Aumentos ”confiscatorios”

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó retrotraer las tarifas de los usuarios residenciales de gas a los cuadros tarifarios previos al 31 de marzo. Si bien la decisión de la Corte resulta positiva, el fallo lamentablemente no alcanza a los usuarios no residenciales.

El gobierno ha recibido la decisión de la CSJN como lesiva para sus intereses, aunque abarca a menos del 30% del consumo de gas. Queda resonando la proposición de los funcionarios de que “es esto (el tarifazo) o el caos”, recientemente reflotada por el jefe de bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, quien aseguró que “el plan B sería continuar como antes con niveles de inflación del 40% al infinito”: una amenaza irritante y sin asidero alguno.

Los considerandos del fallo son interesantes y también deberían ser aplicados, conceptualmente, al resto de los usuarios, especialmente al sector denominado usuarios de la categoría SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), a las pyme en general, a las empresas de la economía social y solidaria, y a los clubes e instituciones sociales. Según el dictamen que la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó presentó a la CSJN, “la incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categoría SGP dado que el 100% debe afrontar aumentos que en promedio superan el 500%, e incluso en algunos casos alcanzan el 1500%”, si bien hasta el momento regiría el tope del 500%. Para estos sectores cabe definir sin dilación una legislación protectiva y de emergencia.

Es importante resaltar que la CSJN recuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, “a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”. A partir de esta norma deberían considerarse insostenibles los aumentos a los usuarios no residenciales, que en el caso de las actividades productivas y comerciales se trasladan a los precios de los bienes e insumos producidos, más aun cuando el alto tribunal también sostiene que, conforme a dicho artículo, se debe incorporar como condición de validez jurídica “el criterio de gradualidad”. La CSJN se mostró preocupada por “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de «confiscatoria»”.

Según La Nación (19.08.16), los analistas “destacan el respeto del gobierno por las instituciones”, una postura llamativa ya que se trata de un fallo que debe ser cumplido obligatoriamente. Sería importante que el gobierno también respete los fundamentos del fallo, en especial la definición de la CSNJ: “Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”, entre otras observaciones de similar tenor. En respeto a esta definición, la audiencia no debería ser “un mero trámite” como pretende el gobierno nacional y lo informan los medios afines.

La CSJN señala también que según las leyes 17.319 y 24.076, “la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económica desregulada y no fue calificada como servicio público”. De allí que queda pendiente la necesidad de una regulación de la producción y comercialización del gas y su definición de “servicio público”, debido a los preceptos del artículo 42 y a los importantes impactos que tiene sobre la economía, que han quedado expuestos claramente con este “tarifazo” que intenta llevar a cabo el gobierno.

La cuestión principal, más allá de los esenciales mandatos constitucionales, está vinculada con la esencia de las políticas económicas y con las regresivas transferencias de ingresos y riquezas realizadas estos meses. El costo fiscal de $ 10 mil millones que tendría el fallo de la CSJN, empalidece respecto a los $ 15 mil millones que costaría la rebaja de las retenciones a la soja del 30% al 25%, tal como prometió el gobierno nacional y están exigiendo los empresarios del sector, o los cerca de $ 75 mil millones de costo por la ya implementada reducción y quita de retenciones.

Los aumentos tarifarios consisten en la decisión de hacer recaer los elevados subsidios a la producción de gas (cuya cuantía forma parte de otra discusión) sobre los usuarios del servicio, generando un impacto altamente negativo en la economía y en la sociedad, tratando de reducir un déficit fiscal que fue incrementado, entre otros, por la reducción de las ya mencionadas retenciones y de otras cargas tributarias, que benefician principalmente a los sectores más concentrados de la economía.

Endeudándose a pasos acelerados

Fue ampliamente publicado en los medios que durante este año el endeudamiento externo de Argentina duplica la sumatoria de las deudas emitidas por Brasil, Colombia, México y Perú. El gobierno nacional se endeudó por U$S 19.250 millones, las provincias por U$S 5850 millones y el sector privado en U$S 4310 millones. Una cifra impactante. Y si bien los datos de la deuda del gobierno nacional son más conocidos, la cuestión del endeudamiento de las provincias apenas aparece en discusión. Si bien individualmente parecen pequeños, son montos de deuda importantes respecto a la capacidad fiscal de las provincias y las altas tasas que pagan. La reciente colocación de Chaco en el exterior por U$S 250 millones es un buen ejemplo: pagó una tasa del 9,5% en dólares por un bono a 2024, hasta el momento el costo más alto para las provincias, a pesar de habérsele pagado fortunas a los buitres para que “bajara la tasa”, entre otras razones que dieron los funcionarios.

Cabe aclarar que las provincias no generan recursos en moneda extranjera, y se ven expuestas a un riesgo de tipo de cambio muy elevado. Para dar un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, con toda su deuda dolarizada, sufrió un fuerte impacto con la enorme devaluación de Cambiemos. Tomemos la deuda a septiembre de 2015, unos U$S 2300 millones. En pesos, al tipo de cambio de septiembre (9,40) da unos $ 21.620 millones. Ese mismo stock está ahora en $ 34.040 millones (con el tipo de cambio de agosto de este año, a 14,80). De mínima, la devaluación les significó a los porteños un incremento de deuda de $ 12.420 millones, equivalente al 11,3% de los recursos tributarios corrientes que el gobierno estimaba percibir en 2016, según su presupuesto.

Tomar deuda alegremente tiene sus costos, y si es en dólares, más. Por eso las decisiones de este tipo las termina pagando la población por la vía presupuestaria. Un caso significativo es el de Brasil, cuyo gobierno obtiene menores tasas que el nuestro, pero que en 2015 pagó la friolera de más del 7% del PIB en concepto de intereses de deuda externa pública, muy lejos del país que le sigue en el ranking, República Dominicana, con el 3%, y, mucho más lejos de Argentina, con el 2% (cifra esta última a la que habrá que sumarle los intereses del nuevo endeudamiento ya detallado). Las consecuencias de este feroz apetito por el endeudamiento del gobierno nacional y de los provinciales será el verdadero caos que deberemos enfrentar en el futuro.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 21/08/2016

TARIFAS - CORTE SUPREMA - Heller lamentó que el fallo no alcance a “clubes, instituciones sociales, empresas en general y pymes en particular”

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“Si bien para los usuarios residenciales resulta positiva la decisión de la Corte, el fallo lamentablemente no alcanza a los usuarios no residenciales”, opinó esta tarde el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), al ser consultado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a las tarifas del gas.

Para el referente nacional del movimiento cooperativo, “los considerandos del fallo son interesantes y también deberían ser aplicados, conceptualmente, al resto de los usuarios, especialmente al sector denominado usuarios de la categoría SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), los clubes e instituciones sociales, las empresas en general y las pymes en particular”.

Heller también observó que atendiendo que “la Corte Suprema recuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos” deberían considerarse “insostenibles los aumentos a los usuarios no residenciales, que en el caso de las actividades productivas y comerciales, se trasladan a los precios de los bienes e insumos producidos”, más aún cuando el alto tribunal también sostiene que, conforme a dicho artículo, se debe incorporar como condición de validez jurídica “el criterio de gradualidad”.

Asimismo, el legislador manifestó que según los primeros cálculos conocidos, “el fallo de la CSJ alcanzaría a menos del 30% del consumo de gas (usuarios residenciales), lo cual lleva a sostener la necesidad de una legislación de emergencia y protectiva para la categoría SGP, las pymes en general, las empresas de la economía social y solidaria, los clubes e instituciones sociales”.

“La cuestión principal, más allá de los esenciales mandatos constitucionales que sostiene la CSJ –consideró Heller-, está vinculada con la esencia de las políticas económicas y con las transferencias de ingresos y riquezas de los que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía”. “Los aumentos tarifarios consisten en la decisión de hacer recaer el costo de elevados subsidios a la producción hidrocarburífera (cuya cuantía forma parte de otra discusión) hacia los usuarios de los servicios, generando un impacto altamente negativo en la economía y en la sociedad, tratando de reducir un déficit fiscal que fue incrementado, entre otros, por la reducción de las retenciones y de otras cargas tributarias, que benefician principalmente a los sectores más concentrados de la economía”, concluyó el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Espíritu noventista

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

El espíritu de los noventa está fuertemente arraigado en la gestión gubernamental de Cambiemos. No sólo a partir de los efectos nocivos de la desregulación y liberalización (en especial de las importaciones que compiten con la producción local) sino también por los enfoques neoliberales de los funcionarios del gobierno nacional.

El ministro Alfonso Prat-Gay sigue utilizando las metáforas deportivas para enviar advertencias al sector industrial. El funcionario expresó: “El empresariado local tiene que saber que hay un plazo de cuatro años para hacer dieta y gimnasia, y prepararse porque después vendrán los juegos olímpicos y tendrán que competir con el mundo” (Clarín, 11/08/16). Fácil de comparar con muchas de las frases de Domingo Cavallo cuando desarrollaba sus funciones de ministro.

Prat-Gay fue aun más allá en la relación entre los empresarios y el Estado, pues comentó: “Queremos que los empresarios recorran los pasillos de sus fábricas imaginando cómo ser más productivos, que no caminen los pasillos del Ministerio de Hacienda”. Pareciera una frase dirigida especialmente a los empresarios pyme, puesto que los grandes empresarios no recorren los pasillos, sino que tienen acceso directo y privilegiado a los más altos niveles de decisión. Es la igualdad entre los desiguales promovida desde el neoliberalismo, la mejor receta para dejar de lado a los más débiles.

Siguiendo con las ideas noventistas, Carlos Melconian criticó el uso de los fondos del blanqueo para pagarles a jubilados, al comentar que tal decisión “es populismo que va contra aparentes deudas jubilatorias”. Lo llamativo de la frase es el adjetivo de “aparentes” adjudicado a las deudas de los jubilados que ya tienen sentencia judicial o están tramitándose en ese ámbito. Las deudas de los fondos buitre no merecieron tal adjetivación por parte del economista.

Además, en un gran paso hacia la desregulación total, “el BCRA simplifica el mercado cambiario y elimina las normas remanentes del cepo” (www.bcra.gov.ar). Entre otras normas, se derogan los topes mensuales para operar, como el de 5 millones de dólares para atesoramiento, “aplicándose en este sentido únicamente las disposiciones que limitan el uso del efectivo como parte de la política anti-lavado”. También se elimina la obligación de justificar con documentación cada operación de cambio.

Cabe recordar que la pérdida de control sobre las operaciones que significa tal nivel de desregulación ha sido fuertemente criticada por distintos organismos internacionales.

Interpelación

La importante decisión de la mayoría de los diputados para sesionar el miércoles pasado y tratar el tema de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos indicó que está presente en el ánimo de los legisladores (salvo los del bloque de Cambiemos que intentaron obturar la discusión) discutir en el Parlamento un tema que conmociona a la sociedad argentina, con impactos negativos sobre el poder de compra salarial y los costos empresarios.

Posteriormente a la discusión que se llevó a cabo en la sesión, hubo una negociación reflejada luego por los medios, por la cual Sergio Massa, junto con Mario Negri, Emilio Monzó y Nicolás Massot –ante la fuerte presión para interpelar al ministro Juan José Aranguren en el recinto– negociaron una estrategia más protectiva: la asistencia del ministro a un plenario de comisiones, con mucha menor exposición que si se realizara en el recinto.

De todas formas, el saldo fue positivo. El pedido de interpelar al ministro será una enorme oportunidad para que brinde todos los argumentos que supuestamente tiene el Poder Ejecutivo para hacer lo que hizo, para que cada diputado pueda expresar sus opiniones al respecto y que en última instancia quede al descubierto si la adoptada es “la única solución posible” como dice el presidente Macri, o es una brutal transferencia de ingresos de un sector de la sociedad hacia otro, como sostenemos muchos de nosotros.

Pérdida de ingresos

A partir de septiembre debe otorgarse un nuevo aumento a los jubilados y pensionados, que no es una decisión del gobierno, sino que surge de la aplicación de la ley que establece una fórmula polinómica que tiene en cuenta el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación previsional. Los flacos aumentos en las jubilaciones en los dos últimos semestres (un 15,35% en marzo y un 14,16% en septiembre) indican la debilidad de ambos parámetros, debido a la reducción de los salarios reales de los trabajadores registrados y a los menores aportes en cantidad y en valor, por la mayor desocupación y precarización.

En términos anuales, entre el aumento de septiembre de 2015 y el nuevo aumento de septiembre de 2016, los jubilados recibirán un aumento del 31,7%, cuando la inflación de ese período llegaría al 48%, es decir, unos 16 puntos porcentuales menos de aumento en las prestaciones respecto de la inflación.

Si hacemos la misma comparación a septiembre de 2015, el incremento anual de jubilaciones llegó al 33%, mientras que la inflación de ese período fue del 24%, lo que indica un aumento de las jubilaciones de 9 puntos porcentuales por sobre la inflación. La inversa de lo sucedido en el actual período macrista.

Es una situación por demás complicada. Para mantener en términos reales el nivel de la jubilación mínima de septiembre de 2015, las jubilaciones deberían aumentar en septiembre de 2016 algo más de un 28%, y no un 14,16% como se producirá según la aplicación de la fórmula. Un cálculo que no hacen los medios amigos del gobierno cuando anuncian con estridencias el nuevo aumento para septiembre.

Los salarios también están sufriendo pérdidas en su poder adquisitivo como se viene informando desde esta columna. Se conoció un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) que advierte que ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación estimada para este año, que rondará el 45%, el nivel más alto de las últimas tres décadas, además de estimar una pérdida de 12 puntos entre el salario y la inflación en el primer semestre. Los cálculos están realizados sobre los salarios de los trabajadores registrados del sector privado, y puede pensarse que si se tuviera en cuenta a los trabajadores no registrados, la pérdida de poder adquisitivo sería mayor aún.

Estas pérdidas del poder adquisitivo tienen evidentes impactos sociales. Pese a los esfuerzos que han hecho distintos medios para desenfocar las causas del aumento de la pobreza y cargar las tintas sobre “la herencia recibida”, lo cierto es que este indicador ha crecido en 3,6 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016, lo que significa que hay cerca de un millón y medio de nuevas personas afectadas por este flagelo. Más allá de la metodología utilizada, el informe del Observatorio Social de la UCA es contundente, así como sus conclusiones, que destacan una “masa de segmentos de nuevos pobres de clase media baja o sectores populares (que) constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el nuevo gobierno”.

Si a este diagnóstico le agregamos las declaraciones del director ejecutivo de la filial local del JP Morgan, en cuanto a que la recuperación de la economía argentina será “más lenta de lo que espera el gobierno” debido a que “es difícil bajar la inflación mucho, sobre todo el año que viene cuando hay una situación de elecciones”, se explican los distintos dichos del gobierno que son variaciones de la noventista frase: “Estamos mal pero vamos bien”.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 14/08/2016

Tarifazo: para Heller, el oficialismo no quiere debatir “lo que le interesa al pueblo argentino”

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“Acá se está discutiendo si se utiliza un punto del Reglamento para impedir que la Cámara pueda tratar un problema de fondo que es el problema de las tarifas. Toda esta discusión reglamentaria se obviaría si los diputados del oficialismo estuvieran de acuerdo en hacer un debate en nombre de la República, de la calidad republicana”, dijo este mediodía el diputado nacional Carlos Heller (Bloque Solidario SI) durante su intervención en el recinto, en el marco de una sesión especial convocada por la oposición que no prosperó, empantanada en una discusión acerca de un punto del reglamento de la Cámara.
“Fíjense qué paradoja: el Poder Ejecutivo toma decisiones, el Poder Judicial toma decisiones, y el Poder Legislativo se paraliza por un debate reglamentario y priva al ámbito natural del debate político de la representación popular de la posibilidad de profundizar el análisis”, agregó Heller en el marco de una jornada de trabajo parlamentario en la que la oposición quiso debatir diversos proyectos contra los tarifazos y un pedido de interpelación al ministro Juan José Aranguren, que no cuentan con despacho de comisión.

“Es una enorme oportunidad para que el ministro venga y nos dé todos los argumentos que supuestamente tiene el Poder Ejecutivo para hacer lo que hizo”, manifestó Heller a propósito del pedido de interpelación a Aranguren, para luego considerar que las evasivas del oficialismo pueden estar originadas en que al ministro “le va a resultar muy difícil de explicar” el tarifazo. En esa misma línea, el diputado del Partido Solidario sostuvo que “hay datos irrefutables que muestran que se han cometido gravísimos errores, como el de importar gas de Chile pagando el doble de lo que vale el gas de Bolivia, o que se ha aumentado el precio en boca de pozo para producción local y entonces eso ha aumentado también el problema del déficit que genera para el país el tema energético”.

El interbloque oficialista bloqueó cualquier proyecto que expusiera al Gobierno, exigiéndole a la oposición que reúna dos tercios de los votos de los presentes. En ese sentido, Heller señaló: “La discusión de los dos tercios termina si simplemente todos asumimos que éste es un tema de interés de la ciudadanía, que nosotros somos la representación de esa ciudadanía y que sería muy bueno para el país en su conjunto que vengan a explicarnos todos los que defienden la política de los aumentos de las tarifas y que en última instancia quede al descubierto si esto efectivamente es, como dice el Presidente, «la única solución posible» o es una brutal transferencia de ingresos de un sector de la sociedad hacia otro”.

“Quiero hacer un llamado a la reflexión. Toda la cuestión reglamentaria se zanja con la simple postura del bloque de Cambiemos de aceptar el debate. Se acabaría la discusión de los dos tercios y entraríamos en la cuestión de fondo. Porque acá se usa, y dejémoslo claro, una cuestión reglamentaria para impedir que se discuta la cuestión de fondo. Acá se quiere hacer valer un punto del reglamento para que no podamos debatir lo que le interesa al pueblo argentino: estos brutales aumentos de tarifas, cuál es su razón y si no había otra solución posible”, concluyó el referente cooperativista.

El nuevo modelo

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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En la semana, El Cronista publicó una nota donde menciona el avance de un plan productivo del gobierno para incentivar la actividad económica y promover la reconversión productiva gradual de ciertos sectores, como el textil y el electrónico, identificados como “no competitivos”. Diferente es el caso automotriz, al que ven como “semicompetitivo” y que requiere ser apuntalado.

En este marco pueden interpretarse las palabras del titular de Renault, Carlos Ghosn, en ocasión del anuncio de una inversión adicional de 100 millones de dólares (que se suma al desembolso de 600 millones de dólares previsto en años anteriores). El empresario sostuvo: “En los próximos tres o cuatro años el país va a crecer y, obviamente, las inversiones van a llegar, y nosotros vamos a tener un producto, que el 70% será exportable”; una de las preguntas, viendo lo que pasa en Brasil, es dónde encontrarán mercados.

La intención de construir una plataforma que apunte a abastecer las necesidades del mercado externo, en detrimento del interno, resulta clara. Esto se condice con las palabras del presidente Macri en la Rural, que volvió a decir que Argentina debe dejar de ser “el granero del mundo” para convertirse en el “supermercado del mundo”. El verdadero plan consiste en reprimarizar la economía y exportar dichos productos con una mínima dosis de valor agregado.

En esta línea, el ministro Prat-Gay sostuvo en una conferencia de prensa ante medios extranjeros que vamos “de una economía cerrada y prebendaria a una economía competitiva” y que “la integración en el mundo tiene un primer efecto beneficioso, que es que nos evitó el ajuste”. Una mirada que niega por completo la contracción de la economía y las consecuencias regresivas de las políticas en curso.

También consideró que “hay sectores que vienen con la inercia del régimen anterior, que todavía muestran una caída, como la siderurgia, o la industria automotriz y la construcción, y hay otros que ya empiezan a mostrar mejoras”. En rigor, en el caso de la automotriz el desplome tiene que ver con la caída de la demanda brasileña, y en la siderurgia también hay factores externos. En tanto, las caídas en la construcción, medidas en términos interanuales, se observan desde enero de 2016 y obedecen a decisiones recientes, como ocurre con el freno de la obra pública, que antes cumplía un papel contracíclico fundamental.

Prat-Gay retomó la metáfora del “Estado canchero” que el presidente Macri introdujo un año atrás, según la cual el gobierno sólo debe encargarse de cuidar el campo de juego. El ministro dijo: “Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse; y en cuatro años salen a la cancha.”
Este criterio difícilmente pueda aplicarse a la realidad de sectores intensivos en mano de obra como el textil, que depende básicamente de la demanda interna y sufre los perjuicios de la apertura importadora. Al respecto, preocupan los números sobre la producción de las pymes industriales, que cayó en junio un 5,9% y alcanzó el nivel más bajo en siete años.

La reconfiguración que trae el nuevo patrón de inserción externa ya se observa en los datos del Balance Cambiario para el segundo trimestre del año. Por caso, la inversión extranjera directa, puntal dentro del discurso de Cambiemos, apenas alcanzó los 777 millones de dólares, y está lejos de despegar. Nada muy distinto a lo que ocurrió en los últimos años, aunque ahora se vio más que compensada por la salida de utilidades y dividendos (-1108 millones de dólares). Es decir, el aporte neto de las multinacionales fue negativo (-331 millones de dólares), una situación esperable a la luz de la crisis que atraviesan las economías centrales. Algo de esto dejó entrever el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ante empresarios de la AMCHAN. En un encuentro en el Sheraton dijo que si se mantienen las políticas actuales “habrá un importante flujo de inversiones bilaterales”, aunque “llevan su tiempo; deben ser pacientes”. Realismo mágico de pura cepa neoliberal.

En el Balance Cambiario se destaca el ingreso neto de inversiones especulativas, que alcanzó a 695 millones de dólares, un nivel trimestral inédito en los últimos doce años. La reinserción en el mundo de las finanzas globales ya es una realidad, pero para unos pocos. De hecho, en otra nota de El Cronista (1/8) donde se habla del endeudamiento nacional y provincial se menciona como gran beneficiado a JP Morgan, en base a una nota de Bloomberg News (12/7) que titula: “La gran apuesta del JP Morgan está dando resultados”. Allí se señala la decisión, en 2015, de triplicar su dotación de empleados en Buenos Aires y convertirla en la plataforma de Latinoamérica. El éxito fue tal que luego fue “el principal banco en aprovechar este incremento, convirtiéndose en el mayor suscriptor de las ventas de deuda argentina en el 2016. También fue uno de los bancos extranjeros que le prestaron 5000 millones (de dólares al gobierno) para reforzar las reservas.”

Es interesante observar las declaraciones del director de deuda de JP Morgan para la región, Lisandro Miguens, quien señaló: “varios de los altos funcionarios actuales de la Argentina también trabajaron para JP Morgan (…) y cuando asumió el nuevo gobierno nos llamaron inmediatamente y nosotros teníamos todo planificado, las presentaciones, los números, las estrategias (…). Esto nos permitió inspirarles confianza. También ayudó el hecho de que ya los conocíamos muy bien.”

Reacciones internas

Se conocieron datos que dan cuenta de nuevas caídas en el comercio minorista y en el patentamiento de motos, una consecuencia directa de la baja de los ingresos de la población. Estimaciones privadas mencionan que la caída del salario real alcanzó al 9,9% entre noviembre de 2015 y junio de 2016, fuertemente impactado por la inflación, que crece a un ritmo superior al 40% anual. El director del Indec, Jorge Todesca, ya manifestó que “bajar la inflación es complicado y va a requerir tiempo” y que lo que más va a costar es morigerar el precio de los alimentos.

Lejos de ser un proceso de prueba y error, en el caso de los alimentos es una consecuencia directa de medidas como la eliminación de permisos de exportación y de las modificaciones en las retenciones. Lo mismo puede decirse del abrupto y monumental incremento de los servicios públicos, una decisión que, de existir otra orientación política, podría haberse evitado. Según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el costo fiscal de la eliminación y reducción de retenciones llegará en el año, como mínimo, a los 5.000 millones de dólares, una cifra equivalente al subsidio anual de la tarifa de gas.

Recientemente, la Justicia Federal frenó el aumento de luz y gas por considerar que no respeta los procedimientos formales (audiencia pública), pero también porque por su magnitud afecta el acceso de muchas familias a servicios públicos esenciales.

En paralelo, se conoció una encuesta que acaba de revelar que un 85% de los argentinos consideró excesivo el aumento de tarifas, brindando además un dato adicional que impacta: que sólo el 1,3% de los encuestados consideró que el foco del gobierno de Cambiemos está puesto en “los más necesitados” y apenas el 0,7% en “los trabajadores”, en tanto que el 55% cree que gobierna para los más ricos.

En definitiva, lo comentado refleja que en estos meses hubo una fuerte transferencia de ingresos desde el sector asalariado a los grandes empresarios, una situación evitable y que despierta un rechazo mayoritario en el conjunto de la población.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 6 de Agosto de 2016

 

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