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El 5 de agosto todos y todas a Atlanta

El caso López

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Página/12 | Opinión

Por Carlos Heller

La detención de José López en flagrante delito de apropiación de dinero público y exhibición de armas no merece otra cosa que la unánime condena ética y judicial.

Más acá y más allá de las curiosidades del caso -como el tirar por un muro bolsos de una propiedad de la cual López tiene las llaves- ese dinero mal habido se sustrajo a las políticas redistributivas que ampliaron derechos durante 12 años, incidiendo en su reducción. Los seis millones de empleos, la nacionalización y universalización de las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la creación de escuelas y universidades, el apoyo a las cooperativas y medianas empresas hubiese visto engrosados los recursos disponibles a esos elevados fines si no se hubiesen sustraído para el enriquecimiento personal e inmoral. Quien incurrió en ese delito debe reparar el daño realizado.

Si esto es así, resulta indispensable realizar tres aclaraciones complementarias. En primer lugar, si hubo corruptos hubo corruptores y resulta indispensable profundizar la investigación para identificar a los contratistas que hicieron factible la consumación delictiva. No debe ser juzgado sólo un actor de hechos que requieren la participación de cómplices e instigadores.

Segundo, la corrupción está enquistada en la dinámica del capitalismo. Es ampliamente conocido y aceptado el hecho de que hay en el mundo 10 billones de dólares en guaridas fiscales que no son inversiones honestas de empresarios sino producto de actos delictivos: elusión, evasión fiscal, lavado de dinero de actividades ilegales, algunas horrorosas como el juego, el narcotráfico, o la trata de personas.

Tercero, que este gobierno -con el titular del Poder Ejecutivo a la cabeza- se erija en juez moral frente a la corrupción resulta paradojal e insostenible. El Presidente tiene millones en guaridas fiscales que son el indicador de decisiones empresariales indefendibles desde el punto de vista ético y, también, desde el punto de vista legal. Varios ministros confesaron, sin pudor alguno, la tenencia de millonarios fondos en el exterior. Aún si ese acto no estuviese contrariando la legislación vigente sí contraviene principios éticos y morales muy elementales.

El patético y repudiable hecho de corrupción por el cual José López deberá pagar, debe ser la punta de lanza para reclamar por nuevos modelos de gestión de lo público, se debe investigar a la totalidad de los involucrados, y se deben acotar los márgenes de maniobras que permiten que la corrupción sea un órgano vital del sistema capitalista, tanto en nuestro país como en el mundo entero.

José López no puede ser un subterfugio para demonizar el modelo que durante 12 años amplió derechos y democratizó a la sociedad tras el estallido producido en 2001, generado por las mismas políticas que el gobierno actual defiende con audacia y decisión. Este deplorable episodio que afecta a la política en general no debería causar el desaliento de amplias mayorías sociales para continuar bregando por un proyecto de país y de sociedad más justo. La indignación y el dolor de esta traición no deberían obturar una reflexión serena sobre el análisis de las causas -que exceden en mucho a José López-, comprendiendo sus nexos visibles e invisibles con un modelo global expoliador tanto en su dimensión humana como material.

Lejos de renunciar a la lucha porque un desertor ha sido detenido in- fraganti en un delito que lo trasciende, la tristeza y el dolor no nos debe restar fuerzas para continuar la brega por un país más justo y solidario. Nosotros lo decimos sin ningún eufemismo: todos los corruptos tienen que estar presos. Quienes aprovechan los espacios de poder en beneficio propio merecen todo nuestro repudio. La corrupción no tiene ideología ni tiene signo político. Es corrupción y punto. Y todos los corruptos tienen que ser juzgados y condenados. Y no podemos obviar que se ha aprobado en Diputados una ley de blanqueo para “señores” que no han cumplido con las leyes y han fugado de nuestro país entre 200 mil y 400 mil millones de dólares no declarados. Es la misma inmundicia si los billetes están enterrados, u ocultos en bolsos, o fueron fugados por mecanismos sofisticados. Resulta injustificable que en el actual gobierno la responsabilidad de combatir el lavado de dinero esté en manos de la misma persona que representó y defendió los hechos delictivos cometidos en la materia, por parte de un gran banco trasnacional.

Quienes agreden a vastos sectores de nuestro pueblo con despidos, transferencias brutales de ingresos, represión, vaciamiento de lo público, no tienen autoridad moral para erigirse en paladines de la transparencia, más cuando ellos mismos son productores de cohechos de corrupción. No debemos retroceder en nuestra capacidad de creer y soñar, con la posibilidad de construir un mundo mejor. Ese es nuestro compromiso más allá del caso López y de las asociaciones colaterales si las hubiera.


Nota publicada en Página/12 el 26/07/2016

Las corporaciones también ganan en el Congreso

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El Destape Web | Opinión
Por Carlos Heller

Habiendo transcurrido ya el primer semestre del año, podemos decir que la actividad parlamentaria en ese período expresó una profunda regresividad en la distribución del ingreso, una característica de la gestión macrista que, además de ser muy injusta, genera un fuerte enfriamiento de la economía.

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Aquí un repaso de los, a nuestro criterio, principales temas que se debatieron en el Congreso de la Nación:

Pago a los buitres

En el caso de la denominada Ley de Normalización de Deuda, además de concederle a los fondos buitre la renta más que abusiva que pretendían, el gobierno presentó la norma como “necesaria” para finalizar con la cesación de pagos a la totalidad de bonistas. Sin embargo, de acuerdo a la presentación del Programa Financiero 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el 31% del total que permanece impago mantiene la posibilidad de litigio (algunos pocos ya acordaron) y también habría una eventual conflictividad con los bonistas que entraron a los canjes.

Ley ómnibus

Tal como se aprobó, la ley ómnibus conculca los derechos de una parte de los jubilados y pensionados; y la declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional, más que una “reparación histórica”, es una forma de refinada extorsión a personas de elevada edad que no pueden esperar años para recibir lo que les corresponde, y se ven presionadas a aceptar las fuertes quitas que propuso el macrismo y parte de la oposición acompañó en la votación.

Además, bajo el manto de un supuesto beneficio a los jubilados se hizo pasar una serie de ítems que no tiene que ver con la materia previsional: modificaciones a la estructura impositiva (una reforma tributaria regresiva que de ningún modo era necesaria y, menos aún, urgente) y una exteriorización de capitales que ni siquiera tiene por objetivo la repatriación de esos capitales, sólo beneficia a quienes evadieron y reporta muy pocos beneficios para el país, pues se realizará a un costo mínimo para los evasores.

Párrafo aparte para la nefasta derogación de leyes importantes como la 27.181, que declara de interés público la protección de las participaciones del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de empresas nacionalizadas como YPF y Aerolíneas Argentinas.

MiPyMEs desprotegidas

El recientemente aprobado proyecto de ley “para el fortalecimiento de las MiPyMEs” en realidad debió haber sido “de emergencia MiPyME”, porque ésa es la situación que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas. La ley, que recoge principalmente las posturas de Cambiemos junto con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, si bien se orienta en un sentido positivo, no resuelve el verdadero problema de las MiPyMEs, que es la crisis derivada de las políticas de ajuste.

Fuerte incremento de tarifas de servicios públicos, altos costos de financiación a partir de la decisión de incrementar las tasas de interés, decisión de controlar la inflación a partir del enfriamiento de la economía y liberalización de importaciones son un “combo” que golpea a los sectores económicos más vulnerables y a las MiPyMEs en particular.

Vetador serial

Recurriendo a una herramienta de la que hizo uso y abuso durante su gestión como Jefe de Gobierno de la CABA, Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral aprobada por el Congreso de la Nación.

La actitud del Presidente tiene un profundo sentido ideológico, basado en los conceptos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): consideran al salario como un costo más y no quieren regulaciones de ningún tipo que limiten la actividad privada. Quieren libre mercado y desregulación laboral. Macri vetó la ley porque quiso darle una señal muy clara a los grandes grupos económicos: su intención es avanzar en el proceso de desregulación, desarmando el andamiaje legal de defensa de los intereses de los trabajadores.

Si bien está claro que la ley no iba a resolver el problema de los despidos, sí hubiera sido un paliativo cuando las políticas económicas que se están aplicando van en la dirección contraria. Las políticas que implementa el gobierno nacional no pueden generar otra cosa que desempleo; el ajuste, como demuestra la experiencia mundial, inevitablemente recae sobre los sectores del trabajo.

Otra característica de este semestre de debate parlamentario es la reiteración de concesiones entre Cambiemos y la “oposición amiga” –en las referencias de Sergio Massa y Diego Bossio- que no modifica la esencia ni la magnitud de los proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo y, más que oposición, parece encarnar otra fórmula política para asegurar la persistencia de un Estado que defiende los intereses del capital concentrado a costa del bienestar popular.

La balanza sigue inclinando su fiel: entre atender los reclamos de los grandes empresarios o reducir la angustia de la población, el macrismo, también en el Congreso de la Nación, ha optado por beneficiar a las corporaciones.

Nota publicada en www.eldestapeweb.com

Fútbol, servicio de interés público

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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El título de esta nota es desafiante: ¿Puede igualarse el fútbol a servicios como la salud, la educación, la energía, el transporte? Tiene diferencias con estos, pero el fútbol es pasión, aglutinante de emociones y voluntades. Es tan importante para la gran mayoría de las personas, que su acceso se convierte en un derecho. Más aún, a esta altura, su goce en forma gratuita puede considerarse un derecho adquirido, concepto que debería cobrar mayor fuerza, dado que en la campaña electoral el hoy presidente Mauricio Macri prometió que el Fútbol para Todos (FPT) seguiría siendo gratuito.

Pero además de estas razones, aun para los más escépticos existe otra indiscutible que fortalece la calificación del fútbol como un servicio de interés público: la potencialidad que tiene como herramienta de difusión. Y aquí se emparenta con cuestiones como la salud, la educación o la seguridad vial, por elegir algunos temas. Porque las transmisiones del fútbol llegan a todas partes, a los lugares más recónditos del país, en muchos de los cuales no puede accederse fácilmente por otras vías. ¿Qué mejor que utilizar las transmisiones televisivas del fútbol para difundir campañas de prevención contra el dengue, o el zika? O una campaña de seguridad vial que sostenga: “si bebió, no maneje”. ¿Cuánto valen estas acciones en términos del beneficio que obtiene la sociedad? Pero, además, cabe considerar el dinero que el Estado se ahorraría en el tratamiento de las enfermedades y los accidentes que se podrían evitar gracias a las campañas de prevención.

La retirada del Estado del FPT le dará paso, seguramente, a una mayor mercantilización del fútbol. De esta forma, las grandes empresas de medios y las anunciantes serán las que se apropien de esta importante herramienta comunicativa. No aplicarán el criterio del interés público, sino el de la máxima ganancia, que lleva a brindar el servicio a quienes lo puedan pagar y sólo en zonas rentables.

Esta presunción tiene elevadas posibilidades de concretarse, porque así se ha hecho en el pasado, pero además porque se condice con la ideología del gobierno actual, que intenta convertir los derechos en mercancías. De la misma forma que aplica extraordinarios ajustes a las tarifas de los servicios públicos esenciales, que se deben pagar generando elevadas ganancias para los prestadores. En verdad, el gobierno rechaza la idea de que el concepto de servicio público implica que el Estado debe procurar los medios para que todos tengan acceso al mismo.

Las decisiones del gobierno en el FPT son un espejo de las decisiones en otras áreas de la política y la economía: sin respetar las promesas de campaña, con el objetivo de trasladar beneficios a las empresas concentradas, y con la intención de volver a imponer la lógica del libre mercado como valor absoluto e irrenunciable. En mi opinión, el FPT debe seguir siendo gratuito y de libre acceso.

Comienza la fiesta

El viernes se promulgó la Ley Nº 27.260, denominada por el Boletín Oficial “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, pero que además contiene cambios impositivos que otorgan una menor progresividad al sistema tributario, un régimen de sinceramiento fiscal que consiste en la exteriorización de bienes en el exterior (blanqueo) sin obligación de repatriación, y una amplia moratoria para todo tipo de empresas (esta última, una medida que debería haberse aplicado exclusivamente a las MiPyMEs, que son las que verdaderamente la necesitan).

En este marco, el presidente Macri comentó: “se acabó la joda para todo el mundo, todos tienen que pagar sus impuestos”. Una propuesta más que irónica realizada el día anterior a que apareciera publicada la Ley Nº 27.260, que brinda beneficios más que espectaculares (y un perdón obsceno) para quienes, al menos, han cometido el delito de evasión. En verdad, debería decirse que para las grandes fortunas “la fiesta” acaba de comenzar.

Tampoco hay mucho respeto por las formas republicanas. El gobierno acaba de modificar el Presupuesto Nacional mediante el DNU Nº 797/16, por el cual se autoriza la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros. De los $ 99 mil millones presupuestados, más del 80% se concentran en obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia homónima.

Si bien soy legislador por la CABA y me preocupa su desarrollo, dudo que el faraónico proyecto de Construcción de la Estación Central Obelisco y la Red de Expresos Regionales sea una necesidad prioritaria, a la que se asignan nada menos que $ 12 mil millones del Presupuesto Nacional, más otros $ 3000 millones para la construcción subterránea de la Estación Constitución. Para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra sin duda esencial para la CABA, se asignan $ 45 mil millones. No obstante, la concentración del gasto de inversión en la región del AMBA, relegando al resto de las provincias, es alarmante. Dicha asignación no deja de tener un tinte electoralista, dado que cerca de un tercio de ese gasto a largo plazo se realizará el próximo año. Debe recordarse, además, el decreto 194/16, por el cual más que se duplicó el coeficiente de coparticipación federal de CABA desde el 1,4% del total al 3,7 por ciento.

En un nota de El Cronista (21/7/16), se indica que del total de las transferencias del Ministerio del Interior a las provincias, el 21% se destinó a la provincia de Buenos Aires, seguida con el 10,3% para Jujuy, el 9,6% para Neuquén, el 9,3% para Entre Ríos, el 8,4% para Mendoza y el 7,0% para Chaco. Estas seis provincias ya suman el 66% de los $ 24 mil millones transferidos. Grandes provincias como Santa Fe y Córdoba tuvieron que conformarse con el 1,9% y el 1,6%, respectivamente. Una discrecionalidad manifiesta, que es además señalada en la nota citada.

Siguiendo con las cuestiones fiscales, La Nación (19/7/16) informa que el Gobierno estima que este año la población pagará $ 140 mil millones más por las subas de tarifas, aunque la reducción en los subsidios será de sólo $ 80 mil millones, debido al efecto de la devaluación y su impacto sobre los costos. Según el diario mitrista, en 2017 el gobierno estima incrementar en $ 70 mil millones las tarifas.

Los aumentos de precios derivados de la devaluación y de las tarifas, que generan una grave pérdida del poder de compra del salario real, junto con el incremento significativo de suspensiones y cesantías, son un combo perverso. Según datos del Ministerio de Trabajo, las suspensiones producidas en el primer trimestre de 2016 superan al otro pico alcanzado en igual período de 2009, en medio del impacto de la crisis financiera internacional.

La misma fuente indica que entre diciembre de 2015 y abril de este año se perdieron 63 mil puestos laborales registrados. Otras estadísticas no oficiales, que incluyen a los trabajadores no registrados, ubican la pérdida de empleo en algo más del doble de la cifra citada. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que en el Gran Buenos Aires la pobreza se incrementó desde el 19,8% en noviembre de 2015 al 33,3% en abril de 2016, mientras que la indigencia subió del 5,7 al 7,9% en idéntico lapso y región.

Estos últimos datos muestran quiénes terminan pagando la “fiesta” de los grupos económicos concentrados y las grandes fortunas. Imposible no anhelar una vuelta a la situación de los últimos años, que más que una “fiesta”, como la llaman los analistas del establishment, fue una verdadera restauración de derechos para los sectores populares.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 23/07/2016

Tarifas en la picota

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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Resulta imprescindible analizar los porqués de los tarifazos y desenmarañar los distintos relatos que construye el gobierno para justificarlos. Es sabido que durante los últimos años los precios de los servicios eran accesibles, en especial para el AMBA, pero ello no justifica los terribles aumentos que se dieron en electricidad, gas y agua, demoliendo el poder adquisitivo de los salarios, en especial de los más bajos.

La impugnación a los aumentos provino de la movilización popular desde que llegaron las primeras facturas y marcó un hito en la amplia protesta realizada el jueves pasado. También los frenos de la Justicia colocaron en una difícil posición al gobierno.

Creo que la gestión de esta administración no está basada en un proceso de aprendizaje por ensayo y error, sino en tomar las medidas que tienen planeadas, y en analizar el nivel de rechazo o aceptación de la sociedad. Si se produce un rechazo alto, intentan mitigar los efectos negativos. La decisión de colocar un tope del 400% para las tarifas domiciliarias del gas y del 500% para las empresas habla de esta estrategia. No se redujeron las tarifas, siguen siendo las mismas, pero con un subsidio mayor, con fecha de vencimiento a fin de año. De allí que no sólo hay que preocuparse por el actual tarifazo, que quintuplica (tope incluido) los pagos del año pasado para los consumidores, sino también por los que vendrán en el futuro cercano. Porque la decisión ya está tomada: realizar una gran redistribución de recursos hacia las productoras de gas, a costa de los bolsillos de los usuarios.

El gobierno pretende instalar como una gran carga al fisco estos topes a las tarifas del gas, unos $ 11 mil millones menos sobre la reducción de subsidios originalmente planificada. Este monto, que medido en dólares representa unos U$S 730 millones, puede compararse con los U$S 1200 millones que ganaron productores y comercializadores de soja (debido a los últimos aumentos de precios internacionales), quienes están presionando, además, para que se produzca la prometida rebaja de las retenciones a la soja del 30% al 25%, que implicaría una pérdida de recursos de entre U$S 1000 a 1200 millones para el fisco (Clarín, 13/07/16).

La dificultad de explicar el tarifazo y la estrategia de redistribución de ingresos llevaron al gobierno a intensificar las críticas a la “herencia recibida”, planteando como opciones “lo que hay” o el caos del colapso energético. Una gran mentira, porque la administración de los últimos años fue positiva. En el caso de los hidrocarburos, el conjunto de medidas tomadas la década pasada, incluida la recuperación de YPF, permitió incrementar un 27% los pozos perforados, un 17% los pozos terminados, un 41% los equipos operativos y un 137% el empleo del sector, respecto de la década anterior. Las inversiones en generación de electricidad fueron incesantes, y el gobierno saliente dejó procesos de inversión en ejecución por cerca de U$S 3000 millones, que incrementan la potencia instalada en 2300 Mw (un 13% del total), y proyectos de inversión a largo plazo ya encaminados por cerca de U$S 27 mil millones, entre los que se encuentran las represas Kirchner y Cepernic, y las centrales Atucha IV y V.

Más aun, el tarifazo gasífero se centra en el aumento del precio a la producción en boca de pozo a unos U$S 5 por millón de BTU, cuando los precios internacionales de referencia oscilan entre los U$S 2 y 3. Es este reconocimiento de rentabilidad a la producción de gas el que disparó en gran parte las tarifas. Sin embargo, el mensaje del gobierno es ahorrar energía, sin planes concretos de inversión (los deja a la decisión de las empresas) y reduciendo el consumo en un movimiento de tenazas de aumento de tarifas y recesión.

Es cuestionable lo que dijo el presidente, que tuvo que tomar muchísimas decisiones que le dolieron y le siguen doliendo, porque “si hubiera habido una alternativa para tomar otra decisión, la hubiera tomado pero no existía”.

Existen otras alternativas. Porque el problema no es el mayor consumo de gas y electricidad en este invierno tan crudo. El problema surge por las tensiones que genera una redistribución enorme de recursos hacia los sectores dominantes, el corazón del proyecto de gestión de Macri.

Esa transferencia se extiende a los evasores, a quienes se les otorgan grandes beneficios para blanquear su patrimonio. Los medios se están plagando de guías “para blanquear sin costo y obtener renta en dólares”. Como lo expresó el presidente Macri en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Ya no será necesario protegernos o escondernos”, utilizando la tercera persona del plural (nosotros), lo que indica el sentido clasista de su gestión. Hasta ahora, el sincericidio más grande cometido por Macri. Un contenido que se refuerza con su crítica, nada menos que en el discurso de celebración del Bicentenario, al ausentismo laboral, las licencias y las jornadas horarias reducidas. Neoliberalismo en estado puro.

Medidas PRO que imitan fórmulas K

En la columna pasada reflexioné sobre la decisión del BCRA de transferir al Tesoro Nacional $ 110 mil millones, el 75% de su ganancia durante 2015, una práctica fuertemente criticada por los actuales funcionarios cuando eran oposición.

Para quienes aún conservan su capacidad de asombro, el gobierno decidió la cancelación de deuda con organismos financieros internacionales por U$S 3952 millones con reservas del BCRA. La autoridad monetaria recibirá letras intransferibles denominadas en dólares, emitidas por el Tesoro a diez años y con una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA. El decreto reconoce que este tipo de operaciones realizadas en los años anteriores “se ha revelado eficaz para disminuir los costos de endeudamiento público”.

Una opinión sorprendente para un gobierno que propone al endeudamiento como la opción más eficiente y cuyos funcionarios censuraron esta práctica de pago con reservas.

Alfonso Prat-Gay comentó en 2013 sobre este mecanismo: “En ningún país del mundo se paga deuda con reservas sino que se refinancia. Acá se patinan las reservas en los acreedores externos, es la hipocresía del relato” (Iprofesional, 08/11/13).

En enero de 2015, Federico Sturzenegger se refería al tema como “una práctica que deja abierta la puerta a una emisión monetaria sin límites, con lo que la sociedad queda expuesta a una inflación creciente”. (La Nación, 02/01/15). Sin embargo, a la hora de gobernar, el pragmatismo manda.

Se conocieron las cifras de inflación del Indec para junio: el IPC marcó una variación de precios del 3,1% en el mes. Pero lo más significativo es que la denominada inflación núcleo (que excluye bienes y servicios estacionales y regulados) se ubicó en el 3,0%, tres décimas superior a la del mes pasado. Esta cifra da por tierra lo afirmado por muchos funcionarios en el proceso de desinflación. En verdad, el resultado es lógico, puesto que se está observando que los precios recogen, entre otros ítems, los mayores costos de la electricidad, el gas y el agua. A eso hay que sumarle que si bien es cierto que la demanda popular se debilitó en estos siete meses de gobierno macrista, parte de niveles elevados que dan pie a los formadores de precios para aumentar los valores de sus productos. Todo un desafío para el BCRA, que se ha impuesto la misión de bajar la inflación a través de elevadas tasas de interés, que repercuten negativamente y en mayor medida sobre las MiPyMEs y las personas.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 17/07/2016

 

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