Buitres contrarios al interés nacional

Comentarios (4) »

democracia-o-corporacionesEsta semana el Senado dio media sanción al proyecto de ley de pago soberano de la deuda exterior, que en su artículo 1º declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina”.
El texto aprobado en la Cámara Alta mantiene los lineamientos del proyecto original, elaborado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cuestiones, autoriza a remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario y a designar, en su remplazo, a Nación Fideicomisos SA, “todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados”.
Como fruto del debate legislativo se incorporaron igualmente algunas modificaciones que mejoran la calidad del proyecto. En lo que respecta a la apertura de un nuevo canje, además de la opción local, se incluyó la posibilidad de utilizar la legislación y jurisdicción francesas, siempre de acuerdo con la voluntad de los acreedores afectados por la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”. La elección de Francia responde a criterios objetivos ya que, como señaló el senador Miguel Pichetto, aparte de haber sido uno de los países que presentaron los amicus curiae” ante la Corte Suprema de Estados Unidos, allí cuentan con “normativas legales que impiden el funcionamiento discrecional y el ejercicio en las acciones judiciales a estos fondos”.
Otro de los puntos que se agregó es la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que tendrá por finalidad “investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”. Esto es algo por lo que siempre hemos bregado, ya que así se podrá investigar, y eventualmente sancionar, por las responsabilidades con respecto a abusos en el manejo de la deuda externa, que han afectado presupuestos públicos y limitado el desarrollo de la Nación.
No obstante los mencionados cambios, los miembros de la oposición igualmente terminaron por darle la espalda al proyecto. Por ejemplo, para la senadora Laura Montero, de la UCR, “no soluciona absolutamente nada y pretende dilatar la situación hasta enero”; y para la senadora Gabriela Michetti –en línea con su jefe político, Mauricio Macri, partidario de cumplir el fallo– lo de la cláusula RUFO es una “mentira” y es preciso sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia del juez Thomas Griesa a partir de enero de 2015.
Resulta imposible abstraer estas posturas de la feroz ofensiva de los fondos buitre, que a través de su grupo de tareas (ATFA) señalaron que el proyecto “constituye una descarada violación de las sentencias de la corte” y advirtieron que iniciarán acciones para asegurarse de que “el plan no se implemente” y que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían incluso entrar en “desacato” o “poner en riesgo sus actividades”. La avanzada constituye una nueva muestra de la presión que estos usureros internacionales realizan para intentar arrinconar a nuestro país y hacer efectivos sus reclamos, a pesar del apoyo que Argentina recibió desde otros países, ámbitos multilaterales y académicos, algo de lo que aparentemente no parece haber tomado nota todo un sector del arco político local.
UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA. Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido, participaron en Beijing de una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), encabezada por su presidente, Xu Shaoshi, y representantes de empresas y bancos chinos. Ambas partes resaltaron la importancia del diálogo permanente para poner en marcha los acuerdos firmados en Buenos Aires en julio pasado, elevando la relación a asociación estratégica integral.
Kicillof agradeció el determinante apoyo de la República Popular China a la Argentina en el litigio con los buitres, tanto en el G77+China y en la cumbre de los BRICS, como en las palabras del presidente Xi Jinping ante Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, los funcionarios chinos destacaron: “Lo que pase en el resto del mundo no afectará la decisión de seguir colaborando y trabajando con Argentina porque tenemos una asociación estratégica”, contradiciendo un comunicado de la ATFA que sostiene, citando al diario La Nación, que “el Ministerio de Economía chino duda de la capacidad argentina para enfrentar, en el mediano plazo, sus obligaciones financieras”.
Además de la ratificación de los acuerdos de financiamiento para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ambos gobiernos acordaron buscar esquemas de cooperación en materia de hidrocarburos no convencionales, a través de YPF. También se firmó el acuerdo comercial marco para la provisión de equipamiento y servicios para el desarrollo del proyecto de la cuarta central nuclear, Atucha III, por un total de U$S 2 mil millones para financiar productos y servicios chinos y de terceros países, además de otros $ 32 mil millones en proveedores nacionales.

MÁS AVANCES LEGISLATIVOS. El Senado también dio media sanción al paquete de proyectos que incluye la actualización de la Ley de Abastecimiento, y la creación del Observatorio de Precios y de un fuero nacional para la defensa de los consumidores. Entre los cambios introducidos, en el artículo 1° de la nueva Ley de Regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo se excluye a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), siempre y cuando no detenten posición dominante, recogiendo de esta manera los planteos del sector. Según se desprende de los datos del informe que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Cámara de Diputados, con esta modificación la nueva norma alcanzaría, como mucho, al 1% del total de las empresas, precisamente las que están más concentradas.
También se eliminó la posibilidad de realizar clausuras definitivas de empresas y se incluyó una “cláusula de confidencialidad” respecto de la información que brinden.
El rechazo del gran empresariado al paquete de proyectos tuvo diversas manifestaciones, como las vertidas en un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), donde se reconoce que los senadores consideraron y aceptaron algunas de las sugerencias elaboradas por esa entidad, aunque sostienen que “el proyecto en consideración que modifica la Ley de Abastecimiento dictada en el año 1974 es nocivo para el desarrollo de la actividad económica y, especialmente, del sector que representamos, el comercio y los servicios, por cuanto desalienta la inversión, la producción, distorsiona la competencia y provoca desempleo”. El trasfondo del reclamo fue develado por su presidente, Carlos Vega, quien sostuvo: “Hay una cuestión filosófica porque, como empresarios, nos oponemos a los controles”, toda una definición emparentada al axioma que versa acerca de la intangibilidad de las ganancias. Entre los senadores que adscribieron a esta línea aparece Gerardo Morales (UCR), para quien la nueva ley podría ser impugnada ante la justicia por inconstitucional, en tanto que Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño) afirmó que es “una ley de miedo, es una ley confiscatoria”.
En definitiva, hemos atravesado una semana de trabajo intenso en el Senado y se dieron pasos importantes para la aprobación de leyes fundamentales para la Nación. En el debe, no hay que dejar de mencionar la postura de ciertos sectores de la oposición que, ya sea por convencimiento ideológico o por simple cálculo electoral, terminan jugando a favor de buitres y empresarios concentrados que tratan de imponer sus intereses por sobre los del conjunto de la sociedad.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de septiembre de 2014.

Baja actividad global y respuesta local

Comentarios (1) »

Escenario-global-y-region-sudamericanaEn julio el FMI rebajó al 3,4% la proyección de crecimiento global para este año, en un contexto de actividad económica anémica que no deja de preocupar, transcurridos ya siete años de que estallara la burbuja hipotecaria.
En este marco, el vicepresidente de la Reserva Federal (FED) y ex economista jefe del Banco Mundial, Stanley Fischer, calificó de “decepcionantes” a las recuperaciones económicas globales luego de la crisis de 2007-2009, y se lamentó: “cada año hemos tenido que explicar a mitad de año cómo el crecimiento global ha sido menor del previsto sólo seis meses atrás”.
No obstante, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló: “debemos fortalecer los esfuerzos por el crecimiento (…), sin que amenace la viabilidad de las finanzas públicas”, un razonamiento ortodoxo que suele ser aplicado a libro cerrado por las autoridades de las principales potencias. Es por ejemplo el caso de Japón, que en abril implementó una fuerte suba del IVA, que pasó del 5% al 8%, produciendo una contracción del PIB del 6,8% (anualizado) en el segundo trimestre. Se trata de la tercera economía del planeta (5,4% del PIB global), por debajo de Estados Unidos (19,3%) y China (15,4%), lo cual da una idea de los potenciales efectos sobre la economía mundial.
Por el lado de Estados Unidos, Fischer estimó que el nuevo parámetro de crecimiento de largo plazo de ese país sería ahora del 2%, casi un punto por debajo del previsto en 2009 por la FED. En China, por su parte, el crecimiento alcanzará el 7,4%, un valor envidiable para cualquier economía, pero lejos de las tasas de “dos dígitos” verificadas hasta 2011.
A esta situación hay que agregarle lo que ocurre en el bloque del euro, que tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre. En particular, Italia se encuentra nuevamente en recesión, por tercera vez desde el estallido de la crisis, y en Francia se registró crecimiento cero en el segundo trimestre. La nota la dio sin dudas Alemania, con una caída trimestral del PIB del 0,2%, que para las autoridades obedece a la creciente incertidumbre que emana del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta las decisiones de compra y producción.
Todo lleva a concluir que, en el mejor de los casos, la actividad económica global se mantendrá moderada, con bajos niveles de comercio, situación que afectará a los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el FMI prevé un crecimiento del 2% para la región, la mitad del registrado en el período 2010-2013 (4,1 por ciento). Ello es una consecuencia de la menor demanda externa y de los precios más bajos de las materias primas, que de todas formas se mantienen en niveles elevados.
El marco externo no es el más alentador teniendo en cuenta el escaso compromiso de los países centrales para dinamizar la demanda, acabar con los bajos salarios y revertir la flexibilización laboral. Si bien la sexta cumbre de los BRICS resultó una bocanada de aire, lo cierto es que la iniciativa aún es incipiente y las energías de los países centrales continúan al servicio del ajuste fiscal. Este énfasis contrasta con la falta de avances concretos en torno a la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional vigente, moldeada por el discurso y el accionar de los organismos internacionales de crédito. Un escenario que comparten con calificadoras de riesgo, inversores buitre y engendros éticos como las “guaridas” fiscales, utilizadas para el ocultamiento de las más variadas operaciones ilícitas.
En un informe de la ONU de 2014, “El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos”, se sostiene que las operaciones financieras ilícitas (actividades criminales, evasión de multinacionales, corrupción, entre otras) “disminuyen los recursos de los que disponen los estados para invertir en programas para la realización de los Derechos Humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales”. En los países emergentes, estos flujos exceden los recursos recibidos por asistencia al desarrollo e inversión externa directa. De hecho, según la ONU, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011 los U$S 946 mil millones, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año (U$S 520 mil millones). Son cifras escandalosas que dejan en evidencia el patético doble discurso de las potencias, siempre obsesionadas con los países en desarrollo, por la falta (supuesta) de un entorno propicio para atraer a la inversión extranjera, aunque por el otro lado hacen la vista gorda ante esta inmensa extracción de riqueza.

INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser “el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas”, una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
En este sentido cabe subrayar la reciente sanción en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Moratoria Previsional, una iniciativa de carácter redistributivo que también apunta a dinamizar la economía, ya que los nuevos haberes se destinarán al consumo, por un monto cercano a los $ 12 mil millones.
El plan constituye una ampliación del período de aportes contemplado en la moratoria anterior, que cubría hasta el año 1993. Gracias a la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional (2005), en pocos años se elevó en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional, que pasó del 63,6% en el año 2002, al 93,8% en 2013. Con esta moratoria se calcula que más de 475 mil personas tendrán acceso a su haber jubilatorio, lo que permitirá abarcar al 100% de nuestros mayores. Así, se consolida un esquema intergeneracional de neto corte solidario y se avanza con la clausura de uno de los capítulos más nefastos del neoliberalismo noventista.
Con la presente ley se tomarán en cuenta los aportes hasta el año 2003 inclusive, etapa de duro tránsito por el camino del desempleo y la flexibilización laboral. También se apuntará especialmente a incorporar a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre de la población. Así lo expresa el artículo 3 de la ley, que señala que “la ANSES en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas (…) a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, a partir del próximo mes entrará en vigencia el nuevo valor de las remuneraciones a jubilados y pensionados nacionales, con un incremento del 17,21% respecto de los valores vigentes, alcanzando un 30,47% de crecimiento interanual, evolución que está atada a lo establecido por Ley de Movilidad Jubilatoria (2009). Desde entonces, el haber previsional mínimo creció por encima del salario promedio del sector privado registrado y de cualquier índice de inflación que se utilice, lo cual demuestra el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados; un resultado palpable, que no hubiera sido posible sin la “mano visible” del Estado Nacional.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
También los proyectos para disponer de nuevas leyes de Relaciones de Producción y Consumo, una iniciativa ampliamente rechazada por el arco empresario concentrado. La importancia del paquete de leyes que está tratando el Parlamento no es menor, ya que resulta imprescindible regular las conductas de abuso de posición dominante y la obtención de ganancias extraordinarias. No sólo por razones éticas; también por el hecho de que rentas más razonables redundarán en menor inflación y en mayor poder adquisitivo de la población, algo que también va en la línea de las políticas anticíclicas necesarias, ante algunos signos de amesetamiento de la actividad doméstica y las complicaciones que presenta el frente internacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 31 de agosto de 2014.

La iniciativa del gobierno y la oposición sin propuestas

Comentarios (5) »

helleryjunioencongresoEl proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa constituye una inteligente movida de ajedrez por parte del gobierno, que comienza declarando de interés público la reestructuración de la deuda soberana de 2005 y 2010 (Art. 1) y propone la remoción del BoNY como agente fiduciario (Art. 3), remplazándolo por Nación Fideicomisos, y aclarando el derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario.
También se autoriza al Ministerio de Economía (Art. 7) a instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local, para aquellos bonistas reestructurados que así lo soliciten. Es un canje totalmente voluntario, orientado a mejorar las vías de pago a los actuales tenedores de títulos del canje.
Otro tema destacado es que desactiva el concepto de “bonos en default”, al instrumentar el canje de los títulos que fueran elegibles y que aún no ingresaron a la reestructuración (Art. 8), crear una cuenta en Nación Fideicomisos denominada “Pago Soberano de Deuda Pública Pendiente de Canje” (Art. 9); y depositar una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los nuevos títulos públicos que en el futuro se emitan, en remplazo de aquellos que aún no ingresaron a la reestructuración de deuda soberana 2005-2010 (Art. 10) y que serán entregados a los tenedores que participen del canje.
En definitiva, un proyecto que avanza solucionando gran cantidad de temas, con el objetivo de resolver los problemas de cobro que han sido impuestos por el fallo Griesa, establecer las condiciones para el pago al 100% de los deudores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables, y –fundamentalmente– defender el proceso de regularización financiera iniciado en 2005.
A pedido de los fondos buitre, el juez Thomas Griesa llamó a audiencia esta semana, aunque no decidió nada sobre  las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia. Tampoco declaró a Argentina “en desacato”, pero observó que el proyecto del pago soberano de la deuda es “ilegal”. Refiriéndose a estas manifestaciones, el Ministerio de Economía argentino estableció que “el hecho de declarar ‘ilegal’ a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Una noticia a tener en cuenta es que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar, el 15 de agosto, a las presentaciones realizadas por el Citibank y la República Argentina, en contra de la decisión de Griesa de habilitar “por única vez” el pago de títulos emitidos bajo legislación nacional. La nota del Citibank señala que la orden del 28 de julio es un “abuso de facultades que debe ser revertido antes de que la República Argentina realice el próximo pago”. Manifiesta además que resulta imposible distinguir entre los bonos argentinos que entraron en las reestructuraciones de deuda de aquellos que no son parte de ellas.
Además de estos argumentos, Argentina sostiene que, incluso en el caso de aquellos bonos que fueron emitidos en las reestructuraciones y que pueden ser identificados, la orden de Griesa debería ser revertida. Fundamenta que los mismos no son objeto del litigio en cuestión ya que “los demandantes admitieron que los bonos argentinos denominados en pesos (…) no están sujetos a la cláusula de pari passu”.
Los bonistas europeos también hicieron una presentación ante la misma instancia judicial, oponiéndose a la decisión del juez neoyorquino de no permitir la transferencia de los fondos depositados por la Argentina.

DEFAULT O NO DEFAULT. La categorización de Argentina como país en default está obteniendo cada vez más reparos.
En un reportaje a Joseph Stiglitz en Ámbito Financiero (AF) (21.08.14), el Premio Nobel expresó que “la reapertura del canje para cambiar de jurisdicción el pago de los bonos es una buena decisión, ya que no es obligatoria e invita voluntariamente a hacerlo a los tenedores de bonos”. Stiglitz agregó: “desde un punto de vista económico, es lo que hubiera recomendado. Si tengo un activo y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es la base de la economía.” Además, sostuvo que Argentina no está en default, sino, usando un juego de palabras, en “Griesa’s fault”, cuya traducción es “culpa de Griesa”.
El catedrático expresó que “desde una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad debería ser inaceptable”. Se trata de una definición importante, que podría servir como punta de lanza para comenzar un debate profundo en nuestro país, en torno a la necesidad de inhibir la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros o supranacionales, como ocurre, por ejemplo, con el caso del CIADI.
Otra novedad interesante en cuanto a los interrogantes de “los mercados” sobre el “default” de Argentina es la decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) de suspender la licitación de los “seguros de cobertura de deuda soberana” o CDS de Argentina, que iba a llevarse a cabo el 21 de agosto, hasta el 3 de septiembre, así como revisar los términos del mismo.
Queda claro que, si bien la determinación de declarar a Argentina en default fue rápida por parte de la ISDA, cuando se trata de la subasta, la cuestión no es tan simple, ya que se están fijando ganancias y pérdidas entre sectores. Entonces, los operadores piensan más detenidamente antes de pagar los CDS de un país que fue puesto incorrectamente en la posición de default, cuando tiene toda la voluntad y los recursos para pagar sus obligaciones, no declaró moratoria ni repudió su deuda (cuestión aceptada por la ISDA) y que en realidad se enfrenta a “riesgo en oportunidad de cobro”, como bien lo definió el Ministerio de Economía argentino.

SIN PROPUESTAS. Si bien el proyecto fue recibido con cautela y posturas distintas, desde la oposición se escuchan muchas críticas, y las escasas propuestas resultan totalmente inconsistentes. Entre los distintos integrantes del PRO surge una actitud reverencial hacia el juez Griesa, de la misma forma que para ellos no hay que diferenciar acreedores, da lo mismo que sea el Club de París (conformado por los gobiernos de los países acreedores), o los fondos buitre. El tema de la extrema especulación y las acciones extorsivas de los buitres no figura en su discurso. Su líder, Mauricio Macri, volvió a reclamar “sentarse con el juez” Griesa y “resolver” la situación dictada por su sentencia.
En particular, dijo que le plantearía resolver “a partir del 1° de enero” y afirmar que el país “quiere cumplir con el fallo” (AF 20.08.14). Por un lado, asume una buena disposición de Griesa y propone acordar con él, desconociendo la influencia de los demandantes sobre el juez neoyorquino. No hay que perder de vista que una propuesta como la de Macri –comunicar que arreglaría en enero– podría gatillar los reclamos de los bonistas reestructurados amparados en las cláusulas RUFO, lo cual muestra una notable inconsistencia, aparte de una fuerte dosis de mala fe manifiesta.
Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comentó que el problema con los fondos buitre “tiene solución” y agregó: “tenemos que establecer diálogo a partir de un memo de propuesta que vamos a enviar (al Parlamento) y, a partir de esa base, tratar de encontrar acuerdos” (Infobae 21.08.14), lo cual deberá ser dirimido en el Congreso en los días que se avecinan.
En tanto, la mesa nacional de la UCR expresó que el proyecto enviado por el Ejecutivo es innecesario y los economistas citados por el radicalismo para tratar el tema coincidieron en que se debe cumplir con el fallo y pagar a los fondos buitre, pero no en efectivo, y mucho menos con las reservas, sino con un bono.
En realidad, el fallo de Griesa impulsa al pago en efectivo, y de allí el “secuestro” de los fondos en efectivo de otros bonistas, con lo cual la propuesta puede considerarse altamente ineficaz.
Un pronunciamiento claramente mayoritario de nuestro Parlamento, respaldando el proyecto, constituiría una fortaleza importante para las negociaciones que Argentina tiene por delante. Por eso, más que para especulaciones políticas, esta es una oportunidad crucial para generar un frente común, dejando los cálculos electoralistas para otro momento.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 24 de agosto de 2014.

Ganancias extraordinarias de empresas e inflación

Comentarios (12) »

17-agostoLa inflación es un fenómeno complejo y multicausal, y para poder enfrentarlo resulta indispensable indagar en sus causas más profundas.
Siempre he sostenido que para analizar los aumentos de precios se requiere necesariamente tratar el tema de las elevadas ganancias empresarias, pues ese es el núcleo del problema inflacionario en la Argentina.
Es que las grandes empresas se apropian, vía aumentos de precios, de la mayor capacidad de consumo de la población, principalmente surgida de los incrementos en los ingresos de los trabajadores, jubilados y perceptores de planes sociales. Esta conducta no sólo va en detrimento de los consumidores, también afecta a los productores pequeños y medianos, que no siempre reciben la magnitud de aumentos que se aplican sobre los precios al consumidor.
Para encarar estos temas, siempre he planteado que el Estado debe realizar una importante recolección de información de los costos y precios de venta de las empresas, para detectar la generación de ganancias extraordinarias.
Varias de las decisiones de la Secretaría de Comercio de la Nación han ido en ese sentido recientemente, al igual que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el Senado, para la aprobación de una nueva Ley de Relaciones de Producción y Consumo, que modifique la vieja Ley de Abastecimiento Nº 20.680 de junio de 1974.
El proyecto presentado por el Ejecutivo no dista mucho de la Ley de Abastecimiento vigente, e incorpora varios cambios benéficos para los empresarios, como la supresión de: las disposiciones sobre expropiación e intervención de empresas, suspensión de patentes, y sanciones de arresto y prisión, entre otros.
La ley vigente ya permite aplicar sanciones a quienes “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas”, característica que recoge el proyecto presentado. Este último también faculta a la autoridad de aplicación a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o alguna de estas medidas”, siguiendo un formato de contenido y redacción similar al de la ley actual.
A medida que el proyecto de ley se vaya estudiando y discutiendo en la instancia legislativa, y se reciban opiniones de los diversos sectores (ya obtuvo apoyo de la CGT, la CTA y asociaciones de consumidores), se irán desgranando las diferencias y semejanzas con la ley actual.
Por ejemplo, en la propuesta de modificación se incorporan dentro de las actividades alcanzadas “la producción, construcción, procesamiento y comercialización”, que amplían el ya extenso espectro de agentes alcanzados por la actual ley.
Como novedad, se faculta al ente regulatorio para requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, así como también su disponibilidad de venta, cumpliendo el artículo 42 de nuestra Constitución.
La información y el análisis de los precios y márgenes de comercialización y ganancias son una herramienta esencial para ir a la médula de los procesos inflacionarios y para identificar las distorsiones en la cadena de valor de los productos y servicios. La solicitud de información permitirá hacer públicos los márgenes de ganancias de las empresas (tal como ocurre con los salarios), conocer cómo se distribuyen a lo largo de las cadenas y poder actuar para frenar aumentos de precios injustificados y rentas desproporcionadas.

LAS SACROSANTAS GANANCIAS. Las distintas cámaras que agrupan a las grandes empresas han salido con los botines de punta a criticar la ley, con una variedad de argumentos que pueden resumirse en uno principal: el total rechazo a cualquier tipo de regulación estatal sobre sus márgenes de ganancia. Esta postura forma parte de una tendencia que se ha venido intensificando en los últimos años, a partir de la creación de AEA (2002), que en su manifiesto liminar establece que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país, ya que sin garantías a la propiedad privada no existen incentivos para realizar inversiones productivas”.
El documento “Bases para la formulación de políticas de Estado”, presentado en abril de este año por el Foro de Convergencia Empresarial, marca el pulso del discurso de los empresarios que critican el proyecto de la nueva ley de abastecimiento. En él se propone el “respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas”, garantizar “los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas”, así como “la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas”.
Las críticas actuales son un calco de estas ideas, lo que evidencia el claro componente ideológico que poseen. Para la Sociedad Rural Argentina, la ley propuesta es “confiscatoria” y “es una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía”. En términos similares, incluyendo duras críticas a las políticas del gobierno, se expresaron la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas.
Para el presidente del centro de pensamiento neoliberal IDEA, la norma “afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada”.
Se realizaron muchas referencias a la Constitución Nacional, muchas con interpretaciones forzadas a gusto del expositor, para que se adecuen a la “intangibilidad de las ganancias” que pregonan, o la libre administración de las empresas. No toma en cuenta el artículo 42 de nuestra Carta Magna que establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”, a la vez que resulta imperativo para las autoridades la protección de esos derechos.
Cabe observar que los grandes empresarios interpretan nuestra Constitución según sus intereses, con un doble estándar escandaloso que incluso duda de la legalidad de normas vigentes, como ocurre con la actual Ley de Abastecimiento, que busca ser adaptada y revitalizada desde el PE.
En este contexto, la presidenta Cristina enfatizó el jueves pasado que “los usuarios y consumidores necesitan protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para hacer una inversión”. A la vez, sostuvo: “No queremos fundir a ningún empresario, lo que queremos es que los empresarios no nos fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores.”
Un tema, el de defensa del consumidor, que no ha estado en las primeras planas de la mayoría de los medios, como sí lo estuvieron las críticas empresariales.
Bienvenido sea este debate, que no sólo tiene que ver con la generación de rentas abusivas y con dilucidar las causas profundas de la inflación. También abarca la discusión sobre las herramientas del Estado y su modalidad de intervención, en un momento en el que se requiere políticas anticíclicas activas como las mencionadas la semana pasada, a las que se agregó el anuncio reciente del plan Vivir Más Cerca, que contempla la ejecución de 105.186 soluciones habitacionales para todas las provincias del país y constituye, como lo mencionó la presidenta, “un refuerzo y una ampliación del plan de viviendas populares en Argentina”.
Distribuir el ingreso, como se lograría a través de precios que no contengan ganancias abusivas, además de intentar disminuir el ritmo inflacionario (el IPCNu arrojó un 1,4% para julio), siempre generará tensiones entre los actores que deben ceder sus ingresos, pero constituye una condición necesaria para pensar el crecimiento a largo plazo en nuestro país, además de un acto de auténtica justicia.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 17 de agosto de 2014.

Fomento doméstico + estrategia antibuitres

Comentarios (7) »

heller-10-agosto-2014La Argentina ha comenzado a descargar munición gruesa contra los responsables de mantener retenidos los pagos a los bonistas reestructurados. Una de las jugadas más importantes fue la emisión de un comunicado para los tenedores de la deuda reestructurada, en el que se indica el cumplimiento de los contratos por parte de Argentina, y que el país posee los recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los canjes de 2005 y 2010. Además, se pone en conocimiento de los bonistas que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del contrato, para el caso que el agente fiduciario (el BoNY) incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que Argentina realizó a su favor.

Siguiendo estas premisas, el Ministerio de Economía remitió una carta al BoNY, para intimarlo a que cumpla con sus obligaciones de distribuir los fondos de los bonistas. También envió una nota al Citibank, entidad registrada, constituida y autorizada para operar en nuestro país conforme la Ley de Entidades Financieras; dado que los fondos depositados por nuestro gobierno están destinados a atender el pago de los intereses de los bonos sujetos a ley y jurisdicción argentina, se indicó al Citibank que “cualquier pedido de aclaración en la causa NML deviene innecesario, debiéndose en los futuros vencimientos de intereses (el próximo será el 30.09.14) abstenerse de formular pedidos de nuevas aclaraciones que no hacen más que confundir al mercado y a los tenedores sobre el alcance de sus derechos”.
Visiblemente molesto por las acciones del gobierno argentino, el Juez Griesa volvió a convocar a una audiencia exclusivamente para sermonear a las autoridades de nuestro país. “Dígale a la Argentina que deje de engañar afirmando que ya pagó”, dicen que expresó, y volvió a reclamar un acuerdo con los fondos buitre lo antes posible. Queda en claro que el juez persigue destruir el exitoso canje de deuda argentino, y así que nuestro país vuelva al sobreendeudamiento, dado que de cumplir con su mandato se gatillarían las cláusulas RUFO y los reclamos del resto de los holdouts.
Otra estrategia del gobierno ha sido la demanda de Argentina a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos del Poder Judicial estadounidense, atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. Una jugada que no sólo es simbólica, pues el derecho internacional reconoce que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales; también es inteligente, pues, de la misma forma que al pagar se puso la pelota en el campo de juego del juez y de los agentes de pago, hoy se coloca el balón en el área del presidente Barack Obama.
La agencia Moody´s bajó de estable a negativa la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en nuestro país debido al “default” en que habría incurrido según dicha agencia. Si bien las consideraciones se basan en los potenciales riesgos que este puede causar a la economía argentina, se cuidan mucho en alertar a los inversores que las calificaciones otorgadas reflejan que “a pesar de que existe un amplio espectro de posibles pérdidas para los acreedores, las mismas serán muy probablemente modestas” (traducción no oficial), una consideración que no fue difundida en los medios, que se quedaron sólo con la noticia de los posibles efectos negativos sobre la economía doméstica.
En realidad, esta postura está teniendo en cuenta que “los mercados” no han convalidado una baja abrupta de los activos argentinos, incluso con fondos inversores que han llegado a triplicar sus tenencias de estos títulos, pensando que los mismos se pueden revalorizar significativamente en el futuro.
Los temas enunciados son indicadores importantes que desarman las profecías catastrofistas que han sido divulgadas ampliamente en los últimos días, aunque sin duda tendrán un efecto sobre las expectativas. Argentina no es inmune a la consideración de este “default que no es” por parte de las calificadoras, pero el mismo está lejos de llevarnos a una situación límite, entre otras cuestiones importantes, porque tenemos un gobierno que ejerce políticas activas.
MEDIDAS DE FOMENTO. El gobierno nacional anunció una batería de medidas anticíclicas tendientes a incentivar el mercado interno y el empleo, en un contexto de amesetamiento de la actividad local, afectada por situaciones vinculadas al frente externo, como es el caso de la definición por el tema de la deuda y del anémico desempeño de la economía global.
Los principales estímulos productivos fueron mencionados en el discurso que realizó el último jueves la presidenta Cristina Fernández, al anunciar un plan de financiamiento a tasa subsidiada para la compra de ómnibus de corta distancia, lo que implicará un aporte estatal de unos $ 2000 millones. En los hechos, con esta medida se busca incentivar la producción de once fábricas de carrocerías que cuentan con exceso de capacidad instalada y acelerar la renovación de la flota. Se estima una producción de 3300 vehículos para los próximos 12 meses, una cifra superior al promedio de los últimos dos años.
Otro conjunto de medidas anticíclicas apunta a la protección del empleo, un componente clave en materia de consumo interno, aunque en paralelo también se persigue, según lo expresó Cristina, “promover la creación de empleos registrados y facilitar la inserción laboral”.
En particular, se lanzó el Plan Pro Emplear, dentro del cual se incluye la actualización de una herramienta muy utilizada durante 2009, como el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). El Pro Emplear involucra el pago, durante un año, de una suma fija mensual de $ 2000 a los trabajadores de las empresas adheridas, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, según figura en la página del Ministerio de Trabajo, “las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal”.
El Plan Pro Emplear también apunta a profundizar la atención a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a facilitar su inserción laboral. Las personas de entre 18 y 24 años que formen parte del Progresar, esquema destinado a incentivar sus estudios, tendrán la posibilidad de acceder a los programas de capacitación laboral en las propias empresas. Una vez concluido el entrenamiento, si el empresario decide contratar al trabajador, el Estado se hará cargo del pago de $ 2700 del convenio colectivo, por un lapso que irá entre los seis y los 12 meses, lo cual constituye a la vez un incentivo a la contratación por parte de los empresarios. Además de alcanzar a los jóvenes, el beneficio será extensible a los adultos que cobren seguro por desempleo. En conjunto, estas decisiones favorecerán a unas 815 mil personas e involucrarán una inyección de recursos por $ 3034 millones.
Para agilizar la actividad de la construcción y la inmobiliaria, también se establecieron comisiones para los bancos que intervienen en la operatoria de los Cedines, incentivando así su utilización.
Implementar este tipo de herramientas sólo resulta posible en el marco de una férrea decisión política de evitar que se vean afectadas las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Dicho espíritu confronta de manera categórica con las palabras del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien sostuvo que con la cotización actual del tipo de cambio, el sector productivo no puede “exportar ni un caramelo”. Estas palabras, algo emparentadas con la infortunadamente célebre frase de un funcionario del equipo de Martínez de Hoz (da lo mismo producir “acero que caramelos”), se suman a otras declaraciones del mismo empresario sobre que “es tristísimo, pero los trabajadores son siempre la variable de ajuste”. Las expresiones mencionadas constituyen una muestra acabada de la postura de parte del gran empresariado local, que sostiene la teoría de la “intangibilidad de las ganancias” y sólo parece dispuesto a avanzar con sus negocios si es que cuenta con garantías de que podrá distribuir el costo de sus decisiones, no así sus beneficios, entre todos los integrantes de la sociedad. Tesis que refuerza además la necesidad de fuertes medidas de regulación por parte del Estado en diversos aspectos del funcionamiento económico, en especial los referidos a la distribución del ingreso.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 10 de agosto de 2014.
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up