El ajuste, para después de las elecciones

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes”, expresó el ministro de Finanzas Luis Caputo, según relata Marcelo Bonelli (Clarín, 21.04.17).

La frase fue dicha en una reunión “secreta” en Nueva York con 30 banqueros y representantes de fondos de Wall Street. Los asistentes le preguntaban por la capacidad de gobernabilidad de Macri.Los citados inversores están en una zona de comodidad. Según la nota citada: “Se trata de los bancos que facilitan el endeudamiento a la Argentina, haciendo exuberantes ganancias financieras”. La opinión no es solitaria. Fue comunicada en Nueva York a los inversores por el propio ministro Nicolás Dujovne: Argentina “ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo”.

No obstante, las inquietudes de los inversores están originadas en las sucesivas marchas, piquetes y huelgas generales que se vienen produciendo en Argentina, aunque su verdadera preocupación es el elevado déficit fiscal que, sostienen, alcanza al 6,2% del PBI. Si en el futuro el balance fiscal no mejora, complicaría el repago de las deudas financieras, una cuestión que siempre desvela a los inversores.

Para comprender a qué se refiere Caputo con las asignaturas pendientes, acudimos a otra frase del ministro explicando la necesidad de ganar las elecciones: “No se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el déficit, habrá más piquetes y la vida será imposible en Argentina”. Es decir, fortísimo ajuste fiscal tras las elecciones. En aras de lograr la tan ansiada victoria en los comicios, los inversores reunidos en Nueva York cuestionaron “la decisión del gobierno (argentino) de no intentar abrir un diálogo con la oposición, tipo Frente Renovador”, según los comentarios sobre la reunión “secreta”.

Este ajuste fiscal también es reclamado por sectores de poder vernáculos, que se expresan a través de varios economistas. En la semana resonaron con fuerza los dichos del “gurú” Miguel Ángel Broda: “Se elegió un camino de una política monetaria, de metas de inflación, para reducir la inflación, y una política fiscal extraordinariamente expansiva financiada con ahorro externo, y esta combinación genera problemas en el corto y largo plazo”. Con su estilo, agregó: “El enfermo está grave. No hay plan A ni B, esto es insostenible en el largo plazo”.

No es un argumento que le disguste al macrismo. Durante la firma del “Compromiso Federal por la Modernización del Estado” con 13 gobernadores provinciales, el presidente solicitó “dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero”. Es la vieja intención de desvincular la gestión estatal de la política: es inviable. El Estado, en sí mismo, es un reflejo de la política. Así debe ser. Colocar CEO en los principales puestos de dirección del gobierno nacional es también una definición profunda de política.

En la misma línea de reducir la participación estatal, aun con incumplimiento de la ley, Macri ratificó que no convocará a paritaria nacional docente, porque la fijación del salario “corresponde a cada gobernador, los docentes son empleados provinciales”. Sostuvo: “Es obvio que tenemos un problema de calidad de la educación pública argentina. Claramente no hay igualdad de oportunidades si no hay educación pública de calidad.” Una definición no exenta de sarcasmo, ya que al dejar el nivel de salarios docentes a lo que puedan pagar las provincias, la educación de las regiones más pobres sufrirá significativamente, destruyendo la supuesta “igualdad de oportunidades” que tanto alaba Macri. Un sarcasmo que se refuerza al decidir, a través de un DNU, la eximición a los colegios privados del pago de contribuciones patronales hasta fin de año para limitar el aumento de las cuotas. Un paso más en el intento de destruir la escuela pública.

La economía no despega

Resultó impactante el dato de la facturación de supermercados para febrero, que evidenció un aumento de sólo el 16,3% comparado con el mismo mes del 2016. Un guarismo muy por debajo de la inflación que se ubicó en el 35,6% según el IPC CABA (el Indec no publica datos para este período). El enfriamiento llegó a la CABA, con un incremento interanual de la facturación del 13,8%, al Gran Buenos Aires (15,5%, similar al guarismo de las provincias del Norte), y una suba de apenas el 8,9% para el grupo de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Una evolución desigual que refuerza los efectos nocivos del derrumbe del consumo. Si tomamos las cifras de empleo publicadas por el Indec, se observa una destrucción de 68.314 puestos de trabajo privados en 2016 (midiendo el cuarto trimestre de cada año). La reducción más significativa se produce en la industria (46.728 puestos), seguida de la construcción (35.289), con algunos sectores con un leve crecimiento como los servicios sociales y salud, y el comercio.Las empresas muy grandes (más de 1000 asalariados) fueron las responsables del 73% de la merma, mientras que las que poseen entre 51 y 200 trabajadores perdieron el 19% del total. Un panorama laboral preocupante.

La recuperación que no arranca también es recogida por analistas y organismos internacionales. En esta oportunidad, el FMI revisó a la baja la proyección de crecimiento de la economía argentina para 2017, con un nuevo pronóstico del 2,2 por ciento. Respecto de la inflación, estimó un incremento del 21,6% para este año, bastante por encima de la meta del BCRA fijada entre el 12 al 17 por ciento. No obstante, Dujovne ratificó las metas de inflación, y comentó su postura.

El INCAA

El proyecto de Reforma Tributaria en el que trabaja Dujovne tiene como base un documento de FIEL de agosto de 2015, denominado “El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo”. Allí se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica. Incluye, entre otros:

• “El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados.” El gravamen se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el INCAA.

• “El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad” (más conocido como canon, uno de cuyos principales aportantes es el Grupo Clarín). Un 25% de este tributo se destina al INCAA, y el resto a otras actividades culturales y al fomento de la comunicación audiovisual.

Es imposible no relacionar esta modificación, a la luz de los sucesos en el INCAA, con la remoción de su titular (cuya designación fue consensuada con los representantes de la industria cinematográfica) y su reemplazo por un exfuncionario de Clarín. Se entiende entonces el enérgico repudio de directores de cine y artistas. Puede pensarse que sería una concesión más para sostener el blindaje mediático.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 23/04/2017

Repudio a las agresiones contra la gobernadora Alicia Kirchner y la exPresidenta Cristina Fernández

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Los hechos ocurridos ayer en la ciudad de Río Gallegos, donde un grupo de manifestantes accedió a los patios internos de la residencia de la gobernadora, provocando destrozos en vidrios, puertas, la instalación de gas e intentando ingresar violentamente a la vivienda en la que se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner y la exPresidenta Cristina Fernández junto a su nieta de 18 meses, son de una profunda gravedad institucional.
Esta situación de violencia contra 5 mujeres y una menor que se encontraban en la residencia oficial de la gobernadora se da en un marco de asfixia hacia la provincia de Santa Cruz por parte de la administración Macri.
Desde el Partido Solidario exigimos a la administración nacional que se haga responsable por la seguridad tanto de la gobernadora como de la exPresidenta y su familia y que motorice de manera urgente el auxilio económico para la provincia de Santa Cruz.

¿Bicicleta financiera para frenar la inflación?

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

Si bien su resultado ya era esperado, los datos oficiales de inflación causaron gran impacto en la semana. El índice de precios al consumidor del Indec arrojó un 2,4% para marzo, y un valor para el primer trimestre del 6,3%. La principal preocupación es que los alimentos y bebidas crecieron un 3% en marzo, con un fuerte impacto sobre las clases de menores ingresos. No obstante, el índice de la CABA para el mismo mes registró una suba del 2,9%, mientras que los precios de Córdoba se incrementaron un 3,4% y los de Mendoza un 3,6 por ciento.

Llamativamente, la inflación del Indec cubre el área de la CABA y del Gran Buenos Aires. Ante metodologías que no deberían ser muy diferentes, y dado que la inflación de la CABA fue mayor a la del Indec, debería deducirse que hubo deflación en el Gran Buenos Aires, algo que no parece que refleje la realidad. Sin duda, hay mucho por mejorar en las estadísticas del actual Indec. La principal alarma es que los aumentos de la inflación núcleo (que excluye los productos estacionales y los bienes y servicios regulados) de las ciudades citadas son muy cercanos a los índices generales, lo que indica que los precios no responden solo a las subas de tarifas, sino que se han extendido a una gran variedad de bienes y servicios. En términos de inflación mensual anualizada, los datos de los índices generales de marzo oscilan entre el 33% del Indec y el 53% de Mendoza, lejísimo de la meta del BCRA del 17% máximo.

Suelo sostener que la inflación es un fenómeno impulsado en gran medida por la puja distributiva. Bajo este concepto, el gobierno intenta avanzar en esta puja imponiendo techos a los salarios. Pero en estos meses los precios están incididos por las tarifas de los servicios públicos y de los bienes regulados (nafta, sistemas de salud o educación privada), y por el impacto que tienen estas en los costos de la mayoría de los bienes y servicios. Debe destacarse que también están incididos por la ampliación de los márgenes de ganancias de las empresas, en especial en los mercados concentrados. En este contexto, una baja de la inflación solo se lograría con una muy fuerte recesión. Una perspectiva poco alentadora.

Para el BCRA y los postulados neoliberales que sustenta este gobierno, la inflación es un fenómeno monetario. De allí que hace 15 días el Banco Central elevó el interés de las Lebac en el mercado mediante sus abundantes compras, anticipando de esa forma el incremento de las tasas de política monetaria que se realizó el martes pasado. La tasa de referencia subió 1,5 puntos, del 24,75% al 26,25 por ciento.

Con esta política el BCRA logra dos objetivos: retirar dinero del mercado –mediante la colocación de Lebac– y dar un mensaje contundente para incidir sobre las expectativas, subiendo la tasa.

Esta medida impacta sobre la economía por varias vías. Por un lado, aumenta la tasa de referencia y, por lo tanto, se verán incrementadas las tasas de interés para los préstamos, dificultando aún más la producción. La menor cantidad de dinero circulante también impactará en la actividad económica.

El stock de Lebac se duplicó desde el inicio del gobierno de Macri, llegando en la actualidad a los $ 611 mil millones. Pero pocos saben que ese incremento se debe casi exclusivamente a los inversores privados no bancarios: en números redondos, los bancos prácticamente no aumentaron sus tenencias de Lebac. En este contexto, la suba de tasas tiene efectos sobre el tipo de cambio. La mayor tasa hace más atractivas las Lebac para los inversores externos que liquidan dólares para pasarse a pesos y comprarlas. Obtienen rendimientos en dólares extraordinarios. Esa mayor liquidación de dólares para comprar Lebac incide en el tipo de cambio, reduciendo el valor del dólar y apreciando nuestra moneda. Es una nueva versión de la “bicicleta financiera”. Los capitales externos especulativos, agradecidos.

Hay trascendidos acerca de que una parte del arco oficialista no está de acuerdo con esta suba de la tasa de política monetaria, ya que podría ralentizar o frenar el supuesto “despegue” de la economía que el gobierno trata de promocionar. En este aspecto, la aceleración de la obra pública ya ha marcado algunos crecimientos puntuales en la actividad de la construcción y en el acero, aunque esta política tiene escasos efectos multiplicadores en el resto de la actividad.

El gobierno de Mauricio Macri ya ha demostrado que el corto plazo le interesa, pensando en llegar con la mejor situación a las elecciones de medio término. Lo ha confirmado con la postergación del mayor peso de los aumentos tarifarios para noviembre de este año y abril del siguiente. El llamado gradualismo encubre una cínica postura electoralista: la profundización del ajuste se deja para después de los comicios.

Este aumento de tasas de referencia impactará negativamente sobre la producción, a la vez que fomenta la especulación financiera, sin necesariamente tener un efecto importante sobre la reducción de la inflación. Una posibilidad perturbadora.

Apoyos y alertas de amigos externos

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, expresó en la semana: “En las economías avanzadas, las perspectivas han mejorado gracias al fortalecimiento de la actividad manufacturera”. Un dato al que podría prestar atención Macri, quien fomenta la primarización de la economía argentina.

No obstante, Lagarde observa “claros riesgos a la baja: la incertidumbre política, a la que no escapa Europa; la amenaza del proteccionismo que se cierne sobre el comercio mundial; y la desmejora de las condiciones financieras mundiales que podría desencadenar salidas de capital perturbadoras desde las economías emergentes y en desarrollo”. Otra mención que debería tomar en cuenta Macri ya que nuestra economía está recibiendo grandes flujos de capitales especulativos y una reversión de esa tendencia afectaría gravemente las reservas.

Para la titular del FMI, “detrás de estos problemas a corto plazo se esconde una débil tendencia de productividad que sigue siendo un poderoso freno al crecimiento vigoroso e inclusivo, en gran medida debido al envejecimiento de la población”. Esta referencia a los problemas causados por el envejecimiento de la población (dato que debería ser evaluado positivamente) es una continua reiteración de Lagarde. Las propuestas en este aspecto se resumen en aumentar la productividad y la educación en la edad avanzada. Conociendo al FMI, el objetivo implícito de esta propuesta sería prolongar al máximo la edad para jubilarse y además convertir en emprendedores a los jubilados, para compensar las bajas pensiones que obtendrán por los ajustes propuestos por el Fondo.

En forma coincidente, Marisol Argueta, la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, reflexiona sobre qué es lo que puede aportar América Latina al comercio mundial: “Tenemos vastos recursos naturales y es importante que podamos ir cambiando nuestra oferta exportable de materias primas. Debemos empezar a trabajar en la forma de industrializarlas para ir subiendo en la cadena de valores”. Es la tesis de Macri, de convertir a Argentina en el “supermercado del mundo”.

Argueta también promueve la flexibilización laboral. Bajo el concepto de la “transformación del empleo” en el marco de la “cuarta revolución industrial”, expresa descarnadamente: “Los empleados tienen que ir ajustándose de acuerdo a la demanda”.

Las recomendaciones provienen de personas e instituciones de referencia para las políticas del gobierno nacional. Pueden considerarse entonces como un anticipo del duro futuro que nos espera en Argentina si se consolida este modelo.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 16/04/2017

Flexibilización encubierta en la Ley de Emprendedores

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Ámbito Financiero | Opinión

Por Carlos Heller

Como es habitual en los proyectos legislativos de Cambiemos, bajo el paraguas de objetivos loables se imponen otros temas que sería difícil de presentar en forma independiente por su propia lógica. Es el caso de la Ley de Emprendedores, recientemente sancionada por el Senado. En los distintos capítulos de la ley se va creando un entramado que encubre la posibilidad de intensificar profundamente la flexibilización laboral.

Puede decirse que la ley, más que establecer facilidades para los emprendedores, se preocupa por crear varios beneficios para las “instituciones de capital emprendedor” que son las que tienen por objeto financiar a los emprendedores. De acuerdo con la mejor doctrina neoliberal, los emprendedores se verían beneficiados con una amplia oferta de financiamiento, aunque en ningún artículo de la ley hay preocupación o limitación respecto al costo de éste.

La definición original de emprendedor, salida del proyecto oficial, estaba insólitamente acotada a las “actividades productivas con fines de lucro”, con lo cual quedaban fuera todas las organizaciones de la economía social y solidaria. En el tratamiento parlamentario se extendió la definición a las actividades “con y sin fines de lucro”, pero en la votación en Diputados, el Bloque Cambiemos agregó una nueva categoría de “sector dinámico de la economía”, integrado por las empresas de tipo capitalista, que tienen el lucro como objetivo. Es parte de una batalla cultural del oficialismo: para ellos el espíritu de lucro es lo dinámico, y lo gestionado democráticamente en forma solidaria sería lo contrario. Además, al incorporar esta definición, los diputados de Cambiemos, junto con quienes yo llamo el “opo-oficialismo” (se dicen oposición pero votaron los proyectos legislativos más emblemáticos del oficialismo), vulneraron los acuerdos previos, y de allí que gran parte de los diputados nos retiramos del recinto al momento de la votación, porque no se cumplía lo acordado por la mayoría de los bloques.

En la redacción de la ley se establece que serán considerados micro, pequeñas o medianas empresas aquellos emprendimientos que reúnan los requisitos de la Ley 25.300 (Ley de Fomento para las Mipymes), “aun cuando se encuentren vinculados a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos”.

Esta última condición contradice el artículo 1º de la Ley 25.300 que prohíbe expresamente esta vinculación. No obstante, lo que se busca es incorporar los beneficios de la Ley de Emprendedores a las empresas satélites de los grandes grupos económicos o de las grandes empresas. Una gran empresa o grupo económico puede armar una institución de capital emprendedor para financiar o capitalizar a varios de sus proveedores o empresas vinculadas, camufladas bajo la forma de pymes emprendedoras, y además gozar de las exenciones impositivas propuestas en la nueva norma.

Vemos así cómo se va configurando la normativa para ir incluyendo formas de gestión que no tienen nada que ver con un verdadero emprendedurismo.

Podría decirse que la frutilla del postre de la Ley de Emprendedores es la creación de las “Sociedades por Acciones Simplificadas” (SAS). Para camuflar el verdadero significado de la creación de este tipo societario, se indica que el capital de una SAS no podrá ser inferior al equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), un monto ridículo, a la vez que no se impone límite alguno sobre el capital máximo. Sociedades Anónimas con capital de dos SMVM que podrán emitir acciones, dado que no hay ningún piso de capital para tal emisión. Más aún, se establece que las sociedades constituidas conforme a la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 podrán transformarse en SAS, siéndoles aplicables las disposiciones de la ley que nos ocupa.

Esta es una propuesta que busca allanar al máximo la constitución de empresas y disminuir los controles y la carga tributaria sobre éstas. Lleva inexorablemente a correr muchos riesgos, entre los cuales se destaca la posibilidad de que las SAS lleguen a ser utilizadas como “fachada” para la ejecución de actividades ilícitas y para la elusión de los aportes de la seguridad social de los trabajadores. Así ha sucedido en muchos de los países en los que se ha implementado este tipo de sociedades.

Como ejemplo puede utilizarse la experiencia de Colombia, más precisamente de la ciudad de Bogotá, donde las empresas de salud están pidiendo a sus médicos y enfermeras crear SAS. Y, más allá de las características propias de cada país, el mensaje es claro: las grandes empresas podrían tener una legión de “emprendedores” que no serían más que “trabajadores sin beneficios laborales” y la contratación o cese de estos “trabajadores SAS” se regiría por las normas del mercado, y no por las normas laborales. Esto es lo que se está permitiendo con esta ley de “emprendedores”.

Un cierto freno a esta utilización de la normativa podría haber sido la incorporación de un artículo que estableciera de manera obligatoria la aplicación a las SAS de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Pero tal proposición no ha sido considerada por el oficialismo, y tampoco se ha vertido en la ley.

Decididamente esta norma no es la solución para fomentar la innovación y la creación de nuevas empresas. Los emprendedores necesitan saber que si apuestan a un mercado, éste será rentable. Para que ello suceda, el país tiene que crecer a partir del incentivo al consumo, con trabajo estable y salarios dignos.

La Ley de Emprendedores busca otra meta, financiarizar la actividad productiva a todo nivel y flexibilizar la normativa laboral vigente. Esta orientación achica el poder de consumo asalariado, impacta negativamente en la producción y, por ende, en el desarrollo de los emprendedores: lo contrario al promocionado “espíritu” de la ley.

Nota publicada en Ámbito Financiero el 13/04/2017

“No somos responsables”

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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El paro de la CGT y el inicio del Foro Económico Mundial para América Latina (conocido como el Davos Latinoamericano) evidencian el contraste entre los dos modelos de país que están en debate.

Por un lado, quienes desean una economía con mayor empleo, mayor poder adquisitivo de las clases populares, mayores salarios, más educación y salud: son los trabajadores y los sectores medios, las pymes, los comerciantes, en definitiva, los que se benefician con el desarrollo del mercado interno.

Por otro lado, quienes promueven la valorización financiera, una reconversión productiva que lleva a la reprimarización de la producción, con salarios reales bajos y menor empleo, menores impuestos a las grandes rentas, menor gasto público, todo ello en aras de generar una supuesta “competitividad”.

La mayoría de los medios se empecinaron en destacar una frase del discurso de Mauricio Macri en el Foro: “Qué bueno que estemos todos acá trabajando”, en alusión al paro gremial de actividades (en esta oportunidad con gran apoyo de las pymes). Los presentes en el Foro pertenecen a una clase que no realiza paros, sino lockout patronales. Más allá de la ironía de la frase, es un intento por desvirtuar el paro en un mundo neoliberal para el que, en su armado teórico, no existen las clases sociales, sino sólo “actores económicos”. Esta tesis se comprueba en otra frase de Macri: “Queda claro que lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural”. Un cambio cultural muy similar al que permitió implantar las políticas de los noventa, y que primero intentó imponer la dictadura cívico-militar en los setenta.

Lo discutido y escuchado en el Davos Latinoamericano no es más que una colección de dogmas del neoliberalismo: flexibilización laboral, loas a la liberalización y desregulación total. Estas condiciones, que generan mayor volatilidad, y por lo tanto mayor riesgo, fueron no obstante aplaudidas por las primeras líneas de los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgo.

Una comprobación inapelable del compromiso del gobierno con estos principios, en especial con la primacía de la valorización financiera, se encuentra en otra frase de Macri en el Foro. Comentó que el objetivo de las medidas tomadas por su gobierno fue posibilitar “que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan”. Una definición que pone al inversor y sus intereses como la esencia del funcionamiento económico. Proyectos estatales, necesidades sociales y desarrollo productivo en segundo o último plano respecto de las decisiones de los capitales financieros.

Una línea de acción que destaca Carlos Pagni (La Nación, 07.04.17) cuando expresa respecto a Macri: “Su administración se basa en restituir al inversor privado en el centro de la escena”, para luego enfatizar: “Pero su tarea más desafiante es reducir los costos. Entre ellos, el laboral. Sobre este horizonte se recorta el vínculo con los distintos sectores del gremialismo.”

En este enfoque, muchos funcionarios y grandes empresarios criticaron el paro porque significaba un día menos de producción, lo cual es una gran falacia: el resultado productivo no es tan simple, es una sumatoria de factores en los cuales inciden principalmente las políticas económicas del gobierno. Y contra esas políticas económicas se expresó enfáticamente el paro.

El gobierno observa especialmente al Foro Económico Mundial como un entorno en el cual conseguir inversiones. Una visión bastante opinable. Según Alejandro Werner, economista jefe para el Hemisferio Occidental del FMI: “La inversión tardará más tiempo en reaccionar de lo que anticipó el gobierno. Somos menos optimistas que el gobierno en cuanto a la rapidez en la que llegará la inversión privada. Son procesos lentos.”

¿Será por esta falta de reacción que las promesas hechas en el Foro en materia laboral fueron decepcionantes? Según una encuesta de Deloitte, los empresarios presentes en el evento estimaron que sus compañías incorporarán más de 7000 trabajadores durante los próximos 12 meses, un 5% de su dotación actual. Una expectativa que no mueve el amperímetro de la ocupación. Esta nimiedad es lo que ofreció el Foro en la materia.

La economía no arranca

Para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “el mercado laboral sigue bien y los salarios se siguen recuperando”. A partir de estas discutibles aseveraciones, sostuvo que no hay una caída general del consumo.

Sin embargo, los datos se empecinan en contradecirlo. La consultora CCR informó que el consumo masivo cayó en febrero un 5,7% con relación al mismo mes de 2016. En los canales de hipermercados, supermercados y cercanía (en los que cayeron todas las categorías de productos excepto golosinas), se evidenció una contracción del 6,1%, mientras que los autoservicios y almacenes retrocedieron un 5,3 por ciento.

La industria tampoco logra apartarse de la recesión. La utilización de capacidad instalada en toda la industria en el mes de febrero cayó a su peor nivel en 14 años según cifras del Indec. Si comparamos el promedio del primer bimestre de 2016 (63,6%), con el 60,3% del primer bimestre de 2017, se observa una reducción del 5,1 por ciento. Nada de brotes verdes, la industria se sigue marchitando.

En términos desagregados, bajas dignas de mencionar se produjeron en el bloque de alimentos y bebidas, uno de los sectores más importantes, cuya utilización apenas supera el promedio general, y evidenció una reducción del 5,7% entre 2016 y 2017, siempre considerando el primer bimestre de cada año. En el caso del sector textil, pasó del 69,6% en 2016 a sólo el 55,7% en 2017, una reducción en el uso de la capacidad instalada del 20 por ciento.

Los datos correspondientes a marzo del sector automotriz reflejan crudamente la situación de muchas ramas de la industria. Según ADEFA, mientras las ventas aumentaron un 13,6% comparadas con igual mes del año anterior, la producción cayó un 13,2 por ciento. La diferencia, clara y preocupante, se debe al fuerte crecimiento de los autos importados y a una débil exportación. Espejo de un modelo de total apertura.

La culpa es de la oposición

En el Davos Latinoamericano la mayoría de los analistas e inversores agregaron una nueva condición para la llegada de inversiones, que se suma a las habituales de liberalización y desregulación, baja de costos, etcétera. Algunos se refieren a esta nueva condición como la “situación política”, la “continuidad del modelo”, o la “previsibilidad”. Todas estas últimas hacen mención indirectamente a la necesidad de una victoria del macrismo en las elecciones de este año y la consolidación del “cambio cultural”. Bajo su mirada, todo lo que desvirtúe el triunfo del oficialismo va en contra de la llegada de inversiones y empobrece al país. Una evidente presión, absolutamente inaceptable, sobre la contienda electoral.

Los funcionarios del gobierno nacional también adhieren a esta perspectiva. Ante una realidad que no encaja en el discurso oficial, Dujovne expresó: “En este año electoral la oposición se volvió más agresiva, pero no existe debacle aunque quieren convencer a la sociedad de que la hay” y además sostuvo que “la confrontación política pudo haber afectado este año el desarrollo de la economía”.

En definitiva, la mejor herramienta electoral que ha encontrado el macrismo para ofrecer no son sus logros, sino la justificación de sus fracasos, transfiriendo tal responsabilidad a la oposición. Un importante pilar más en la construcción del relato de Cambiemos.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 09/04/2017

 

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