La actividad que despliegan los bancos incide profundamente en la economía general de los habitantes y constituye un factor fundamental y permanente en las relaciones económicas de los individuos entre sí y de éstos con el Estado, cuestiones que justifican que tal función sea considerada como servicio público.

Por estas razones, el servicio financiero debe ser prestado para cubrir necesidades de interés general, y no particular, y su prestación, al igual que cualquier otro servicio público, debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para que pueda satisfacer las necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan.

Las entidades financieras son aptas para diseñar productos para los sectores sofisticados y de alta renta y, cuando llegan a sectores de menores recursos, lo hacen con altos costos. Nuestro proyecto está diseñado para que llegue a todos los usuarios, con las modalidades que sean adecuadas para cada uno de ellos, finalidad que sólo puede lograrse a través de la intervención protectora del Estado, que resulte en un aumento la eficiencia social de la actividad financiera.

Algunos puntos a destacar:

• Se fomentará la actividad financiera en localidades del interior del país permitiendo la apertura de sucursales y premiando a los bancos que lo hagan.
• Se propone destinar el 40% de las financiaciones que van al sector privado, a financiar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa.
• Se introduce un mecanismo de regulación de tasas para que ninguna entidad pueda cobrar a este segmento de micro y medianas empresas una tasa superior al 5% de la media que cobra el sistema.
• Se creará una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, y se encomendará al Banco Central implementar un “Código de Conducta” de las entidades financieras.