuera poco, la nota agrega que “abril fue el último mes en registrar una inflación mensual anualizada superior a 30%”, citando a Luciano Cohan, economista jefe de la consultora Elypsis.
Miguel Bein también modificó sus pronósticos a la baja: “El relevamiento de mi consultora estimaba 32% para este año pero en los últimos cinco meses, observando el ritmo de la inflación, se proyectaría más en 24 o 25% que el 32 original”. (Ámbito 04.12.14).
Los mecanismos usuales utilizados por la teoría ortodoxa para justificar los procesos inflacionarios tampoco ratifican ninguno de los números que están en danza.
En principio, la economía se encuentra amesetada, y a partir de la fuerte inversión en bienes de capital de los últimos años, hay una capacidad ociosa en la producción, que indica que no hay una restricción en la oferta que haga subir los precios, salvo en algunos rubros muy puntuales que no determinan el comportamiento agregado.
La base monetaria ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento y desde marzo se ubica por debajo del 20% interanual. La cotización del dólar del mercado único de cambios ha crecido un 6% desde inicios de febrero, y el contado con liquidación bajó abruptamente su cotización.
Estos cálculos indican, entonces, que la principal fuente de la inflación hay que buscarla en otras causas y, como se sostuvo reiteradamente desde esta columna, su origen obedece principalmente a las conductas de las grandes empresas formadoras de precios, que desean incrementar su tasa de ganancia.
En una decisión vinculada a contrarrestar el manejo interesado de las expectativas, y con el objetivo de “brindar certidumbre y previsibilidad financiera y macroeconómica”, el Ministerio de Economía anunció la cancelación anticipada de carácter voluntario, mediante la compra, de los BODEN 2015. El  inversor podrá optar por cobrar sus bonos a un precio fijo de U$S 97 por cada valor nominal de U$S 100, o esperar a octubre del próximo año para recibir U$S 107. También se prevé la posibilidad de canjear los Boden 2015 por Bonar 2024, en dólares y con una tasa del 8,75 por ciento. Además, se anunció que se ampliará la emisión de los Bonar 2024 por hasta U$S 3 mil millones para quienes deseen invertir en este bono.
Es una iniciativa muy importante, que indica el compromiso del gobierno con el manejo sensato de la deuda pública. Ya se especula en el mercado que una parte importante del Boden 2015 se canjeará por el nuevo bono y, de esa forma, se mejoran las condiciones financieras para el año que viene, una forma también de llegar con más fortalezas a la discusión con los buitres.
Otra de las medidas que colabora para disipar las espesas brumas que el aparato mediático intenta instalar de cara a la finalización del año estuvo vinculada al anuncio de la presidenta Cristina Fernández en el encuentro anual de la UIA. En el evento comunicó una exención del pago del Impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de fin de año. De esa forma, al 89% de los trabajadores que están exceptuados, se suman, para este aguinaldo, los trabajadores en relación de dependencia que posean un ingreso bruto mensual que no supere los $ 35 mil, es decir, unos 784 mil trabajadores sobre algo más de un millón que están alcanzados por el impuesto. La medida está pensada para “fomentar el consumo y mantener la progresividad” de la herramienta.
De cara al futuro, sin negar la necesidad de contemplar una readecuación de las escalas del tributo, que lo doten incluso de una mayor progresividad (el mismo recae sobre el 11% de los trabajadores), resulta imperioso llevar a cabo un debate coherente y responsable. En última instancia, la discusión requiere de un abordaje más integral, asociado a la necesidad de implementar una profunda reforma tributaria progresiva, una perspectiva que no suele ser planteada por los representantes de las grandes cámaras empresarias, en tanto tiende a amenazar el cumplimiento del principio de intangibilidad de “sus” ganancias.
En línea con ello, al igual que ocurre con otros candidatos de la oposición que continúan en la búsqueda de la bendición de los grandes núcleos empresarios, el alcalde Mauricio Macri ya anunció que en caso de ser presidente derogará entre otras la nueva Ley de Abastecimiento, declaración que contiene un notable sentido oportunista, teniendo en cuenta que en la semana el G-6 realizó su presentación ante la justicia por inconstitucionalidad de la norma, la cual se deriva de una interpretación intencionada de la Carta Magna muy contraria a cualquier idea que implique un mejor reparto de la riqueza social.
Al respecto, no fue casual la mención que realizó la presidenta Cristina en su discurso, sobre el aumento de las ventas y los resultados netos de las sociedades que cotizan en la Bolsa porteña, mostrando que, según los últimos balances presentados, la industria exhibió elevados niveles de rentabilidad respecto al año anterior, superiores a los restantes sectores. Con esto queda en evidencia que en el trasfondo de las distintas posturas está la disputa por el excedente, que los empresarios intentan disfrazar detrás de la argumentación de la falta de un entorno de negocios estable y de la supuesta arbitrariedad del gobierno nacional.
El encuentro de la UIA resultó interesante porque permitió desarmar muchos de los habituales reclamos empresarios que hacen eje en las dificultades de la situación actual, que está muy influida por el contexto externo y por la incertidumbre generada en torno a los buitres. Todo ello ha derivado en una situación de amesetamiento alejada del abismo que se intenta presentar, más aún si se consideran los elevados niveles de producción, consumo y ocupación existentes en la actualidad.
Este concepto no sólo fue vertido por Cristina Fernández, sino que lo ratificó el presidente de una de las principales automotrices, al afirmar que “este año no es tan bueno como el anterior para la industria automotriz pero que de todas formas está entre los tres mejores de la historia”. Los números del boom automotriz son evidentes y se expresan en una producción que para el ministro de Economía Axel Kicillof rondará los 600 mil vehículos este año, muy superior a los 169 mil que se producían en el 2003.
Retomando el inicio de la columna, hay una lucha política y económica que se expresa en los distintos frentes, y que tiene entre sus principales actores al gran empresariado doméstico, en particular el mediático, que dicta los libretos de los candidatos opositores, cuidándose de que estos no se excedan y terminen perjudicando sus intereses corporativos. Enfrente, hay un gobierno anclado en un apoyo popular, que posee la iniciativa, no sólo en política, sino también en la gestión de la cosa pública.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de diciembre de 2014.

Heller: “El famoso Grupo A sigue actuando”

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“Me parece lamentable que miembros de un poder de la Nación, en este caso el Parlamento, en nombre de –supuestamente- actuar democráticamente, cuando pierden una votación vayan a la justicia a tratar de conseguir allí lo que no pueden conseguir con la representación de la voluntad popular”, sostuvo este mediodía Carlos Heller, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, durante la sesión preparatoria en la que se ratificó la continuidad de Julián Domínguez como presidente de la Cámara baja.

“Creemos en el diálogo, y creemos que la democracia se fortalece debatiendo, pero también nos parece que el debate debería darse en el recinto y no leyendo a la mañana algunos medios para ver qué es lo que hay que venir a decir después aquí”, enfatizó Heller durante su intervención.

“El famoso Grupo A sigue actuando, consensúa posiciones, y lo hace «en nombre de la democracia». Aparecen fuerzas que uno piensa que, por sus historias, deberían tener posiciones diferentes, pero que terminan coincidiendo como un solo bloque”, agregó el legislador.

Finalmente, Heller cuestionó a “un minúsculo grupo de diputados que se atribuye la representación del Congreso para decir el disparate que largan del número de la inflación”, en referencia al denominado “IPC Congreso”. En ese sentido, el legislador le pidió públicamente a Domínguez que durante su próxima gestión “trate que el uso del nombre del Congreso sea para aquellas cosas a las que el Congreso presta conformidad, y que no haya diputados que individualmente se adjudiquen hablar en nombre y en representación” de toda la Cámara.

Más tarde, y en el marco del plenario de comisiones que dio dictamen al proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue la evasión y la salida ilegal de divisas del país, Heller destacó: “tenemos la oportunidad de discutir en profundidad todos los mecanismos irregulares que han permitido maniobras multimillonarias que significan que cientos de miles de millones de dólares que tendrían que estar en Argentina y que tendrían que haber tributado aquí se hayan escabullido mediante estratagemas montadas por estructuras legales asociadas a otras ilegales”. A la vez, el diputado consideró que la Bicameral será también un ámbito donde se podrán discutir “las reformas que correspondan a la legislación para que (la fuga de divisas y la evasión impositiva) no puedan seguir ocurriendo”.

Las corporaciones, presentes ante la inacción opositora

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democracia-o-corporacionesLas dificultades que presenta el contexto global afectan de forma transversal a todas las economías de la región, que vienen sufriendo los impactos del menor comercio mundial, y la reciente baja en los precios de las materias primas.
En Chile, por ejemplo, se han conocido este mes los datos de la actividad económica, que en el tercer trimestre del año muestran un crecimiento del 0,8% interanual, el valor más bajo de los últimos cinco años. A su vez, merece una consideración especial la situación de Brasil, que para el Fondo Monetario Internacional crecería un 0,3% en 2014, mientras que para 2015 las proyecciones se encuentran en el 1,4%, un valor sin dudas moderado.
Siguiendo con Brasil, lo ocurrido en la fase previa y posterior a las elecciones presidenciales constituye un interesante ejemplo de las fuertes presiones que ejerce el establishment para definir y gestionar los resortes de las políticas públicas más importantes. Una muestra de ello fue la decisión adoptada por el Banco Central, a fines de octubre, de elevar al 11,25% la tasa de referencia de la política monetaria para contener las expectativas inflacionarias derivadas de la depreciación del real, la cual era alimentada desde los propios mercados financieros.
Igualmente, la noticia más relevante se conoció esta semana, con el nombramiento de Joaquim Levy como futuro ministro de Hacienda, un hombre del riñón de las finanzas, doctorado en la Universidad de Chicago, quien ya afirmó que la meta de superávit primario “es fundamental para reactivar el crecimiento”, un típico razonamiento neoliberal. Levy omite mencionar intencionadamente que Brasil ha mostrado en la última década un crecimiento de los más bajos de la región, y que precisamente ello se debió a la utilización de esquemas macroeconómicos como el de metas de inflación, que derivó en altas tasas de interés, fuerte apreciación cambiaria y pobres niveles de inversión interna.
En cuanto al impacto económico sobre nuestro país, cabría esperar un real con una depreciación más acotada, y quizás una apreciación, algo que en principio favorece la competitividad de nuestros bienes, aunque por el otro lado el recorte fiscal y una menor competitividad externa tenderían a generar un menor crecimiento en Brasil y por ende una menor demanda de nuestras exportaciones.
En Argentina, toda esta situación contribuye a configurar un cuadro de restricción externa en el que también hacen su aporte el conflicto con los fondos buitre y los comportamientos especulativos montados alrededor de la cotización del dólar. El marco sirve para explicar el pulso de una coyuntura que da muestras de amesetamiento en el nivel de actividad, con reducción del superávit comercial y un ligero aumento del desempleo. De todas formas, hay que resaltar que los niveles de producción y ocupación continúan siendo elevados, lo cual echa por la borda la sensación de crisis inminente que los grupos dominantes pretenden instalar con miras a las próximas elecciones presidenciales.
En atención a esta coyuntura, el último jueves funcionarios de los gobiernos de Argentina y Brasil participaron de un encuentro para trabajar en “el fortalecimiento de la agenda bilateral y acordaron mantener reuniones periódicas mensuales para avanzar en la integración entre ambos países”, según consta en un comunicado del Ministerio de Economía argentino. Allí se resaltó que “la estrategia conjunta de integración productiva es el mejor camino para que ambos países beneficien a su producción industrial y el comercio”. No deja de ser una buena noticia, ya que implica la continuidad de un proceso conjunto y necesario de profundización de instituciones y políticas de Estado, con un horizonte de largo plazo, algo que requiere necesariamente la planificación estatal y no la quimera de la libertad de mercado.

INSTANTÁNEAS EMPRESARIAS. Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión del Foro de Convergencia Empresarial, con la presencia en primera fila de los principales líderes de la oposición, quienes parecen competir para obtener la bendición del capital concentrado. A diferencia del Coloquio de IDEA, realizado en octubre, y en el que prevalecieron las críticas al gobierno nacional, esta vez el eje buscó trascender la discusión coyuntural y dejar plasmado qué se espera del próximo gobierno constitucional. La línea que atravesó el evento fue casi idéntica a la que el Foro bajó en su documento “Bases para Formulación de Políticas de Estado”, donde sostenía: “Las propuestas de políticas de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país”, y de ahí que el argumento más repetido giró alrededor de la necesidad de fortalecer las instituciones, pero devaluando totalmente el valor de la política.
Por ejemplo, según Enrique Vaquer, de la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (Amchan): “Necesitamos que los pesos y los contrapesos de la Constitución funcionen”, una frase aparentemente aséptica, pero que no dejaría de ser una alusión obvia a la disconformidad empresarial respecto de muchas de las iniciativas del gobierno nacional, entre ellas las leyes que regulan las relaciones de producción y consumo. En última instancia, expresa la línea de las solicitadas que, al momento de debatirse esas leyes, presentara AEA, asociación que las considera “un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas” y por ello las tilda de “inconstitucionales”. En realidad, recurren a una lectura convenientemente sesgada de nuestra Constitución, reparando exclusivamente en el artículo 14, que en algunos de sus pasajes refiere al derecho a “ejercer toda industria lícita”, pero no dicen nada sobre el 14 bis, que habla de “la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, o del propio artículo 42, que alude a los derechos de usuarios y consumidores.
En esta línea fue clarificador también el titular de Shell Argentina, Juan José Aranguren, quien en el “Encuentro de los Líderes” en la Rural señaló que el “gobierno intentó domesticar al sector privado” y sostuvo: “Nosotros tenemos nuestras convicciones, siempre tratamos de defender nuestros derechos”, cuando en realidad podría interpretarse su frase como “el gobierno no dejó que lo domestiquemos”.
Por su parte, Luis Betnaza, director de Techint y vicepresidente de la UIA, sostuvo en el Foro que “en el próximo gobierno no va a haber un debate por aumentar el mercado o el Estado, sino que se va a tratar de liberar las fuerzas del mercado”. Esta concepción ideológica no debe ser pasada por alto, a la luz de la cruda historia que dejó la experiencia de los noventa, además de generar preocupación porque evidencia que se intenta condicionar desde ya al futuro gobierno.
Estas posturas proempresariales representarían un golpe de muerte a cualquier iniciativa como las que viene llevando a cabo el gobierno nacional desde el año 2003, en particular las que enfrentan los desafíos del contexto actual, que implican destinar más –y no menos– recursos hacia los sectores más desfavorecidos y hacia el consumo popular. Esta perspectiva de incentivo a la demanda se encuentra en las antípodas del ajuste neoliberal pregonado por las corporaciones y algunos miembros de la oposición, que de ser gobierno implementarían fuertes recortes del gasto social.
Al respecto, en la última convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la presidenta Cristina Fernández habló de la importancia del plan de viviendas Pro.Cre.Ar y, haciendo alusión a los reclamos electoralistas de la oposición, instó a “definir claramente, de cara a la sociedad, quién financia y cómo se financia (la) infraestructura (que) es una obligación de todos los que pretenden conducir la Argentina”, y agregó que “es ahí donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas”.
Lejos de dar una respuesta, el alcalde Mauricio Macri prometió en el evento de la CAC que, de ser presidente, llevará adelante “el más ambicioso plan en materia de infraestructura de la historia argentina”. De hecho, acaba de presentar en la Legislatura porteña un proyecto varias veces rechazado para autorizar la construcción de un shopping en Caballito por parte de la empresa IRSA, que demanda cambios en la zonificación para beneficiar al negocio inmobiliario, y que de llevarse a cabo derivaría en un verdadero colapso de la vida barrial. Así, desde lo retórico Macri pretende ajustarse a la máxima de Carlos Menem: “Si decía lo que pensaba hacer no me votaba nadie.” Los pergaminos que decoran la gestión del PRO en la CABA son un testimonio suficiente para dar una idea cabal de su verdadero proyecto político.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 30 de noviembre de 2014.

 

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