Archivo de Agosto de 2016

Para Heller, la destitución de Dilma Rousseff es un golpe de Estado parlamentario

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“La destitución de Dilma Rousseff supone un golpe de Estado solapado, ya que se trata del desplazamiento, a través de procedimientos espurios barnizados como institucionales, de una mandataria elegida legítima y democráticamente”, afirmó hoy Carlos Heller, diputado nacional del Partido Solidario tras conocerse la consumación del impeachment de la Presidenta de la República Federativa del Brasil.

“El proceso llevado adelante no probó que la Presidenta Rousseff haya cometido delito y, por ello, estamos ante un golpe de Estado parlamentario que es un hito más de una suerte de conspiración regional destinada a poner fin a todo este proceso novedoso que significaron los gobiernos progresistas de América del Sur. Atacan a los líderes de los movimientos populares para destruirlos y así a la alianza Nuestroamericana que se iba fortaleciendo hacia una cada vez mayor integración “, agregó Heller

“Lo preocupante también es la crítica al Mercosur de Michel Temer, el ahora presidente de Brasil, que junto con su canciller José Serra, sostienen que el Mercosur no debería ser un impedimento para tener tratados bilaterales con terceros países. Tanto Argentina como Brasil, con sus actuales versiones gubernamentales, están dando señales de interés por la Alianza para el Pacífico y la Alianza del Transpacífico”, finalizó el referente del Partido Solidario.

A flexibilizar y desregular

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

“Es evidente que estamos ante una situación grave en el mercado de trabajo”, expresó el martes el titular del Indec, Jorge Todesca, en la presentación de las cifras de desempleo. Ninguna novedad. No obstante, el propio presidente ejecutó lo que mejor sabe hacer, echarle la culpa al gobierno anterior, y así sentenció: “Hay que salir de tantos años de populismo diciendo la verdad”. Como si el 9,3% de desocupación para el segundo trimestre estuviera asociado al “sinceramiento estadístico” y no a la magnitud de la crisis que se está viviendo. Al día siguiente, el Indec comunicó el dato del Indicador Mensual de la Actividad Económica (anticipador del PBI) que arrojó una caída interanual en junio del 4,3 por ciento. Para el mismo mes los datos de la industria evidencian caídas superiores (6,4% según el EMI del Indec) y del 19,6% para la construcción, según el ISAC del Indec.

Una catarata de datos y declaraciones que requiere ser analizada en detalle. Comencemos con las cifras de desocupación: quizá la cuestión más relevante son las tasas de dos dígitos para los aglomerados urbanos industriales en los que vive el 57% de la población de referencia de la muestra: Gran Rosario 11,7%; Gran Córdoba 11,5%; Mar del Plata 11,6%; partidos del Gran Buenos Aires 11,2% y Río Cuarto 10,5%. En estas regiones también es elevado el nuevo concepto que incorporó el Indec: los ocupados demandantes de empleo. Son aquellos que poseen un trabajo, pero que buscan activamente otro y presionan sobre el mercado laboral: son el 15,7% de la Población Económicamente Activa (PEA). El Indec también calcula la incidencia de aquellos ocupados que no buscan trabajo pero desean trabajar más horas, que denomina “disponibles”, un concepto difícil de comprender, y que alcanza al 6,2% de la PEA. Si sumamos desocupados, ocupados demandantes y disponibles, llegamos a que la población con problemas de trabajo, calculada para el total del país, alcanza al 31,2% de la PEA.

Sobre este punto, Mauricio Macri comentó: “Esos datos tienen un número que nos tiene que preocupar, que es que la población que efectivamente tiene empleo en Argentina apenas supera el 40 por ciento”. En verdad, la tasa de empleo a la que hace referencia (41,7% el dato preciso) se mide sobre la población total, por lo cual, para que aumente, tendrían que salir a trabajar los niños o los adultos mayores. Debería asesorarse mejor. Hay una medición más adecuada, la tasa de empleo relacionada con la población de 14 años y más, que también calcula el Indec, y que hoy llega al 52,4 por ciento. Según la CEPAL, esta tasa se ubicaba en el 54% en 2014 para Argentina, cercana al 53,3% de Brasil y algo más lejos que el 56% de Chile.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, fue todavía más lejos: “Tenemos también una ley de flexibilidad laboral, que es la que impulsa la generación de primer empleo; en términos generales lo que queremos es bajar los costos laborales para impulsar la generación de nuevo empleo.” Mientras que en su informe a Diputados, el jefe de Gabinete acaba de solicitar que se avance con la Ley de Empleo Joven. Si a las declaraciones citadas les agregamos el llamativo título de portada de Clarín (24/08/16) que indica que hay 5 millones de personas con problemas de empleo -un dato desafiante-, pareciera que el PRO y sus amigos están empecinados en destacar los problemas de empleo, aun durante su gestión. Es evidente que estos existen, pero en esta actitud podría entreverse una velada intención de utilizar los datos como un caballito de batalla para dos objetivos: por un lado, usar los problemas laborales como una herramienta de disuasión para aquellos sindicatos que están pensando en reabrir las paritarias. Por el otro, intentar instalar la necesidad de una reforma laboral que, podemos prever, sería altamente flexibilizadora y seguramente enfrentaría el rechazo del gremialismo, la oposición política y gran parte de la sociedad.

Los datos de la producción tampoco son alentadores. Luego de discontinuarlo, el Indec acaba de realizar la primera publicación del Indicador Mensual de la Actividad Económica para el primer semestre del año 2016. Se observa un escaso crecimiento en el primer trimestre del 0,6% interanual (ya anticipado por las cifras del PIB, que dieron un aumento del 0,5%) y una fuerte reducción en el segundo trimestre del 2,8%. Indicadores privados señalan una caída del 5% de la actividad económica en julio. Todo indica que el PBI terminará el año con una variación negativa: una fuerte razón para el elevado desempleo.

Cabe destacar que el índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella arrojó una nueva caída del 6,2% en agosto. Si medimos la evolución respecto a un año atrás, se observa que la confianza cayó un 24,7 por ciento. Otro dato a prestar atención es que las perspectivas a un año de los consultados respecto a su situación personal y a la de la macroeconomía también cayeron en agosto. Un “palo en la rueda” para los funcionarios del gobierno que plantean que la mejora ya está en marcha.

Un análisis detallado de las cifras del comercio exterior indica que se obtuvo un superávit de U$S 270 millones en julio, gracias a que las importaciones cayeron a un ritmo superior al de las exportaciones. Analizadas en cantidades, dado que los precios han bajado significativamente, se observa que en julio las importaciones cayeron un 6,3%, lideradas por los bienes de capital (-4,3%), los bienes intermedios (-9,6%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (-26,2%) evolución que indica con claridad el efecto de la recesión sobre estos ítems. No obstante, las cantidades importadas de bienes de consumo siguen exhibiendo cifras positivas: en los primeros siete meses crecieron un 20,3 por ciento.

En su discurso en la Jornada Nacional del Agro, Macri expresó: “Estamos lejos de haber resuelto todos los desafíos. Ayer vimos un sector de productores que no ha encontrado todavía el camino hacia el crecimiento, y que nos demanda cómo usar los recursos del Estado para sacarlos de ese lugar.” Un claro enfoque neoliberal: le asigna la culpa a los productores que van a reclamar recursos del Estado. En realidad, los problemas que enfrentan los productores son la baja del consumo y la entrada de importaciones, entre otras dificultades, debido a las políticas de liberalización económica de este gobierno. Con la misma carga ideológica, el presidente sentenció: “no hay sector público y privado, somos todos un mismo equipo.” Salvo que, en su visión, el sector privado es el que juega los partidos y el Estado es sólo el que prepara la cancha, una relación asimétrica que deja bien en claro quién es el que manda en la visión de Cambiemos. Este “círculo rojo” acaba de expresar en el Council of the Américas que aún no están dadas las condiciones para que los empresarios se decidan a invertir. Una presión más para profundizar el modelo neoliberal.

Por suerte, la reacción popular se mantiene activa: desde la Multisectorial contra el Tarifazo -que agrupa a empresas recuperadas, clubes de barrio, cooperativas, otras entidades de carácter social y pymes- se alertó sobre la continuidad del tarifazo de gas sobre esos sectores y se llamó a seguir trabajando fuertemente para lograr que el fallo de la Corte alcance a todos los usuarios. Y organizaciones de pymes acaban de presentar el primer amparo colectivo para que se anule el aumento. En adelante, la movilización social seguirá siendo clave para ejercer presión y evitar que las audiencias públicas sean un mero hecho formal y, en otro plano, para seguir mostrando el rechazo contundente al ajuste que impulsa el gobierno.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 28/08/2016

Aumentos ”confiscatorios”

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó retrotraer las tarifas de los usuarios residenciales de gas a los cuadros tarifarios previos al 31 de marzo. Si bien la decisión de la Corte resulta positiva, el fallo lamentablemente no alcanza a los usuarios no residenciales.

El gobierno ha recibido la decisión de la CSJN como lesiva para sus intereses, aunque abarca a menos del 30% del consumo de gas. Queda resonando la proposición de los funcionarios de que “es esto (el tarifazo) o el caos”, recientemente reflotada por el jefe de bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, quien aseguró que “el plan B sería continuar como antes con niveles de inflación del 40% al infinito”: una amenaza irritante y sin asidero alguno.

Los considerandos del fallo son interesantes y también deberían ser aplicados, conceptualmente, al resto de los usuarios, especialmente al sector denominado usuarios de la categoría SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), a las pyme en general, a las empresas de la economía social y solidaria, y a los clubes e instituciones sociales. Según el dictamen que la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó presentó a la CSJN, “la incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categoría SGP dado que el 100% debe afrontar aumentos que en promedio superan el 500%, e incluso en algunos casos alcanzan el 1500%”, si bien hasta el momento regiría el tope del 500%. Para estos sectores cabe definir sin dilación una legislación protectiva y de emergencia.

Es importante resaltar que la CSJN recuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, “a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”. A partir de esta norma deberían considerarse insostenibles los aumentos a los usuarios no residenciales, que en el caso de las actividades productivas y comerciales se trasladan a los precios de los bienes e insumos producidos, más aun cuando el alto tribunal también sostiene que, conforme a dicho artículo, se debe incorporar como condición de validez jurídica “el criterio de gradualidad”. La CSJN se mostró preocupada por “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de «confiscatoria»”.

Según La Nación (19.08.16), los analistas “destacan el respeto del gobierno por las instituciones”, una postura llamativa ya que se trata de un fallo que debe ser cumplido obligatoriamente. Sería importante que el gobierno también respete los fundamentos del fallo, en especial la definición de la CSNJ: “Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”, entre otras observaciones de similar tenor. En respeto a esta definición, la audiencia no debería ser “un mero trámite” como pretende el gobierno nacional y lo informan los medios afines.

La CSJN señala también que según las leyes 17.319 y 24.076, “la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económica desregulada y no fue calificada como servicio público”. De allí que queda pendiente la necesidad de una regulación de la producción y comercialización del gas y su definición de “servicio público”, debido a los preceptos del artículo 42 y a los importantes impactos que tiene sobre la economía, que han quedado expuestos claramente con este “tarifazo” que intenta llevar a cabo el gobierno.

La cuestión principal, más allá de los esenciales mandatos constitucionales, está vinculada con la esencia de las políticas económicas y con las regresivas transferencias de ingresos y riquezas realizadas estos meses. El costo fiscal de $ 10 mil millones que tendría el fallo de la CSJN, empalidece respecto a los $ 15 mil millones que costaría la rebaja de las retenciones a la soja del 30% al 25%, tal como prometió el gobierno nacional y están exigiendo los empresarios del sector, o los cerca de $ 75 mil millones de costo por la ya implementada reducción y quita de retenciones.

Los aumentos tarifarios consisten en la decisión de hacer recaer los elevados subsidios a la producción de gas (cuya cuantía forma parte de otra discusión) sobre los usuarios del servicio, generando un impacto altamente negativo en la economía y en la sociedad, tratando de reducir un déficit fiscal que fue incrementado, entre otros, por la reducción de las ya mencionadas retenciones y de otras cargas tributarias, que benefician principalmente a los sectores más concentrados de la economía.

Endeudándose a pasos acelerados

Fue ampliamente publicado en los medios que durante este año el endeudamiento externo de Argentina duplica la sumatoria de las deudas emitidas por Brasil, Colombia, México y Perú. El gobierno nacional se endeudó por U$S 19.250 millones, las provincias por U$S 5850 millones y el sector privado en U$S 4310 millones. Una cifra impactante. Y si bien los datos de la deuda del gobierno nacional son más conocidos, la cuestión del endeudamiento de las provincias apenas aparece en discusión. Si bien individualmente parecen pequeños, son montos de deuda importantes respecto a la capacidad fiscal de las provincias y las altas tasas que pagan. La reciente colocación de Chaco en el exterior por U$S 250 millones es un buen ejemplo: pagó una tasa del 9,5% en dólares por un bono a 2024, hasta el momento el costo más alto para las provincias, a pesar de habérsele pagado fortunas a los buitres para que “bajara la tasa”, entre otras razones que dieron los funcionarios.

Cabe aclarar que las provincias no generan recursos en moneda extranjera, y se ven expuestas a un riesgo de tipo de cambio muy elevado. Para dar un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, con toda su deuda dolarizada, sufrió un fuerte impacto con la enorme devaluación de Cambiemos. Tomemos la deuda a septiembre de 2015, unos U$S 2300 millones. En pesos, al tipo de cambio de septiembre (9,40) da unos $ 21.620 millones. Ese mismo stock está ahora en $ 34.040 millones (con el tipo de cambio de agosto de este año, a 14,80). De mínima, la devaluación les significó a los porteños un incremento de deuda de $ 12.420 millones, equivalente al 11,3% de los recursos tributarios corrientes que el gobierno estimaba percibir en 2016, según su presupuesto.

Tomar deuda alegremente tiene sus costos, y si es en dólares, más. Por eso las decisiones de este tipo las termina pagando la población por la vía presupuestaria. Un caso significativo es el de Brasil, cuyo gobierno obtiene menores tasas que el nuestro, pero que en 2015 pagó la friolera de más del 7% del PIB en concepto de intereses de deuda externa pública, muy lejos del país que le sigue en el ranking, República Dominicana, con el 3%, y, mucho más lejos de Argentina, con el 2% (cifra esta última a la que habrá que sumarle los intereses del nuevo endeudamiento ya detallado). Las consecuencias de este feroz apetito por el endeudamiento del gobierno nacional y de los provinciales será el verdadero caos que deberemos enfrentar en el futuro.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 21/08/2016

TARIFAS - CORTE SUPREMA - Heller lamentó que el fallo no alcance a “clubes, instituciones sociales, empresas en general y pymes en particular”

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“Si bien para los usuarios residenciales resulta positiva la decisión de la Corte, el fallo lamentablemente no alcanza a los usuarios no residenciales”, opinó esta tarde el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), al ser consultado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a las tarifas del gas.

Para el referente nacional del movimiento cooperativo, “los considerandos del fallo son interesantes y también deberían ser aplicados, conceptualmente, al resto de los usuarios, especialmente al sector denominado usuarios de la categoría SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), los clubes e instituciones sociales, las empresas en general y las pymes en particular”.

Heller también observó que atendiendo que “la Corte Suprema recuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos” deberían considerarse “insostenibles los aumentos a los usuarios no residenciales, que en el caso de las actividades productivas y comerciales, se trasladan a los precios de los bienes e insumos producidos”, más aún cuando el alto tribunal también sostiene que, conforme a dicho artículo, se debe incorporar como condición de validez jurídica “el criterio de gradualidad”.

Asimismo, el legislador manifestó que según los primeros cálculos conocidos, “el fallo de la CSJ alcanzaría a menos del 30% del consumo de gas (usuarios residenciales), lo cual lleva a sostener la necesidad de una legislación de emergencia y protectiva para la categoría SGP, las pymes en general, las empresas de la economía social y solidaria, los clubes e instituciones sociales”.

“La cuestión principal, más allá de los esenciales mandatos constitucionales que sostiene la CSJ –consideró Heller-, está vinculada con la esencia de las políticas económicas y con las transferencias de ingresos y riquezas de los que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía”. “Los aumentos tarifarios consisten en la decisión de hacer recaer el costo de elevados subsidios a la producción hidrocarburífera (cuya cuantía forma parte de otra discusión) hacia los usuarios de los servicios, generando un impacto altamente negativo en la economía y en la sociedad, tratando de reducir un déficit fiscal que fue incrementado, entre otros, por la reducción de las retenciones y de otras cargas tributarias, que benefician principalmente a los sectores más concentrados de la economía”, concluyó el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Espíritu noventista

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

El espíritu de los noventa está fuertemente arraigado en la gestión gubernamental de Cambiemos. No sólo a partir de los efectos nocivos de la desregulación y liberalización (en especial de las importaciones que compiten con la producción local) sino también por los enfoques neoliberales de los funcionarios del gobierno nacional.

El ministro Alfonso Prat-Gay sigue utilizando las metáforas deportivas para enviar advertencias al sector industrial. El funcionario expresó: “El empresariado local tiene que saber que hay un plazo de cuatro años para hacer dieta y gimnasia, y prepararse porque después vendrán los juegos olímpicos y tendrán que competir con el mundo” (Clarín, 11/08/16). Fácil de comparar con muchas de las frases de Domingo Cavallo cuando desarrollaba sus funciones de ministro.

Prat-Gay fue aun más allá en la relación entre los empresarios y el Estado, pues comentó: “Queremos que los empresarios recorran los pasillos de sus fábricas imaginando cómo ser más productivos, que no caminen los pasillos del Ministerio de Hacienda”. Pareciera una frase dirigida especialmente a los empresarios pyme, puesto que los grandes empresarios no recorren los pasillos, sino que tienen acceso directo y privilegiado a los más altos niveles de decisión. Es la igualdad entre los desiguales promovida desde el neoliberalismo, la mejor receta para dejar de lado a los más débiles.

Siguiendo con las ideas noventistas, Carlos Melconian criticó el uso de los fondos del blanqueo para pagarles a jubilados, al comentar que tal decisión “es populismo que va contra aparentes deudas jubilatorias”. Lo llamativo de la frase es el adjetivo de “aparentes” adjudicado a las deudas de los jubilados que ya tienen sentencia judicial o están tramitándose en ese ámbito. Las deudas de los fondos buitre no merecieron tal adjetivación por parte del economista.

Además, en un gran paso hacia la desregulación total, “el BCRA simplifica el mercado cambiario y elimina las normas remanentes del cepo” (www.bcra.gov.ar). Entre otras normas, se derogan los topes mensuales para operar, como el de 5 millones de dólares para atesoramiento, “aplicándose en este sentido únicamente las disposiciones que limitan el uso del efectivo como parte de la política anti-lavado”. También se elimina la obligación de justificar con documentación cada operación de cambio.

Cabe recordar que la pérdida de control sobre las operaciones que significa tal nivel de desregulación ha sido fuertemente criticada por distintos organismos internacionales.

Interpelación

La importante decisión de la mayoría de los diputados para sesionar el miércoles pasado y tratar el tema de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos indicó que está presente en el ánimo de los legisladores (salvo los del bloque de Cambiemos que intentaron obturar la discusión) discutir en el Parlamento un tema que conmociona a la sociedad argentina, con impactos negativos sobre el poder de compra salarial y los costos empresarios.

Posteriormente a la discusión que se llevó a cabo en la sesión, hubo una negociación reflejada luego por los medios, por la cual Sergio Massa, junto con Mario Negri, Emilio Monzó y Nicolás Massot –ante la fuerte presión para interpelar al ministro Juan José Aranguren en el recinto– negociaron una estrategia más protectiva: la asistencia del ministro a un plenario de comisiones, con mucha menor exposición que si se realizara en el recinto.

De todas formas, el saldo fue positivo. El pedido de interpelar al ministro será una enorme oportunidad para que brinde todos los argumentos que supuestamente tiene el Poder Ejecutivo para hacer lo que hizo, para que cada diputado pueda expresar sus opiniones al respecto y que en última instancia quede al descubierto si la adoptada es “la única solución posible” como dice el presidente Macri, o es una brutal transferencia de ingresos de un sector de la sociedad hacia otro, como sostenemos muchos de nosotros.

Pérdida de ingresos

A partir de septiembre debe otorgarse un nuevo aumento a los jubilados y pensionados, que no es una decisión del gobierno, sino que surge de la aplicación de la ley que establece una fórmula polinómica que tiene en cuenta el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación previsional. Los flacos aumentos en las jubilaciones en los dos últimos semestres (un 15,35% en marzo y un 14,16% en septiembre) indican la debilidad de ambos parámetros, debido a la reducción de los salarios reales de los trabajadores registrados y a los menores aportes en cantidad y en valor, por la mayor desocupación y precarización.

En términos anuales, entre el aumento de septiembre de 2015 y el nuevo aumento de septiembre de 2016, los jubilados recibirán un aumento del 31,7%, cuando la inflación de ese período llegaría al 48%, es decir, unos 16 puntos porcentuales menos de aumento en las prestaciones respecto de la inflación.

Si hacemos la misma comparación a septiembre de 2015, el incremento anual de jubilaciones llegó al 33%, mientras que la inflación de ese período fue del 24%, lo que indica un aumento de las jubilaciones de 9 puntos porcentuales por sobre la inflación. La inversa de lo sucedido en el actual período macrista.

Es una situación por demás complicada. Para mantener en términos reales el nivel de la jubilación mínima de septiembre de 2015, las jubilaciones deberían aumentar en septiembre de 2016 algo más de un 28%, y no un 14,16% como se producirá según la aplicación de la fórmula. Un cálculo que no hacen los medios amigos del gobierno cuando anuncian con estridencias el nuevo aumento para septiembre.

Los salarios también están sufriendo pérdidas en su poder adquisitivo como se viene informando desde esta columna. Se conoció un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) que advierte que ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación estimada para este año, que rondará el 45%, el nivel más alto de las últimas tres décadas, además de estimar una pérdida de 12 puntos entre el salario y la inflación en el primer semestre. Los cálculos están realizados sobre los salarios de los trabajadores registrados del sector privado, y puede pensarse que si se tuviera en cuenta a los trabajadores no registrados, la pérdida de poder adquisitivo sería mayor aún.

Estas pérdidas del poder adquisitivo tienen evidentes impactos sociales. Pese a los esfuerzos que han hecho distintos medios para desenfocar las causas del aumento de la pobreza y cargar las tintas sobre “la herencia recibida”, lo cierto es que este indicador ha crecido en 3,6 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016, lo que significa que hay cerca de un millón y medio de nuevas personas afectadas por este flagelo. Más allá de la metodología utilizada, el informe del Observatorio Social de la UCA es contundente, así como sus conclusiones, que destacan una “masa de segmentos de nuevos pobres de clase media baja o sectores populares (que) constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el nuevo gobierno”.

Si a este diagnóstico le agregamos las declaraciones del director ejecutivo de la filial local del JP Morgan, en cuanto a que la recuperación de la economía argentina será “más lenta de lo que espera el gobierno” debido a que “es difícil bajar la inflación mucho, sobre todo el año que viene cuando hay una situación de elecciones”, se explican los distintos dichos del gobierno que son variaciones de la noventista frase: “Estamos mal pero vamos bien”.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 14/08/2016

 

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