Controles a la ilegalidad y la desestabilización

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heller-16-11-14La acción del gobierno ha desactivado las expectativas devaluacionistas que se habían tratado de instalar a partir de varios mecanismos, algunos que restringían la oferta de divisas al mercado, mientras otros actuaban directamente sobre las cotizaciones de las operaciones de contado con liquidación. Los fundamentos de la economía no sostenían los altos valores del contado con liqui y del dólar ilegal, y de allí que están bajando, encauzados además por las variadas medidas tomadas por las distintas autoridades de contralor.
En la fiscalización de las operaciones financieras y cambiarias han intervenido activamente el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, la Unidad de Investigaciones financieras (UIF) y la Procelac.
A partir de un pedido judicial, el martes pasado la AFIP allanó 71 locales en la búsqueda de datos de transacciones con cuatro sociedades que realizaron operaciones con títulos por $ 120 millones y mostraban inconsistencias fiscales, lo cual denota posibles maniobras de lavado de dinero o evasión fiscal.
En paralelo, la CNV dispuso la suspensión de dos sociedades de Bolsa (una de ellas tenía un atraso de 17 días en el libro de operaciones), mientras que el BCRA suspendió transitoriamente a dos entidades para actuar como casa de cambio.
Dentro de las políticas de transparencia, el directorio del BCRA resolvió publicar en su sitio web todas las resoluciones acerca de los sumarios administrativos que se realizan contra bancos y entidades financieras en general, emitidos a partir del 2 de enero de este año. Según su titular, Alejandro Vanoli, esta decisión se enmarca en que “los principios para una supervisión efectiva exigen políticas claras de transparencia en los mercados financieros y activas acciones de información a los usuarios de esos servicios”.
En definitiva, los controles no sólo evitan operaciones ilegales, como el lavado de dinero, sino que además estrechan los límites para las operaciones especulativas, las cuales suelen utilizarse no sólo para obtener jugosas ganancias, sino también para presionar al gobierno hacia una devaluación.
A riesgo de ser repetitivo, no debemos olvidar la estrategia de cinco puntos de los buitres contra Argentina, que en una de sus partes reza: “Propiciar ola de rumores para generar inestabilidad económica impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal o blue.”
En el plano internacional, a mediados de la semana pasada se conoció que las autoridades británicas, norteamericanas y suizas aplicaron fuertes multas a seis grandes entidades financieras, por un monto que supera los U$S 4300 millones, por haber llevado a cabo maniobras de manipulación del mercado de divisas durante el período 2008-2013, obteniendo fabulosas ganancias en pocos minutos. El listado abarca bancos internacionales de Suiza (UBS), Gran Bretaña (RBS y HSBC) y Estados Unidos (JP Morgan, Bank of America y Citigroup), quienes participan de un mercado global de operaciones diarias en torno a los U$S 5 billones, un monto lo suficientemente grande como para poner en jaque, llegado el caso, la estabilidad de cualquier sistema monetario y financiero nacional. Como era de prever, sólo a los efectos de evitar mayores daños en su imagen, las entidades aceptaron las multas, aunque procedieron a avanzar con el despido de algunos de los empleados involucrados, que por medio del chat coordinaban los movimientos con los demás operadores, para influenciar los valores de referencia del mercado de divisas. Como expresa el Financial Times: “los empleados de firmas supuestamente rivales canjeaban información confidencial de los clientes para distorsionar el mercado disparando órdenes contra sus propios clientes.”
Los impactos también llegaron a los organismos de contralor de dicha operatoria, a tal punto que el propio Banco Central de Inglaterra echó al responsable del comercio de divisas, por no oponerse a los pactos entre los agentes que conforman este mercado. Esta situación, que en general es vista como un problema de control de los propios funcionarios reguladores, llevada al más puro plano institucional no hace más que refutar el concepto de independencia de los bancos centrales por el que brega la ortodoxia neoliberal, que considera a las autoridades gubernamentales electas como susceptibles de corrupción, pero que a priori no levanta sospecha alguna sobre los participantes del sistema financiero, una asimetría que refleja una visión profundamente antidemocrática.
A su vez, no es una casualidad que en general sean los mismos bancos que ya habían participado de la manipulación de la tasa de referencia Libor o del diseño de las hipotecas tóxicas, lo cual refleja que la ausencia de regulaciones y controles es funcional a la búsqueda desmesurada de ganancias. Cabe recordar que el Bank of America acordó con el gobierno de Estados Unidos el pago de una multa de U$S 16.500 millones por ocultarle a sus clientes el verdadero riesgo de los créditos respaldados por hipotecas de baja calidad; en el caso del JP Morgan la multa fue de U$S 13 mil millones, y en el del Citigroup de U$S 7000 millones.
La actitud algo más firme de las autoridades de los países desarrollados, que empiezan a tomar medidas más activas para castigar los comportamientos que pueden afectar la estabilidad financiera internacional o perjudicar a los clientes, no deja de ser un hecho contundente que abona la perspectiva adoptada por nuestro gobierno, que busca castigar ciertos comportamientos individuales que tratan de sortear las regulaciones, y que de esta forma terminan menguando el efecto de las distintas políticas que implementa el gobierno elegido por el pueblo.

CUANDO LA TEORÍA NO ALCANZA. Muchos economistas ortodoxos encuentran verdaderas dificultades para poder encajar la realidad dentro de los estrictos moldes de la teoría, y de esa forma intentan amoldar los hechos a sus axiomas. Es el caso de Orlando J. Ferreres (OJF), quien analiza el crecimiento de China en La Nación (12.11.14), y sostiene que “sirve de ejemplo para otras regiones que tienen que salir de la pobreza y construir pueblo”.
Fundamenta esa evolución en el incremento de la tasa de inversión en China, que pasó del 33% en 1970 al 50% del PBI en la actualidad, y la compara con el 21%, según sus datos, de la tasa de inversión actual en Argentina.
También cita la historia de Europa Occidental como “otro caso impresionante de derrame” (habría que pensar que luego de la crisis de 2007 ese impresionante derrame fue a los bancos y a las fortunas más grandes, y no al pueblo).
Pero como con la teoría no alcanza, se utiliza la mística. En la nota, OJF expresa categóricamente: “Así como Dios llama a cada uno por su nombre, individualmente, y quiere que todos se salven, así también la economía hace trabajar a todos individualmente para el beneficio del conjunto y el más beneficiado de ese crecimiento es el más pobre.”
El artículo citado adolece de importantes olvidos, puesto que evita comentar que China (en verdad, la República Popular China, designación que Ferreres no utiliza en ningún momento), si bien es cierto que en los últimos años ha implementado reformas pro mercado, sigue siendo esencialmente una economía planificada.
Pero además, OJF insiste en el derrame de la economía, incluso con menciones al Evangelio, contradiciendo la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, quien expresa que “algunos todavía defienden las teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.” Y la citada frase de Ferreres efectivamente intenta sacralizar esos mecanismos del poder.
La nota comentada es un ejemplo de muchas opiniones en similar sentido, que evidencian que tanto los economistas ortodoxos como los políticos de la derecha tratan de identificar los logros sociales (obtenidos por políticas distribucionistas gracias a la intervención del Estado) como producto de sus preceptos de libremercado, un verdadero contrasentido. Y entonces prometen que, de llegar al poder, seguirán con las políticas de bienestar social, cuando sus teorías y acuerdos con los sectores de poder dominante (que apoyan generosamente sus campañas electorales) los llevarían a descartarlas.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de noviembre de 2014.

Maniobras en comercio exterior y presiones sobre el dólar

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mercado-cambiarioLas maniobras de sobrefacturación y subfacturación de operaciones de comercio exterior se encuentran en todos los manuales de economía, pero están comenzando a tener nombres propios, a partir de las investigaciones del gobierno y su explicitación en el informe del jefe de Gabinete brindado este miércoles en Diputados. Por ejemplo, la AFIP suspendió a inicios de la semana el CUIT y la inscripción en el registro de importador y exportador de la empresa Procter & Gamble, por haber detectado “sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares” y otras maniobras.
Estas operaciones fraudulentas generan perjuicios a la economía doméstica desde varios ángulos, afectando las reservas internacionales, así como la recaudación impositiva. En el caso de una empresa electrónica, se detectó una sobrefacturación de importaciones asociada con un incremento artificial en los precios, lo cual, además de la sangría de reservas, aumenta los costos y disminuye la base imponible del Impuesto a las Ganancias.
La subfacturación de exportaciones, es decir, enviar al exterior mercancías a un precio menor, en algunos casos, a un tercio del valor del producto, fue detectada en grandes multinacionales dedicadas al negocio cervecero y al farmacéutico; esta operatoria es una forma encubierta de remitir utilidades ya que en el exterior las mercancías se venden al precio de mercado. Además, disminuye las ganancias declaradas, y de esa forma pagan menos impuestos, y reduce las divisas que ingresan al país.
Otra práctica que resulta habitual en las multinacionales es relocalizar las ganancias a través de los precios de transferencia, que son los costos de mercancías, servicios o patentes que se comercian entre filiales de la misma firma en distintos países y su casa matriz. Estas operatorias de difícil detección, aunque por suerte no imposible, son utilizadas por las multinacionales a nivel global para evadir impuestos y regulaciones, muchas veces a través de la triangulación (operaciones con una filial en un país con escasos controles, para luego ingresarlas a precios de mercado en los países que aplican fuertes inspecciones). De allí que se requieren leyes nacionales, y convenios internacionales, para limitar estas operaciones dolosas que minan las finanzas de los países.
También se ha detectado, en los casos que se están investigando, operaciones especulativas de varias empresas en el contado con liquidación, el mecanismo para hacerse de dólares vía la compra en pesos de bonos públicos nominados en dólares en el mercado local, que luego son vendidos en dólares en plazas extranjeras.
Sin otro justificativo que las maniobras especulativas con esta operatoria, la cotización del contado con liquidación se llevó de 11 a 15 pesos, explicó en una exposición en la Universidad Nacional de Moreno, el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli. El titular de la autoridad monetaria comentó que “con la coordinación del Estado y algunas medidas como el acuerdo con el sector agroexportador, la implementación del swap de monedas con China y el establecimiento del piso de tasas de interés ya hubo resultados”, y efectivamente, las cotizaciones del contado con liquidación bajaron, a la vez que las reservas internacionales dejaron de caer. A esta enumeración, puede sumarse la aprobación por parte del gobierno de nuevos cupos para la exportación de granos. Este reordenamiento de variables por sí mismas desdibujan las expectativas y las presiones sobre el tipo de cambio. En este tema Vanoli fue categórico: “No habrá ninguna devaluación.”
Es importante reflexionar sobre algunos razonamientos mediáticos que indican que cuando el dólar sube, es por la acción de la oferta y la demanda, pero cuando baja es por la intervención estatal. En estos días se asoció la baja del dólar ilegal con las restricciones que imponen los controles para que se respeten las normas cambiarias y tributarias. Con una limitación de oferta, o mayor dificultad para realizar las transacciones, el precio del dólar ilegal debería haber llegado a las nubes, según la más elemental teoría económica. En parte, este enfoque de que el dólar baja debido a los controles tiende a ocultar que el valor del dólar ilegal había llegado a valores ilógicos, derivados de las presiones para instalar la idea del atraso cambiario y, por lo tanto, la “necesidad” de una devaluación. Algunos analistas plantean que una parte importante de  las ventas de dólares oficiales con acuerdo de la AFIP estaría fluyendo al mercado ilegal, y de esa forma, bajando la cotización, razonamiento que creo no puede aplicarse en mercados que son altamente especulativos e ilegales.
Volviendo a la exposición del presidente del Central, Vanoli expresó su intención de “generar condiciones” para reformar la Ley de Entidades Financieras, y de esa forma avanzar hacia la desdolarización del ahorro y promover la federalización del sistema bancario. Cabe aquí mencionar que hay varios proyectos de reforma a la Ley de Entidades Financieras; uno de ellos ya lleva más de cuatro años con trámite parlamentario, e instaló la definición de usuario de servicios financieros, así como propone la orientación del crédito hacia las pymes y la financiación hipotecaria para la  vivienda única, con tasas máximas.
Estos temas han sido abordados en parte por el BCRA, a partir de las capacidades que le otorga la Carta Orgánica de 2012, una legislación que la mayoría de los candidatos presidenciales han prometido derogar, junto con otra gran cantidad de leyes sancionadas en la última década.

CALENDARIO BUITRE. El pasado lunes el juez Thomas Griesa abrió un nuevo capítulo en la puja con los buitres, al habilitar al mediador Daniel Pollack a recibir los reclamos de los holdouts que no tienen sentencia, los denominados “me too” (yo también). Entre ellos están el fondo EM Limited, de Kenneth Dart, que pide por unos U$S 835 millones (por bonos comprados a menos de U$S 200 millones entre 2001 y 2006), reclamo que podría llegar a U$S 1200 millones si se le aplican los mismos ajustes que a los fondos NML, Aurelius y otros. A esto hay que sumarle un nuevo reclamo por U$S 1100 millones del fondo Bracebridge Capital, y el que hace un mes llevó a cabo un grupo de once entidades buitre, por un monto que no fue informado.
Estos buitres pretenden dejar rubricados sus reclamos ante la nueva fase que se abre a partir de 2015, con la caída de la cláusula RUFO. Previendo esta serie de reclamos, el ministro de Economía Axel Kicillof le expresó a Griesa, hace ya algún tiempo, que el gobierno argentino sólo va a negociar con todos los holdouts. Kicillof señaló que la negociación “a partir de enero es posible” siempre y cuando implique atenerse “a la ley, a la justicia, a la igualdad y a no darle a los bonistas más de lo que se les da a otros”. Por su parte, Vanoli  expresó: “Si alguien espera que el 1 de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional.”
La postura férrea del gobierno argentino resulta más valiosa aún a la luz de las evidencias que se desprenden de la carta que la presidenta Cristina le envió a Obama. Allí pide explicaciones acerca del nombramiento de Nancy Soderberg al frente del Public Interest Declassification Board (PIDB) y su vinculación con la American Task Force Argentina (ATFA), organismo de los buitres para atacar a nuestro país. La directora del PIDB, este “comité asesor” en temas relacionados con actividades de seguridad nacional norteamericana, reflexionaba en un artículo del año 2007 sobre la existencia de “un quiebre entre los gobiernos de América Latina, con el ala izquierda volviendo a tener participación, llevando a cabo un contraataque en contra de las reformas en pos del libre mercado y las políticas de los Estados Unidos”, destacando en esta puja a Venezuela y Argentina. Sin embargo, para el gobierno de Obama las responsabilidades oficiales de Soderberg como directora del PIDB no están relacionadas con ninguna actividad que pueda tener como ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas.
La explicación no resulta en absoluto satisfactoria, teniendo en cuenta los importantes puntos de contacto que suelen existir entre los diversos aspectos que conforman la seguridad nacional norteamericana y los trabajos concretos de desestabilización de naciones extranjeras, que suelen encarnar organizaciones como ATFA.
Esta idea no obedece a una  visión de tipo conspirativa y se desprende de manera concreta del plan desestabilizador de cinco puntos de los buitres, que en su momento dio a conocer nuestra presidenta. De allí que la carta escrita por Cristina y el conflicto con los buitres tienen un fuerte significado político, aunque algunos analistas y políticos lo presenten, aviesamente, como una mera disputa financiera.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 9 de noviembre de 2014.

Cuando las telecomunicaciones y los hidrocarburos son de interés público

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helleryjunioencongresoLas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos dan continuidad a una política encaminada a recuperar la soberanía energética, cuyo inicio puede encontrarse en la denominada “Ley Corta” de hidrocarburos, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, y tuvo un hito con la Ley 26.741, que además de establecer la recuperación de YPF, declara de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
En los ‘90, Argentina tenía enormes carencias de abastecimiento energético: la red de gas cubría sólo 5 millones de hogares y no permitía incorporar nuevos usuarios. Como paradoja, se habilitaron nueve gasoductos de exportación a través de los cuales se exportó gas a precio vil, obteniéndose U$S 4000 millones, y si se hubiera contado con ese gas en estos diez años, el país hubiera evitado gastar U$S 33.500 millones en importaciones de combustibles.
Hoy estamos ante un movimiento de pinzas; por un lado, una producción deficitaria de los recursos energéticos, en especial los hidrocarburíferos, debido a una política de privatización de la prospección y producción de los mismos, que minó la producción y las reservas convencionales. Por otro lado, una mayor demanda de energía producto del crecimiento productivo del país y del aumento en el bienestar de su población.
Esta combinación nos ha llevado a perder el autoabastecimiento energético, a pesar de las relevantes medidas tomadas en materia de generación eléctrica y nuclear, que tienden a incrementar la oferta eléctrica.
En coincidencia con la búsqueda del autoabastecimiento, desde su recuperación, YPF ha mostrado niveles de producción en ascenso.
La reforma a la ley de hidrocarburos desarrolla un marco legal que permite la realización de aquellas inversiones que hacen falta para obtener autoabastecimiento manteniendo la soberanía hidrocarburífera.
La ley se orienta a destrabar algunas limitaciones para recibir inversiones externas, especialmente en los recursos no convencionales que requieren grandes recursos financieros, siempre bajo el paraguas de la definición de interés público de la Ley 26.741.
Los convenios que se realicen deben ser guiados por el interés público en la dirección de la exploración y explotación, y deben permitir que nuestro país, nuestros técnicos y nuestra YPF vayan adquiriendo los conocimientos que hoy sólo tienen las grandes multinacionales especializadas en las tecnologías no convencionales.
La discusión sobre la refoma de la ley generó un ámbito propicio para pensar en la importancia de seguir profundizando el proceso de integración con los países de América Latina. Sería conveniente considerar las asociaciones estratégicas con nuestros socios regionales y sus empresas energéticas públicas como Petrobras y PDVSA. En este aspecto, cabe celebrar el resultado de las elecciones en Brasil, dado que sostienen la continuidad de la nación hermana en el fortalecimiento de las políticas de integración latinoamericana.
La ley votada significa un gran avance, aunque las leyes son perfectibles, y en ese sentido resulta prioritario encarar una legislación para aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a la actividad. También queda el desafío de estipular con mayor rigurosidad los parámetros sobre los cuales se calculan las regalías, utilizando controles específicos y externos a las empresas que poseen las concesiones o permisos, dado que el cálculo actual en función del precio de venta informado por las empresas no resulta un procedimiento eficiente.
Por otra parte, el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que tiene por objeto declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y sus recursos asociados (TIC), con la finalidad de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de nuestro país a estos servicios, en condiciones sociales y geográficas equitativas. A partir de esta definición, se mejoraría la competencia para el acceso y el uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC.

NO ES LA PERSONA, ES LA IDEOLOGÍA. En los últimos días, tanto un ex presidente del BCRA como una diputada catastrofista que tiende a destruir todas las alianzas que ella misma dice impulsar, han criticado la designación de Alejandro Vanoli al frente de la autoridad monetaria. La diputada referida rechazó la designación, sugiriendo que Vanoli hará un uso irresponsable, discrecional y arbitrario de las reservas internacionales. Dicha postura la sustenta en declaraciones del actual titular del Central, quien expresó que las reservas están para usarse y que no hay que atarse a un determinado nivel de las mismas, un concepto con el cual se ha coincidido en varias oportunidades desde esta columna. Cabe resaltar que el titular del BCRA también estimó que las reservas aumentarán a fin de año.
Si se dispusiera una política de incremento forzado de las re-servas internacionales, ello nos puede llevar a menores importaciones que impactarán negativamente en la actividad económica, o directamente a una devaluación de magnitud, al no utilizar las reservas para administrar el precio del dólar oficial.
En realidad, puede pensarse que la esencia de las críticas no está vinculada a la persona en sí (Vanoli ha mostrado probidad en los organismos oficiales donde se ha desempeñado), sino a las decisiones soberanas que toman el gobierno y sus funcionarios, con una fuerte presencia estatal que limita al mercado para evitar la especulación y los efectos nocivos de la misma. En realidad, los críticos claman por un BCRA independiente, postura contraria a que “la política monetaria debería ser funcional a los objetivos del país, no sólo en términos económicos, sino al servicio de ideales y valores que forman la identidad de una nación”, como lo expresan Vanoli y Haroldo Montagu en un documento de 2006.
La realidad desarma las críticas, ya que se acaba de activar el acuerdo con la República Popular de China, por el cual el Banco Central de dicho país depositó yuanes en nuestro Banco Central por el equivalente a U$S 814 millones, recibiendo pesos a cambio, una operación denominada “swap”.
Este es el primer paso de un acuerdo equivalente a U$S 11 mil millones, que mejora las expectativas sobre el futuro de nuestras reservas. Como lo destacó el BCRA, el yuan es una moneda de inversión atractiva para los bancos centrales dado que su valor viene mejorando en los últimos años con una volatilidad muy acotada. De hecho, los bancos centrales de Corea, Australia, Brasil e Inglaterra, entre otros, poseen inversiones significativas en la moneda china.
No faltan los críticos que sostienen que el yuan no tiene valor, sino que lo que vale es el dólar. Son los mismos que dicen que nuestro país está aislado, porque añoran las relaciones carnales de los noventa. Mientras tanto, el mundo va en sentido contrario, y prueba de ello es la trascendente resolución en la ONU en contra del bloqueo a Cuba, que sólo fue votada negativamente por Estados Unidos e Israel, con tres abstenciones, y 188 países por la afirmativa. Nuestro país está integrado a esos países que dijeron “no” al bloqueo y es un activo participante en la puja para que los países en desarrollo obtengan mayor poder en el concierto mundial. Una interesante y digna inserción.

ENÉRGICA CARTA. Ratificando la firmeza de la posición argentina en contra de los fondos buitre, tal como le expresó en Naciones Unidas y otros organismos, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta a Obama por la designación de Nancy Soderberg como presidenta de la Junta de Desclasificación de Interés Público, quien es a su vez copresidenta de la ATFA, como expresamos en esta columna la pasada semana.
Cristina llama la atención del presidente estadounidense del hecho “que de confirmarse sería grave en las relaciones entre nuestros países”, dado que Soderberg “ha llevado a cabo una campaña difamatoria e injuriosa (…) con el objeto de perjudicar a la República Argentina”.
Entre los interesantes datos de la carta, destacó la alusión al discurso antievasión de Obama, cuando habló de “la indignación de que en un solo edificio de las Islas Cayman más de 12 mil empresas tengan sus oficinas principales”, para luego reflexionar con ironía “o es el edificio más grande del mundo, o es la estafa impositiva más grande del mundo”. Cristina le menciona que en ese edificio tiene la sede el Fondo Elliott Internacional, que financia las actividades de Soderberg en la ATFA, y que sería una gran contradicción en la lucha contra la evasión encarada por Obama la designación de Soderberg en un cargo público “clave”. De esa forma Cristina pone en evidencia, en este ejemplo y en otros, como el comercio de las armas, el doble discurso del gobierno estadounidense.
En resumen, la carta al presidente de la principal potencia mundial, no desprovista de cierto toque irónico que Obama también suele utilizar, indica una decisión enérgica y valiente de nuestra presidenta en la defensa de nuestra soberanía.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de noviembre de 2014.

Confrontación de modelos pensando en 2016

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convocatoria-mdqMar del Plata fue el escenario de la disputa empresarial y política, con dos eventos contrapuestos: el habitual Coloquio de IDEA, que reúne a las empresas más grandes del país, representantes del establishment, y la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, con gran cantidad de políticos y actores sociales, incluida una nutrida concurrencia de empresarios pyme. Fue la expresión de los dos diferentes modelos de país: el que añora volver a las prebendas empresariales de los noventa, a la desregulación y privatización, y el que desea continuar el proyecto político, económico y social iniciado en 2003.
La Convocatoria Económica y Social dejó por escrito, en un documento del encuentro, que sus integrantes están preocupados porque “en un contexto de dificultades coyunturales y de ataques especulativos contra la Argentina, la situación se ve agravada por la continua ofensiva de grandes grupos económicos altamente concentrados y extranjerizados” (Tiempo Argentino, 24.10.14). En este contexto, y para procurar una mayor equidad distributiva, instaron a la aplicación de las leyes de regulación de la producción y el consumo, altamente resistidas por los sectores concentrados.
El Coloquio de IDEA se caracterizó por ser una usina de la oposición, con la concurrencia de los economistas y los políticos de las “principales fuerzas políticas del país”, como se denomina en el programa.
Miguel Blanco, presidente de IDEA, se refirió a la gestión, a las actitudes “hiperpresidencialistas” y a las políticas de “amigo-enemigo” del gobierno.  Uno de los paneles tuvo un título más que sugerente; “Seamos protagonistas de cambios.” Coherentes con esta actitud, los empresarios criticaron agudamente la Ley de Regulación de las Relaciones de producción y consumo, el Código Civil y Comercial recientemente aprobado y la reforma a la Ley de Mercado de Capitales, entre otras. Cualquier similitud entre estas posturas y las promesas “derogadoras” de los candidatos de la oposición no es pura coincidencia.
Un matutino especializado en economía indicó la elevada concurrencia respecto de años anteriores, comentando que muchos empresarios decidieron “salir del placard” donde estuvieron escondidos por temor a represalias. No es más que otro relato, ya que en los últimos años estuvieron cómodamente en sus empresas acumulando grandes ganancias con el modelo.
Una nota de color la rescató La Nación (24.10.14) cuando informó sobre la interpelación a los asistentes para contestar sobre un hipotético pago de coima: “Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?”. Un 47% contestó que no, compuesto por un 28% que aprobó la coima “sólo en casos extremos” y el 19% que expresó que “nunca” es condenable. Toda una definición.
El latiguillo más utilizado en el coloquio fue la falta de atención del gobierno a sus propuestas. Se refieren al documento del Foro de Convergencia Empresarial que propone, entre otras cuestiones, el “respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas”, exige “garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas” y solicita una “fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía”, proponiendo que se “eliminen impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales” (en criollo, las retenciones a las exportaciones).
No se trata de acordar sobre estas cuestiones como piden los megaempresarios; las mismas son ideológicamente opuestas al proyecto del gobierno. Queda claro que lo que quieren es otro modelo de país, una vuelta a los noventa, al Estado mínimo.
Ese otro proyecto de país se expresa en las reuniones de los candidatos Mauricio Macri y Sergio Massa con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien vino al país a un congreso de “seguridad privada”. Massa exaltó “la experiencia exitosa” que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cabe preguntarse si Massa tomó en cuenta que en los últimos 55 años, según cita el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, hubo 22 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 1900 masacres y más de 5 millones de desplazados (Página 12, 24.10.14). Macri, por su parte, recibió a Uribe en el mismísimo Palacio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Informe Regional sobre derechos humanos y seguridad ciudadana 2013-2014 del PNUD, organismo de Naciones Unidas, se informa, entre otras variables, que Colombia es actualmente uno de los países de América Latina con mayor número de asesinatos, mientras que Argentina se ubica en el rango de las naciones con menor cantidad, junto con Bolivia, Chile y Uruguay, entre otros. Pero no llama la atención el respaldo de estos candidatos a Uribe, indicando claramente su postura conservadora, en especial sobre el tema de los Derechos Humanos y el combate contra el delito; y es toda una definición de las políticas que Massa o Macri aplicarían de llegar a ser electos para dirigir la Nación.

EL GOBIERNO SIGUE GESTIONANDO. El relato que imperó en el Coloquio de IDEA sobre la falta de respuesta del gobierno a las inquietudes empresarias resulta insostenible, salvo terquedad y mala fe manifiesta, con el reciente acuerdo entre el Ministerio de Economía y las cámaras que representan a los exportadores de cereales y oleaginosas. El sector se comprometió a la liquidación de U$S 5700 millones por la exportación  de granos y productos procesados durante el último trimestre del corriente año, cerca de U$S 2000 millones más que en igual período del año anterior. Por su parte, el gobierno, luego de analizar los volúmenes de excedentes exportables de la última cosecha, autorizó la exportación de 400 mil toneladas de trigo y 100 mil toneladas de harina adicionales, y 500 mil toneladas de maíz.
El ministro Axel Kicillof comentó que los exportadores perdieron un 25% de su riqueza por haber retenido la soja, y alertó que los precios seguirán bajando (informó que los contratos a futuro para abril están en los 360 dólares la tonelada) por los que los instó a que liquiden y aprovechen los actuales precios, dando a entender, además, que no habrá una corrección cambiaria de magnitud.
Esta última tesis es abonada por la colocación del Bonad 16, un título vinculado al dólar con tasa del 1,75% anual por U$S 983 millones, derribando los comentarios de varios “gurúes” que anunciaban dificultades en la colocación. Es un voto de confianza hacia el gobierno del sector privado, que está dispuesto a financiarlo en moneda nacional con opciones atractivas, y si bien el bono está ajustado por la evolución del peso respecto al dólar, resulta mucho más manejable que el endeudamiento en moneda extranjera.
Respecto al tema de los fondos buitre, otro de ellos, EM Limited del milmillonario Kenneth Dart, realizó una presentación ante el juzgado de Thomas Griesa para que se le apliquen los mismos beneficios que a los demandantes liderados por Paul Singer, utilizando el recurso de “yo también” para una deuda que ronda los U$S 800 millones y que, de obtener el visto bueno del juez neoyorkino, se sumaría a los U$S 1600 millones que ya tienen sentencia.
En varias oportunidades se expresó desde esta columna que los fondos buitre no eran marginales al sistema, sino que eran parte de la médula de Wall Street. Ayer se publicó que Nancy Soderberg, la tesorera de la AFTA (la fuerza de tareas de los buitres contra Argentina), fue nombrada por Barack Obama como presidenta de un comité asesor creado por el Congreso de los Estados Unidos para promover el mayor acceso del público a las decisiones y actividades de seguridad nacional de ese país. Las alas de los buitres se extienden hasta la Casa Blanca.
Con estas informaciones, cobran aún más relevancia las palabras de la presidenta Cristina Fernández, quien el jueves en el Chaco volvió a repetir: “Lo que quieren (los fondos buitre) es que se caiga abajo la reestructuración de deuda de 2005 y 2010. De esa manera la Argentina volvería a deudas inmanejables”, para luego comentar que “tal vez para algunos la forma de pagar esa deuda sería entregando los recursos energéticos, los recursos nacionales”.
Por todo esto, Kicillof comentó que sólo se negociará con la totalidad de los “holdouts” y no sólo con los actuales demandantes, para intentar cerrar el capítulo de deuda y sostener la estrategia que volvió a mencionar Cristina en el Chaco: “Desde aquí les decimos que les vamos a pagar al 100% de nuestros acreedores, pero dentro de la legalidad, de la equidad y de la legitimidad.”
Cabe comparar este manejo soberano y responsable de la deuda con las recomendaciones de pago –en las condiciones que estableció Griesa– que realizaron varios candidatos presidenciales, quienes en su mayoría pasaron por el Coloquio de IDEA. Se diferencian así, una vez más, los dos proyectos de país.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 26 de octubre de 2014.

Derogar para volver al neoliberalismo noventista

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acto-cfk-octubre-2014En un acto en Tecnópolis, donde realizó anuncios en materia de salud, desarrollo social y educación, la presidenta Cristina Fernández alertó que “el objetivo es muy claro: asustar para ajustar”, ejemplificando con una  información capciosa de medios periodísticos que anunciaban que en nuestro país casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad. Es capciosa porque los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) toman la totalidad de empleados, incluyendo asalariados y cuentapropistas. Un cálculo totalmente distinto al que realiza el Ministerio de Trabajo argentino, que toma en cuenta el porcentaje de asalariados no registrados sobre el total de asalariados, cuya última medición arroja el 33,1%, la cifra más baja de estos últimos años, aunque debe reconocerse que aún es elevada.
En esa campaña de asuste, los candidatos opositores han salido al unísono, cual si fueran movidos por el mismo titiritero, a comentar que, de ser gobierno, derogarían la mayoría de las leyes que se votaron estos últimos años. En principio, tales propuestas tienen un claro sentido antidemocrático: esas normas han sido aprobadas por el Parlamento, cuyos integrantes fueron elegidos por voluntad popular, la cual se fortalece cuando se consiguen mayorías sólidas en el Congreso que permiten legislar. Cabe recordar que cuando el Grupo A tuvo esa mayoría, en 2010 y 2011, evidenció un desempeño legislativo paupérrimo.
Todos los candidatos opositores proponen derogar la Ley de Comunicación Audiovisual, buscando la complacencia de los grandes medios monopólicos, esencial para sus campañas marketineras. En la lista “derogadora” también se encuentran la ley de regulación de la producción y el consumo, conocida como ley de abastecimiento y la nueva normativa del mercado de capitales, que indica un gran avance en la organización de este mercado. Otra de las leyes en la picota es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que permitió un progreso significativo en las funciones de la autoridad monetaria y su relación con el gobierno. La anterior versión, a la cual se volvería con la derogación, es la votada en plena época neoliberal de los noventa.
Pero sucede que esta campaña de asuste logró su efecto con muchos potenciales votantes, que comenzaron a preguntarse qué sucedería con los importantes beneficios obtenidos en la década, como la vuelta al régimen de jubilación de reparto, las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o si habrá que volver a la vergüenza y el desasosiego de ver cómo las empresas privadas vacían nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF.
Los primeros en intentar desmarcarse fueron los diputados del PRO, seguidos por Mauricio Macri, quien salió a prometer que seguiría con la AUH, y comentó que “ya se perdió lo que se había hecho (añorando las AFJPs), ahora hay que lograr que funcione el sistema de reparto”. Al referirse a YPF, Macri reiteró que no fue una expropiación ni una estatización sino que fue una “confiscación” de las acciones, pero aclaró que “no volvería atrás” con la medida (Ámbito Financiero 16.10.14), un enfoque a todas luces falaz ya que la ley habla de expropiación. Seguramente le hubiera pagado a Antonio Brufau los U$S 15 mil millones que solicitaba, “para no confiscarlo”.
Cuando se recuerdan los 10 km de subte por año prometidos, o las más de 118 leyes aprobadas por la Legislatura de la CABA y vetadas por el alcalde, muchas de ellas promovidas por su propio partido, cuesta creer que pueda sostener sus actuales promesas, puesto que, además, van contra su propia naturaleza privatista y desreguladora, de la que ha dado sobradas muestras con su gestión en la CABA. Para muestra basta un botón, las declaraciones de Macri en septiembre pasado sobre el programa ARSAT-1: “Hay mucho despilfarro. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan”. Afirmaciones que colisionan con su posterior felicitación con un tuit a CFK, luego del exitoso lanzamiento y el amplio apoyo recibido por la presidenta de gran parte de la población, orgullosa de los logros tecnológicos de nuestro país.
La volatilidad de ciertas variables constituye un escenario propicio para la avanzada de planteos conservadores. Por caso, se llevó a cabo un seminario organizado por el Banco Ciudad, bajo el lema “Cómo Insertar a la Argentina en el Mundo”, una definición muy emparentada al idioma de los años noventa, porque la inserción que ellos desean es la de las relaciones carnales y el Estado mínimo. El toque “académico y legitimante” de esta perspectiva la dio el ex ministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, quien señaló (El Cronista 17.10.14) que “la política es nuestra principal falencia. Nuestros sistemas políticos son débiles, populistas, dominados por la consigna y por el afán de las cámaras. En los últimos tiempos hubo un común denominador en la región: el populismo, la demagogia y el cortoplacismo”. Acto seguido, concluyó con una frase de colección, digna de ser expresada por cualquiera de los miembros más encumbrados de nuestra oposición, los “derogadores”, al señalar: “Espero que esto esté tocando fin y podamos tener en Argentina el gobierno que se merece.”
Por más que intenten recubrir sus políticas, el verdadero propósito de la oposición es volver a instalar el neoliberalismo, una amarga receta que hemos sufrido y que hoy están siguiendo los países desarrollados, que no logran salir de la crisis económica y social en que están inmersos.

UN MUNDO MENOS DINÁMICO. En su último informe de octubre, el FMI describe un panorama de mayor debilidad de la economía mundial, con una recuperación que se ve ensombrecida en las principales economías avanzadas, a la vez que los países emergentes se estarían “ajustando a tasas de crecimiento económico más bajas que las que habían alcanzado durante el boom previo a la crisis y la posterior recuperación”. Ante este panorama, el FMI ha vuelto ha reducir las proyecciones de crecimiento para 2014 (3,3%), por debajo del valor estimado a principios de año (3,7%).
La situación en la Eurozona sigue siendo delicada. Italia, por ejemplo, no crece desde 2011 y continúa evidenciando un deterioro de su frente fiscal; Grecia genera nuevas dudas, a la luz de la pronta finalización del paquete de rescate de la Troika. A éstos debe sumárseles la debilidad de la principal potencia de la zona, Alemania, que para ciertos analistas verificará una nueva caída del PIB en el tercer trimestre, tras el descenso del 0,2% del segundo trimestre, pudiendo entrar en recesión. De hecho, los datos de la producción industrial muestran que en agosto ésta se contrajo un 4% respecto de julio, la caída más pronunciada desde febrero de 2009.
En Estados Unidos, las proyecciones de enero del FMI del 2,8% de crecimiento en 2014 han sido derribadas por la propia Reserva Federal, al estimar recientemente un 2% de aumento del PIB para este año, considerando que en 11 de los 12 distritos que componen el esquema de la FED se ha verificado un crecimiento entre “modesto” y “moderado”. No hay que perder de vista algunas de las causas que podrían explicar este pobre desempeño, entre ellas el profundo recorte del déficit presupuestario, que a septiembre de 2014, cierre del año fiscal, se situó en los US$ 483.400 millones, dos tercios por debajo del valor de 2009 (US$ 1.4 billones), y que opera como un factor contractivo del nivel de actividad.
Semejantes condiciones de contexto plantean importantes desafíos para los países de nuestra región, principalmente derivados del impacto en términos de crecimiento económico, a través del canal de las exportaciones, que para la CEPAL variarían apenas un 0,8% durante este año.
Ante ello, el FMI ha avanzado nuevamente con su prédica ortodoxa, señalando la necesidad de que “las principales economías de mercados emergentes emprendan importantes reformas estructurales para impulsar el crecimiento de una manera más robusta”. En lo que respecta a América Latina, en caso que las transformaciones estructurales no se lleven a cabo, “el crecimiento podría seguir siendo decepcionante” y por lo tanto “poner en peligro los importantes avances sociales logrados en la región”, una afirmación temeraria que esconde las verdaderas causas de la moderación actual del crecimiento global: las políticas conservadoras que ha impulsado el FMI. Esta visión fue criticada por el propio director general de la OIT, Guy Ryder, quien sostuvo que “las reformas estructurales no son una receta mágica para generar crecimiento y reducir el desempleo”.
Ajustes a los cuales muchos opositores locales quieren llevarnos (y que algunos líderes sindicales acaban de definir como inevitables) con técnicas más elaboradas que los espejitos de colores, muchas veces con las mentiras más flagrantes, suficientemente edulcoradas y vagas, para intentar volver a una situación muy similar a la de la empobrecida Argentina de los noventa.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 19 de octubre de 2014.

 

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