En este ultimo tiempo cuando se habla del Banco Central reiteradamente se presenta la cuestión de la institucionalidad, y considero que eso merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, que instauró su independencia contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
Esa autonomía es producto de la reforma que en el año ’93 llevó adelante el gobierno de Carlos Menem, mientras Domingo Cavallo era su ministro de Economía, y que responde a las más profundas exigencias del Consenso de Washington, dado que no sólo limitó sus objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de política económica.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en “regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista; ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?
Considero que la política monetaria es una herramienta indispensable para definir el destino económico del país y tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales.
El tema de la regulación del sistema financiero, y la necesidad que sea funcional al resto de la economía está en la primera línea de debate en todos los países.
Pienso que la Creación de Fondo del Bicentenario es una buena medida de política económica, al cancelar deuda y permitir conseguir préstamos a tasas bajas para refinanciar los pagos de deuda, evitando utilizar recursos fiscales para tal fin, que pueden destinarse a un mayor gasto social, la universalización del seguro para la niñez, o una mayor inversión en infraestructura.
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