 Al referirse a los diez años transcurridos desde la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, son varios los nombres que se le adjudican al período, desde la “década ganada” hasta la “década desperdiciada”, pasando por toda una variedad de frases; también es usual leer o escuchar que las políticas implementadas por Néstor son radicalmente distintas a las aplicadas por Cristina. Otros hacen depender el desempeño de la economía del “viento de cola”, es decir, las condiciones más o menos favorables derivadas de la situación internacional.
Creo que, definitivamente, el calificativo que le corresponde a este período es el de la década ganada. La tarea de considerar los ejes principales que permiten tal caracterización está íntimamente vinculada con las políticas implementadas, dentro del marco que correctamente definió la presidenta de la Nación. Cristina dejó en claro que el aplicado no es un modelo económico, sino que es un proyecto político con objetivos económicos, sociales y culturales, frase con la cual no sólo define el proceso histórico vivido en estos últimos diez años, sino que indica con precisión que se trata de un único proyecto.
Acaso, ¿podría Cristina haber estatizado los fondos de pensión disolviendo las AFJP si no se hubiera cancelado previamente la deuda con el FMI y estuviéramos presos de sus políticas privatizadoras?
Esta década hay que analizarla como una continuidad, con políticas clave que se implementaron durante el mandato de Néstor Kirchner, como la mencionada cancelación al FMI, el no al ALCA en las narices de Bush (hijo), con la participación inestimable de Hugo Chávez y Lula da Silva, y la histórica renegociación de la deuda externa, que libró al país de los condicionantes que esta imponía. No es menor en este período la recomposición del salario real, a partir del incentivo para la realización de paritarias libres y la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que había permanecido inactivo por un decenio, durante la década neoliberal.
Y si bien estas medidas fueron fundantes, las tomadas durante el gobierno de Cristina no le fueron a la zaga, impulsadas por la misma matriz ideológica, como la estatización de los fondos previsionales, el fallido intento de las retenciones móviles y la recuperación de Aerolíneas Argentinas durante su primer mandato, así como las políticas anticíclicas, con especial énfasis en la protección del trabajo y el consumo popular, que se tomaron a partir de 2008 ante el impacto de la inclemente crisis internacional. Entre ellas, destaca la Asignación Universal por Hijo y la sanción de la ley de movilidad jubilatoria.
En la misma línea, la habilidad política para aprovechar la mayoría parlamentaria en su segundo mandato, ampliada además por importantes alianzas con otros bloques, que según cierta derecha recalcitrante, aquí y en otras realidades de Latinoamérica, es una “dictadura de los votos”, como lo explicó recientemente Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, de Ecuador (Tiempo Argentino, 13/06/13). Esta avanzada política permitió reformar la Carta Orgánica del Banco Central y alcanzar un anhelado sueño popular, la renacionalización de YPF, dos rémoras de la década menemista.
Sin una YPF estatal, sería impensable el reciente memorando de entendimiento entre esta empresa con PDVSA para encarar proyectos conjuntos en toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera, tanto en la Argentina como en Venezuela, lo que constituye un avance en la integración energética de América Latina.
La continuidad también se evidencia en el esfuerzo de profundización de un nuevo estilo de integración regional, la activa participación de ambos mandatarios en la construcción de la Unasur, y otro avance más profundo aun en la construcción de la Celac, el primer organismo continental que incluye a todos los países del continente salvo a los Estados Unidos y Canadá.
La reciente reunión del Banco del Sur en Caracas, con avances significativos en la aprobación del reglamento de funcionamiento y de los lineamientos estratégicos del banco, continúa el impulso integrador.
Todas las cuestiones mencionadas tienen un hilo conductor: el incremento de la participación del Estado en la economía, tanto a través de mayores regulaciones como de su participación directa en producciones estratégicas. Esta impronta estatal ha sido decisiva para lograr un crecimiento inclusivo, mejorando la distribución del ingreso tanto a través del incremento de los puestos laborales, como del aumento de los salarios reales y las políticas inclusivas.
El denominado viento de cola, referido al fuerte aumento de los precios de las materias primas, ha sido una ayuda, pero más ayuda fue porque se implementaron las retenciones, para captar parte de esa renta extraordinaria y dedicarla al gasto de gobierno.
Los que sostienen la teoría de que el crecimiento de produjo exclusivamente por el viento de cola, nunca hablan del viento en contra producido por la crisis internacional, que fue enfrentado con medidas anticíclicas, fomentando el consumo y principalmente la inversión, con las limitadas herramientas financieras que se poseían en 2009.
En la actualidad, con la potestad de orientación del crédito que tiene el Banco Central, las herramientas se han ampliado. Se creó la importante línea de crédito para la inversión productiva, que se estima generará un aumento del PIB de 1,5 puntos, con $ 31.600 millones desembolsados entre julio de 2012 y junio de 2013. A estos se sumarán $ 19.600 millones para el segundo semestre de este año, tramo que acaba de anunciarse, a una tasa del 15,25 por ciento.
También se produjo una verdadera revolución en materia previsional, donde idea y acción se complementan: más de 3 millones de nuevos jubilados y una tasa de cobertura del 93%, y el impacto de los fuertes aumentos de haberes previsionales. Mientras que la jubilación mínima ascendía al 16% del salario promedio en 2003, esa ratio aumentó al 29% en la actualidad, y araña el 80% del salario mínimo, una recomposición importante.
A pesar del amesetamiento del año pasado y del impacto de la crisis 2008-2009, hoy estamos en los más altos niveles de producción, con sectores como el agrícola que está rondando su máximo histórico de la campaña 2010-2011, y el automotriz que incluso podría este año superar su récord de 2011.
El proyecto político ha sido y sigue siendo económico, social y cultural; en este último aspecto mucho hay que resaltar, desde la trascendente defensa de los Derechos Humanos, con memoria, verdad y justicia, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, basada en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por una multitud de organizaciones sociales. También hay que sumar las leyes de matrimonio igualitario y de igualdad de género, o la más reciente de fertilización asistida, entre otras tantas orientadas a reparar las discriminaciones.
Los otros proyectos políticos en danza no sólo no garantizan el mantenimiento de los logros económicos, sociales y culturales obtenidos, sino que casi con seguridad barrerían con ellos. Son los que se refieren a la “década desperdiciada” porque no se utilizó el financiamiento externo, se incurrió en déficits fiscales en los últimos años para fomentar la economía, y el Banco Central convalida con emisión el crecimiento de la producción. Sin duda es una década desaprovechada desde la visión conservadora, porque se ha reforzado al Estado y se ha minimizado la dependencia de los organismos internacionales.
Para “aprovechar” la próxima década muchos intentarán aplicar las recetas neoliberales que ya todos sabemos que nos conducen al abismo; veamos sino cómo se intentan solucionar los desequilibrios económicos en los países europeos donde estas se aplican. Por eso, el desafío inmediato es consolidar una mayoría parlamentaria que permita seguir fortaleciendo lo logrado, con el proyecto político actual, y avanzar en las reformas que aún faltan.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de junio de 2013.
 El gobierno dio otro paso importante en materia de gestión de los recursos públicos al anular la concesión de dos ramales ferroviarios que estaban en manos de la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), con más de 7000 kilómetros de vías que transitan por varias provincias de nuestro país. También se le quitó la concesión a la Sociedad Comercial del Plata, que en el año 1993 obtuvo el permiso para explotar el Tren de la Costa, un servicio pensado en términos turísticos.
La estatización de estos servicios ocurre tras un proceso de irregularidades contractuales importantes, que incluyen elevadas deudas en concepto de cánones al Estado y ausencia de inversiones necesarias. Según la Auditoría General de la Nación, la firma brasileña adeuda 237 millones de pesos y multas por 60 millones. A su vez, ejecutó menos del 10% del plan de inversiones, y tiene al 30% de su flota fuera de uso por falta de mantenimiento. Algo parecido ocurre en el Tren de la Costa, donde además del deterioro de la flota, desde 2011 el Estado se ha tenido que hacer cargo del pago de los salarios, a pesar de que el pasaje se encuentra en valores de 10 pesos.
Con esto, cae por su propio peso el argumento utilizado en los ‘90 para justificar las privatizaciones de los trenes, prometiendo que la gestión privada sería altamente eficiente. Debido a que se trata de un sector en el que la rentabilidad social es ampliamente superior a la ganancia privada, existe una razón de peso para avanzar en la gestión en manos estatales, dentro de un plan pensado para ir mejorando las prestaciones a los usuarios. El ferroviario es un servicio que genera importantes derrames en materia de competitividad sobre una gran cantidad de actividades productivas y de economías regionales, sin contar que representa un medio de transporte central para millones de pasajeros. Es un hecho alentador que esta semana hayan entrado en funcionamiento tres nuevas formaciones en la estatizada línea Mitre, algo que no ocurría desde hace 52 años, y son las primeras de las 55 que se han comprado a China.
En otro plano, en un primer momento algunos medios señalaron que la brasileña ALL “adoptará todas las acciones legales necesarias para preservar sus derechos” (El Cronista, 5 de junio). No obstante, en términos jurídicos ALL sólo puede reclamar en el ámbito de la justicia argentina, ya que por una decisión estratégica Brasil no está adherido al CIADI y no firmó acuerdo bilateral de inversión alguno, como sí ha ocurrido con la Argentina, un punto que en nuestro caso debiera ser reconsiderado.
Una noticia importante para el proceso de vuelta al Estado de actividades estratégicas son los mejores resultados obtenidos por el Grupo Aerolíneas Argentinas, que redujeron en un 30% las transferencias solicitadas al Estado Nacional para financiar gastos corrientes, con relación a igual semestre del año anterior. Además, en mayo obtuvo un 82% de participación en el mercado doméstico, muy superior al 67% logrado en el mismo mes de 2009, en los inicios de la nueva gestión estatal.
Además de los trenes, otro de los sectores con importantes deficiencias en el servicio es el de las telefónicas. Ante las recurrentes quejas de los usuarios de telefonía móvil, constatadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones, la presidenta Cristina Fernández firmó el Decreto 681/13 que establece en sus considerandos que “resulta de interés prioritario, a fin de salvaguardar los derechos de los usuarios, establecer nuevos requisitos de calidad del servicio que garanticen una eficiente prestación, y exigir a los licenciatarios una permanente adecuación de sus redes de modo tal que se satisfagan tales requerimientos”. Con ello, se habilitó a la Secretaría de Comunicaciones a elaborar un nuevo reglamento de calidad de servicio, que establecería pautas claras que, de no cumplirse, implicarían la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias. Un paso que muestra un firme compromiso estatal por la defensa de los usuarios, históricamente relegados por el avance de una lógica que apunta a obtener los máximos beneficios posibles para las corporaciones.
UN INICIO CON TROPIEZOS. La oportunidad de la publicación del índice de precios al consumidor producido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una motivación eminentemente política.
En una gacetilla del GCBA, se expresa que “el jefe de gobierno sostuvo que el índice estará ‘avalado por expertos’, y señaló que tendrá ‘los estándares más altos de calidad y transparencia, como merecen los vecinos’”.
Si bien se habla de transparencia, aún no está publicada la metodología, con lo cual resulta difícil evaluar la consistencia del mismo, e incluso interpretar el índice, puesto que se desconoce cómo se construyó la canasta de bienes, si refleja el consumo de los trabajadores asalariados, o el consumo de los perceptores de altos ingresos, o es un promedio entre ambos. También llama la atención que hayan publicado datos sólo a partir de enero de este año, cuando poseen la serie desde julio de 2011. Todas estas razones, más el momento tan cercano a las PASO, dan idea de la fuerte intención política en la presentación del índice. Además, poco antes de su presentación se produjo el despido de una delegada gremial que trabajaba en el área de estadísticas; el disgusto de las actuales autoridades de la CABA respecto a la actividad gremial no es nuevo, está en la base misma de su pensamiento sobre cómo gestionar.
Un conspicuo representante de ese pensamiento es Federico Sturzenegger, quien acaba de presentar su libro Yo no me quiero ir, en medio de las protestas de los trabajadores del Banco Ciudad, entidad que preside.
Entre otras cuestiones, en el libro se relatan experiencias exitosas de gestión, ya sea empresarial como gubernamental. Una mención especial y destacada merece la administración conservadora que se desarrolló en Australia entre 1984 hasta pasados los años noventa. Sturzenegger plantea entonces que el éxito de esas políticas, que lograron un importante crecimiento que llega hasta 2012, se debe a que se logró cambiar la negociación de los convenios colectivos que se efectuaban por sector, a realizarlos por empresa: “Y no es fácil para un sindicalista aceptar que la negociación va a ser por empresa, porque es aceptar que su poder gremial desaparece”, opina el autor.
En el mismo sentido, relata las experiencias de gestión del gobierno de la CABA. Al describir la mala calidad de la educación, Sturzenegger comenta que “un intento por cambiar esta realidad, y que conozco por mi participación en el GCABA (gobierno de la Ciudad) fue el largo conflicto que se produjo por un proyecto del ministro de Educación Esteban Bullrich, que atacó medularmente el poder de los gremios en el manejo de la política educativa”.
Estas citas no hacen más que confirmar la postura del autor de Yo no me quiero ir, contraria a los intereses de los trabajadores, ya conocida a partir de las políticas que implementó como secretario de Política Económica junto con López Murphy primero, y luego con Cavallo en el gobierno de De la Rúa. Haciendo memoria: “Sturzenegger dijo que todos los sueldos y las jubilaciones serían alcanzados por el recorte, incluidos los sueldos más bajos y los haberes mínimos. ‘Por razones legales, la reducción debe ser absolutamente horizontal, es decir, uniforme para todo el universo de jubilados y empleados públicos’” (Clarín, 14/07/2001).
Hoy día, su intolerancia a toda forma de participación popular lo lleva a caer en una ominosa banalización del Holocausto, cuando compara a las organizaciones sociales que vigilan los precios en el programa Mirar para Cuidar, con las juventudes hitlerianas. Estas son las bases ideológicas profundas de quienes hoy gobiernan la Ciudad de Buenos Aires y aspiran a llegar a gobernar la Nación.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 9 de junio de 2013.
 “Es una ley justa y necesaria, que ayuda a democratizar el acceso a tecnologías ya existentes, pero vedadas a los sectores sin la capacidad económica de sostener su costo. Con el apoyo de casi todo el arco político y de múltiples organizaciones, viene a cubrir un vacío legal que representó frustraciones y angustias para muchos potenciales madres y padres argentinos”, expresó Carlos Heller, Presidente del Bloque del Frente Nuevo Encuentro, en el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de Fertilización Asistida, que fue aprobada por 204 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones. “Esta ley, es necesario recalcarlo aun a riesgo de ser redundante, está pensada para quienes hoy no pueden acceder a este tipo de técnicas, como el amplio sector de la clase media trabajadora y de las clases más vulnerables, es decir, aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para solventarlas”, detalló el legislador y agregó que “alcanza a todo el universo de personas que están dentro de la seguridad social y a quienes tienen un sistema de medicina prepaga, siendo el propio Estado el que va a garantizar el acceso a este tipo de prácticas”.
“Esto es central por su relación con las leyes de expansión de derechos que esta Cámara votó en los últimos años: la autoridad de aplicación podrá reglamentar, pero no podrá incorporar criterios que impliquen la exclusión de un grupo social por su orientación sexual o su estado civil”, recalcó Heller.
“En un país que ha incorporado y asegurado el acceso a derechos sociales inclusivos y progresistas, esta nueva ley tiene una mirada inclusiva, equitativa y responsable, sin excluir a ningún sector del amplio abanico social que pudiese resultar como beneficiario. Con orgullo podemos decir que desde este Congreso seguimos ampliando derechos, democratizando la vida pública, y asegurando conquistas”, concluyó Heller.
 El miércoles la Cámara de Diputados dio sanción a la ley sobre exteriorización voluntaria de activos financieros en el país y en el exterior, un hecho positivo que va a permitir fortalecer el proceso de inversiones en áreas clave que están destinadas a incrementar la producción y, por su alto efecto multiplicador, a defender y a generar nuevos empleos.
Al tratar ese tema, se ha hablado ampliamente de “blanqueo de capitales”, una terminología que es cuestionable, ya que la exteriorización propuesta no es un blanqueo, es una amnistía fiscal, dado que sólo levanta las sanciones para la evasión tributaria, pero no da legitimación a las actividades ilegales, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras.
Esta definición se inscribe en un uso terminológico que no es nuevo; no se habla del dólar ilegal, sino del dólar “libre”, como si la cotización oficial estuviera presa de algún artilugio mágico. También se utiliza el concepto de “cepo”, un instrumento de tortura, para referirse a la política de administración de divisas y su manejo racional.
Un ejemplo claro es la referencia que realizó un diputado en el debate del miércoles pasado, que habló de “un Banco Central esclavo” para referirse a la reforma de 2012 de su Carta Orgánica, que transformó a un Banco Central que no tenía otra función que cuidar el valor de la moneda, en un organismo con la capacidad de orientar el crédito y fijar tasas de interés, entre otros. Conviene repasar qué implicaba esa “libertad” que algunos añoran; una autoridad monetaria libre de tener que responder a las políticas que emanaban de las decisiones de los gobiernos elegidos por la voluntad popular, pero preso de cumplir los mandatos de ajuste del FMI en Argentina, con los altos costos que todos conocemos.
De allí que evito hablar de blanqueo, porque la definición técnica es “exteriorización”, que es incluso la utilizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En muchos casos, la palabra blanqueo ha sido utilizada para desmerecer el proyecto y calumniar a sus defensores. Incluso, se ha mencionado en un artículo de La Nación (14/05/13) que “el GAFI objetaría la ley por contradecir los principios antilavado” y que el organismo internacional ya objetó la exteriorización realizada en 2009 en nuestro país. Nada más alejado de la realidad.
A inicios de 2009, y a los pocos días de la aprobación de la Ley de Regularización Impositiva 26.476, el secretario del GAFI, Rick McDonald declaró: “creemos que la nueva ley no debilita las medidas contra el lavado de dinero que existen en la actualidad en Argentina” (BBC Mundo.com 27/02/09).
Además, el GAFI considera que “para facilitar la legalización de la situación de los contribuyentes respecto de fondos y otros activos que han sido no declarados o declarados incorrectamente, los países pueden introducir programas de exteriorización voluntaria de activos por una variedad de razones, incluyendo aumento de la recaudación de impuestos, incrementar el cumplimiento y la honestidad de la tributación y/o facilitar la repatriación de activos para cumplir determinados objetivos de política económica”. (GAFI, octubre de 2012).
Esta orientación no sólo se evidencia en la gran cantidad de países que han aplicado amnistías fiscales en los últimos años, como Italia –en tres ocasiones–, Alemania, Bélgica, Grecia, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Australia, España, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Hungría y Brasil. También se expresa en la enorme riqueza financiera oculta en paraísos fiscales en todo el mundo que, según estimaciones de la agencia de ayuda internacional Oxfam, alcanza los 18,5 billones de dólares, mientras que un tercio de esos fondos se encuentra en paraísos fiscales de Europa. Según Natalia Alonso, directora de la oficina de Oxfam en Bruselas, “si se gravara el dinero ‘privado’ que hoy se esconde en paraísos fiscales, se generarían ingresos que duplican lo necesario para acabar con la pobreza extrema en el mundo”. Evidentemente, esas inmensas fortunas implican una profunda injusticia, y un gran drenaje de recursos de sus países de origen, y es lógico que se los quiera rescatar.
En este contexto hay que ubicar la ley que se acaba de votar, tendiente a generar las posibilidades y las condiciones para que una parte de ese dinero que ha salido de la Argentina –generado en nuestro país– pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos, como son aquellos que tienen que ver con la energía, las obras de infraestructura o la construcción y el mercado inmobiliario.
UN PROYECTO POLÍTICO. En la fiesta multitudinaria y popular del 25 de Mayo, Cristina Fernández definió claramente la gestión de estos diez años cuando afirmó que “este no es un modelo económico: este es un proyecto político, con objetivos económicos, sociales y culturales”, y en ese aspecto, manifestó la necesidad de empoderar a la sociedad a partir de una participación más activa en las políticas.
Parte de ese empoderamiento está vinculado con el Plan Mirar para Cuidar, que tiene como objetivo sumar a las organizaciones sociales al control de precios acordados en los comercios de todo el país. En esta primera etapa, el plan será puesto en marcha en 50 ciudades piloto, que representan 19 millones de personas, prácticamente el 50% de la población de nuestro país, y luego se extendería a otros puntos de la República, con una acción que será coordinada desde las intendencias.
Según la presidenta, “lo que se necesita son tres cosas fundamentales: primero, solidaridad para hacer algo por el otro y por uno mismo, pero por el otro también; segundo, voluntad; y tercero, alguien que organice y controle para que todo vaya bien”. Para la última tarea se eligió a las intendencias para coordinar, dado que es la organización institucional más cercana a cada uno de los lugares de consumo. También informó de la amplia participación de organizaciones de consumidores, iglesias, centros de jubilados y juventudes políticas de distintas partes del país. Convocó además a los empresarios a participar del control de precios, dado que mantener el nivel de consumo redundará en beneficios para ese sector: “Este poder de compra termina beneficiando también al que vende”, manifestó.
La idea del plan Mirar para Cuidar no puede desligarse del proceso de formación de precios, el cual fue definido claramente por Cristina: “los precios no los fijamos ni el gobierno, ni la Secretaría de Comercio, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los estudiantes; los fijan los comerciantes, los empresarios”. Lo que hay que cuidar es el poder adquisitivo de la población, obtenido a través de las convenciones colectivas de trabajo, o de los aumentos que perciben los jubilados y los que recientemente se han aplicado a la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares, para que ese mayor poder de consumo no se escabulla hacia las ganancias de los grandes formadores de precios.
Es un concepto realmente interesante, hay mucho por avanzar en este aspecto, lo esencial es el interés que muchos integrantes de la comunidad han expresado para defender sus derechos.
Para finalizar, resultan adecuadas las palabras de la presidenta: “organización, unidad, solidaridad y empoderamiento” son los términos que definirán el futuro de la Patria. “Tenemos que saber por qué vamos y por qué van ellos. Ellos van por todas las conquistas sociales de todos estos años.” Una buena síntesis de lo que tratan de instalar aquellos que hablan del “fin del modelo”, y que anhelan una vuelta de página del proyecto político actual.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de junio de 2013.
 No es posible pensar la década ganada sin tener en cuenta las condiciones de partida, caracterizadas por una larga y profunda crisis que se fue gestando al amparo de una ideología conservadora y antipopular, impuesta en sus inicios a sangre y fuego por la dictadura genocida, y perfeccionada luego en los noventa. Así se implementaron políticas de desregulación, apertura y privatización de la economía que buscaron favorecer al gran capital y representaron un duro golpe para la mayoría de la población, con una aguda concentración del ingreso y con niveles de desempleo exorbitantes, que llegaron a tocar el 17,5% a mediados de los noventa, y el 22,6% tras el estallido de 2001.
La apertura comercial indiscriminada a las importaciones y los problemas de competitividad, aunados a la ausencia de políticas públicas destinadas a incentivar a los sectores más perjudicados, barrieron con gran parte del aparato productivo, en particular con las pymes.
El sometimiento a la lógica neoliberal también llevó a altos niveles de endeudamiento público, que en 2001 llegaron al 53,7% del PIB, y con la devaluación se dispararon en 2002 a más del 150% del PIB. Cabe subrayar que semejantes niveles de deuda tenían una clara función de disciplinamiento de los actores económicos internos, en particular del gobierno, hacia los intereses del capital transnacional.
Sin dudas, la nefasta herencia recibida no fue solamente económica. Se trató de una crisis generalizada que abarcó también el plano social, político y cultural. Como repudio a la política imperante en ese momento surgió el desesperanzado grito “que se vayan todos”. La crisis social tuvo reflejo en la agudización de la deuda interna, en la reducción del presupuesto de salud y educación, y en la represión de la protesta social. En lo cultural se instalaron las ideas de pensamiento único e individualismo, en contra de valores como la cooperación y la solidaridad.
Partiendo de este entorno, el inicio de la década estuvo definido por un decisivo diseño de las políticas cuyo objetivo fue el crecimiento de la producción a altas tasas para comenzar a recuperar la demanda interna, que terminaría siendo el motor del crecimiento económico, aún en los momentos de desaceleración condicionados por la crisis externa. Este crecimiento acumulado, que duplicó la producción existente en 2002, no hubiera sido posible si simultáneamente no se hubieran desarrollado procesos de inclusión social y de fuerte fomento al trabajo.
Podemos intentar un abordaje del espíritu de la década ganada a partir de las palabras de Cristina, cuando comentó recientemente: “Que nadie espere por parte de este gobierno medidas contradictorias con el corazón mismo del modelo. Éste rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas de los sectores mayoritarios hacia unos pocos privilegiados.”
Este comentario debe completarse con el análisis de la evolución de la economía y los logros sociales de estos diez años, que se asientan sobre una intervención decisiva de un Estado comprometido con el proceso de cambios; que desoyó las recomendaciones de los promotores del libremercado, y adoptó un rol protagónico en el impulso y acompañamiento de las transformaciones más relevantes de nuestra realidad cotidiana. También cabe resaltar los valores solidarios que se fomentaron a partir de las prácticas públicas, así como la revalorización del concepto de militancia, tanto social como política.
La fuerte impronta que se le ha otorgado a la integración latinoamericana es una característica indeleble de los últimos años, iniciada con el No al ALCA en Mar del Plata en 2005, y que siguió con la conformación de la Unasur y la Celac.
En el inventario de los sucesos trascendentes se destacan la cancelación de la deuda con el FMI y la reestructuración de la deuda pública, dos medidas esenciales que permitieron la recuperación de niveles de soberanía nacional perdidos en los años aciagos del neoliberalismo. A ello hay que agregar la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la declaración de utilidad pública de los recursos hidrocarburíferos y la nacionalización de YPF.
Entre la gran variedad de medidas que mejoraron la condiciones sociales debe resaltarse la discusión paritaria de los salarios de los trabajadores, la estatización de las AFJP y la creación de un nuevo sistema previsional de reparto, que permitió duplicar la cantidad de beneficiarios previsionales, incorporando a más de 3 millones de personas, así como posibilitó el financiamiento de la movilidad semestral de los haberes. Otra política esencial es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en noviembre de 2009, una de las herramientas sociales más ambiciosas a escala regional, complementada luego con la Asignación para Embarazadas; ambas acaban de recibir un incremento del 35,3%, ampliando el poder de compra de los beneficiarios.
Cabe mencionar también las leyes que se enfocaron a resolver el trabajo esclavo y el trabajo no registrado, como la ley sobre trata de personas y las leyes que prohíben y penalizan el trabajo infantil para menores de 16 años. En 2011 se promulgó el nuevo estatuto del trabajador rural y recientemente se aprobó la nueva ley de trabajadores de casas particulares.
En su discurso de asunción, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner expresó: “Es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal; es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política.” Una visión que se ha visto reflejada en las políticas aplicadas y en los logros obtenidos durante estos diez años de gobierno.
En la actualidad, tanto si tomamos el Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec, como otros indicadores privados, se observa que ambos muestran el número más alto de las últimas décadas, lo que significa que, a pesar del impacto de la crisis internacional en 2009 y en 2012, el nivel de producción continúa siendo muy alto. Esta situación garantiza un elevado nivel de empleo, aunque el mismo siempre requiere atención. Es uno de los principales desafíos de la economía para la próxima década, continuar un crecimiento productivo que genere los puestos de trabajo necesarios para reducir al mínimo la tasa de desempleo, apoyándose además en la recomposición de los ingresos reales de la población. Es fundamental preservar esta dinámica virtuosa de los avances de quienes proponen políticas que han fracasado aquí y en otros muchos países, como la abrupta devaluación de la moneda y el ajuste del gasto y de la economía en general.
Entre los temas a resolver se encuentra la problemática de los aumentos de precios, surgida como consecuencia de la puja distributiva, pero debe dejarse en claro que quienes pujan son los formadores de precios de los mercados oligopólicos para obtener mayor ganancia; los aumentos salariales intentan sostener y recuperar el poder de compra que les corresponde. Se están tomando medidas sobre este tema, que se deberán ir mejorando e intensificando. También hay que pensar en una profunda reforma impositiva progresiva, que por varios motivos resulta necesaria, así como continuar encarando la problemática energética, que es todo un desafío para los próximos años.
Todavía hay mucho por avanzar. Queda pendiente una nueva ley de inversiones extranjeras, para lo cual es necesario ir desarmando los tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en los noventa, y hay que desactivar la adhesión al CIADI, la justicia del Banco Mundial que siempre falla en contra de los países y a favor de las empresas multinacionales. Son cuestiones que exceden el ámbito económico, ya que están fuertemente vinculadas con el ámbito de la disputa política. Lo expuesto resalta la importancia de apoyar la continuidad del actual proyecto, dado que es el único que garantiza no volver a la gestión neoliberal de los noventa, que llevó a nuestro país a una severísima crisis económica, social, cultural y política.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 26 de mayo de 2013.
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