Archivo de Mayo de 2010
 En el año 2010 se cumplen doscientos años de una Revolución inconclusa. ¿Qué lectura debemos hacer desde el presente para contribuir a que se puedan consolidar los sueños de una patria grande?
Podemos recordar en primera instancia que aquellos vientos de libertad fueron cercenados en nombre de intereses minoritarios. Las oligarquías de aquella época impidieron la construcción de un proyecto colectivo que asegurara la soberanía económica y la apertura hacia el progreso con inclusión y desarrollo social.
Desde entonces, nuestros pueblos han luchado sin descanso por una sociedad capaz de distribuir la riqueza, el poder y el conocimiento; de garantizar el reconocimiento de lo diverso y de establecer mecanismos participativos para la construcción de democracias sustantivas y protagónicas.
Frente a las lecturas del pasado que congelan en mármol los ideales y la pasión de los protagonistas, nos alienta recuperar el legado de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, quienes con su pensamiento y acción enfrentaron el modelo conservador de aquellos tiempos y bregaron por la verdadera independencia, ésa que se legitima, sin demasiada explicación, cuando está al servicio del bienestar de los pueblos.
También es bueno recrear las luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios, que atravesaron cinco siglos de humillación y explotación, y que hoy se yerguen con dignidad y solvencia ética y moral para construir modelos alternativos de desarrollo.
No podemos olvidar la abnegación de los inmigrantes llegados a estas tierras perseguidos por el hambre o por sus ideas, y que plantaron semillas fecundas de valores e ideales libertarios y socialistas.
Tenemos que reivindicar las gestas de los movimientos nacionales y populares, de los jóvenes de la Reforma Universitaria, de los militantes de la Teología de la Liberación, de los obreros y estudiantes del Cordobazo, de los treinta mil desaparecidos.
En Agenda
Todas esas luchas marcan la vigencia de los sueños de un proyecto compartido, basado en la Justicia, la solidaridad, la unidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Pero, además, marcan una agenda de cuestiones centrales, como las que siguen. Seguir leyendo
 Son notables las similitudes entre lo que está sucediendo actualmente en Grecia y lo que se vivió en la Argentina en el año 2001. El recorte de sueldos a los empleados públicos, el aumento de impuestos al consumo, el recorte de jubilaciones… no es casual que la similitud sea tal.
Las recetas del FMI se basan en hacer que paguen los que menos tienen, es decir, los trabajadores y los jubilados. En un documento oficial del Ministerio de Economía Argentino, y luego de una visita de los técnicos del fondo en la que proponían más ajustes, el entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna escribió: “con una abstracción de la realidad, los funcionarios en lo único que insistían es en medidas de recorte”. Esto es así porque están cortados por una determinada tijera y no se les ocurre que haya otro destinatario que pague la crisis que no sea el pueblo.
Grecia tiene déficit fiscal que asciende al 14% del PBI y que deberá reducir en 3 años al 3%, que es el máximo permitido según los tratados de Maastricht, que son los que dan la base de la Unión Monetaria Europea. Lo notable de esta situación es que para lograr esto se congelan por tres años los salarios y se aumentan los impuestos al consumo, no hay, por ejemplo, un aumento en la progresividad de los impuestos a la renta empresaria. Está claro que las medidas tienen una clara direccionalidad, se está hablando de garantizarle a los acreedores (que son los grandes bancos europeos), que van a cobrar todo a cambio del enorme sacrificio que tendrá que hacer el pueblo griego en general.
 Acabamos de presentar un Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, para democratizar el sistema financiero y atender las necesidades de los usuarios. Es un proyecto con gran cantidad de normas que resulta difícil resumir en un artículo periodístico. Me interesa analizar cómo puede impactar en situaciones concretas.
A nivel geográfico pocos conocen que de las 3461 localidades que hay en el país, cerca de 2400, es decir el 70 por ciento, no tiene una sola casa bancaria: la mayoría son localidades de menos de 5000 habitantes. A nivel socioeconómico, mientras los segmentos medios y altos están bancarizados en más de un 80 por ciento, en los de ingresos bajos la bancarización es del 50, y en los de ingresos muy bajos de apenas el 20. Esto refleja una profunda desigualdad en materia de acceso a los servicios bancarios.
Tomando en cuenta esta realidad nuestro proyecto prevé la creación de un listado de “Servicios Esenciales” de bajo costo, y eventualmente a costo cero, dirigidos a los sectores de menores ingresos de la población, que las entidades deberán ofrecer con características similares. En determinados casos los bancos tendrán el derecho de no brindar estos servicios a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos. No obstante, el proyecto dispone la creación de un fondo en el cual todos los bancos aportan, y que se distribuye en proporción a los servicios esenciales que presta cada entidad. La entidad que priorice los servicios esenciales será recompensada, y la que no los fomente, deberá pagar un costo.
Entre otras normas, el proyecto prevé que el 38 por ciento de la cartera de créditos se destine a micro, pequeñas y medianas empresas, y un 2 a microcréditos. La aplicación de esta norma generaría un incremento en los créditos a este sector cercano a los 18.000 millones de pesos, un crecimiento del 44 por ciento respecto del monto actual. Si bien es una cifra muy importante, es sólo un tercio de la liquidez que los bancos tienen colocada en letras y notas del Banco Central, lo cual indica que resulta perfectamente posible aplicar hoy mismo esta orientación de créditos hacia las minipymes. Con datos a febrero de 2010, las micro y pequeñas empresas estuvieron pagando tasas por descuento de documentos en un rango de entre el 16 y el 37 por ciento. Nuestro proyecto reduce tal disparidad obligando a cobrar no más del 5 por ciento del promedio ponderado de este sector. Ese promedio arroja actualmente una tasa del 22 por ciento, con lo cual ninguna empresa pagaría más del 23,1 por ciento; al aplicar este sistema la tasa promedio tenderá a bajar más aún. Estos son cálculos aproximados, pero resultan útiles para el ejemplo.
Hoy día la garantía de los depósitos está prácticamente privatizada, los bancos pueden decidir adherirse, cubre hasta 30.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera, y si la tasa supera la fijada por el BCRA, la garantía no se aplica; estas cuestiones técnicas resultan difíciles de percibir por el pequeño o mediano inversor. Para proteger a los usuarios financieros, el proyecto establece un amplio seguro de garantía de los depósitos, obligatorio, con garantía del Estado nacional y que cubra hasta 100.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera para todos los depositantes.
Los derechos de los usuarios también tienen protección a través de la obligación que tendrán los bancos de instrumentar un Departamento de Atención a Usuarios. Esta exigencia se complementa con la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios frente a los actos de las entidades financieras, además de ser una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios de los bancos.
Por último, hay un capítulo dedicado a la defensa de la competencia que coloca límites precisos a la concentración del sistema.
Este es un breve comentario sobre un Proyecto de Ley que cambia conceptualmente el espíritu de la actual ley de entidades financieras. Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros; una transformación conceptual esencial para definir el camino que deben recorrer los cambios necesarios en el sistema financiero argentino.
Esta es mi perspectiva, la misma fue publicada en Página/12 el 12 de mayo de 2010.
 Quiero compartir con ustedes cuatro puntos fundamentales de la Ley de Servicios Financieros detallados a continuación:
Participación
Se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero y se restablece el criterio de reciprocidad con los países de origen. También se determina que ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 8%, tanto en el total de depósitos como de préstamos con el sector privado.
El proyecto de ley instaura un fuerte fomento a la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país. La política de autorizaciones de filiales deberá guiarse por el objetivo de ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero de modo de facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios, así como evitar una excesiva concentración de filiales en las diferentes plazas, en particular, en los centros urbanos densamente poblados.
Democratización de los Servicios Financieros
Entre otras regulaciones, coloca cupos mínimos de cartera para prestarle a las micro, pequeñas y medianas empresas. También se establece una tasa de interés máxima para préstamos a micro y pequeñas empresas sobre la base de una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento, así como para préstamos personales inferiores a cien mil pesos. Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “servicios esenciales” que las entidades deberán ofrecer a los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones.
Protección de los usuarios de los servicios Financieros
Se obligará a las entidades a dar tratamiento y resolver los reclamos que presenten sus usuarios; a través de un departamento de atención a usuarios se crea la “Defensoría del Usuario de Servicios Financieros” en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros frente a los actos, hechos u omisiones de las entidades financieras, constituyéndose en una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios en caso de que el departamento de atención a usuarios no resolviere sus problemas. Por último, se encomienda al Banco Central implementar un “código de conducta” de las entidades financieras.
Régimen de Garantía de los depósitos garantizado por el Estado Nacional
Será obligatorio para todas las entidades financieras, con un límite de hasta cien mil pesos por depositante o su equivalente en moneda extranjera, y cualquiera fuere la tasa pagada por los depósitos. La idea es reincorporar en el seno del Banco Central el Sistema de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la Ley 24.485. El objetivo es generar un sistema más protector desde el punto de vista del depositante.
 El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social presentado por nuestro bloque, el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, cambia conceptualmente el espíritu de la Ley de Entidades Financieras (21.526). Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros.
Para darle un marco adecuado al proyecto, conviene identificar las razones de la necesidad del cambio de la Ley de Entidades Financieras de 1977, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la “Escuela de Chicago” y que, luego, se consolidaron en el “Consenso de Washington”. La ley 21.526 aplicó una fuerte desregulación sobre el sistema y, durante su vigencia, se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria.
A lo largo de todos estos años, se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y de sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantuvo incólume.
Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en un beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis de 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11,3% del PBI, un valor que se repitió estos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero, además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35% de los depósitos, cuando gran parte de ese dinero debería haberse utilizado para dar crédito.
Considero que es un paso muy importante esta ley, puesto que significa comenzar a cumplir con las propuestas realizadas en la campaña electoral y porque, además, refleja una reivindicación histórica del movimiento cooperativo al cual pertenezco.
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En el año 2010 se cumplen doscientos años de una Revolución inconclusa. ¿Qué lectura debemos hacer desde el presente para contribuir a que se puedan consolidar los sueños de una patria grande?
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