La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social es un proyecto que se propone centrar la regulación financiera en base a las necesidades de los usuarios, y está orientada a reemplazar la actual ley 21.526.

El proyecto establece que la actividad financiera es un servicio público, puesto que tiene todas las características que lo definen en este sentido.

Ello no implica que no pueda ser prestado por entidades lucrativas, pero bajo determinadas orientaciones para que la actividad tenga un impacto positivo en la economía.

No es nuevo que el sistema financiero es una de las actividades más reguladas en todo el mundo; nuestro proyecto, además de mantener y fortalecer las regulaciones para sostener la solvencia del sistema, le agrega otras regulaciones para que su accionar favorezca al conjunto de la sociedad.

Se propone generar la democratización de los servicios financieros, para que alcancen potencialmente a todos los habitantes según sus necesidades y características, que serán evaluadas según el riesgo que presente cada uno de los actores a quienes se le brindan los servicios.

Una de las finalidades del proyecto es preservar la estabilidad del sistema, y por lo tanto no prevé ninguna normativa que vaya en contra de las políticas financieras prudentes. Bajo esta premisa, se encomienda al Banco Central establecer un listado de “servicios esenciales“, dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, con un nivel acotado de comisiones.

Para favorecer la prestación de servicios en el interior, entre otras medidas, se crea un fondo compensador que administrará el Central, para distribuir proporcionalmente entre las entidades que presten servicios esenciales y según la cantidad de sucursales ubicadas en zonas geográficas de menor densidad poblacional.

Teniendo en cuenta la importancia del crédito en la economía, y el escaso nivel que ha alcanzado en
nuestro país desde la implementación de la ley 21.526, se establecen porcentajes mínimos de cartera que las entidades financieras deben dedicar a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un escaso acceso al financiamiento.

Para mejorar el crédito a este sector, se establece una tasa máxima vinculada con la tasa de mercado para el segmento de las micro y pequeñas, ya que son los sectores más desprotegidos y los que afrontan los mayores costos.

Algunos críticos han expresado que esta norma generará la ausencia de crédito a muchas empresas pequeñas por no poder cobrar tasas más altas acordes a su riesgo. Pero la realidad demuestra que la tesis que sostiene que las pymes poseen mayor riesgo es errónea. El Banco cooperativo que presido presta más de un 60% de su cartera a pymes y mantiene un nivel de mora menor que el promedio de los bancos privados. También debe mencionarse que luego de la crisis financiera desatada en nuestro país a fines de 2001, las pymes han reducido sus niveles de mora más rápidamente que las grandes empresas.

El proyecto crea una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el Banco Central, que regulará los departamentos de atención a usuarios que deberán constituir las entidades, de forma tal de proteger al usuario de diversas arbitrariedades y errores. Pensando en mejorar esa protección, se establece un sistema de seguro de depósitos con mayor cobertura y con garantía estatal, que será administrado por el Banco Central para dedicar a este único propósito.

Muchos han criticado los fondos de fomento o de garantía creados para ser administrados por el Banco Central, y han dicho que son nuevas “cajas” para el gobierno de turno; en realidad quienes sostienen esta errónea tesis son aquellos que siguen pensando que el Estado no debe intervenir, y que el propio accionar libre del mercado solucionará todos los problemas de la economía y de la sociedad, una proposición que ha demostrado ser totalmente errónea.

La intención del nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros es dotar al país de una legislación más progresista en materia financiera, en base a las premisas que desde el movimiento cooperativo hemos expresado en los últimos cincuenta años.

Esta nota fue publicada en el suplemento iEco del diario Clarín el 25 de julio de 2010.

Hace unos días me preguntaban en una entrevista si no me llamaba la atención que Jorge Brito, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), no se haya contactado conmigo para tratar el tema de la Ley de Servicios Financieros.

Yo entiendo y acepto que las asociaciones estén realizando un intenso trabajo de lobby con los diputados que van a tratar el tema en la Cámara. En este sentido es lógico que no quieran hablar conmigo, no tienen que convencerme de nada.

De hecho, nuestro convencimiento es que tenemos un proyecto sumamente serio, equilibrado, moderado y que no plantea nada extravagante. Lo único que decimos es que la financiera es una actividad trascendente como para quedar librada a los designios del mercado. Es una actividad que necesita carriles, regulaciones, marcos de referencia entre los cuales desarrollarse.

Recordemos simplemente lo que pasó en la Argentina cuando se interrumpieron los servicios financieros, es como si se cortase la luz. La sociedad moderna no puede funcionar sin servicios financieros. Es por esta razón que tomamos a la actividad financiera como un servicio público al que toda la ciudadanía tiene derecho a acceder.

Creemos que las leyes establecen los marcos de referencia en los que después se desarrollará la actividad, por eso nuestro planteo se basa en que, por tratarse de un servicio público, los bancos deben garantizar el acceso a todos los habitantes de la nación.