“La Ley 21.526 que heredamos de la dictadura desreguló fuertemente el sistema financiero al establecer que los bancos comerciales pueden realizar todo tipo de operaciones que no sean prohibidas por la ley.

Hay que recordar que cuando se implementó, se venía de un sistema centralizado de depósitos, por el cual los bancos tomaban depósitos por cuenta y orden del BCRA, y éste otorgaba redescuentos a los bancos, orientados a determinadas actividades y con tasas establecidas. A partir de la sanción de la 21.526, fue “el mercado”, es decir, la política de los grandes bancos privados, el que asignó las operatorias, la aplicación de los fondos, los costos y la rentabilidad.

Por estas características el destino del crédito es determinado exclusivamente por la oferta y la demanda y de acuerdo a las políticas de rentabilidad de los bancos, lo que genera conductas pro-cíclicas que llevan a tomar riesgos altos en los auges y recortes crediticios en las crisis que las profundizan aún más. También las tasas de interés, principal costo de los créditos a la producción, son determinadas por el mercado y en momentos críticos en los que las empresas necesitan financiamiento para sortear la crisis, éste desaparece o resulta extremadamente caro.

Con la aplicación de esta ley, el sistema financiero argentino es el más pequeño en términos relativos de América Latina, dado que el valor de los créditos otorgados en relación al PIB es de sólo el 12%, cuando el promedio para América Latina es del 37%.

De la misma forma, sólo ha logrado bancarizar al 50% de la población.

A pesar de tantos años en vigencia, la actual ley tampoco pudo generar un mercado de crédito para inversión a largo plazo.

Proponemos una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades. Es por ello que nosotros hablamos de “Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de Servicios Financieros”. Se impulsa la construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda. Seguir leyendo