Archivo de Mayo de 2016

“La zoncera de la pesada herencia”, charla de Carlos Heller y Alfredo Zaiat en el Instituto Patria

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Para justificar el blanqueo

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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El viernes el presidente Mauricio Macri presentó un plan con dos objetivos forzadamente conectados: por un lado, los pagos de juicios a los jubilados y un recálculo de haberes para unos dos millones de jubilados; por otro lado, un blanqueo impositivo, tan criticado en años anteriores por muchos funcionarios actuales.

La información brindada es muy general, y habrá que esperar que se presente el proyecto para poder evaluar mejor los alcances del mismo. No obstante, la propuesta nos lleva a varias reflexiones.

Siempre es importante que se atiendan los reclamos sociales, en especial de los jubilados, así como la creación de una Pensión Universal para el Adulto Mayor. El pago de los juicios entablados por los jubilados y una actualización para aquellos que están en condiciones de iniciar nuevos juicios mejorará la situación económica de unos dos millones de jubilados (del total de unas 6,5 millones de prestaciones que se pagan). En ese aspecto es positivo, pero no podemos dejar de preguntarnos por su costo fiscal a largo plazo, y cómo encararlo. Macri sostuvo: “necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo”. ¿Qué es lo que quiso significar con esta frase? Con un Estado que debe ser el “canchero”, preparando el campo de juego para que compitan los actores privados, es decir, un Estado mínimo, que reniega del gasto público y no está de acuerdo con el elevado nivel de presión tributaria: ¿cómo se va a lograr un sistema previsional sustentable? Los gobiernos de países que son tomados como ejemplo por los referentes de Cambiemos, como en el caso de España, están reduciendo jubilaciones y pensiones e incrementando la edad mínima para jubilarse. Prácticamente toda Europa (ese mundo al que Cambiemos dice haberse integrado) está con las mismas recetas de ajuste del sistema previsional. Cuando Macri habla de sostenibilidad y equidad previsional, ¿estará pensando en abrir las puertas a un sistema de capitalización en un futuro cercano? No puede descartarse.

Queda claro que la única forma de que un sistema previsional sea sustentable es con una gran cantidad de trabajadores registrados y un nivel de crecimiento económico tal que genere altos ingresos fiscales (y un gobierno que desee esos altos niveles de presión tributaria). Una orientación distinta a la del actual gobierno.

También resulta interesante cómo se utiliza esta medida positiva hacia los jubilados para intentar edulcorar una normativa que no posee una visión positiva en el seno de la sociedad: el blanqueo de capitales. Medida que a lo sumo puede incidir sólo marginalmente en el financiamiento de los beneficios previsionales, pero que se la presenta como una de las dos patas que harían posible sostener esos beneficios. Funcionarios han estimado los costos de los pagos de los juicios en $ 250 mil millones, y un costo anual a partir de 2017 de unos $ 75 mil millones. El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) oscila en los $ 750 mil millones. Con el Estado “canchero” que decidieron administrar, podría pensarse que utilizarían los fondos del FGS, en especial deshaciéndose de la participación del Estado en las acciones de las grandes empresas, una opción ideal para rendir pleitesía al círculo rojo que no sólo apoya a Macri sino que comparte su gestión y darle una pátina de “progre”. ¿Para qué se necesitan entonces los fondos del blanqueo?

Otra reflexión posible es que luego de la liberación del mal llamado “cepo”, en el primer trimestre de este año la “fuga” de capitales privados ascendió a U$S 6 mil millones, mucho más de los U$S 2.300 millones que salieron en el primer trimestre de 2015, cuando había regulación de las operaciones cambiarias. Ante este panorama de salida de capitales, atenuada en alguna medida por ingreso de capitales especulativos de corto plazo: ¿cuántos estarán dispuestos a volver definitivamente? Todo un dilema.

Respecto al blanqueo de 2013, Alfonso Prat-Gay comentó: “Esto demuestra que están desesperados y que al único que le pueden pedir prestado es al evasor.” (La Nación 15.05.13). En la misma nota, Gabriela Michetti sentenció: “El país necesita de normalidad, es necesario que las normas sean claras y se cumplan y esto avasalla todas las leyes. Necesitamos que el Gobierno reflexione estas barbaridades que está haciendo”. Para Carlos Melconian se trataba de una medida económica que “premia a los que nunca declararon sus ingresos” (Perfil, 08.05.13). En la misma publicación, Federico Sturzenegger expresó: “en medio del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar con una medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño”.

Quien también cambió radicalmente de opinión es el propio presidente Macri. Respecto al blanqueo de 2013, comentó: “es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley” y “algo violento para aquellos que cumplen”. (LN 15.05.13). El viernes pasado, expresó: “hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos” (Ámbito 27.05.16). También se refirió a las políticas de la OCDE, ONU y el Banco Mundial, que casualmente son organismos que sostienen que los fondos depositados en el exterior provienen en su gran mayoría de actividades ilícitas.

Habiendo “blanqueado” fondos en el exterior vía declaración jurada, dos días antes de anunciar el verdadero blanqueo y suponiendo que los actuales funcionarios, incluido el presidente, confían ahora en el Estado, ¿traerán los fondos que acaban de declarar que tienen depositados en Bahamas y otros lugares del exterior? ¿Escucharemos alguna vez la noticia de que Macri repatrió esos fondos y los invirtió en pesos en el sistema financiero argentino? Lo dudo.

Los costos los pagan los usuarios

En sintonía con la política contractiva que viene desarrollando el Banco Central, este decidió incrementar los encajes bancarios en junio y julio. Teniendo en cuenta que los encajes actuales se ubican en 11% sobre los depósitos en pesos, la medida significa llevarlos al 15%, es decir, aumentar un 36% los montos de los encajes. El comunicado del BCRA indica que se busca “que el esfuerzo de esta contracción sea compartido por todos los actores del sector financiero y no únicamente por la autoridad monetaria”.

Efectivamente, con estas medidas el BCRA, en vez de absorber pesos a través de las caras lebacs que son de colocación voluntaria (está pagando actualmente el 35,25% anual por las letras a 35 días y llegó a pagar durante dos meses el 38%), absorberá a través de los bancos en forma compulsiva y sin costo para la autoridad monetaria.

El aumento de encajes incrementa los costos de captación de los bancos, dado que deben tener una mayor proporción “encajada” en el BCRA sin rendimiento alguno. Pero, como lo han hecho habitualmente, no modificarán su ecuación de rentabilidad, por lo que el costo lo trasladarán a los tomadores de préstamos, tanto empresas como personas, vía mayores tasas, enfriándose por esta vía aún más a toda la economía.

Si efectivamente el BCRA deseara que el costo fuera compartido por todos los actores del sistema, debería echar mano a las herramientas que le otorga la carta orgánica vigente, regulando las tasas que cobran los bancos por préstamos a sus usuarios como se hizo el pasado año. Pero difícilmente las actuales autoridades intenten afectar la rentabilidad bancaria.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 29/05/2016

Beneficios a empresarios y angustias para trabajadores

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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La balanza oficialista sigue inclinando su fiel: entre beneficiar a los grandes empresarios accediendo a sus reclamos o reducir la angustia de la población, han ganado, nuevamente, las corporaciones.

Mauricio Macri explicó que vetó la Ley de Emergencia Laboral porque iba a generar “más pobreza”. Sobre la oposición, expresó: “Ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo”. Libertad absoluta para fijar precios, libertad para despedir, libertad para flexibilizar el trabajo, eso es lo que está implícito. Se dijo claramente en La Nación (20.05.16): el veto es, para Macri, “una manera de exhibir firmeza y mitigar dudas entre empresarios e inversores”.

Los datos del Ministerio de Trabajo acaban de confirmar que entre enero y febrero de este año 108.944 trabajadores dejaron de recibir cobertura de seguridad social. Los que no han sido despedidos, habrán pasado al mercado informal. Muy distinto a lo sucedido entre febrero y diciembre de 2015, cuando se incorporaron al trabajo registrado 348 mil trabajadores. Irónicamente, el ministro de la Producción aseguró que “falta demanda de empleo” en el sector privado, aunque remarcó que “no hay una crisis laboral”.

¿Qué propone el gobierno para fomentar el empleo? Convenios como el que firmó con McDonald’s que “establece la capacitación laboral de hasta 5000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa”. Según el ministro Triaca: “Queremos reconstruir la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente”. Los 4500 pesos por trabajador por 30 horas semanales difícilmente puedan cumplir con las aspiraciones del ministro. No es más que la formalización de empleo flexible: salarios mínimos para los pobres e importantes ganancias para las empresas multinacionales es lo que nos ofrecen las políticas laborales de Macri.

El reciente aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) fue decepcionante. Recordemos que la última actualización fue en agosto de 2015, por la cual se fijó en $ 5588, incrementándose a $ 6060 a partir de enero de 2016. El SMVM llegará a fin de mayo con una pérdida de poder adquisitivo del 20% en relación a la cifra de agosto de 2015. Respecto a esta última, el nuevo SMVM que regirá a partir de junio, de $ 6810, ya comienza la carrera contra los precios con una pérdida del 11% de su poder de compra. La balanza sigue inclinándose, más aún cuando las tarifas se disparan -cerca del 1200% en gas y del 1000% en agua- y el SMVM y los salarios de algunos convenios colectivos suben escalón por escalón.

Los fondos de los jubilados

Se firmó el acuerdo entre la Nación y las provincias para la devolución “progresiva y escalonada” del 15% de retención de la coparticipación federal destinada al Sistema de Seguridad Social. Las provincias sólo obtuvieron el 3% (monto del cual la Nación puede descontar hasta la mitad por deudas pendientes) y hasta un 6% con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El crédito se cancelará en cuatro años y tendrá una tasa de interés subsidiada del 15% en los primeros dos años (LN 18.05.16). Ante una tasa tan baja, no se escuchó ni leyó que los medios monopólicos salieran a indicar que entregaban “los fondos de los jubilados”. Esta muletilla la utilizaron hasta el cansancio cuando el gobierno de Cristina Fernández financiaba el Pro.Cre.Ar a través del FGS, con créditos respaldados por hipotecas sobre nuevas viviendas. Cabe señalar que este avance en la devolución de los impuestos retenidos seguramente afectará los ingresos previsionales, y por lo tanto la fórmula del ajuste de las jubilaciones y la AUH. Para que esto no suceda, los fondos que se reintegren deben salir de las rentas generales. Este fue el principal objetivo del decreto 2635/15 de Cristina, que devolvía el 15% pero sin desfinanciar a la Anses.

Similar discusión sucede en otras latitudes. El presidente en funciones de España, Mariano Rajoy, calificó de “auténtico disparate” que se proponga crear un impuesto específico para garantizar las pensiones, y ofreció como alternativa las medidas para crear empleo que recoge su programa, es decir, más flexibilización.

Rajoy, un amigo ideológico de Cambiemos, es “el peor presidente de la democracia” según El País (20.05.16). Algunas de las razones: es el mandatario “que menos ha subido las pensiones públicas desde 1975: tan sólo el 1% en cuatro años”; tras su reforma laboral, la masa salarial se ha desplomado el equivalente al 3% del PBI; “es el primero en meter a la economía en deflación agravando la crisis de deuda”.

Este es un espejo en el cual mirar el futuro de las acciones del gobierno. Mientras tanto, al presentar el veto a la ley antidespidos, Macri comentó que “en un año vamos a ver los frutos de este camino”, dejando de lado la promesa de la recuperación para el segundo semestre de este año, con la que tanto se insistió. Una mejora que cada vez se aleja más en el tiempo y que con las políticas en curso cada vez más se aleja más, como el final del arco iris.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 22/5/2016

Heller: “El Gobierno no quiere la ley antidespidos porque su intención es avanzar en el proceso de desregulación, desarmando la estructura de defensa de los intereses de los trabajadores”

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En el marco de una sesión que se extendió por casi 18 horas, Carlos Heller, Presidente del Bloque Solidario-SI, expresó su posición sobre los principales proyectos de ley que se trataron en el recinto de la Cámara de Diputados.

Proyecto “Derecho de Acceso a la Información Pública”

“Estamos tratando una iniciativa importante en la que todos estamos de acuerdo”, comenzó diciendo Heller al referirse al proyecto de Derecho de Acceso a la Información Pública que obtuvo media sanción con 229 votos a favor, 4 en contra y una sola abstención.

“Quiero insistir en un concepto: no es lo mismo información pública que información en poder del Estado o información sobre la gestión del Estado, y no alcanza con que los particulares obtengan el conocimiento de la información que poseen o que controlan los organismos del Estado o de los sectores vinculados a él. Muchísimas veces la toma de decisiones requiere informaciones que exceden el mero ámbito de la información gubernamental”, sostuvo el diputado nacional antes de solicitar que se modifique uno de los artículos del proyecto: “partiendo de que la información de carácter público no está exclusivamente constituida por la administrada por el Estado, sino que también debe considerarse como pública toda aquella relacionada con actividades que interesen a toda la comunidad, para viabilizar y dar operatividad a derechos que están consagrados en nuestra Constitución nos parece que el artículo 7º debería incorporar como sujetos obligados a las entidades privadas que tengan o no fines de lucro, tengan un fin público o posean información pública, ya que existe una cantidad de supuestos en los que la información pública en manos privadas concierne al interés del conjunto de la sociedad”, añadió.

“Se me ocurre un ejemplo. Estamos en un gobierno en que una enorme cantidad de funcionarios de primer nivel, los llamados CEOs de corporaciones privadas, están ocupando cargos en la administración pública y muchas veces las empresas a las que esos funcionarios pertenecían hace unos pocos meses compiten con empresas que son del Estado. Resulta difícil pensar que es de interés público lo que sucede al interior de YPF y no es de interés público lo que sucede al interior de la Shell, por eso nos parece que el articulo 7° debería ser modificado con un criterio más abarcativo”, puntualizó.

Heller también consideró necesaria otra modificación: “el proyecto dice en forma textual: «las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias». Podríamos eliminar lo de participación mayoritaria en el capital, entendiendo que esto ampliaría el acceso a la información pública en un área muy sensible”, explicó el referente.

Finalmente, el diputado del Partido Solidario manifestó que “sería bueno que se diseñen políticas de comunicación hacia la ciudadanía con el fin que se dé a conocer que el acceso a la información es una herramienta fundamental para la participación en la vida pública y que no alcanza con la provisión de un canal de comunicación con la ciudadanía -como dice el proyecto-”.

Proyecto de “Reintegro por compras” (IVA social)

Durante el tratamiento del proyecto de ley mediante el cual se establece un régimen de reintegro de una porción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras en comercios, Heller planteó sus diferencias con el dictamen de mayoría y defendió el dictamen en minoría que oportunamente presentó, según el cual se efectuaría una devolución no solo de un porcentaje sino “del 100% del IVA incluido en las compras de bienes, locaciones y servicios por parte de consumidores finales respecto de los pagos efectuados con tarjetas de débito y/o precargadas” de beneficiarios de planes asistenciales o previsionales.

Heller criticó que el dictamen de mayoría establezca un tope de reintegro y consideró que el proyecto resulta de difícil concreción porque hay muchos pequeños comercios que no tienen posnet y porque no está universalizada la bancarización. “El problema de fondo es que tenemos a la población, sobre todo a la de menores ingresos, con una pérdida del poder adquisitivo, con una baja de su salario real”, manifestó el legislador durante su intervención. “Si queremos atender a los sectores más desprotegidos, creo que la medida de emergencia es otorgarle los $ 300 (el tope de devolución previsto en el proyecto del oficialismo) sin ningún tipo de mecanismo, y -en todo caso- abocarnos a estudiar un conjunto de medidas y de políticas que hagan cumplir los objetivos que este proyecto plantea”, añadió Heller. “Más del 60% de las localidades de nuestro país no tienen servicio bancario, es cierto que son las pequeñas y es cierto que vive poca gente, pero si las analizamos todas juntas seguramente es un importante segmento poblacional de la Argentina”, advirtió Heller.

Finalmente, el legislador acompañó el dictamen de mayoría, señalando cuáles serían las mejoras posibles pero entendiendo que el proyecto resulta un pequeño paliativo para mejorar la estructura distributiva del sistema impositivo, hoy en día altamente regresivo y reclamó que se realice “una profunda reforma fiscal”. El proyecto obtuvo media sanción y fue girado al Senado con 232 votos a favor y 7 abstenciones.

Proyecto de “Emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días” (Ley antidespidos)

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Promediando la madrugada del jueves, el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) sentó su posición en el recinto de la Cámara baja a propósito del proyecto de ley que declara la “Emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días”, más conocido como Ley antidespidos.

“Quiero empezar con una referencia concreta a una información que apareció esta semana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA): en el último mes se produjeron 14.000 nuevos despidos, es decir que el número de personas afectadas por la crisis y la recesión aumentó en 14.000 el último mes y según este estudio desde diciembre hasta aquí los despidos totalizaron más de 150.000”, subrayó el parlamentario, desmintiendo las versiones de los funcionarios de Cambiemos que niegan la existencia de despidos. Heller desmintió también a los referentes macristas que sostienen que los antecedentes de ley antidespidos no funcionaron: “hemos escuchado el Presidente de la Nación decir que va a vetar esta ley porque este proyecto ya ha fracasado, y hace referencia al supuesto fracaso de la Ley 25.561 del año 2002. Tal vez el Presidente esté mal informado o hay que discutir qué es para él fracaso, porque en 2002 la Argentina tenía casi 20% de desempleo y cuando esa ley dejó de tener vigencia el desempleo había bajado al 7,5 por ciento”, agregó.

“Claro que la desocupación no bajó por esa ley exclusivamente, sino también porque durante todos estos años se aplicaron políticas activas, políticas de crecimiento que están en las antípodas de las políticas de ajuste que se están aplicando en este momento. Lo que queda claro es que aquella ley antidespidos no frenó la creación de empleo de ninguna manera”, sumó el legislador.

“Estas políticas (que implementa el gobierno nacional) no pueden generar otra cosa que desempleo porque el ajuste, como le muestra la experiencia mundial, inevitablemente recae sobre los sectores del trabajo”, añadió Heller.

“La actitud del gobierno y del Presidente de no querer sancionar una ley de este tipo tiene un profundo sentido ideológico, basado en los conceptos de la Asociación Empresaria Argentina, que está compuesta por el grueso de los que firmaron la carta de intención -que no es más que eso- (para no despedir trabajadores), consideran al salario como un costo más y no quieren regulaciones de ningún tipo que limiten la actividad privada. Quieren libre mercado y desregulación laboral. Este gobierno no quiere aprobar esta ley porque quiere darle una señal muy clara a esos grandes grupos económicos de que su intención es avanzar en el proceso de desregulación, desarmando la estructura de defensa de los intereses de los trabajadores”.

“Esto no va a resolver el problema pero es un paliativo, es un dique de contención en un momento donde las políticas económicas que se están aplicando van en la dirección contraria”, sostuvo el referente nacional del movimiento cooperativo, antes de pedir medidas complementarias a la sanción de la ley antidespidos: “no se resuelven los problemas de las pymes con las medidas que se están anunciando. Las pymes necesitan mercado interno demandante. No resuelven sus problemas anunciando que les van a bajar impuestos al deducir del Impuesto a las Ganancias, porque si no tienen ganancias no tienen de dónde deducir”, detalló el legislador. Finalmente, Heller dijo que para defender a las pequeñas y medianas empresas hacen falta “políticas de defensa del mercado interno y aumento de los salarios”.

El proyecto fue aprobado con 145 votos a favor, 3 en contra y 90 abstenciones.

Inflación y redistribución de ingresos

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

El presidente Mauricio Macri sigue con su relato para demonizar la gestión kirchnerista y, entre sus últimos hallazgos, comenzó a hablar de una inflación heredada del 700 por ciento. Completemos los cálculos: entre mayo de 2003 y noviembre de 2015 la inflación alcanzó el 709%, mientras que los salarios privados registrados aumentaron un 1513%, los salarios totales (incluyendo además a los trabajadores no registrados y a los empleados públicos) crecieron un 1138%, y la jubilación mínima se incrementó el 920%. Es decir, una significativa mejora en la distribución del ingreso durante el anterior gobierno, en medio de un proceso inflacionario que ya se venía atenuando.

La situación actual es totalmente diferente. Lo expresó el director de investigación financiera de la Universidad Di Tella, Juan José Cruces. Al ser consultado si coincide con el BCRA en que la inflación mensual bajará considerablemente en los últimos meses del año, respondió: “Tengo confianza de que lo va a lograr. Estamos en estos seis meses que es una transición difícil. Lo que ha habido más que inflación es una baja del salario real, porque cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario”. Es decir, inflación con redistribución inequitativa del ingreso.

No es una casualidad, son políticas buscadas. La oposición de Cambiemos al proyecto de Ley Antidespidos votado por el Senado tiene una profunda raíz ideológica. Al analizar una de las contrapropuestas del oficialismo, que propone activar la Ley Antidespidos a partir de una desocupación del 10%, queda bien en claro que Macri no sólo se sentiría cómodo con ese nivel de desocupación, sino que además resulta una de las herramientas principales de su gestión: la falta de trabajo es un gran disciplinador social y pone un freno a los reclamos de todo tipo.

Las soluciones de Macri y sus funcionarios siguen a pie juntillas las recomendaciones de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). A pesar de ello, una importante parte de sus integrantes no firmó el pasado lunes la carta de adhesión a las políticas del gobierno nacional, camuflada de compromiso para mantener la plantilla de personal por sólo 90 días.

En su declaración fundacional, AEA sostiene: “Es fundamental preservar el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo.” Tengamos en claro que para los empresarios de AEA el salario está dentro de los principales precios, pues es considerado un costo más.

Brasil y más allá

La situación política de Brasil impacta en toda la región, y especialmente en nuestro país. Esta inusitada forma de llegar al poder por parte de quienes no pudieron ganar las elecciones pasadas, a través de un ridículo juicio político a la presidenta elegida por el voto popular, Dilma Rousseff, tiene todas las características de un golpe de Estado.

La nueva administración, con el cuestionado Michel Temer como presidente interino, ya ha informado que producirá el “necesario”. ajuste en la economía. Y si bien no lo llaman “sinceramiento”, muy probablemente descargará elevados costos sobre los sectores más populares de la economía, la barrera que Dilma se negó sistemáticamente a traspasar.

El ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay, aseguró que en el gobierno son “respetuosos” del proceso que derivó en el desplazamiento de Rousseff y agregó que podría servir para acelerar la negociación del Mercosur con Europa y avanzar en un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Por su parte, el nuevo canciller brasileño, José Serra, es un confeso crítico del Mercosur y defensor de estos acuerdos de integración que entusiasman a Prat-Gay y a la canciller argentina, Susana Malcorra.

Luego del sí de Argentina, el Mercosur presentó esta semana su oferta de apertura de mercados a los países de la Unión Europea (UE), a pesar de que la carne y el etanol (dos productos en los que nuestro país es altamente competitivo) quedaron fuera de la lista ofrecida por Europa. Más aún, 13 países entre los que figuran Francia, Austria y Grecia pidieron a la UE que excluya los productos agrícolas “sensibles”, como los lácteos y las carnes, de los futuros intercambios de ofertas con el Mercosur. Si la UE accede a ese pedido, el Mercosur se perderá una de las pocas ventajas que podría obtener de un acuerdo comercial de ese tipo.

Los cambios en Brasil, junto con la crisis en Venezuela y la orientación de nuestro gobierno, van desviando cada vez más a la región de una integración soberana y conveniente para sus miembros. Lejos parece haber quedado el rechazo al ALCA, efectuado en las narices de George W. Bush, por Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva. Con el cambio político que no casualmente se está produciendo en el continente, el ALCA -bajo otras denominaciones- está a la vuelta de la esquina. Y tan cerca también, la profundización de la dependencia económica y política de la región.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 15/05/2016

 

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