Notas con la etiqueta ‘Ley de Entidades Financieras’
El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social presentado por nuestro bloque, el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, cambia conceptualmente el espíritu de la Ley de Entidades Financieras (21.526). Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros.
Para darle un marco adecuado al proyecto, conviene identificar las razones de la necesidad del cambio de la Ley de Entidades Financieras de 1977, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la “Escuela de Chicago” y que, luego, se consolidaron en el “Consenso de Washington”. La ley 21.526 aplicó una fuerte desregulación sobre el sistema y, durante su vigencia, se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria.
A lo largo de todos estos años, se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y de sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantuvo incólume.
Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en un beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis de 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11,3% del PBI, un valor que se repitió estos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero, además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35% de los depósitos, cuando gran parte de ese dinero debería haberse utilizado para dar crédito.
Considero que es un paso muy importante esta ley, puesto que significa comenzar a cumplir con las propuestas realizadas en la campaña electoral y porque, además, refleja una reivindicación histórica del movimiento cooperativo al cual pertenezco.
Como su nombre lo indica, la “Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social” no es una ley de las Entidades Financieras, sino una ley de servicios orientada a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación.
De esta manera, en el marco de esta nueva ley, definimos a las Entidades Financieras como un Servicio Público, ya que el protagonista es el usuario. Se trata de una ley que define que hay servicios financieros que reciben las empresas, la gente, las comunidades, las regiones, y que esos servicios financieros deben estar orientados al desarrollo económico y social, es aquí desde donde empezamos a articular todo el proyecto.
Los objetivos fundamentales que señalamos en el texto de la ley son los de “promover el acceso universal a los servicios financieros; proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios; proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas; impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales; promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares; alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera; y preservar la estabilidad del sistema financiero”.
Por todo lo anterior, y teniendo al usuario como foco, hemos introducido en la ley una serie de figuras novedosas: una de ellas es la creación, en el ámbito del Banco Central, de la Defensoría de Servicios Bancarios. Este es un punto muy importante, ya que la ley está pensada desde la premisa de que hay un usuario que recibe un servicio y que ese servicio es esencial.
El bloque de Nuevo Encuentro espera que en las próximas semanas se dé un debate amplio y rico que permita a la sociedad saber qué piensa cada uno respecto a qué sistema financiero necesita nuestro país.
El análisis de la situación nacional no puede desvincularse de la coyuntura regional e internacional. Estoy convencido de que la posibilidad de un futuro de dignidad para todos nuestros habitantes está ligada, indisolublemente, a la suerte de toda nuestra América.
No podemos limitar el análisis de la derrota de la Concertación y el triunfo de la derecha a una perspectiva de política interna del país hermano. Pienso que el viraje que produjo el triunfo de Sebastián Piñera en Chile conllevará consecuencias para la Argentina y la región.
Debemos recordar que el modelo que se viene impulsando en nuestro país desde 2003 hasta ahora tiene una dirección decididamente antagónica a la matriz neoliberal preexistente. Es cierto que hay asignaturas pendientes, pero los cuestionamientos opositores no son por las cosas que faltan, sino por las que, para mí, se hicieron bien y contribuyeron a dar un paso más hacia la superación de las calamidades del neoliberalismo.
Se puede observar que las políticas sociales han seguido una orientación reparadora, revelada en la incorporación de casi dos millones de ancianos a los derechos jubilatorios, y a la sanción de una norma (respondiendo a una decisión de la Corte Suprema) de movilidad de las jubilaciones y pensiones.
También se puede observar que el modelo económico se direccionó hacia la producción de bienes, sin descuidar los servicios en un contexto de recuperación de los derechos laborales e incremento, insuficiente, pero incremento al fin, de la masa de trabajadores bajo protección legal.
Creo que el rumbo es el correcto, que hay cosas que se hicieron bien, que hay cosas por mejorar y cosas que faltan y es por ello que seguiré comprometido con la tarea de construir unidad en la diversidad, por todo lo que se hizo bien y por todo lo que falta por hacer.
Mi objetivo es poder librar con fuerza las batallas que se avecinan, como son por ejemplo la nueva ley de entidades financieras, la redistribución de la riqueza, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y la lucha contra la corrupción.
La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad. Esta norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.
Es por ello que estoy trabajando en una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
Con esta nueva ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, la ley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.
Para lograrlo, los objetivos que se plantean en esta ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros contemplan:
La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.
Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
Considero que lo que está en discusión no es tanto el nivel de las tasas pasivas, sino el nivel de las tasas activas, que los bancos cobran por los préstamos. La diferencia entre ambas tasas, el spread o margen financiero, ha aumentado en los últimos años, y ello no tiene que ver con la confianza de la población, sino con el modelo de gestión de los bancos privados que priorizan la rentabilidad como meta de sus negocios.
Si bien tanto el gobierno como los bancos oficiales han generado distintos programas con tasas de préstamos accesibles para la producción, es evidente que se necesita que en todo el sector bancario bajen las altas tasas de los préstamos a la producción, porque ello demora la recuperación y el crecimiento económico.
Ante tal situación pienso que se requiere con prontitud la sanción de una nueva ley de fomento al crédito productivo, como parte de una reforma más profunda que rija la actividad de los bancos, para que todo el sistema financiero contribuya a los objetivos de recuperación y crecimiento que desean todos los habitantes.
Esta será una de las asignaturas en las que tengo pensado trabajar, la creación de una nueva Ley de Entidades Financieras que remplace a la vigente heredada de la dictadura.
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