Archivo de Octubre de 2016

Un camino para privatizar

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

El objetivo del proyecto de Participación Público-Privada (PPP) presentado por el Poder Ejecutivo es contrario al desarrollo de una actividad económica sustentable y al pleno empleo y busca profundizar más aun las políticas de desregulación, allanando el camino para las privatizaciones de empresas proveedoras de servicios públicos.

El sentido siempre es el mismo: el del Estado “facilitador”, preparando el terreno de juego a los empresarios. El proyecto de PPP implica plasmar por medio de una ley las promesas del presidente en el “Mini-Davos”, en cuanto a los pedidos de los hombres de negocios de perdurabilidad y trascendencia a los distintos gobiernos.

A pesar de que los funcionarios del actual gobierno plantean incansablemente la necesidad de que los procesos en los que intervenga el Estado sean “transparentes”, este proyecto de ley expresa todo lo contrario. No contempla la obligación de publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, lo cual podría dar lugar a la concentración de proyectos de infraestructura en un pequeño grupo de empresarios, sin la necesidad de informarlo a la ciudadanía.

Pero uno de los aspectos más preocupantes de esta normativa es que atenta contra la soberanía de nuestro país a través de la lesiva cláusula de resolución de litigios en tribunales extranjeros. Además, se les garantiza a los privados una “utilidad razonable”, lo que permitiría que apliquen sus criterios de rentabilidad empresaria a los bienes de dominio público. Hasta para Marcelo Bonelli es “una ley que habilita a acordar beneficios extras y ventajas competitivas y que despejaría las dudas sobre la gobernabilidad de Macri” y hace un paralelismo entre este proyecto y la “Ley de Reforma del Estado”, más conocida como la “Ley Dromi” (Clarín, 28/10/16).

El oficialismo acordó con la oposición algunas modificaciones, aunque estas no cambian su esencia y no pudo impedir el traspié del miércoles, cuando se votó en el recinto de Diputados para que el proyecto vuelva a ser tratado en comisión.

En este marco no son casuales las recientes palabras del presidente Macri, en respuesta al conflicto gremial de Aerolíneas Argentinas. La idea detrás de la expresión “nos cuesta dos jardines de infantes por semana” es que hay un gasto “ineficiente” que podría ser utilizado para otras prioridades. Todo recuerda a las palabras del periodista Bernardo Neustadt, cuando justificaba la privatización de los ferrocarriles al asegurar que les costaban a los argentinos “un millón de pesos por día”.

En síntesis, el PPP recoge el espíritu de acuerdos como el NAFTA o el fallido ALCA, al dotar de abiertas prerrogativas a los inversores extranjeros y someter al Estado a la pérdida de herramientas indispensables para reducir la pobreza y perseguir el bienestar general. Por eso en mi intervención en la Cámara de Diputados comenté que la ley, en vez de denominarse “PPP”, debería denominarse “PPSN: Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional”.

Alquimia neoliberal

La apuesta del gobierno incluye también la esfera comercial. En la semana, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, estuvo en Washington reunido con inversores, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, y otros funcionarios, como parte del primer Diálogo Comercial EE UU-Argentina. En la previa a este encuentro el ministro les había comentado a empresarios de Amcham (Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina): “es muy importante ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y queremos que este país sea el primer inversor extranjero en la Argentina”, omitiendo cualquier negociación a través del Mercosur. Reflejándose en el modelo chileno, Cabrera también señaló: “Tenemos acuerdos de comercio con el 10% del PBI mundial contra el 90% que tiene Chile, así que tenemos que crecer en ese sentido”. Luego dijo que “tras 20 años, EE UU y Argentina vuelven a encontrarse en un diálogo comercial: queremos una integración inteligente con foco en las pyme”, un actor que no viene siendo tenido en cuenta y que seguramente se perjudicará con estos acuerdos.

Desde el lado norteamericano, Pritzker resaltó la nueva dirección de las políticas del gobierno de Macri, “diseñadas para mejorar y sostener la salud económica, y asegurar la prosperidad a largo plazo de los argentinos”. Para chequear la veracidad de sus intenciones se puede mencionar una frase de su jefe, Obama, quien semanas atrás había escrito en una nota para The Economist (08.10.16): “mientras algunas comunidades han sufrido la competencia externa, el comercio ha ayudado a nuestra economía mucho más de lo que la ha dañado. Las exportaciones nos han ayudado a salir de la recesión (…). Entonces, seguiré impulsando al Congreso para que apruebe el Acuerdo Transpacífico y concluya el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión con la Unión Europea”. De avanzarse con la idea del gobierno argentino, queda claro cuál será el saldo de beneficiarios y perjudicados.

Calendario del ajuste

El Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) elaboró un sugestivo informe sobre Argentina titulado “Sumándose a la ola del endeudamiento”, que da una idea de la estrategia actual del gobierno, el cual según el IFI estaría evitando hacer un ajuste fiscal. Uno de los pasajes más sinceros es cuando sostienen que el gran desafío es convencer a los sindicatos y negociar bajo las metas de inflación del BCRA establecidas entre el 12% y el 17 por ciento. Esto implica, como mínimo, cristalizar la pérdida del salario real de este año, siempre y cuando las metas puedan ser alcanzadas. Las conclusiones publicadas por el IFI indican que “hay un alto riesgo a la complacencia, y si bien la estrategia de posponer el dolor vía endeudamiento le permitió a Macri posponer el ajuste fiscal, será imperioso implementar un decisivo programa de consolidación fiscal después de las elecciones”. Un futuro que no parece del todo venturoso, más aun si se niega el actual nivel de padecimiento, reflejado en la falta de salud de las principales variables, como la actividad y el empleo, que siguen sin dar respiro.

Por caso, esta semana se publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), mostrando una caída interanual en agosto del 2,6 por ciento. El dato de producción industrial de FIEL para septiembre da cuenta de la continuidad de este proceso, con una caída del 8% interanual. En el acumulado del año afectó de forma generalizada a todos los sectores y tipos de bienes, desde los de consumo durable (-10,1%) hasta los de capital (-6,3%), una consecuencia casi directa de la contracción del mercado interno y de los ingresos de la población. De hecho, según datos oficiales, en los primeros ocho meses del año se perdieron 103.775 puestos formales, y los salarios reales registrados cayeron un 8,4% interanual.

La situación no parece preocupar a un gobierno que sigue apostando por el ajuste y trata de deslindarse de toda responsabilidad. A tal punto que en la semana Macri llegó a decirle a jóvenes que se reunieron con él en representación de entidades que participan del Foro de Convergencia Empresarial: “si tenemos éxito, cada día debería pesar menos la dirigencia política y crecer los casos de empresarios exitosos. EE UU no es por sus presidentes, sino por Henry Ford, Bill Gates, entre otros”, lo cual indica en qué lado se coloca Macri. Teniendo en cuenta el rol activo que jugó el Estado y la política en la experiencia de los países desarrollados, la frase suena a pura tergiversación de la historia, componente clave del discurso neoliberal.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 30/10/2016

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICO - PRIVADA - Para Heller “es un proyecto de ley que pone al Estado al servicio del sector privado”

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En el marco del debate parlamentario del régimen de contratación público-privada, el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) sostuvo que “es un proyecto de ley que pone al Estado al servicio del sector privado” y pidió que el proyecto vuelva al debate en comisión, teniendo en cuenta la enorme cantidad de modificaciones que el oficialismo estaba realizando sobre la iniciativa parlamentaria durante el transcurso de la sesión.

“Después de haber escuchado las intervenciones de Diego Bossio y Marco Lavagna, y algunas cosas que recién me comentaba Luciano Laspina, estoy absolutamente convencido de que tiene que volver a comisión este proyecto”, sostuvo Heller, al tiempo que cuestionó que la alianza Cambiemos solo “ha ido acordando con los bloques que necesita para la aprobación del proyecto y los demás estamos de observadores de esa situación”.

El legislador criticó que el texto original “no establece como obligación la publicación de la licitación en el Boletín Oficial”, dando a entender que esa omisión “podría facilitar la concentración de la obra pública”.

Para Heller, el nuevo «régimen de contratación público-privada» pretende, en realidad, allanar el camino a los inversores privados: “Utilizando la jerga del Presidente: se les prepara la cancha para que «jueguen» tranquilos”, agregó.

En el discurso que el diputado del Partido Solidario pidió insertar, Heller cuestionó que la iniciativa del macrismo no sea explícita respecto de darle prioridad a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido manifestó: “El proyecto carece de incentivos reales y normativa efectiva para que los contratistas se vean obligados a contratar directa o indirectamente al sector de las PyMEs. Resulta contradictorio el hecho de que en los fundamentos se destaque que los Contratos de Participación Público Privada «son una herramienta eficaz» para «la creación de empleo en la Argentina» y el articulado del proyecto se refiera tan débilmente a la participación del sector PyME, que es justamente el mayor creador de empleo en el país”, puntualizó el legislador.

En el texto que Heller envió para su registro en el diario de sesiones, destacó que “genera incluso una gran preocupación el hecho que por medio de este articulado se abra la puerta a la privatización de bienes estatales y actividades públicas, además de la lesiva cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales foráneos”.

“Estamos una vez más ante un proyecto que escudándose en ideas que nos proveerían de las herramientas para lograr -según sus fundamentos- «el desarrollo de una actividad económica sustentable (…) y el despegue de las acciones de fomento al empleo pleno», tiene como objetivo profundizar aún más las políticas de desregulación llevadas a cabo por el Gobierno Nacional desde su asunción y que, a los hechos nos remitimos, no apuntan de ningún modo a beneficiar a las mayorías, todo lo contrario”, añadió el referente del movimiento cooperativo.

Para el diputado, el proyecto original del oficialismo “atenta contra la soberanía de nuestro país y el rol del Estado como garante del bienestar de toda la sociedad, dejándoles la posibilidad a los capitales privados tanto nacionales como internacionales de aplicar sus criterios de rentabilidad empresaria en los bienes de dominio público”.

Heller consideró que “el sector privado es importante para reactivar la economía, pero su actividad debe necesariamente estar acompañada por un activo rol regulador del Estado y, definitivamente, este proyecto expresa lo contrario”.

Por último, y más específicamente sobre el tema de la prórroga de jurisdicción, Heller convocó “a todos los diputados a no claudicar en la defensa de la soberanía, la dignidad y el honor de la República y de la Constitución Nacional, rechazando tergiversaciones o interpretaciones que el carácter imperativo de sus normas no toleran ni permiten”.

“Diálogo”: un respiro para el gobierno

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

En el “Diálogo para la Producción y el Trabajo” que reunió esta semana a representantes de cámaras empresariales, líderes sindicales y el gobierno se acordaron tres puntos: institucionalizar “el diálogo”, abrir una negociación por el bono extraordinario de Fin de Año y utilizar como articulador los ocho ejes del Plan Productivo Nacional.

Para un análisis riguroso conviene transcribir el segundo punto del Acta acuerdo que difundieron luego del encuentro: “Los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago de un Bono extraordinario de Fin de Año. Este tendrá la forma de suma no remunerativa, y servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación durante el año 2016. Se acuerda como referencia/base un monto de $ 2000 por trabajador”.

En principio, se establece una negociación sector por sector, y según aclararon los ministros, “el acta no obligará a todos los empresarios ni a los empleadores –incluido el Estado nacional y las provincias- a pagar el bono ni a respetar el monto acordado, sino que simplemente promueve una negociación. Algunos podrán pagarlo y otros podrán no hacerlo.” (La Nación 20.10.16).

Cabe destacar que por el empresariado estuvieron los titulares del G6, representantes de grandes empresas que habitualmente pagan bonos de fin de año. Aun así, si nos remitimos al acta incumplida de este sector para no despedir por tres meses a partir de mayo de 2016, podremos sostener lo endeble que es el acuerdo alcanzado. El bono para los empleados públicos está aun más en el limbo. No puede dejar de mencionarse que no hubo representante alguno de las pymes.

Un punto esencial es que el bono, de concederse, servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación de 2016; es decir, se intenta cerrar el capítulo de los reclamos remunerativos de este año, consolidando la fuerte pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que si se intentara reparar con un solo bono esta pérdida, el monto tendría que ascender a los $ 15 mil en el caso de los metalúrgicos, y a cerca de los $ 13 mil para gastronómicos y empleados de comercio (Página/12, 21.10.16). Pero además, el bono no se suma al salario, así que aún con esos valores tampoco se recuperaría el poder adquisitivo perdido. Si tomamos la evolución de los salarios promedio de los trabajadores registrados, la pérdida en términos reales ronda el 10% desde el inicio del nuevo gobierno.

En la adenda al Acta acuerdo la CGT señala, entre otras cuestiones, que “con premura resulta necesario recomponer los ingresos de los trabajadores, que han sido afectados seriamente por efecto de la inflación registrada durante el 2016″. No obstante, el acuerdo firmado parece ir en el sentido contrario.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que en la negociación salarial de 2017 “se debe tener en cuenta la inflación de enero, febrero y marzo” próximos, para “que no pase como este año, que llevaron el arrastre de una inflación anterior”. De esta forma, se intenta utilizar los incrementos salariales como una importante herramienta para frenar la inflación, algo que difícilmente impacte en las expectativas de los empresarios, pero que conllevará una fuerte retracción de la actividad económica y una desmejora social relevante.

Otro de los temas importantes es la ratificación de los ocho puntos del Plan Productivo Nacional, entre los que se encuentran los objetivos de “bajar el costo del empleo y la producción”. También los proyectos que buscan regular los juicios por accidentes laborales, para bajar el 7% de la alícuota promedio de las ART a un número más cercano al 2%, o el proyecto de empleo joven, una avanzada flexibilizadora.

Distinta, aunque no por ello menos mezquina, ha sido la propuesta del gobierno para otorgar por única vez en el mes de diciembre un bono de $ 1000 destinado a los jubilados que perciben la mínima, a ex combatientes y a cada grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. De esta forma, e independientemente de la cantidad de hijos que posea cada hogar, recibirán el mismo monto del bono, lo cual subvierte el concepto de la AUH, su progresividad y la universalización de la cobertura con la cual el gobierno macrista dice acordar. Una modificación que llama a la preocupación sobre el futuro de la AUH. En este caso, el bono tampoco compensa las pérdidas de poder adquisitivo de las prestaciones previsionales ni de las distintas asignaciones. Además, el gobierno dispuso que en el medio aguinaldo de diciembre sólo se eximirá el pago de los primeros $ 15 mil del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores cuyas remuneraciones brutas no superen los $ 55 mil. Todo en línea con el ajuste fiscal que involucra, entre otras cosas, también el aumento de las tarifas.

En resumen, la firma del acta acuerdo ha sido muy positiva para los planes del gobierno nacional porque ratifica el sentido esencial de sus políticas, así como para los grandes empresarios, que han logrado evitar cualquier compromiso efectivo que los pudiera condicionar.

La mentada reactivación no aparece

La economía sigue sin dar signos de reacción. Se conocieron datos de la actividad industrial elaborados por la consultora de Orlando Ferreres (OJF) que dan cuenta de una caída en septiembre del 4,7% interanual. Según OJF, el tercer trimestre cierra con un descenso del 5,6%, “el peor del año”, a la vez que si bien “en el último trimestre del año se espera que los números mejoren levemente, una genuina recuperación se postergará hasta 2017″.

Los datos no dan respiro. En septiembre la producción de acero tuvo una caída del 27,9% interanual. Por su parte, los shoppings y supermercados sufrieron en agosto su peor caída en ventas del año y el Indec informó que hubo una significativa desaceleración de la facturación respecto del año anterior (21,2% y 12,6% en supermercados y centros de compra, respectivamente). Si se considera la facturación real, descontando el factor “precios”, los supermercados registraron en agosto una caída del 13,3%, mayor a la de meses anteriores. Esto indica que, además, continúa agravándose la caída del poder adquisitivo de la población.

El menor consumo también afecta al sector textil, que según la Fundación Pro-Tejer tuvo en lo que va del año una baja en su producción del 25 por ciento. A esto hay que sumarle el efecto de la apertura importadora, lo que en conjunto habría llevado a un suspensión de 5000 puestos de trabajo. En este marco, la vicepresidenta Michetti anunció un proyecto para “recuperar la artesanía textil argentina de alta calidad”, y destacó el papel de esta industria en la generación de empleo, lo cual indica qué piensa el gobierno respecto de la política industrial y el empleo.

Es la misma filosofía que expresa el presidente Macri en cada acto público. En la semana invitó a los empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción a plantear una agenda superadora, “llamémosla competitividad, productividad, o romperse el traste”. Cuando desde la ortodoxia se habla de productividad, siempre se alude a la productividad laboral, que es a lo que también se refiere Macri. En ese contexto, pareciera que el traste que más sufriría sería el de los trabajadores.

Más allá de las arengas, la producción sigue en retroceso. Y más allá de un eventual intento del gobierno por lograr alguna mejora del consumo en el próximo año electoral, con esta lógica del Estado “facilitador”, queda claro que la actividad y el empleo seguirán complicados por un largo tiempo.

Obsesión por la “productividad”

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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

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El mensaje de los inversores en el Mini Davos realizado en el Centro Cultural Kirchner aún sigue resonando: continuidad política y más productividad. Son los dos temas cardinales que abordó el presidente Mauricio Macri en el Coloquio de IDEA, uno de los principales tanques de pensamiento de los grupos económicos concentrados.

“El desafío central es que tengamos todos la obsesión de la productividad”, expresó Macri ante los empresarios, para dejar bien en claro sus coincidencias. También volvió a sostener su idea de Estado subsidiario o “canchero” (quien cuida el campo de juego): “En el camino de productividad, el primero que tiene que dar los pasos más rápidos es el Estado, que no puede ser una carga, no puede ser un obstáculo, sino que debe ser un facilitador.”

En esta “obsesión” por la productividad falta un sector principal, que es el trabajador, al cual Macri también intentó dirigirse: “Como le digo a los compañeros gremialistas, lo decía el General Perón, que la estrella polar del país debe ser la productividad.” Una frase sacada de contexto para intentar obtener alguna simpatía gremial, cuando se conoce que ese llamamiento por la “productividad” no es más que un eufemismo para evitar referirse a lo que efectivamente se desea: la baja de los costos salariales vía la flexibilización laboral y baja de salarios reales.

No es casual que ante los grandes empresarios Macri haya comentado que está pensando en su reelección: les estaba expresando la voluntad de continuar este modelo, otra de las exigencias de los inversores.

Ante el auditorio de IDEA, Macri mencionó que en el coloquio del año pasado prometió que si ganaba regresaría con todo el Gabinete para trabajar y coordinar políticas. Lo que no dijo en aquel momento es que muchos de esos funcionarios serían los que lo estaban escuchando, CEO de las grandes empresas. En efecto, unos 114 funcionarios jerárquicos del gobierno de Macri, un tercio del total, ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado (Página/12, 11.10.16).

En la encuesta a los empresarios, el 45% indicó que el próximo año incorporará personal, un dato que los analistas del establishment ven con euforia, mientras que para otros resulta algo exiguo, luego de la elevada cifra de despidos de este año. Entretanto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sostuvo: “Este país no puede crecer con un 32% de pobreza.” Instaló así la duda de cómo se hará para crecer, dado que en el neoliberal coloquio nada se dijo sobre distribución del ingreso, sino que se sostuvo tácitamente la idea del derrame, una teoría que está altamente comprobado que no funciona.

Las persistencias incómodas

En esta tarea de “Estado facilitador”, se han retomado los trabajos de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, liderados por un grupo de empresas en el cual participa IECSA, la empresa de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Calcaterra fue durante seis años gerente de Socma y en 2007 conformó el Grupo ODS, con la participación de la empresa italiana Ghella, mediante la compra a Franco Macri de IECSA y Creaurban.

De hecho, Calcaterra ha sido uno de los principales proveedores del Estado en los últimos años. Debido al parentesco con el presidente, se rumoreaba a inicios de mayo de este año que Calcaterra vendería la empresa, situación que hasta ahora no se ha materializado. De todas formas, teniendo en cuenta que el actual gobierno ha informado que revisó todos los contratos anteriores, queda claro que ha validado el del soterramiento, y la participación del primo se hace más que incómoda.

Mientras tanto, las cifras de actividad económica siguen en valores negativos, otra incomodidad para la gestión macrista. La inflación no es una excepción, ya que se observan cifras que, si bien vienen bajando, aún resultan muy elevadas para los pronósticos oficiales. El Indec publicó el índice de precios de septiembre, con un aumento del 1,1% (el acumulado anual es del 43,1% según el IPC CABA), aunque gran parte del bajo valor se debe a la deducción de los aumentos de tarifas contabilizados en abril y que recién se implementarán en octubre, por lo cual se estima para este mes una inflación que rondaría el 2,5 por ciento. La “inflación núcleo”, que elimina estos efectos tarifarios y los de los bienes estacionales (por ejemplo, frutas y verduras), creció un 1,5% en septiembre, impulsada por el aumento de 2,3% en alimentos y del 4,9% en indumentaria, dos rubros que pesan mucho en el bolsillo de los consumidores de menores ingresos. No se puede hablar de inflación sin tener en cuenta el aumento de los precios de los medicamentos, que promedia un 59% en los primeros nueve meses del gobierno. Si se consideran los medicamentos más utilizados por los jubilados, el aumento promedio llega al 75%, según un estudio de la Universidad de Avellaneda (Undav). Comparado con esta evolución, el bono de $ 1000 por única vez a los jubilados que cobran la mínima y a los perceptores de la AUH, prometido por el gobierno para diciembre, compensa muy poco la pérdida adquisitiva que sufrieron estos sectores.

Otro tema que tiene impacto en la sociedad es el Presupuesto nacional para el próximo año, que, por sus características, limita las posibilidades de desarrollo futuro. El tema fue abordado por el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), integrado por prestigiosos científicos locales, entre ellos el matemático Adrián Paenza. En una carta sostienen: “Denunciamos que este Presupuesto asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina. Pone en riesgo los logros de la última década y atenta contra cualquier política de fomento del desarrollo soberano.”

Los científicos presentan ejemplos concretos, como el del CONICET, que “verá seriamente afectada su capacidad de incorporar nuevos investigadores”. También están los casos del INTA y del INTI, que sufrirán una reducción real de sus partidas del 25% y 27%, respectivamente.

El camino elegido por el gobierno contrasta con su discurso en torno a la innovación y la productividad. Una retórica incompatible con los recortes del Presupuesto en las áreas de ciencia y técnica.

Ante otros recortes presupuestarios, algunos funcionarios se rebelan. La totalidad de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, incluido su titular, renunció por los recortes presupuestarios. Escaseces que también alcanzan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo titular afirmó: “estamos trabajando con los mismos presupuestos e intentamos reforzar los del año pasado pero hay una reducción del presupuesto” (El País, 13.10.16). Sergio Bergman sostuvo además: “no veo que en el corto plazo tengamos la envergadura que Argentina debiera tener. Tal vez el próximo verano.”

Es el mismo futuro venturoso, pero improbable, que predica por los medios todo el elenco gubernamental, pero que resulta difícil de confirmar debido a sus políticas y alianzas. Mientras tanto, los trabajadores siguen esperando la recuperación del valor real de sus salarios –anterior a la devaluación– a través de la reapertura de las paritarias.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 16/10/2016

Elogios al ajuste

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Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller

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La situación internacional está cada vez más complicada. En el marco de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el BM, Christine Lagarde subrayó esta semana en Washington que el crecimiento está siendo “muy bajo, por demasiado tiempo y beneficia a muy pocos”. La titular del FMI también pidió a Alemania que impulse políticas de inversión que reanimen la economía. Tanto los dichos de los funcionarios del FMI y del BM como sus informes evidencian altas dosis de hipocresía: por un lado diagnostican y parecen preocuparse por el estancamiento y los problemas de distribución del ingreso, mientras que por el otro recomiendan más ajuste fiscal y reformas estructurales. En realidad, su verdadera preocupación es que la crisis económica y social pueda socavar el libre comercio y las instituciones del neoliberalismo.

Mientras tanto, el FMI detalla los riesgos globales derivados del excesivo endeudamiento. En su “Monitor Fiscal”, afirma: “la deuda global del sector no financiero —que abarca el gobierno general, los hogares y las empresas no financieras— se sitúa en la actualidad en un máximo histórico equivalente al 225% del PIB mundial”. Agrega que dos tercios de esa deuda constan de pasivos del sector privado que pueden entrañar enormes riesgos al alcanzar niveles excesivos. Sostiene además que “las débiles condiciones macroeconómicas también están pasando factura a los balances gubernamentales, en especial en las economías avanzadas, ya que explican casi el 50% del aumento de la deuda pública desde principios de la crisis financiera mundial”. Nada de esto parece ser tenido en cuenta por el gobierno macrista.

Los funcionarios internacionales se dieron tiempo para referirse a nuestro país. El FMI dijo: “Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria hacia un marco de política económica más consistente y sostenible, que está teniendo en 2016 un costo mayor al previsto.” Un error de estimación más que termina pagando la sociedad que soporta el ajuste.

El presidente del BM, Jim Yong Kim, elogió el retorno de la Argentina a los mercados globales, lo que consideró “increíblemente importante” en un momento de tendencias proteccionistas. Kim afirmó que el organismo que preside está “muy alentado” con lo que ha venido haciendo Mauricio Macri en la Argentina.

Para el economista jefe para América Latina del BM, Augusto de la Torre, “no hay duda” de que un ajuste se requiere en Argentina. Para el funcionario, “el propio gobierno ha reconocido la necesidad de hacer un ajuste, pero no puede hacerlo de golpe, sino gradualmente, a lo largo de tres o cuatro años”, y “si las condiciones políticas lo permiten”. Impactante definición que indica que se perseguirá el ajuste durante toda la presidencia de Macri, tal como muchos hemos previsto.

Se prolonga el frío invierno

La recesión continúa su camino. La producción de autos cayó un 19,7% interanual en septiembre, según la cámara del sector, y se produjeron menos unidades que en agosto. La caída en las exportaciones a Brasil tiene su impacto, pero si bien las ventas a concesionarios crecieron un 12% interanual, las ventas de autos nacionales a dichos concesionarios se redujeron en un 13,5% debido al mayor ingreso de autos importados. En tanto, la producción de cemento, que varios analistas y funcionarios del gobierno identificaron prematuramente con un brote verde en agosto, volvió a evidenciar una fuerte caída del 11% interanual en septiembre, incluso con menores toneladas producidas que el mes anterior.

En este entorno toman relevancia las recientes proyecciones del FMI sobre la economía argentina, previendo una caída del PBI del 1,8% para este año y un crecimiento del 2,7% para 2017. Estos datos lesionan los “datos verdaderos contenidos en el Presupuesto 2017″, al decir de Alfonso Prat-Gay, que prevé una caída del 1,5% en 2016 y un aumento del 3,5% para 2017. Si bien el FMI no es la fuente de la verdad y la sabiduría, como lo expresé en varias oportunidades, sus proyecciones manifiestan la fallida estrategia del ministro de querer darle veracidad a datos proyectados y de esa forma sobreactuar una imagen “creíble” mientras avanza en la construcción del relato macrista.

Un dato importante es que el FMI estima una inflación del 23% para 2017, cuando el Presupuesto 2017 la ubica entre el 12% al 17 por ciento. No es ilógico pensar en una tasa de inflación del 23% e incluso algo mayor, dado que las tarifas seguirán aumentando, en pos de reducir los subsidios. Además, dos bastiones Pro han anunciado incrementos superiores al 30%, tanto en el ABL de la CABA, como en el impuesto inmobiliario y patentes de la provincia de Buenos Aires.

Aumentos sin fin

Se comunicaron las nuevas tarifas de gas que regirán a partir de este mes, un galimatías que trataremos de desentrañar.

Los aumentos informados sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), más conocido como “precio en boca de pozo”, indican que el aumento será mayor para los usuarios de menor consumo (317%) que para los que más demandan (107%). Un dato para nada despreciable ya que el precio PIST tiene una incidencia de cerca del 81% en el valor de la tarifa que recibe el usuario residencial.

Según el cuadro tarifario “heredado”, el PIST que se aplicaba a los usuarios de menor consumo era una quinta parte del que pagaban las categorías de mayor consumo. Esto derriba la idea de que los subsidios iban a los más ricos.

Una brecha que se está comenzando a cerrar, para que a partir de 2019 la progresividad desaparezca por completo y todos los usuarios residenciales terminen pagando el mismo valor por unidad del gas en boca de pozo.

Cabe destacar que se incorporan topes a los aumentos tarifarios, que van del 300% para los usuarios residenciales de menor consumo, al 400% para los de mayor consumo. Sin embargo, estos porcentajes se aplicarán sólo si el usuario consume más de $ 250 por mes. Según los cálculos del ministro Juan José Aranguren, en el caso de los consumos menores, la tarifa promedio es de $ 114, por lo cual no se les aplicará el tope.

Para los usuarios del Servicio General para pequeños consumos comerciales e industriales (SGP), el aumento máximo es del 500 por ciento. En la presentación del nuevo cuadro tarifario, Aranguren indicó que estaban estudiando aplicar las tarifas residenciales a las entidades de bien público. El beneficio alcanzaría a las organizaciones sin fines de lucro, excluidas las empresas, explotaciones comerciales, industrias “que no son compatibles con este fin”. En el mundo de Aranguren no existen empresas sin fines de lucro, borrando de un mapa a las cooperativas y todo el resto de las empresas de la economía social y solidaria. Como corresponde a un ex CEO de una multinacional.

Los topes máximos se calculan con relación a igual facturación del mismo período del año anterior, por lo tanto, los que no paguen la tarifa plena este año, porque son alcanzados por los topes, la pagarán el año que viene y con aumentos de hasta el 300% o 400 por ciento. En definitiva, el impacto de la reducción de subsidios sumado al aumento en dólares del precio en boca de pozo de un 23% anual hasta el 2019 generarán fortísimos aumentos tarifarios. Una presión insoportable sobre los bolsillos de los usuarios y los balances de las empresas, en especial las pymes, más aun si se continúa con aumentos salariales por debajo de los aumentos de precios, cualquiera sea el índice inflacionario.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 09/10/2016

 

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