Archivo de Julio de 2016

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El 5 de agosto todos y todas a Atlanta

Producción y empleo en declive

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Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller

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Si bien han estado en los titulares de prácticamente todos los medios, no puedo obviar en esta columna dominical sobre economía y política los preocupantes datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), lo mismo que los del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), aunque en el último caso la sorpresa no es tanta, puesto que ya venía desplomándose.
En el caso del EMI, preocupa la baja interanual del 6,4% para junio (con un acumulado del -3,3% interanual para el semestre), que es la más alta para lo que va del año, lo que indica que la recesión se agudiza. Un deterioro que a su vez se generaliza, dado que hay rubros que ya venían cayendo y que ahora tuvieron retrocesos más profundos, mientras que los pocos que venían creciendo mostraron en junio una gran desaceleración, e incluso hubo fuertes descensos.
Además, al considerar las perspectivas de la actividad industrial en el rubro dotación de personal, son más las empresas que prevén una disminución en su plantilla durante el tercer trimestre de 2016 (8,0%) que las que anticipan una suba (4,3%). Mayor aún es la diferencia en la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo: el 7,2% de las empresas espera una suba para el tercer trimestre, en tanto el 21% prevé una baja. El empeoramiento de las perspectivas laborales es innegable, al comparar este último dato con el 2,9% de empresas que proyectaban bajas en ambas variables en la encuesta realizada tan sólo dos meses atrás. Esto confirma un panorama que alarma.
En el caso de la construcción, queda claro que el “frenazo” de la obra pública influye significativamente en la caída de la construcción del 19,6% en junio (12,4% acumulado del semestre). Ello contribuye a explicar la gran reducción del número de asalariados formales, con una pérdida de 62.463 puestos de trabajo registrados respecto del mismo mes del año anterior, lo que significa una disminución del 14% de la masa laboral registrada del sector. Estas cifras aumentan la preocupación por los puestos de trabajo no registrados, para los cuales no existen estadísticas formales.
El impacto decisivo de la paralización de la obra pública puede observarse en la evolución de los insumos para la construcción. En el acumulado del semestre, el asfalto se derrumbó 38%, mientras que el cemento cayó un 14%. Los rubros más vinculados a la obra privada tuvieron menores caídas, como los pisos y revestimientos cerámicos (6%) o las pinturas para la construcción (4%), incluso con un incremento del 7,6% en artículos sanitarios de cerámica.
Respecto de las perspectivas, la mayoría de las empresas espera una reactivación por el aumento de la obra pública. ¿Ayudarán las medidas del gobierno nacional a convalidar esas expectativas? La obsesión fiscal del actual gobierno, por cierto sesgada desde el punto de vista distributivo, no augura buenas perspectivas, no sólo para la construcción, sino también para la demanda agregada en general.
Los gastos de capital del gobierno nacional cayeron un 31% en términos reales en el semestre. ¿En qué medida esta evolución no esconde un interés para que el sector privado se haga cargo de las obras públicas, conformando una nueva vuelta a las privatizaciones? En este marco, el criterio de rentabilidad pasaría a ser el eje para la toma de decisiones, poniéndose en riesgo obras de infraestructura necesarias. En su defecto, serán las altas tarifas las que garanticen el repago del capital invertido. Una receta que ya vivimos, incapaz de perseguir las bases del desarrollo económico y social.

A flexibilizar

Fue poco feliz la mención a las “faltas” de los trabajadores en los últimos años. Más aún en palabras del presidente de la Nación, expresadas en el mensaje de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria.
El domingo pasado Mauricio Macri dijo en un reportaje en La Nación que la llegada de inversiones necesita: “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”.
Es una más de las acciones de lobby para sus colegas empresarios, puesto que queda claro que esa “parte” a la que la justicia se vuelca es el trabajador, el más desprotegido en esos litigios. El día posterior, no casualmente, La Nación sacó un editorial exaltando la flexibilización laboral, lo cual no deja de ser llamativo dado que en abril de este año ya publicó otro sobre el mismo tema, repitiendo muchos de los conceptos. En esta oportunidad, menciona que “sólo un acuerdo de salarios y condiciones laborales en el nivel de empresa, con sus propias ventajas y dificultades, asegura la convergencia de intereses entre el empresario y sus empleados y trabajadores”.
Insistente contra las negociaciones colectivas, ya en su editorial de abril las había comparado con la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Para el matutino, resulta esencial tener en consideración “la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”. Para lograr que el gobierno reciba bien el mensaje, aclara: “la forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación”, y agrega: “El período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de promoción del empleo y reducción de los costos laborales.” Un verdadero decálogo de la flexibilización laboral y de la pérdida de derechos de los trabajadores. Pero avanza más, proponiendo crear un fondo para indemnizaciones por despido con aportes del trabajador y contribuciones del empleador, y se preocupa en aclarar que “los administradores de estos fondos podrían ser entes autónomos creados al efecto”, es decir, un posible nuevo negocio para empresas privadas. La Nación respalda estas normas flexibilizadoras como el camino para llevar a Argentina al “primer mundo”. Pero dado que después de la experiencia de los noventa es muy probable que este argumento no convenza, echa mano al ya cansino caballito de batalla: la supuesta difícil coyuntura económica recibida de la gestión kirchnerista.

Una guerra de intereses

Una reflexión especial merecen los dichos del Papa Francisco a los periodistas en su viaje a Cracovia: “Una palabra que se repite mucho es ‘inseguridad’. Pero la verdadera palabra es ‘guerra’. Desde hace tiempo decimos: ‘El mundo está en una guerra a trozos’. Esta es una guerra. Estuvo aquella del ‘14, con sus métodos; después aquella del ‘39-’45, otra gran guerra en el mundo; y ahora ésta.” El Papa aclara: “Cuando yo hablo de guerra, hablo de guerra en serio, no de una guerra de religión, no. Hay una guerra de intereses, hay una guerra por el dinero, hay una guerra por los recursos naturales, hay una guerra por el dominio de los pueblos: esta es la guerra.” Esta última definición es esencial, y nos indica los intereses a los que nos enfrentamos, y lo que está en juego en ese “volver al (primer) mundo” que propone el gobierno de Cambiemos.
Alarma la mención de Macri al presidente mexicano, de visita en nuestro país: “espero que finalmente haya un acuerdo de integración absoluta de libre comercio entre ambos países”. La concreción del mismo significaría entrar al NAFTA por la ventana, con todas las implicancias negativas que posee. En este marco, la reducción de las limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, decidida por decreto de Macri, lleva a considerar nuestro posicionamiento en la “guerra del agua” que podría generarse en el futuro y que el Papa ya incorpora implícitamente entre las fuerzas que fomentan la “actual guerra” que se está desarrollando.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 31/07/16.

El caso López

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Página/12 | Opinión

Por Carlos Heller

La detención de José López en flagrante delito de apropiación de dinero público y exhibición de armas no merece otra cosa que la unánime condena ética y judicial.

Más acá y más allá de las curiosidades del caso -como el tirar por un muro bolsos de una propiedad de la cual López tiene las llaves- ese dinero mal habido se sustrajo a las políticas redistributivas que ampliaron derechos durante 12 años, incidiendo en su reducción. Los seis millones de empleos, la nacionalización y universalización de las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la creación de escuelas y universidades, el apoyo a las cooperativas y medianas empresas hubiese visto engrosados los recursos disponibles a esos elevados fines si no se hubiesen sustraído para el enriquecimiento personal e inmoral. Quien incurrió en ese delito debe reparar el daño realizado.

Si esto es así, resulta indispensable realizar tres aclaraciones complementarias. En primer lugar, si hubo corruptos hubo corruptores y resulta indispensable profundizar la investigación para identificar a los contratistas que hicieron factible la consumación delictiva. No debe ser juzgado sólo un actor de hechos que requieren la participación de cómplices e instigadores.

Segundo, la corrupción está enquistada en la dinámica del capitalismo. Es ampliamente conocido y aceptado el hecho de que hay en el mundo 10 billones de dólares en guaridas fiscales que no son inversiones honestas de empresarios sino producto de actos delictivos: elusión, evasión fiscal, lavado de dinero de actividades ilegales, algunas horrorosas como el juego, el narcotráfico, o la trata de personas.

Tercero, que este gobierno -con el titular del Poder Ejecutivo a la cabeza- se erija en juez moral frente a la corrupción resulta paradojal e insostenible. El Presidente tiene millones en guaridas fiscales que son el indicador de decisiones empresariales indefendibles desde el punto de vista ético y, también, desde el punto de vista legal. Varios ministros confesaron, sin pudor alguno, la tenencia de millonarios fondos en el exterior. Aún si ese acto no estuviese contrariando la legislación vigente sí contraviene principios éticos y morales muy elementales.

El patético y repudiable hecho de corrupción por el cual José López deberá pagar, debe ser la punta de lanza para reclamar por nuevos modelos de gestión de lo público, se debe investigar a la totalidad de los involucrados, y se deben acotar los márgenes de maniobras que permiten que la corrupción sea un órgano vital del sistema capitalista, tanto en nuestro país como en el mundo entero.

José López no puede ser un subterfugio para demonizar el modelo que durante 12 años amplió derechos y democratizó a la sociedad tras el estallido producido en 2001, generado por las mismas políticas que el gobierno actual defiende con audacia y decisión. Este deplorable episodio que afecta a la política en general no debería causar el desaliento de amplias mayorías sociales para continuar bregando por un proyecto de país y de sociedad más justo. La indignación y el dolor de esta traición no deberían obturar una reflexión serena sobre el análisis de las causas -que exceden en mucho a José López-, comprendiendo sus nexos visibles e invisibles con un modelo global expoliador tanto en su dimensión humana como material.

Lejos de renunciar a la lucha porque un desertor ha sido detenido in- fraganti en un delito que lo trasciende, la tristeza y el dolor no nos debe restar fuerzas para continuar la brega por un país más justo y solidario. Nosotros lo decimos sin ningún eufemismo: todos los corruptos tienen que estar presos. Quienes aprovechan los espacios de poder en beneficio propio merecen todo nuestro repudio. La corrupción no tiene ideología ni tiene signo político. Es corrupción y punto. Y todos los corruptos tienen que ser juzgados y condenados. Y no podemos obviar que se ha aprobado en Diputados una ley de blanqueo para “señores” que no han cumplido con las leyes y han fugado de nuestro país entre 200 mil y 400 mil millones de dólares no declarados. Es la misma inmundicia si los billetes están enterrados, u ocultos en bolsos, o fueron fugados por mecanismos sofisticados. Resulta injustificable que en el actual gobierno la responsabilidad de combatir el lavado de dinero esté en manos de la misma persona que representó y defendió los hechos delictivos cometidos en la materia, por parte de un gran banco trasnacional.

Quienes agreden a vastos sectores de nuestro pueblo con despidos, transferencias brutales de ingresos, represión, vaciamiento de lo público, no tienen autoridad moral para erigirse en paladines de la transparencia, más cuando ellos mismos son productores de cohechos de corrupción. No debemos retroceder en nuestra capacidad de creer y soñar, con la posibilidad de construir un mundo mejor. Ese es nuestro compromiso más allá del caso López y de las asociaciones colaterales si las hubiera.


Nota publicada en Página/12 el 26/07/2016

Las corporaciones también ganan en el Congreso

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El Destape Web | Opinión
Por Carlos Heller

Habiendo transcurrido ya el primer semestre del año, podemos decir que la actividad parlamentaria en ese período expresó una profunda regresividad en la distribución del ingreso, una característica de la gestión macrista que, además de ser muy injusta, genera un fuerte enfriamiento de la economía.

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Aquí un repaso de los, a nuestro criterio, principales temas que se debatieron en el Congreso de la Nación:

Pago a los buitres

En el caso de la denominada Ley de Normalización de Deuda, además de concederle a los fondos buitre la renta más que abusiva que pretendían, el gobierno presentó la norma como “necesaria” para finalizar con la cesación de pagos a la totalidad de bonistas. Sin embargo, de acuerdo a la presentación del Programa Financiero 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el 31% del total que permanece impago mantiene la posibilidad de litigio (algunos pocos ya acordaron) y también habría una eventual conflictividad con los bonistas que entraron a los canjes.

Ley ómnibus

Tal como se aprobó, la ley ómnibus conculca los derechos de una parte de los jubilados y pensionados; y la declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional, más que una “reparación histórica”, es una forma de refinada extorsión a personas de elevada edad que no pueden esperar años para recibir lo que les corresponde, y se ven presionadas a aceptar las fuertes quitas que propuso el macrismo y parte de la oposición acompañó en la votación.

Además, bajo el manto de un supuesto beneficio a los jubilados se hizo pasar una serie de ítems que no tiene que ver con la materia previsional: modificaciones a la estructura impositiva (una reforma tributaria regresiva que de ningún modo era necesaria y, menos aún, urgente) y una exteriorización de capitales que ni siquiera tiene por objetivo la repatriación de esos capitales, sólo beneficia a quienes evadieron y reporta muy pocos beneficios para el país, pues se realizará a un costo mínimo para los evasores.

Párrafo aparte para la nefasta derogación de leyes importantes como la 27.181, que declara de interés público la protección de las participaciones del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de empresas nacionalizadas como YPF y Aerolíneas Argentinas.

MiPyMEs desprotegidas

El recientemente aprobado proyecto de ley “para el fortalecimiento de las MiPyMEs” en realidad debió haber sido “de emergencia MiPyME”, porque ésa es la situación que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas. La ley, que recoge principalmente las posturas de Cambiemos junto con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, si bien se orienta en un sentido positivo, no resuelve el verdadero problema de las MiPyMEs, que es la crisis derivada de las políticas de ajuste.

Fuerte incremento de tarifas de servicios públicos, altos costos de financiación a partir de la decisión de incrementar las tasas de interés, decisión de controlar la inflación a partir del enfriamiento de la economía y liberalización de importaciones son un “combo” que golpea a los sectores económicos más vulnerables y a las MiPyMEs en particular.

Vetador serial

Recurriendo a una herramienta de la que hizo uso y abuso durante su gestión como Jefe de Gobierno de la CABA, Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral aprobada por el Congreso de la Nación.

La actitud del Presidente tiene un profundo sentido ideológico, basado en los conceptos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): consideran al salario como un costo más y no quieren regulaciones de ningún tipo que limiten la actividad privada. Quieren libre mercado y desregulación laboral. Macri vetó la ley porque quiso darle una señal muy clara a los grandes grupos económicos: su intención es avanzar en el proceso de desregulación, desarmando el andamiaje legal de defensa de los intereses de los trabajadores.

Si bien está claro que la ley no iba a resolver el problema de los despidos, sí hubiera sido un paliativo cuando las políticas económicas que se están aplicando van en la dirección contraria. Las políticas que implementa el gobierno nacional no pueden generar otra cosa que desempleo; el ajuste, como demuestra la experiencia mundial, inevitablemente recae sobre los sectores del trabajo.

Otra característica de este semestre de debate parlamentario es la reiteración de concesiones entre Cambiemos y la “oposición amiga” –en las referencias de Sergio Massa y Diego Bossio- que no modifica la esencia ni la magnitud de los proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo y, más que oposición, parece encarnar otra fórmula política para asegurar la persistencia de un Estado que defiende los intereses del capital concentrado a costa del bienestar popular.

La balanza sigue inclinando su fiel: entre atender los reclamos de los grandes empresarios o reducir la angustia de la población, el macrismo, también en el Congreso de la Nación, ha optado por beneficiar a las corporaciones.

Nota publicada en www.eldestapeweb.com

Fútbol, servicio de interés público

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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El título de esta nota es desafiante: ¿Puede igualarse el fútbol a servicios como la salud, la educación, la energía, el transporte? Tiene diferencias con estos, pero el fútbol es pasión, aglutinante de emociones y voluntades. Es tan importante para la gran mayoría de las personas, que su acceso se convierte en un derecho. Más aún, a esta altura, su goce en forma gratuita puede considerarse un derecho adquirido, concepto que debería cobrar mayor fuerza, dado que en la campaña electoral el hoy presidente Mauricio Macri prometió que el Fútbol para Todos (FPT) seguiría siendo gratuito.

Pero además de estas razones, aun para los más escépticos existe otra indiscutible que fortalece la calificación del fútbol como un servicio de interés público: la potencialidad que tiene como herramienta de difusión. Y aquí se emparenta con cuestiones como la salud, la educación o la seguridad vial, por elegir algunos temas. Porque las transmisiones del fútbol llegan a todas partes, a los lugares más recónditos del país, en muchos de los cuales no puede accederse fácilmente por otras vías. ¿Qué mejor que utilizar las transmisiones televisivas del fútbol para difundir campañas de prevención contra el dengue, o el zika? O una campaña de seguridad vial que sostenga: “si bebió, no maneje”. ¿Cuánto valen estas acciones en términos del beneficio que obtiene la sociedad? Pero, además, cabe considerar el dinero que el Estado se ahorraría en el tratamiento de las enfermedades y los accidentes que se podrían evitar gracias a las campañas de prevención.

La retirada del Estado del FPT le dará paso, seguramente, a una mayor mercantilización del fútbol. De esta forma, las grandes empresas de medios y las anunciantes serán las que se apropien de esta importante herramienta comunicativa. No aplicarán el criterio del interés público, sino el de la máxima ganancia, que lleva a brindar el servicio a quienes lo puedan pagar y sólo en zonas rentables.

Esta presunción tiene elevadas posibilidades de concretarse, porque así se ha hecho en el pasado, pero además porque se condice con la ideología del gobierno actual, que intenta convertir los derechos en mercancías. De la misma forma que aplica extraordinarios ajustes a las tarifas de los servicios públicos esenciales, que se deben pagar generando elevadas ganancias para los prestadores. En verdad, el gobierno rechaza la idea de que el concepto de servicio público implica que el Estado debe procurar los medios para que todos tengan acceso al mismo.

Las decisiones del gobierno en el FPT son un espejo de las decisiones en otras áreas de la política y la economía: sin respetar las promesas de campaña, con el objetivo de trasladar beneficios a las empresas concentradas, y con la intención de volver a imponer la lógica del libre mercado como valor absoluto e irrenunciable. En mi opinión, el FPT debe seguir siendo gratuito y de libre acceso.

Comienza la fiesta

El viernes se promulgó la Ley Nº 27.260, denominada por el Boletín Oficial “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, pero que además contiene cambios impositivos que otorgan una menor progresividad al sistema tributario, un régimen de sinceramiento fiscal que consiste en la exteriorización de bienes en el exterior (blanqueo) sin obligación de repatriación, y una amplia moratoria para todo tipo de empresas (esta última, una medida que debería haberse aplicado exclusivamente a las MiPyMEs, que son las que verdaderamente la necesitan).

En este marco, el presidente Macri comentó: “se acabó la joda para todo el mundo, todos tienen que pagar sus impuestos”. Una propuesta más que irónica realizada el día anterior a que apareciera publicada la Ley Nº 27.260, que brinda beneficios más que espectaculares (y un perdón obsceno) para quienes, al menos, han cometido el delito de evasión. En verdad, debería decirse que para las grandes fortunas “la fiesta” acaba de comenzar.

Tampoco hay mucho respeto por las formas republicanas. El gobierno acaba de modificar el Presupuesto Nacional mediante el DNU Nº 797/16, por el cual se autoriza la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros. De los $ 99 mil millones presupuestados, más del 80% se concentran en obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia homónima.

Si bien soy legislador por la CABA y me preocupa su desarrollo, dudo que el faraónico proyecto de Construcción de la Estación Central Obelisco y la Red de Expresos Regionales sea una necesidad prioritaria, a la que se asignan nada menos que $ 12 mil millones del Presupuesto Nacional, más otros $ 3000 millones para la construcción subterránea de la Estación Constitución. Para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra sin duda esencial para la CABA, se asignan $ 45 mil millones. No obstante, la concentración del gasto de inversión en la región del AMBA, relegando al resto de las provincias, es alarmante. Dicha asignación no deja de tener un tinte electoralista, dado que cerca de un tercio de ese gasto a largo plazo se realizará el próximo año. Debe recordarse, además, el decreto 194/16, por el cual más que se duplicó el coeficiente de coparticipación federal de CABA desde el 1,4% del total al 3,7 por ciento.

En un nota de El Cronista (21/7/16), se indica que del total de las transferencias del Ministerio del Interior a las provincias, el 21% se destinó a la provincia de Buenos Aires, seguida con el 10,3% para Jujuy, el 9,6% para Neuquén, el 9,3% para Entre Ríos, el 8,4% para Mendoza y el 7,0% para Chaco. Estas seis provincias ya suman el 66% de los $ 24 mil millones transferidos. Grandes provincias como Santa Fe y Córdoba tuvieron que conformarse con el 1,9% y el 1,6%, respectivamente. Una discrecionalidad manifiesta, que es además señalada en la nota citada.

Siguiendo con las cuestiones fiscales, La Nación (19/7/16) informa que el Gobierno estima que este año la población pagará $ 140 mil millones más por las subas de tarifas, aunque la reducción en los subsidios será de sólo $ 80 mil millones, debido al efecto de la devaluación y su impacto sobre los costos. Según el diario mitrista, en 2017 el gobierno estima incrementar en $ 70 mil millones las tarifas.

Los aumentos de precios derivados de la devaluación y de las tarifas, que generan una grave pérdida del poder de compra del salario real, junto con el incremento significativo de suspensiones y cesantías, son un combo perverso. Según datos del Ministerio de Trabajo, las suspensiones producidas en el primer trimestre de 2016 superan al otro pico alcanzado en igual período de 2009, en medio del impacto de la crisis financiera internacional.

La misma fuente indica que entre diciembre de 2015 y abril de este año se perdieron 63 mil puestos laborales registrados. Otras estadísticas no oficiales, que incluyen a los trabajadores no registrados, ubican la pérdida de empleo en algo más del doble de la cifra citada. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que en el Gran Buenos Aires la pobreza se incrementó desde el 19,8% en noviembre de 2015 al 33,3% en abril de 2016, mientras que la indigencia subió del 5,7 al 7,9% en idéntico lapso y región.

Estos últimos datos muestran quiénes terminan pagando la “fiesta” de los grupos económicos concentrados y las grandes fortunas. Imposible no anhelar una vuelta a la situación de los últimos años, que más que una “fiesta”, como la llaman los analistas del establishment, fue una verdadera restauración de derechos para los sectores populares.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 23/07/2016

 

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