Detrás del juicio buitre, los recursos naturales

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La audiencia convocada por Thomas Griesa para el 22 de julio sigue dando que hablar. El juez No resolvió nada sobre las presentaciones de entidades financieras y bonistas europeos, y si bien reconoció que “Argentina había pagado” (Mecon 22.07.14), decidió no reponer el stay, como lo volvió a solicitar nuestro país.
Al conocerse la transcripción taquigráfica, quedó en evidencia que “Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años” como lo expresó Floyd Norris en el New York Times el 24.07.14. Este periodista especializado en finanzas comentó además que Griesa hizo referencia “a la posibilidad de un nuevo default de los bonos soberanos de la Argentina”. Norris reflexionó que “también pudo haber hecho referencia al proceso que desató con resoluciones que tenían un objetivo, forzar a la Argentina a cumplir con lo que una y otra vez denominó sus ‘obligaciones’, pero que no tuvieron en cuenta lo complejo de la situación”.
El Ministerio de Economía comunicó que se explicaron al mediador Daniel Pollack las razones por las cuales resulta necesario proveer algún instrumento financiero que brinde seguridad a la República respecto de los riesgos asociados a la cláusula RUFO, y que “si los litigantes no proveen dichas garantías a la República, un stay sigue siendo la mejor opción para permitir que se avance hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas”. Una nueva jugada inteligente del gobierno, que pone la pelota en la cancha de los litigantes.
La existencia de las cláusulas RUFO impiden hacer cualquier oferta voluntaria mejor a las realizadas en los canjes 2005 y 2010, pero además hay que considerar que no es posible pagar cualquier suma. Cristina Fernández lo dijo por Twitter: “Esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina como hicieron otros, que firmaron cualquier cosa.”
Por eso el gobierno definió que la solución debe ser “sustentable”, porque pagar este fallo, aunque se resolviera la limitación de las RUFO, indica tener que hacer frente a demandas de los holdouts por cerca de U$S 15 mil millones.
Esto no es hipotético, ya hay ocho acciones de clase (demandas) en los tribunales de Nueva York para cobrar unos U$S 700 millones, de holdouts que exigen estar al mismo nivel de NML y de los otros litigantes.
El fallo de Griesa tiene sus apoyos, porque, de aplicarse tal como está diseñado, llevaría a Argentina no sólo al default, sino también al sobreendeudamiento de otras épocas, con la pérdida de soberanía que eso implica. Deseo recordar las asiduas recomendaciones, durante el menemismo y los inicios de este siglo, algunas de organismos multilaterales, para pagar la altísima deuda externa con recursos naturales, y resolver de esa forma el problema financiero que generaba el endeudamiento. Los activos del subsuelo de nuestro país siguen siendo una presa codiciada por los centros de poder mundial.
Siguiendo la misma línea de razonamiento, el FMI volvió a ofrecer sus servicios. El economista jefe del organismo, Olivier Blanchard, expresó: “No puedo hablar por ellos (nuestro país) pero es evidente que si entran en cesantía de pagos, se les complicará mucho la vida. No tendrán acceso a mercados, perderán préstamos del extranjero y la situación macro será mucho más difícil. Lo que hagan es su decisión pero nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a los países miembros, pero son ellos quienes deben solicitarlo” (El Cronista 25.07.14). El economista jefe debería explicar cómo un país que paga puntualmente como Argentina puede entrar en cesación de pagos, aunque tal desliz académico le sirve para profetizar un futuro negro, y ofrecer la “ayuda” del FMI, que es más endeudamiento, altamente condicionado, cuyos costos son pagados por la mayoría de la población con pérdida de empleo, bajísimos salarios y altísimos niveles de pobreza e indigencia.
Creo que esa falta de atención a las complejidades del caso que se le adjudica a Griesa, puede aplicarse a varios analistas y políticos argentinos, que proponen fórmulas mágicas para llegar a un acuerdo, depositar sumas de dinero o directamente pagar la totalidad del fallo.
En este entorno puede entenderse la reproducción que hace la American Task Force Argentina en su página web de un cable de noticias de la agencia Reuters que establece que “los principales candidatos para las elecciones de 2015 –el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri y el legislador Sergio Massa– están a favor de un acuerdo negociado con los fondos como una forma de desbloquear la muy necesaria inversión en energía y la financiación de bonos globales”. Si bien Scioli salió a desmarcarse rápidamente del tema, las posturas de los candidatos y sus asesores resultan esenciales cuando se analiza el mediano plazo y el recambio presidencial.

LAS PRESIONES CORPORATIVAS. La exposición agropecuaria de La Rural mostró varios hechos interesantes, como el almuerzo que mantuvieron los empresarios del establishment, nucleados en el Foro de Convergencia Empresarial (del que la SRA forma parte), y la visita de políticos alineados con estos intereses, entre ellos Mauricio Macri, quien sostuvo que “el campo requiere para su desarrollo reglas del juego claras”. La frase contiene notables semejanzas con la matriz de las corporaciones, que pasa por garantizar “el respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio (…), parte fundamental del engranaje que permite el funcionamiento pleno de este motor del desarrollo”, según figura en el último documento del Foro. En otros términos, se trata de reducir la presencia del Estado al mínimo imprescindible, para garantizar el ciclo de negocios y la consecución de la ganancia máxima.
Las críticas también abarcaron algunas medidas concretas que ha venido adoptando el gobierno nacional en materia agropecuaria. Entre ellas aparece una resolución conjunta de la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Agricultura del 15 de julio, que obliga a registrar todas las operaciones de granos, desde el productor al acopiador, y de este al exportador, en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria. Con ello se busca conocer los movimientos de la mercadería en el mismo momento en que se cierra el contrato y el recorrido exacto de los granos. Información esencial para el Estado, ya que tiende a evitar la evasión a través de producción no declarada y le permitirá identificar, en tiempo real, conductas como la retención de granos realizada a principios de año, que incrementó la presión sobre las reservas y el mercado cambiario, a la espera de una suba del tipo de cambio. También se podrá disponer de los valores de referencia del mercado, una información sumamente útil para todos los productores, principalmente para los más pequeños.
Por su parte, la AFIP aprobó una Resolución para implementar un Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), que permitirá identificar el movimiento del ganado existente (nacimientos, muertes, transformación industrial, comercialización, etc.), algo que, naturalmente, también fue muy resistido en el seno de la SRA.
Por fuera del entorno campestre, en la semana se reglamentó la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, que declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales” (art. 1), con el objetivo de “promover la accesibilidad (…) y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública” (art. 2). Entre otras cuestiones, en la reglamentación se establece que en las compras que realice el Estado se le dará preferencia a los laboratorios de producción públicos, de hasta un 5% por sobre el precio del mejor oferente.
Este conjunto de medidas no hace más que revalorizar el camino que venimos transitando, que por cierto no está exento de desafíos y problemáticas, pero con un Estado que mantiene la brújula apuntando hacia los intereses de las mayorías y no de un pequeño pero poderoso grupo de interesadas corporaciones.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 27 de julio de 2014.

Para Heller, la estrategia del Gobierno frente a los buitres es “firme, valiente e inteligente”

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Carlos Heller, presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, sostuvo hoy que la estrategia del Gobierno nacional frente a la disputa judicial de los fondos buitre es “firme, valiente e inteligente” y que la actitud de las autoridades argentinas es de “gran sensatez y firmeza”.

El diputado del Frente Nuevo Encuentro destacó además que el comunicado del Ministerio de Economía difundido ayer -en el que se reitera la posición argentina de pagar al ciento por ciento de los acreedores en condiciones justas, equitativas y legales- agrega además que las condiciones de negociación deben ser “sustentables”. En ese sentido, Heller subrayó que “las autoridades están actuando con sentido de responsabilidad”, consideró que el comunicado del MEcon salió “al cruce de las fantochadas” de quienes quieren pagar al contado o en bonos y con plazos extendidos y opinó que no cree que el Ejecutivo esté analizando “dar bonos y «que se arregle el que viene», como le pasó a este Gobierno en relación a la deuda que recibió”.

Para Heller, la embestida judicial y mediática buitre es algo más que el accionar de “usureros y especuladores”. El diputado advirtió que se trata “de una avanzada del establishment, que está queriendo hacer caer la exitosa reestructuración de la deuda argentina” con el objetivo que nuestro país “padezca por su «osadía» de desafiar las reglas del establishment, otra vez tenga que recurrir al sobreendeudamiento en condiciones escandalosas y termine entregando activos valiosos”.

“Los muchachos de la Task Force ya no solo dicen que los buitres tienen que cobrar, hablan de la «amenaza» que significa que la Argentina esté negociando con China y con Rusia, que la actitud argentina pone en peligro Vaca Muerta porque esto podría generar una parálisis de las inversiones y ayer hasta dijeron que los mejores candidatos para presidir la Argentina sin duda serían Macri, Massa y Scioli”, completó Heller.

En esa misma línea de intromisión en los asuntos internos de un país soberano, Heller señaló que los lobbistas buitres tienen socios locales, resaltando que uno de los comunicados recientes de la American Task Force Argentina (ATFA) “se hizo sobre la base de un trabajo que hizo el argentino Claudio Loser, quien era Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental” y explicó que durante ese período de preeminencia de políticas neoliberales Loser era “una suerte de superministro de Economía de la Argentina, ya que los temas importantes se trataban primero en el FMI y después en el parlamento argentino”.

Intentos para sobreendeudar y someter a nuestro país

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El transcurso del tiempo está imponiendo presiones a todos los involucrados en el fallo del juez Griesa. La decisión de Argentina de haber depositado los fondos para pagar la deuda a los acreedores reestructurados elimina la posibilidad de un default voluntario, a la vez que trata firmemente que esto no suceda a partir de la única ventana que deja abierto el fallo aludido: que se reponga la cautelar (stay) y se abone así a la gran mayoría de acreedores como corresponde.
Las entidades pagadoras y cámaras de clearing se sienten en un tembladeral jurídico al no haber realizado los pagos, a partir de las “sugerencias” de Griesa. Debieron pasar varios días para que estas entidades exijan al juez una decisión más firme que una sugerencia, a fin de evitar los conflictos de jurisdicciones y los innumerables juicios a los que pueden verse expuestos, especialmente porque los bonos emitidos con legislación distinta a la de Nueva York también han sido incluidos dentro del cepo del juez Griesa. Reflexión al margen: muchos medios locales ven cepos en toda medida que intente administrar las diversas facetas de la economía argentina, pero no han adjudicado esta denominación al congelamiento de fondos impuesto por el juez neoyorquino.
Pasa el tiempo y los buitres se van tensionando y emiten solicitadas que no tienen sustento en los hechos, pero que ponen de manifiesto sus intenciones solapadas: forzar a la Argentina a volver a sobreendeudarse.
La solicitada publicada por la American Task Force Argentina (ATFA) el miércoles pasado es una clara muestra. En ese texto indican burda y engañosamente que si Argentina les paga a ellos, las divisas caerán como maná del cielo, y el futuro argentino será brillante; pero si no se les paga, más de siete plagas caerán sobre nuestro país.
La embestida buitre no sólo contiene falacias, sino que, además, está cargada de amenazas. En la nota publicada en su web, la ATFA considera al actual gobierno argentino como “una administración impulsada por intereses ideológicos hasta tal punto que prefiere importar combustible para calefacción a perpetuidad, o aún hipotecar las reservas de Vaca Muerta a China y a Rusia”. Además, instala la amenaza sobre el posible retiro de las inversiones de Chevron en Vaca Muerta, algo altamente improbable dado que dicha empresa invirtió aún cuando existían demandas de Repsol contra YPF.
Pero sus intenciones van mucho más allá. Lo sostuvo firmemente la presidenta Cristina Fernández en su discurso en la Cumbre BRICS–Unasur en Brasilia el 16 de julio, al preguntarse si “estamos ante un caso jurídico y judicial, o estamos ante un ataque especulativo y una maniobra, de modo tal que la Argentina vuelva a lo que fue: el país del sobreendeudamiento permanente”.
Pero, además, queda en claro que los buitres no sólo bregan para quedarse con una renta especulativa sideral, sino que tienen la mirada puesta en los recursos naturales de nuestra geografía, e intentan por ello llevar el conflicto a nuestro principal reservorio hidrocarburífero, en el que se hallan las posibilidades de volver a ser autosuficientes en materia energética.
La presidenta también se refirió a esta cuestión en el discurso mencionado, al asegurar: “estamos ante cuestiones de geopolítica y de dominación” impulsadas por quienes se niegan a entender “que hay un mundo multipolar, muy diferente al existente en 1989″.
En el marco de la reciente reunión de los BRICS y la Unasur, estos conceptos poseen una gran vigencia, dado que alertan sobre el interés de los capitales multinacionales para explotar las vastas riquezas naturales de los países en desarrollo, amparándose muchas veces en las debilidades legales existentes, y doblegando en muchos casos la voluntad de los gobiernos con el chantaje del endeudamiento externo.

BRICS EN DESARROLLO Y APOYANDO LA POSTURA ARGENTINA. En la reunión de Fortaleza del último 15 de julio los BRICS presentaron en sociedad el nuevo banco de fomento, que comenzará a operar en 2016 y dispondrá de un capital autorizado de U$S 50 mil millones, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo; recursos a los que podrían tener acceso otras economías emergentes y países en desarrollo. Esta histórica decisión estuvo complementada con el anuncio de la implementación de un Acuerdo Contingente de Reservas por otros U$S 100 mil millones, un esquema preventivo que servirá para enfrentar presiones en la balanza de pagos en el corto plazo y aumentar la estabilidad financiera de los países miembro. Queda ahora el desafío de ver cómo estos acuerdos pueden contribuir a motorizar proyectos latinoamericanos como el Banco del Sur, que viene avanzando, pero a un ritmo más lento que el necesario.
La creación del Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas constituyen el principal legado de la cumbre y se contraponen con los problemas de representación que se mantienen al interior de los organismos internacionales, en particular en el FMI, y los prácticamente nulos avances en torno a la reformulación de la actual arquitectura financiera internacional, como se sustentó en la reunión.
Los BRICS reafirmaron el apoyo al proceso de integración y reconocieron en particular “la importancia de la Unasur en la promoción de la paz y la democracia en la región, y en la búsqueda de desarrollo económico sustentable y erradicación de la pobreza”, y se mostraron convencidos de que “el diálogo entre los BRICS y América del Sur puede jugar un rol activo para profundizar el multilateralismo y la cooperación internacional”.
La participación de Brasil como miembro de los BRICS constituye un dato de absoluta relevancia, habida cuenta de la puja que se presenta en la región para reinstalar otras formas de integración eminentemente mercantiles, como la Alianza del Pacífico. El rechazo a la opción neoliberal se vio refrendado en las palabras emitidas por Dilma Rousseff en la apertura de la segunda reunión de trabajo de los BRICS con los países de la Unasur. Allí reiteró “la absoluta prioridad que Brasil atribuye a América del Sur”, señalando que “la integración regional es para nosotros una política de Estado, una política de Brasil inscripta en nuestra Constitución”. También revalorizó el potencial del Mercosur, al decir que es “un proyecto de integración profunda en las dimensiones política, jurídica y social (…) que cuenta con las mayores reservas de agua dulce, uno de los dos mayores potenciales petroleros y minerales del mundo”. En dicha reunión, Rousseff comprometió al conjunto de los BRICS a llevar el debate sobre la reestructuración de deudas soberanas al G-20, moción apoyada por nuestra presidenta.
La llegada a la Argentina de mandatarios de los países BRICS también se plasmó en hechos concretos para nuestro país, tanto durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, una semana atrás, que derivó en la firma de acuerdos de cooperación en materia judicial, científica, de energía nuclear y comunicaciones; como en la presencia del presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
Acompañado de una comitiva de más de 200 empresarios que intentan desarrollar negocios con nuestro país, el gobernante chino llegó para firmar acuerdos de financiamiento de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, la primera etapa del ferrocarril Belgrano Cargas, la construcción de barcos de dragados, entre otros tantos. Además, el BCRA firmó un nuevo acuerdo con el Banco Popular de China de pases de monedas locales, por un monto de hasta U$S 11 mil millones y por tres años de plazo, con el objetivo de mejorar las condiciones financieras para promover el desarrollo económico y el comercio entre ambos países.
En ese marco, la presidenta Cristina Fernández destacó: “ambos países tenemos una visión acerca de que cada país debe decidir su modelo de desarrollo sin ningún tipo de interferencias externas”. Luego de elogiar el modelo de crecimiento chino, Cristina expresó que para alcanzar ese nivel de desarrollo, además de la “perseverancia”, hay “planificación, presencia del Estado y preeminencia de la política por sobre todas las otras variables, que son las que deciden el atraso o la prosperidad de un país”.
Realmente, una semana en la cual Argentina estuvo insertada plenamente en el mundo, pero desde una visión distinta, desde el interés de los países en desarrollo, que expresan la potencialidad que tienen para gestionar un modelo económico más atento a las necesidades de sus habitantes, y pelean por el lugar que les corresponde en los distintos estamentos que representan el poder mundial.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 20 de julio de 2014.

Férrea estrategia argentina y deslucida embestida buitre

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La férrea estrategia del gobierno nacional sigue mostrándose efectiva en esta etapa decisiva del litigio. A los renovados apoyos políticos del ámbito regional y multilateral, se suma la carta enviada a la presidenta Cristina Fernández por el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, expresando la “cercanía del gobierno italiano con el esfuerzo argentino” ante el conflicto judicial con los fondos buitre. Cabe destacar también la actitud de grupos de bonistas reestructurados que, ante distintas instancias ya han iniciado acciones judiciales por no haber podido cobrar los fondos que el gobierno argentino depositó en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY).

También el banco JP Morgan, encargado del pago de los títulos de deuda argentina en yenes, envió una carta al juez Thomas Griesa solicitando “una clarificación” para poder enviar los fondos a sus clientes. El JP Morgan argumentó que el pasado 24 de junio recibió una carta de los fondos buitre, entre ellos Aurelius, recordándole que mantuviera el dinero inmovilizado para “no violar la orden”, de acuerdo con el fallo de febrero de 2012.
El BoNY está solicitando también definiciones a Griesa sobre los fondos retenidos, en especial sobre aquellos con legislación inglesa, sumándose a similares solicitudes de Euroclear y Clearstern (cajas de valores europeas), y de fondos de inversión como Fintech. Las entidades tratan de cubrirse de los planteos judiciales de parte de los bonistas reestructurados que están esperando recibir su pago ya depositado por Argentina.
Se realizó el viernes pasado una segunda reunión entre el mediador designado por el juez, Daniel Pollack, y representantes del gobierno argentino, quienes entregaron material para reforzar las mismas posturas que, en la primera reunión con Pollack, sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof, al explicitar las imposibilidades para cumplir con el fallo, y la necesidad de suspender la sentencia (”stay”), para que se liberen los pagos correspondientes a los intereses de los bonos que ingresaron en los canjes, una petición que por el momento ha sido denegada pero que resulta indispensable para poder negociar sin presiones.
Por su parte, en la semana los fondos buitre reforzaron su artillería mediática con la intención de mejorar su negativa imagen. La American Task Force Argentina (ATFA) es una alianza de organizaciones estadounidenses –principalmente agrícolas y ganaderas, más unas pocas financieras– liderada por el fondo Elliot (propiedad de Paul Singer), cuyo exclusivo objetivo es realizar acciones judiciales y mediáticas para alentar al gobierno estadounidense a “perseguir vigorosamente” un acuerdo negociado con Argentina, a favor de los intereses de los norteamericanos poseedores de la deuda defaulteada en 2001, según reconoce en su página web. La ATFA publicó una solicitada en la cual acusa a nuestro país de “negarse a negociar y elegir el camino del default”. La respuesta de las autoridades argentinas fue contundente, señalando que en “una nueva demostración de su ‘modus operandi’, los fondos buitre injurian y amenazan públicamente a Argentina. Su objetivo: extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1600% a costa del bienestar de nuestro pueblo.” Hasta llegó a realizar el último jueves una presentación en el Congreso estadounidense, junto con la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, a fin de presionar políticamente para que se impida la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país, según advirtió nuestra Cancillería.
En la solicitada que desparramó el lobby buitre, “los hechos de la disputa sobre la deuda argentina”, se trata de instalar la idea que nuestro país está eligiendo el camino del default, una lógica que se ve refutada por la adhesión voluntaria del 92,4% en los canjes de 2005 y 2010, por la renegociación de la deuda con el Club de París y el acuerdo con Repsol por la expropiación de las acciones de YPF. También por la afirmación tajante de las autoridades argentinas, una vez validado el fallo Griesa, de que nuestro país tiene una voluntad clara de cumplir con el 100% de sus acreedores en condiciones “justas, equitativas y legales”. Características que están muy lejos de la naturaleza que subyace a los buitres, auténticos extorsionadores financieros que en todos estos años han interpuesto más de 900 causas judiciales, todas ganadas por nuestro país, salvo el aludido fallo de Griesa.
Otro de los argumentos presentados por la ATFA asevera que la extensión del fallo al resto de los holdouts llegaría a U$S 7500 millones y no a los U$S 15 mil millones como sostiene nuestro gobierno, afirmando que “Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa”. Omiten deliberadamente que una mejor oferta a los holdouts podría activar el reclamo del 92,4% de los bonistas que entraron al canje (cláusula RUFO), involucrando un monto de, como mínimo, U$S 120 mil millones, cifra que algunos estiman en U$S 500 mil millones, según reconoció el Ministerio de Economía. Son números concretos, que muestran la estrategia de los buitres para seguir presionando al gobierno y obtener el máximo lucro a partir de la especulación financiera.
La puesta en escena incluye otro argumento que no resiste los archivos, ya que los buitres señalan que estarían dispuestos a “otorgarle mayor tiempo a la República”, algo que no se condice con la negativa a la solicitud argentina de reinstalar el “stay”, y mucho menos con las palabras de Robert Cohen, abogado del fondo buitre NML Capital, quien sostuvo: “Estamos preparados para sentarnos si quieren hablar sobre esto. Pero sin dar ninguna concesión sobre su obligación de pagarnos los U$S 1400 millones de dólares que están frente a la Corte ahora”, según consta en la publicación que la Presidencia de la Nación hizo en los medios con el título “Fondos Buitres: Los hechos demuestran que no es mito que sean Buitres”, en clara respuesta a la solicitada de la ATFA.
También es preciso subrayar el acompañamiento de la gran mayoría del arco político, que evitó cualquier contacto público con el lobby de la ATFA, que en la semana sobrevoló estas tierras tratando de ganar apoyos para reforzar la presión sobre la opinión pública local. Asimismo, cabe señalar las críticas de acérrimos opositores al gobierno nacional a la misión buitre, lo que indica cuán instalada está la idea de que esta es una cuestión de soberanía nacional que excede al gobierno de turno y que por lo tanto requiere los apoyos de la mayoría de los sectores, independientemente de su filiación política. No obstante, fue muy difundido el almuerzo de autoridades de la ATFA en Buenos Aires con varios medios opositores al gobierno, y no faltó algún que otro analista mediático que recomendara cerrar la negociación lo antes posible.
En materia parlamentaria, en la semana, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción del Senado, “que establece la inmunidad para ejecución o embargo de activos para bancos centrales extranjeros, pero que obviamente es una ley que establece reciprocidad de trato y equivalencia de trato para los activos de bancos centrales”, según expresó el jefe de Gabinete. Se trata de una actualización de las inmunidades soberanas adecuando la normativa a legislaciones que ya están en vigencia como las de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Singapur y Australia, entre otros. Las disposiciones de la ley que recibió la media sanción deberán ser instrumentadas a través de la suscripción de convenios bilaterales.
Evaluando el comportamiento de los mercados, que suelen moverse según las estimaciones y especulaciones de los agentes, y comparando los valores del viernes último con los previos a la decisión de la Corte Suprema estadounidense del 16 de junio, se observa que los títulos con legislación Nueva York cerraron en niveles similares a los de aquel momento, mientras que el Merval evidenció un aumento del 9 por ciento. Otro dato que evidencia las expectativas positivas en la economía es que las reservas internacionales se incrementaron en cerca de U$S 800 millones en ese período.
Todo indica que la estrategia seguida por el gobierno argentino es inteligente y adecuada, tomándose los tiempos necesarios, poniendo en tensión a las entidades financieras que están reteniendo los fondos depositados por Argentina para el pago a sus acreedores y decidiendo negociar sin aceptar ningún tipo de extorsión.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 13 de julio de 2014.

Fuerte apoyo a la Argentina

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oeaLos respaldos a la posición argentina en el caso del juicio de los fondos buitre se siguen multiplicando, fruto de una diplomacia activa y del propio peso específico de los problemas que genera el fallo del juez Griesa.

Lo sucedido en la Organización de los Estados Americanos (OEA) es contundente. A inicios de semana, el Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó el jueves 3 de julio, para considerar el tema. Esta reunión, en la cual expusieron el canciller Héctor Timerman y el ministro Axel Kicillof, fue un total éxito por varios motivos. La declaración que surgió del encuentro fue aprobada por todos los miembros, con la abstención de Estados Unidos y Canadá, lo que evidencia un cambio de época, puesto que solía ser habitual que la OEA no emitiera declaraciones si estas no tenían la venia de EE UU. En el inicio de la sesión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respaldó fuertemente la postura argentina y advirtió sobre “el peligro que significa para el sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitre” en contra de nuestro país, y comentó que los fondos especuladores pueden generar “la quiebra de los Estados” a partir de la “búsqueda de precio vil” sin que “les importe si esto redunda en un aumento de la pobreza de los países”.
La declaración de la OEA comienza reconociendo los esfuerzos que viene realizando nuestro país y “la voluntad expresa del gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos” en los canjes de 2005 y 2010. A partir de ello manifiesta su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores. Así como otorga “su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”, la declaración también expresa que es esencial, para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera, que sean respetados los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas.
En su exposición, el ministro Kicillof comentó: “Argentina está comprometida con el diálogo y quiere negociar como lo ha hecho siempre, lo vamos a hacer, pero necesitamos igualdad de condiciones, no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión”, y agregó: “Venimos a pedir soluciones urgentes. Argentina no quiere ser un caso de estudio para el futuro. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales actúen y que lo hagan pronto, antes de que el precipicio que ha establecido el juez Griesa esté delante de nuestras narices.”
Por su parte, el canciller Timerman expresó: “De lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitre que, utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, acciones de lobby, y muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades.”
Nuestro país también recibió apoyo del gobierno de la República Popular China, cuyo vocero declaró: “Esperamos que se logre un acuerdo adecuado lo antes posible”, y elogió a Argentina por “las medidas que ha tomado en años recientes para reestructurar su deuda y cumplir sus compromisos de devolución de esta”. También Cuba dio su apoyo; el ministro argentino Agustín Rossi manifestó que el presidente Raúl Castro le expresó “su solidaridad y acompañamiento en la lucha que mantiene nuestro país ante los fondos buitre, con mucha claridad y contundencia para con la Argentina”.
Merece mencionarse también el apoyo del Banco del Sur, que en la primera reunión de su Consejo Administrativo, lo que indica avances en este proceso de integración, emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la posición de la Argentina en la reestructuración de su deuda soberana.
UNA JUGADA AUDAZ. En estos días comenzaron a visualizarse los efectos del depósito realizado en el Bank of New York Mellon (BoNY), una eficaz estrategia del gobierno para trasladar parte de las consecuencias del fallo de Griesa al campo de los litigantes y las instituciones involucradas. En este marco, el jueves el gobierno nacional le envió una carta al BoNY “a los fines de intimarlo a que cumpla con las obligaciones asumidas en el Trust Indenture (contrato de emisión) para el efectivo cobro de los Tenedores”, sosteniendo además que “la República Argentina se reserva todos los derechos y acciones que correspondan contra el BoNY en cuanto el mantenimiento de su conducta en el tiempo constituya o pudiere constituir un Evento de Incumplimiento ajeno a la República Argentina, que afecte sus derechos e intereses, como los de los Tenedores, y una violación a sus obligaciones como Agente Fiduciario”. La imposibilidad de cursar los pagos a los acreedores tuvo origen en la prohibición que le hizo llegar Griesa, que en su fallo sostuvo que la prioridad de cobro la tenían los holdouts, situación que en definitiva terminó poniendo en apuros a la entidad estadounidense, en lo que es una muestra de los alcances que el tema de los buitres puede tener sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional.
De hecho, las derivaciones del juicio también se trasladaron rápidamente a la “city londinense”, otro de los epicentros de las finanzas globales, ya que el fallo de Griesa también afectó el pago de bonos que no se rigen por la legislación de Nueva York, los que son liquidados a través de Euroclear, la agencia de compensación de valores del viejo continente. Los intereses y las partes involucradas en el conflicto son tan variados que no sólo fue el gobierno argentino quien cursó una intimación a esta institución para que destrabe los pagos, sino que también elevaron sus quejas distintos fondos de inversión que no pudieron cobrar los vencimientos en euros regidos por ley inglesa. El propio Financial Times se hizo eco de la situación, expresando que un grupo de inversores con bonos argentinos “están sumamente preocupados ante la posibilidad de que el brazo largo del derecho estadounidense esté perturbando los mecanismos internacionales”.
La definición del conservador diario británico suena heterodoxa cuando se la compara con las vertidas por algunos medios locales. El último lunes, uno de los columnistas de El Cronista sostuvo que es el gobierno el que ensaya “maniobras inesperadas para evitar el cumplimiento sensato de la ley”, y que son imposibles de que prosperen ya que “cuando el escenario es un universo racional como la justicia estadounidense, las genialidades van cayendo una a una”, toda una oda al brazo largo de la justicia norteamericana, coronada con la recomendación para que el gobierno “negocie con firmeza pero sin altanería con los buitres”, una frase que también fue apuntada por un ex ministro con activa participación en el primer canje, al señalar que “el cacareo no ayuda en nada”.
Estas declaraciones se emparentan con el enfoque de The Economist, el diario del establishment financiero, que publicó un artículo titulado “La ‘Luis Suárez’ de las finanzas internacionales” refiriéndose a nuestro país , indicando que “el conflicto de Argentina con su deuda es el reflejo de una actitud adolescente de que las reglas están hechas para romperse”, desdeñando la cultura argentina y uruguaya, como es usual en sus comentarios, y desconociendo con gran soberbia los riesgos del fallo de Griesa.
Las posturas mencionadas omiten deliberadamente que el principal tema de este conflicto es político, al permitir que una minoría de ricos inversores inescrupulosos obtenga prebendas exorbitantes, por encima de los derechos de la mayoría de los inversores que decidieron entrar a una reestructuración de deuda soberana, quitando cualquier salvavidas posible a los países con problemas de deuda. Esta situación posee un efecto político directo en las negativas consecuencias económicas y sociales que puede generar.
No les gusta que nuestro país negocie en forma soberana, con grandes apoyos internacionales, porque de esa forma se valida el manejo de la crisis por parte del gobierno nacional, y les resultará menos convincente continuar utilizando como muletilla que “Argentina está aislada del mundo”.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 6 de julio de 2014.
 

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