Lo cierto es que el Estado español ha puesto en Bankia una suma equivalente a la que recortaron de salud y educación, toda una definición de política: 10 mil millones de euros es el recorte que anunció Rajoy en salud y educación; 10 mil millones de euros es lo que el gobierno español aportó para intentar salvar al cuarto banco español.

Ahora la gran pregunta es qué hará el banco con ese dinero. Es cierto que como primera medida deberá poner en orden sus relaciones técnicas y deberá dar caja en caso de que los depositantes quieran realizar extracciones. De todos modos mucho más interesante sería que vuelvan a dar préstamos, aunque quedó demostrado que en Europa mucho no se preocupan por eso: el Banco Central Europeo realizó préstamos a los bancos de Europa por 1 billón de euros, y en lugar de prestársela a las Pymes o a empresas que generen empleo, compraron bonos de deuda de los países de la zona euro. Es decir, el Banco Central Europeo les prestó fondos públicos a los bancos privados que los recibieron al 1% de interés y éstos a su vez se lo prestaron a los estados miembros de la comunidad que luego son los que deben aportar el capital del Banco Central Europeo al 5% o 6%. Una maravilla.

Esa última instancia llegó rápidamente y tres días después se tomó la decisión de nacionalizar Bankia, el cuarto banco en importancia en España, definido por el diario El País como “la gran caja de ahorros del PP” (10/05/12), dado que Caja Madrid y Bancaja, que integran el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fueron controladas por políticos del Partido Popular. Pareciera que los populares salen al rescate de los populares. De hecho, el presidente de Bankia fue hasta hace unos días Rodrigo Rato, ex vicepresidente y ministro de economía del gobierno de José María Aznar y ex director gerente del FMI. Durante su mandato en Bankia, cerró 853 sucursales y despidió a 3857 empleados.

La ingeniería para la formación de Bankia, así como su actual nacionalización, es altamente compleja. Con un generoso préstamo del gobierno español, siete cajas de ahorro complicadas por la gran cantidad de activos tóxicos, cinco de ellas muy pequeñas, se fusionaron en el BFA, que consolidó gran parte de los activos tóxicos y que, a su vez, gestó Bankia, una entidad controlada, y supuestamente saneada. La creación de Bankia fue presentada como un éxito de la política de libre mercado, que se coronó con la emisión de 3092 millones de euros en acciones, ofertadas principalmente a los asociados de las cajas fusionadas y a los bancos españoles; llamativamente, no hubo demanda de inversores extranjeros.

Esta arista de “contribución de mercado” a la crisis financiera no resultó eficiente para los inversores que confiaron en Bankia, pues al día de hoy perdieron cerca de un 40% del monto invertido, arrastrados por la caída del valor de las acciones.

Tampoco fue suficiente que Bankia pusiera, entre sus activos privilegiados para integrar las garantías entregadas al Banco Central Europeo, el préstamo de 76,5 millones de euros realizado al Real Madrid para comprar los pases de Cristiano Ronaldo y Kaká.

La nacionalización se realiza con la capitalización de un préstamo otorgado por el gobierno por 4465 millones de euros al Banco Financiero y de Ahorros, que a su vez es propietario del 45,5% de las acciones de Bankia.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía informa que “la entrada en el capital se considera un primer paso necesario para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad”, un enfoque inaceptable pues se realiza a costa de la intranquilidad de la mayoría de los españoles, quienes ven severamente reducidas sus posibilidades de empleo, atención médica o educación.

Los activos tóxicos del ladrillo
La razón subyacente de esta nacionalización, y de otras tres intervenciones y cuatro nacionalizaciones de entidades de menor tamaño, son los denominados “activos tóxicos del ladrillo” que, si bien comprenden a los préstamos hipotecarios para vivienda realizados a las familias, tienen su mayor poder tóxico en los préstamos destinados a las constructoras, en muchos casos en desarrollos que han quedado por la mitad o de los que sólo se adquirió el terreno. Sobre estos activos problemáticos, como los denomina el Banco de España, se enfocó la primera reforma financiera del gobierno de Rajoy en febrero pasado, exigiendo fuertes provisiones (el colchón con el que los bancos se protegen de las pérdidas), que alcanzan entre el 65 y el 80% de la cartera problemática.

Los bancos españoles tenían al cierre de 2011 activos problemáticos por 184 mil millones de euros, que ascendían al 60% del total de la cartera de la construcción. Bankia poseía 31.800 millones de euros de estos activos tóxicos, un monto significativo.

Pero, además, la cartera problemática viene creciendo aceleradamente y tiene altas probabilidades de seguir haciéndolo. Según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de abril de 2012, “el sector de construcción y promoción inmobiliaria muestra una ratio de morosidad sensiblemente más elevada (un 20,9% en diciembre de 2011, frente al 13,5% en diciembre de 2010)”; para luego concluir que “la débil coyuntura económica ayuda a explicar que los activos dudosos crezcan, y que previsiblemente lo sigan haciendo en un contexto como el descrito”. La lectura de esta última frase lleva a una reflexión: si no fuera por la ideología aplicada, el escenario debería ser distinto, y las políticas deberían estar enfocadas al crecimiento en vez de centrarse en el ajuste.

Estas citas del informe de estabilidad ayudan a comprender las razones de la segunda reforma financiera anunciada el viernes pasado, dos meses después de la primera.

En esta reforma se exige a los bancos constituir fuertes provisiones sobre el crédito actualmente sano o normal. Sobre el financiamiento a la construcción, se exigirán provisiones hasta un máximo del 52%, bastante cerca de las exigidas para los créditos tóxicos. La totalidad de la cartera sana pasará de una media de provisiones del 7 hasta el 30%, un incremento importante, y que significa un requerimiento de capital adicional para los bancos de unos 31 mil millones de euros. Para tener una idea del enorme esfuerzo que esta nueva norma significa, es equivalente a más de cuatro años de utilidades de las entidades, ya que las ganancias obtenidas por los bancos españoles en 2011 llegaron a los 7700 millones de euros.

No puede obviarse que en esas ganancias tienen un peso importante las filiales que los grandes bancos tienen en el exterior; en 2011, sólo el 10% de las ganancias del Banco Santander provinieron de España, mientras que la mayor parte se originó en América Latina; similar es el caso del BBVA, donde las ganancias en España y Portugal representaron el año pasado sólo el 10% de sus ganancias totales (La Nación, 10/05/12).

La nueva reforma llevará a los bancos a buscar inversores, o deshacerse de inversiones en el exterior, o esperar a la ayuda estatal, dado que el gobierno español ha comunicado que las entidades que no puedan afrontar el saneamiento recibirán dinero público a una muy elevada tasa del 10% anual, y que podrá ser convertido en capital si eventualmente se requiere, es decir, mayor participación del gobierno en las entidades financieras.

El gobierno calcula que estas ayudas estatales llegarán a los 15 mil millones de euros, y una parte importante irá para Bankia, que es el banco que tiene el mayor volumen de activos tóxicos del ladrillo.

El ejemplo español, si bien no es novedoso, es paradigmático de la fortaleza que tienen los grupos financieros para imponer sus condiciones en la economía y obtener el visto bueno de los líderes mundiales. Se deja de cubrir la salud de pacientes porque el dinero no alcanza, pero, en la escasez, no se duda en invertir miles de millones para salvar a los bancos que especularon dando créditos sin evaluar adecuadamente su riesgo, especialmente en medio de una burbuja de precios inmobiliarios.

La derecha habla de la subsidiariedad del Estado y de la libre empresa privada, pero no duda en nacionalizar los bancos a cualquier costo si la situación lo requiere.

Nuevamente se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias; es lo que sucedió con el sistema financiero estadounidense, con la diferencia que en el caso español, los costos que se le hace pagar a la sociedad son mucho más elevados.

Como expreso habitualmente, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 13.05.2012

Es cierto como ha dicho hace un rato un Señor Diputado “que hay otra Argentina posible y es mejor. Es la que se comenzó a construir trabajosamente en el 2003 sobre el país desvastado que dejó el “Vendaval Neoliberal”.

Estoy convencido que hoy estamos legislando sobre un tema crucial para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar actual y futuro de los argentinos. En ese sentido, quiero adelantar el voto favorable en General y en Particular del Bloque del Frente Nuevo Encuentro.

El petróleo, a pesar del surgimiento y la evolución de fuentes no convencionales de energía, sigue siendo un elemento estratégico en el proceso de desarrollo de los países centrales y en desarrollo. En la matriz energética mundial el petróleo participa con un 34% y el gas con el 21%. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina el carbón, con sus graves perjuicios sobre el medio ambiente, explica un 27% de la oferta energética mundial.

Varios elementos dan muestra de este carácter estratégico.

El elevado precio en el mercado internacional que se explica por el aumento de la demanda (en particular de los países en desarrollo que lideran el crecimiento mundial) y por los costos crecientes de explotación.

Además de su importancia como fuente de energía los hidrocarburos son insumos esenciales para el proceso productivo en general y para el proceso industrial en particular. El sector de hidrocarburos es un importante demandante de bienes industriales y es un insumo de industrias claves como la petroquímica (fertilizantes, plásticos).

El mercado mundial del petróleo está dominado por gigantescas empresas transnacionales que avasallan las soberanías nacionales, que alientan y financian guerras, con el objetivo de asegurarse el dominio de los yacimientos. La mayor parte de los conflictos y golpes de Estado posteriores a la segunda guerra mundial tienen un fuerte olor a petróleo. Los gobiernos de los países imperialistas representan a menudo los intereses de sus gigantes petroleros, mientras que en muchos países dependientes los gobiernos actúan como sus socios, en detrimento de los intereses nacionales. Los ejércitos de los países centrales a menudo constituyen las avanzadas que desbrozan el camino para que las petroleras puedan desplegar sus negocios. El nombre de Haliburton ha quedado como símbolo de esta estrategia en la invasión a Irak.

Veamos la lista de la revista Forbes de las compañías más grandes del mundo. Dentro de las 20 mayores Exxon ocupa el primer lugar, siendo además la empresa más rentable del planeta. El 4° lugar lo ocupa la Shell, el 7° Petro China, el 10° Petrobras, el 11° British Petroleum, el 12° Chevron y el 15 Gazprom (Rusia). Es decir de las 20 empresas más grandes 6 son petroleras, tres de ellas de países centrales (EEUU y Gran Bretaña) y otras 3 del grupo de países denominados BRICs, China, Brasil y Rusia. Es un interesante mapa que refleja la distribución de poder mundial.

Dada esa configuración del poder planetario, la mayoría de los países ha entendido que sólo los Estados nacionales cuentan con el poder y las herramientas necesarias para asegurar la soberanía y colocar la actividad hidrocarburífera al servicio de los procesos nacionales de desarrollo y el bienestar de la población. Veamos cuáles son esas herramientas:

La adopción de marcos legales que otorgan a la actividad hidrocarburífera el carácter de actividad de “utilidad pública” o de “recursos estratégicos”, con todas las derivaciones que de ello se desprenden. Muchas veces, para que estas definiciones tengan más fuerza se las inscribe en las Constituciones nacionales. El establecimiento de políticas energéticas e hidrocarburíferas que incluyen además de las empresas estatales, un marco regulatorio para alinear los objetivos de las empresas petroleras (estatales, privadas y mixtas) con los objetivos nacionales y para lograr que la renta petrolera, es decir las ganancias extraordinarias, no sea apropiada por las empresas privadas en lugar de beneficiar al Estado, los trabajadores y los consumidores.

El sector de hidrocarburos en la Argentina

Argentina cuenta con una rica historia petrolífera, en la que la creación de YPF en el año 1922 constituye uno de sus hitos más destacados.

Veamos lo que decía el general ingeniero Enrique Mosconi sobre la empresa YPF:

¿Qué representa YPF para la Nación?, (9 de julio de 1936)
“Haber suprimido para nuestro país la situación de peligro, de inferioridad y de desventaja que existió hasta el año 1922, transformándola en situación de seguridad, de progreso y ventaja…”

“El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo”

“El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor, señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales…”

“YPF ha dado, a la Nación, la comprobación de que nuestro país ha alcanzado madurez técnica y administrativa para organizar y conducir con éxito las más difíciles empresas que caracteriza la compleja estructura económica de las naciones modernas. Este sería, sin duda, el rumbo que debiéramos marcar para convertir a nuestro país en centro de gravitación de las naciones meridionales de nuestra América”

En el plenario de Comisiones para el tratamiento del actual proyecto de Ley, un diputado señaló que “el petróleo no tiene ideología”, que lo único que importaba eran los logros cuantitativos de extracción y comercialización.

Nada más lejos de la realidad. Las diferentes políticas petroleras aplicadas por los diferentes gobiernos, reflejaron la ideología de las clases dominantes y de los gobiernos. Los dilemas estatal vs. privado, nacionalización vs. extranjerización, regulación vs. desregulación y dominio estatal vs. dominio provincial han sido encarados de diferentes modos en la historia argentina, en función de la ideología de los gobiernos y los intereses y la presión de las empresas petroleras. Comparemos aquellos dichos de Mosconi con la tristemente célebre frase de Dromi, “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado y saquemos conclusiones sobre si el tema es ideológico o no.

Obviamente no podemos desarrollar en esta intervención la evolución histórica de la actividad hidrocarburífera de nuestro país. Pero sí queremos hacer una breve referencia a la evolución del sector en el marco del modelo neoliberal de los años 90, proceso que ha dejado una profunda huella en la situación del sector.

La solución de los dilemas planteados fue tajante, se optó por la privatización, la extranjerización, la desregulación y la provincialización de la producción de petróleo y gas. La política neoliberal no sólo redujo la participación del Estado en el sector energético. La desregulación transfirió a las grandes empresas del sector toda la política de hidrocarburos.

La política neoliberal negó el carácter estratégico del sector, reconociendo exclusivamente su valor económico. El petróleo y el gas eran tratados como cualquier otro bien, pudiendo las empresas privadas decidir, decidir su mix de producción, la cuantía de sus exportaciones y la política respecto de las reservas.

La desregulación tomo cuerpo en tres decretos firmados a principios de 1989 (decretos 1055, 1212 y 1589) que reconfiguraron profundamente la estructura del sector. Estos decretos traducían un afán desregulador a favor de las empresas privadas extranjeras. Los decretos convirtieron los contratos de exploración y explotación vigentes en concesiones de libre disponibilidad. Las empresas pasaron a controlar el petróleo extraído sin reconocimiento monetario alguno a YPF y sin preocuparse por la evolución de las reservas. Estos decretos, que siguen vigentes, deberán ser anulados a la luz de las transformaciones que el proyecto que hoy estamos tratando impondrá en el sector de hidrocarburos.

Al mismo tiempo se implementó un proceso de desmantelamiento progresivo de YPF, vendiendo refinerías, buques, gasoducto, petroductos y declinando su participación en importantes yacimientos.

Finalmente, la ley 24.145/92 convirtió a YPF en una sociedad anónima. En 1997 se inicio la desnacionalización de YPF y en 1999 prácticamente la totalidad de las acciones estaban en poder de Repsol, que pasó a controlar la compañía. Las decisiones relativas a la marcha de YPF comenzaron a tomarse en España obedeciendo a los objetivos de Repsol, los cuales se divorciaban en forma creciente de los intereses nacionales.

Los objetivos de Repsol consistían, exclusivamente, en maximizar y girar a España las utilidades, política que conducía a reducir las tareas de exploración y, en consecuencia, a una declinación continua en las reservas comprobadas.

Según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”.

Sin embargo, las recetas que los españoles querían aplicar en nuestro país se encontraban en las antípodas de lo que recomiendan para sus propios recursos. En la Constitución española, su artículo 128, denominado “la función pública de la riqueza” dice lo siguiente:

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector publico recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”

Cuando lo hacen ellos responde a al interés general, cuando lo hacen los países en desarrollo como el nuestro lo denominan “confiscación” y acuden al remanido argumento del “clima de negocios o de la “seguridad jurídica”.

Los resultados de la privatización han sido altamente favorables a Repsol y fuertemente desfavorables a los intereses de la Nación Argentina. Entre 1997 y 2010, YPF distribuyó dividendos por U$S 13.246 millones, el 85% de las utilidades netas del período, lo cual anuló las posibilidades de capitalización de la compañía. Con ellos financió su expansión global para posicionarse en Trinidad Tobago, Perú Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia entre otros países. Es decir, lo que debían haber invertido en Argentina, se invirtió en el exterior, en negocios que, según su presidente, Antonio Brufau, le generaban mayor valor agregado (eufemismo por ganancias) y disminuían el riesgo gracias a la diversificación geográfica.

Durante 2011 YPF realizó la exploración de 30 pozos, cuando tenía concesionadas unas 60 áreas, un valor exiguo si lo comparamos con los 110 pozos exploratorios por año que, en promedio, realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes de la privatización.

Repsol intenta distorsionar la realidad y encubrir su verdadero accionar a través de una costosa campaña en los diarios, campaña que es apoyada por los medios de comunicación monopólicos y por algunos legisladores que repiten los argumentos españoles (“inseguridad jurídica”, “aislamiento internacional”, “represalias a las exportaciones argentinas”).

La verdad es que desde que Repsol ingreso a YPF la producción de petróleo de esa compañía se redujo en un 44% entre 1997 y 2011. Repsol fue responsable del 54% en la caída en la producción de petróleo y 97% de la reducción de la producción de gas en ese período.

Caída de la producción y reservas, disminución de la actividad de exploración, maximización del giro de utilidades al exterior configuran un comportamiento depredatorio del recurso y de virtual vaciamiento de la empresa.

El Sector de hidrocarburos en la Argentina

En la matriz energética argentina la oferta proveniente del petróleo alcanza al 36,8% y del gas el 51.6%. La suma de ambos arroja un 88,4%. Además, el 92,4% proviene de recursos no renovables. En la comparación internacional se destaca una muy alta participación del gas en la oferta energética nacional, mientras que las reservas de gas -gracias a la política de exportación del recurso diseñada en los 90- y a una caída en la exploración y la producción las reservas de gas cayeron del equivalente a 17 años en 1997 a sólo 7 años en 2011.

Entre las primeras 15 empresas que más venden en el país hay tres empresas del sector energético: YPF en el puesto 1, Panamerican Energy en el 6° y Esso en el 12°. Es decir el sector está privatizado, fuertemente concentrado y desnacionalizado.

El nuevo proyecto

Como lo han planteado otros diputados, somos participes de una jornada trascendente, un día de recuperación de la soberanía nacional, una jornada que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos.

Se trata, nada menos que de recuperar para el Estado Nacional la propiedad mayoritaria y el control de las decisiones de una empresa clave del sector hidrocarburífero. Estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, desregulador, privatizador y desnacionalizador vigente en los años 90 y escribiendo una página de soberanía concreta -no declamatoria- sobre nuestros recursos naturales.

Estamos recuperando las mejores tradiciones de nuestra rica historia petrolera, sumándonos a esta oleada de actos también valientes y trascendentes que otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela han adoptado en defensa de su soberanía sobre los recursos naturales. Para algunos de estos países se trata de medidas inéditas, que se adoptan por primera vez desde el nacimiento de su independencia política. Sabemos que el neocolonialismo, mantenía formalmente la soberanía nacional mientras que depredaban los recursos naturales en beneficio de las compañías transnacionales y los Estados imperialistas.

Nuestro país ha registrado desde el año 2003 hasta la actualidad el proceso de crecimiento más importante de su historia. Esta expansión productiva no puede explicarse sin un vigoroso proceso de inversiones. Por eso no tiene sentido lo que plantean algunos gurúes sobre el proceso de inversión. Para defender su posición señalan que nuestro país recibe menos inversión extranjera directa que la que captan otros países de América Latina. No comprenden (o no quieren comprender) que este modelo no se basa en la Inversión Extranjera, los actores principales del proceso de inversión son los actores domésticos, las empresas, (incluidas las pymes) y la mayor inversión pública.

Y lo más significativo es que este aumento de la producción ha sido acompañado por la inclusión de amplios sectores de la población gracias a un drástico aumento del empleo, a una mejora en la distribución del ingreso, explicada por la inclusión de cientos de miles de compatriotas a través de medidas tales como la asignación universal por hijo y el aumento de la cobertura del sistema previsional. En el plano de la lucha contra la pobreza, la mayor inclusión y la mejora en la distribución del ingreso queda mucho camino por recorrer, lo que no significa reconocer los grandes logros que se han alcanzado.

¿Porque es importante la sanción de la Ley que hoy estamos debatiendo?

Para mantener un ritmo sostenido de crecimiento debemos contar con una infraestructura energética que lo haga posible. La combinación de aumento en la producción y la industria, y caída en la producción de hidrocarburos sólo cierra con una mayor importación, mayor uso de divisas y más erogaciones fiscales. Sería un proceso no sustentable, que en algún momento del tiempo se traduciría en desaceleración del crecimiento y el empleo.

Es cierto que Argentina tiene que diversificar su matriz energética, disminuyendo su dependencia de los hidrocarburos y ampliando la participación de energía hidráulica, atómica y recursos no convencionales (eólica, solar). Pero estos procesos estructurales son lentos. Durante muchos años los hidrocarburos seguirán siendo el componente central de la matriz energética.

Algunos diputados preopinantes han señalado que la expropiación de las acciones de Repsol solo conseguiría que el Estado contara con el 15% del mercado de hidrocarburos (la mitad de la participación de YPF en el mercado local).

Se trata de una falacia, las acciones conjuntas del Estado Nacional y las Provincias estarán cohesionadas gracias a un pacto de sindicación por 50 años, que les permitirá tener el 51% de las acciones de YPF. ¿Una reflexión al respecto: los Señores Diputados que piden que también se expropie al Grupo Petersen, no se les ocurrió pensar que tal vez sea la mejor solución para los intereses de ese grupo?

Pese a que la participación de YPF en la producción de petróleo cayó del 42% al 34% entre 1997 y 2011 y la de gas del 35% al 23% en ese mismo período, YPF sigue siendo un actor protagónico de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y puede recuperar rápidamente su participación anterior, en la medida en que gracias a esta legislación se implemente un plan estratégico de aumento de la producción y las reservas.

En otras palabras YPF será una herramienta poderosa para avanzar en el objetivo de aumento de la producción, impulsar el proceso de reindustrialización, establecer un mix de productos acorde con las necesidades, actuar como “empresa testigo” en materia de precios y, en definitiva, recuperar el autoabastecimiento perdido (eliminación del déficit energético).

Las alianzas con otras empresas petroleras, privilegiando a aquellas empresas estatales de países en desarrollo permitirán obtener recursos adicionales para aumentar la exploración y la explotación, y aplicar nuevas tecnologías.

El control estatal de YPF permitirá que el Estado, los consumidores y los trabajadores tengan una mayor participación en la renta petrolera, es decir la diferencia entre el precio internacional y los costos de producción. Esta renta petrolera crece con el aumento de la cotización internacional del crudo, que ha más que compensado la reducción de la producción. Una estimación de la renta petrolera permite en el año 2011 se aproxima a los 13.000 millones de dólares. La recuperación de YPF permitirá tomar decisiones sobre cómo distribuir la renta petrolera (las ganancias extraordinarias) entre la Nación, las Provincias, las empresas, los consumidores y las empresas petroleras.

El corazón del Proyecto de Ley es su artículo 1° que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Republica Argentina el logro del autoabastecimiento.

Entre los dilemas de la política petrolera que mencionáramos anteriormente, este proyecto es parte de una política energética que opta por la regulación y la mayor participación del Estado, revertir la desnacionalización y lograr un equilibrio entre los intereses de la Nación y las Provincias.

Este proyecto se inserta decididamente en un proceso de creciente participación del Estado en las áreas estratégicas de la economía. Las formas de mayor participación estatal incluyen la mayor propiedad pública, la mejor regulación y un control eficiente, de modo de contribuir a fortalecer este modelo de desarrollo e inclusión que estamos llevando adelante.

Quienes se oponen a esta medida recurren nuevamente al remanido argumento de la intrínseca ineficiencia del Estado para llevar adelante proyectos que hacen al bien público. YPF ha demostrado en su historia que cuando la empresa desarrolla su actividad en un marco regulatorio adecuado y con profesionales eficientes y consustanciados con los objetivos de la empresa, los resultados son muy positivos. No dudamos que este será el camino que recorrerá una YPF controlada por el Estado Nacional.

La presidenta Kirchner ha señalado que la reforma constitucional de 1994 le sacó poder de negociación al Estado porque fragmentó ese poder dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión; una expresión con la cual acuerdo. A resolver este problema se encamina la distribución de las acciones expropiadas, con el 51% para el Estado nacional y el 49% para las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones que permite lograr obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.

Además, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora una fuerte barrera a futuras privatizaciones, al declarar que la actual expropiación se realiza por causa de utilidad pública, prohibiendo la transferencia de tales acciones salvo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, lo que le da una fuerte impronta de continuidad y seguridad jurídica.

El gobierno español ha salido en defensa de Repsol anunciando distintas medidas de retaliación, como las de cesar las importaciones españolas provenientes de Argentina y denunciar a la Argentina ante organismos internacionales. Nuestro país ha adoptado una decisión soberana basada en la declaración de utilidad pública y fundada en su legislación de expropiación, tal como España lo prevé para la defensa del interés público en su Constitución. No podemos descartar la continuidad de las presiones españolas en favor de su empresa, aunque la única vía legal que le queda a Repsol será –probablemente acudir al CIADI en función del Tratado Bilateral de inversiones entre Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de cincuenta Tratados Bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.

Si bien con la recuperación de YPF para el Estado Nacional hemos dado un gran paso, quedan pendientes una serie de medidas para reconfigurar el sector de hidrocarburos en función de nuestro desarrollo nacional independiente.

Entre ellos cabe mencionar:
Diseñar una política energética integral que incluya planes de corto, mediano y largo plazo para que el modelo de desarrollo e inclusión no encuentre en la infraestructura energética un obstáculo insalvable.

Dentro de esta planificación, el plan de acción de la YPF recuperada ocupa un lugar preponderante.

Cambiar la matriz energética desarrollando otras fuentes de energía, en primer lugar la hidráulica, cuyos recursos son renovables y no afectan al medio ambiente. También la energía nuclear debería tener una mayor participación, sabiendo que contamos con los recursos científicos tecnológicos necesarios. Otras fuentes no tradicionales, como la eólica y la solar merecen también un rol más importante en la oferta energética.

Es necesario también anular las leyes y decretos sancionados en la década de los 90, que siguen vigentes y que apuntan a un proceso de desregulación en favor del capital nacional y transnacional más concentrado.

Hay que revisar los Tratados Bilaterales de Inversión firmados en la década de los 90 que, como se pone de manifiesto en el caso del petróleo podrían limitar la adopción de medidas soberanas. Esta revisión debe extenderse a la Ley de Inversiones Extranjeras- Ley 21.382 sancionada en 1993.

Conformar alianzas y proyectos conjuntos con otras empresas petroleras estatales de nuestra región (los nombres de Petrobras y PDVSA aparecen como los primeros candidatos) de modo de contar con recursos adicionales para las cuantiosas inversiones que necesitamos en el sector.

Pero, queda claro que estas tareas pendientes no deben menoscabar la importancia histórica de la ley que estamos tratando. El consenso mayoritario que se advierte en la población y en el seno de las fuerzas políticas constituye, sin dudas un hecho auspicioso. Este consenso se asienta en una recuperación del rol de un Estado inteligente y eficiente en un modelo de desarrollo con inclusión y equidad distributiva.

Yo he sido profundamente crítico de todo el proceso privatizador porque las privatizaciones lo que verdaderamente clamaban era un cambio de objeto social. Por ejemplo, Obras Sanitarias de la Nación fue creada para proveer de agua potable a la población, pero su transformación en Aguas Argentinas la convirtió en una empresa que buscaba ganar dinero vendiéndole agua a la población. Ese cambio tiene una magnitud tal que rediseña todo escenario. Cuando se busca la maximización de la rentabilidad, el diseño de los productos irá en esa dirección, entonces en este caso particular, se buscará venderle agua a los que puedan pagar más caro y no darle agua a los carenciados que no pueden pagarla.

Por eso, es fundamental que recuperemos el objetivo social de YPF en el marco de lo que dice el artículo 1º de la ahora Ley: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los distintos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”, algo que es según mi punto de vista una actuación en función de un proyecto y un modelo de país.

También están aquellos que critican argumentando que no hay dinero disponible para explorar. En primer lugar creo que Repsol tuvo una política de vaciamiento, porque no sólo se llevó alrededor de 14.000 millones de dólares que bien pudo haber destinado a las tareas de exploración, sino que en su lugar los destinó a comprar y desarrollar su negocio en un montón de países. En realidad YPF fue el proveedor de recursos financieros para una empresa que se expandió en el mundo gracias a lo que se llevó de nuestro país.

En este contexto podemos decir, como primera conclusión, que tal vez sea probable que estemos en una etapa donde la empresa haya quedado sin recursos, vaciada y endeudada. De todos modos no creo que vayamos a tener dificultades teniendo en cuenta la alta rentabilidad de la empresa. Al contrario, tengo la preocupación inversa, y esto es que en la búsqueda de inversores no se tenga en cuenta toda la historia. Me refiero a los grandes jugadores, aquellos que hacen guerras o voltean gobiernos.

A mí me encantaría que el planteo fuera, por ejemplo, el de una integración con las grandes petroleras de la región que también son estatales, como PDVSA o Petrobras. Alguna vez se habló de conformar una suerte de holding de los estados a través de esa integración, cosa que no era posible porque Argentina no tenía esa empresa estatal petrolera. Es por eso que me pregunto: ¿no habrá llegado el momento de soñar con un proceso de integración en el marco de la UNASUR y crear un gran consorcio?

Ese mismo día publicaron la contratara de esta situación: la pelea entre Angela Merkel y quien ayer fue electo presidente de Francia, Francois Hollande, por el Pacto Fiscal que los jefes de Estado de la Unión Europea firmaron. Sucede que Hollande venía prometiendo hace meses que de ganar las elecciones, exigiría que se modifique el pacto; mientras que Merkel asegura que el Pacto Fiscal no es negociable.

En este contexto se conocieron los nuevos datos de desocupación española que ya está en 24,4%, es decir, 5.6 millones de desempleados. Pero la situación, lejos de frenarse, empeora. Durante el año 2010, se incorporaban al paro 150.000 españoles por trimestre; en el primer trimestre de 2012, se incorporaron 370.000 españoles, un signo que da cuenta de la aceleración del proceso.

A nivel de la UE, los datos también son brutales: 24.5 millones de desocupados, de los cuales 17 millones pertenecen a la eurozona. La situación es realmente gravísima, y lo cierto es que el colchón es cada vez más finito, porque se siguen recortando los gastos de salud, los gastos de educación, las jubilaciones, y el conflicto va a ir en aumento. Por eso me gusta decir que el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. ¿Cuánto más puede el pueblo europeo seguir aguantando?

Esta nacionalización de YPF no hubiera sido posible si no hubiese existido en 2005 el No al ALCA, y no es difícil imaginar dónde estaría hoy nuestro país si eso no hubiera pasado. La nacionalización de estos días también es tributaria del valor que tuvo el gobierno para enfrentar la negociación de la deuda externa, una pesada cadena de dependencia de la que años atrás ni siquiera hubiéramos imaginado librarnos; o del pago total al FMI, otra pesada cadena de condicionamientos que se rompió.

También podemos mencionar la reestatización de Aerolíneas Argentinas, la implementación de la Asignación Universal por Hijo y para las embarazadas y los fuertes aumentos en la cantidad de jubilados, así como en sus haberes.

Contribuye a las fortalezas de este momento el haber ganado otras batallas ideológicas, como lo fue la eliminación de las AFJP y la implementación del Fondo de Desendeudamiento, que sufrieron furiosos embates de la derecha preanunciando todo tipo de catástrofes y que la realidad demostró que fueron medidas eficientes y justas. En el mismo camino aparece la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

Sin haber transitado por estas transformaciones significativas, y sin la fuerza del 54% de los votos y el apoyo popular, no hubiera sido posible este proceso de nacionalización de YPF que recién se está iniciando y que abre grandes esperanzas.

No menos importante es, junto con el fortalecimiento del papel del Estado, la vuelta a la planificación, a través de los Planes Estratégicos Industrial, Agropecuario y Agroalimentario 2020.

Sin duda se ha avanzado mucho, se han logrado cambios impensables en los aciagos días de 2002, pero aún falta mucho más por caminar, para profundizar y mejorar este modelo, una cuestión indispensable para que mantenga las características que lo definen.

Puede pensarse la profundización del modelo como un proceso orientado a desarmar la legislación heredada de la dictadura y de la década de los ’90, que instauró el más acendrado ideario neoliberal, otorgando al mercado gran discrecionalidad y generando desamparo en los trabajadores y consumidores.

Hay que avanzar en mayores regulaciones para las inversiones extranjeras mediante dos vías, hay que pensar en tener una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, así como desactivar los Tratados Bilaterales de Inversión, temas que dificultan el camino hoy encarado de nacionalización de YPF. La actual Ley de Inversiones Extranjeras, la 21.382, es el ejemplo de la total desregulación, gestada en 1976 a escasos meses de la instalación de la dictadura genocida y que ha sido, junto con la Ley de Entidades Financieras, los cimientos legales que han abierto las puertas a la desregulación de los capitales y la desnacionalización de la economía.

También deben denunciarse, para que comiencen a caducar, los más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión, la mayoría de ellos firmados en los años noventa, y que impiden hacer diferencias entre las inversiones nacionales y las extranjeras, un tema propio del Consenso de Washington y que beneficia injustamente a los capitales externos.

Aún resta la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, para ser remplazada por una ley de la democracia que consagre a la actividad financiera como un servicio público, y oriente el crédito a partir de los importantes cambios realizados recientemente en la Carta Orgánica del BCRA.

De la misma forma que se está avanzando en la reforma del Código Penal y del Código Civil, otro de los grandes cambios históricos que está imprimiendo este gobierno y quienes lo apoyamos, hay que encarar la reforma impositiva de una vez por todas y de manera integral.

Una reforma fiscal que establezca un sistema impositivo coherente, que fomente la producción y mejore la distribución del ingreso.

En este sentido, hay que gravar las ganancias provenientes de la renta financiera, cuidando de no alcanzar a los pequeños y medianos ahorristas en el sistema financiero; las ganancias empresariales deben centrarse en cabeza de las personas que las reciben más que en las empresas como sucede hoy día, lo que permite a muchos accionistas eludir impuestos.

Hay que volver a un IVA con una menor tasa y que tenga el efecto redistribuidor con el que fue diseñado originalmente, exceptuando del gravamen a los alimentos, los medicamentos y los insumos escolares, entre otros.

El nuevo rediseño impositivo requiere de la participación activa del gobierno, así como un amplio debate en la sociedad y en el Parlamento.

La tasa de desocupación ha ido cayendo en forma continua, llegando al 6,7% al finalizar 2011. No obstante, los niveles de subocupación se mantuvieron prácticamente inalterados en el mismo período, con una tasa del 8,5%, de los cuales un 5,9% se considera “demandante”, es decir, que las personas afectadas desearían trabajar más horas. Esto es un fiel reflejo de la aún elevada proporción de trabajadores no registrados que llega al 34,2% de la población empleada, una tasa que habrá que ir disminuyendo sostenidamente, brindando a las pymes herramientas de fomento para que formalicen a sus trabajadores.

Si bien se ha reducido significativamente la pobreza y la indigencia, el único nivel aceptable de estos indicadores es cero. En lo inmediato, habría que establecer un ajuste periódico en el monto de la Asignación Universal, con una fórmula muy cercana a la que se aplica a los jubilados.

Un tema importante es la promoción de la economía social. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, destacando su contribución al desarrollo socioeconómico, y reconociendo en particular su impacto sobre la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social.

Las cooperativas tienen un auspicioso futuro para su desarrollo en la economía argentina, pero, para que ello se concrete, necesitan políticas de estímulo que reconozcan la característica diferencial de la actividad no lucrativa, que fomenten la inversión, que auspicien la reinversión de utilidades, que reconozcan la especial característica de servicios y producciones locales de las cooperativas. También se deben eliminar regulaciones que tratan a las cooperativas con la misma vara que a las empresas oligopólicas; la Ley de Medios Audiovisuales es un ejemplo de cómo regular y establecer diferencias positivas para las empresas solidarias. Quedan en el tintero una gran cantidad de logros alcanzados y futuros cambios políticos y sociales que, por la limitación del espacio y por ser esta una columna de economía, no han sido considerados.

Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 29.04.2012

A mi me llama la atención que se hable del CIADI como si fuera la Corte de La Haya, cuando la realidad es que se trata de un organismo creado por el Banco Mundial para resolver litigios entre empresas y estados, que en general se ha caracterizado por opinar a favor de las empresas y no de los estados.

Este organismo lo que hace es igualar la importancia de la empresa a la del Estado, y no es casual que esto suceda, ya que tiene que ver con la idea de la eliminación de los Estados Nación y de su reemplazo por las grandes corporaciones. Entonces, se creó un tribunal al que van el Estado y la Multinacional, pero resulta que es un tribunal del Banco Mundial que a su vez está dirigido por las mismas corporaciones que comienzan los juicios contra los Estados.

Recordemos que el CIADI es un tribunal al que la Argentina aceptó someterse voluntariamente en aquellos litigios que tiene con empresas multinacionales. Yo creo que habrá que pensar si es razonable seguir estando en el CIADI, ya que no es una obligación hacerlo. Brasil, por ejemplo no está en el CIADI y la verdad que no le pasa absolutamente nada por no hacerlo, al contrario, se evita someterse a ese tipo de situaciones.

Está claro que la Argentina recibirá presiones, amenazas y chantajes de diversos tipos, pero creo que son todos riesgos que quienes tomaron la decisión tienen asumidos como probables. Me parece importante rescatar el apoyo de la oposición que votando a favor de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera en el Senado dotó a esta decisión un mayor apoyo institucional.

Esta definición apunta a desandar el camino de la privatización de los recursos hidrocarburíferos, poniéndolos bajo el paraguas del interés público, y estableciendo los principios de una política hidrocarburífera argentina que excede el marco de YPF. La expropiación del 51 por ciento del patrimonio de YPF se orienta a tomar el control efectivo y total del Estado sobre YPF, la empresa emblemática del petróleo fundada por Mosconi, para que ésta sea la vanguardia de la política de hidrocarburos en general y del autoabastecimiento en particular. Significa recuperar una herramienta que nos robó el vendaval neoliberal, y que poseen otros gobiernos de la región: una petrolera estatal.

La declaración de utilidad pública y la expropiación es una decisión soberana de la Argentina, porque está en juego la provisión energética actual y futura, y se ha demostrado que con la privatización este tema no sólo no se resuelve, sino que cada año que pasa empeora más. La situación actual deriva de dos grandes cambios decididos en los noventa: la privatización de la extracción de recursos hidrocarburíferos, junto con la de YPF, y la concesión de la propiedad de esos recursos a las provincias, por medio de la Constitución Nacional del 94.

Se ha demostrado que, cuando la gestión de los servicios públicos o de las concesiones para la extracción de recursos naturales está a cargo del sector privado, las ganancias compiten con las inversiones necesarias, que son muy altas. Siempre terminan ganando las utilidades por sobre la inversión.

El caso de Repsol YPF es paradigmático en este aspecto; según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”. Hoy, un tercio de las ganancias de Repsol provienen de YPF. Los resultados de la privatización han sido altamente favorables a Repsol y fuertemente desfavorables a los intereses de la Argentina. Entre 1997 y 2010, YPF distribuyó dividendos por 13.246 millones de dólares, el 85 por ciento de las utilidades netas del período. Con ellos, financió su expansión global para posicionarse en Alaska, Brasil, Golfo de México, el Caribe, Argelia y Libia. Es decir, lo que debía haber invertido en la Argentina, lo desembolsó en el exterior en negocios que, según su presidente, Antonio Brufau, le generaban mayor valor agregado (eufemismo por ganancias).

Durante 2011 YPF realizó la exploración de 30 pozos, cuando tenía concesionadas unas 60 áreas, un valor exiguo si lo comparamos con los 110 pozos exploratorios por año que, en promedio, realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Luego de estos datos, no asombra comprobar que, cuando YPF se privatizó, tenía reservas para 15 años, y hoy alcanzan para bastante menos de cinco años. En los últimos diez años, la producción de petróleo cayó un 18 por ciento y la de gas, un 11 por ciento. La falta de inversiones ha sido determinante en este proceso de decadencia.

Luego de haberse debatido el tema con gran amplitud, queda claro que el control operativo, y la gestión centralizada de los recursos en manos del Estado nacional, son una condición indispensable para poder recomponer las inversiones necesarias, y poner a la extracción petrolera a tono con las necesidades del plan económico que gestiona el Gobierno.

En este aspecto, toma relevancia la participación de la propiedad de las acciones expropiadas, perteneciendo el 51 por ciento al Estado nacional y el resto a las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones, de forma de obtener una gestión uniforme y coherente. Las fuertes declaraciones del gobierno español, inmerso en la mayor crisis de su historia democrática, han elevado los intereses de Repsol a nivel de intereses de ese país. No resulta extraño de un gobierno que está aplicando profundamente el ajuste neoliberal dictado por el FMI, que genera elevadísimos costos sociales con el objetivo de “seducir” a los mercados, lo que quiere decir, proteger los intereses de los grandes bancos europeos. Salir frontalmente a defender a Repsol, es también un arma más de esa seducción.

No están solos en esta gesta: la Unión Europea ha apoyado los reclamos de España, y se ha preocupado por aclarar que “desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea tiene competencias reforzadas para salir en defensa de las inversiones de los socios europeos en cualquier país extranjero”. Una velada advertencia para la Argentina, aunque en realidad han reconocido luego que no tienen instrumentos legales para aplicar sanciones.

Las declaraciones del ministro español de Industria sonaron como si estuviéramos en tiempos de la colonia. El secretario de Estado de la UE advierte que el país puede convertirse en un “apestado”. Sin duda, el gobierno español y el de la Unión Europea hace rato están embarcados en la defensa de los intereses de los capitales, tanto financieros como productivos, mientras que el pueblo de España, como del resto de la Unión Europea, buscan una solución a la aguda crisis que están pagando con gran sufrimiento, causada en gran medida por privilegiar los intereses del capital.

La fuerte andanada mediática por parte del gobierno de España y de la Unión Europea fue inteligentemente planteada en el dibujo gráfico de Daniel Paz y Rudy en Página 12 del 14 de abril: “Los medios españoles dicen que queremos robarles nuestro petróleo”. Esta conjunción de los gobiernos europeos, para defender los sacrosantos beneficios de las inversiones privadas, puede asociarse con la postura de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas al no apoyar la declaración sobre las Malvinas, defendiendo no sólo sus intereses estratégicos, sino también los del gran capital que ve en las Malvinas un gran negocio vinculado con los hidrocarburos y la explotación de los recursos naturales.

La VI Cumbre de las Américas, realizada recientemente en Cartagena de Indias, Colombia, tuvo un balance “muy positivo” para la Argentina, según la Cancillería de nuestro país. En la Cumbre, se evidenció la unidad que está demostrando América Latina, dado que ha surgido un unánime apoyo de los países latinoamericanos a la asistencia de Cuba a la reunión, y se ha definido que ésta es la última Cumbre sin representación de Cuba, un tema incluido en el discurso del anfitrión, el presidente Juan Manuel Santos, como así también en el de la presidenta Cristina Kirchner y de otros jefes de Estado. Es de destacar que en la Reunión Parlamentaria de Las Américas, previa a la Cumbre, se expresó un fuerte respaldo a la Argentina, ya que la mayoría de los países intervinientes, a excepción de Estados Unidos y Canadá, solicitaron “que la VI Cumbre de las Américas se pronuncie por la apertura del diálogo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, en función de encontrar una salida diplomática al justo reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con base en el principio de la integridad territorial”. La misma declaración fue emitida por el Foro de los Trabajadores, otra de las actividades de la Cumbre.

Todas estas expresiones de apoyo no llegaron a manifestarse como resultado formal de la Cumbre dado que a raíz de la falta de consensos y, en especial, por el veto ejercido por Estados Unidos sobre el tema Cuba, el resto de los Estados decidieron no emitir Declaración Final alguna. Ante estas fuertes presiones, toman relevancia los importantes resultados de la integración latinoamericana que denotan una fortaleza para el ejercicio de la soberanía de los países que la componen, tanto en el caso de las disputas territoriales, como en las decisiones sobre sus recursos naturales, que, en el caso de Argentina, podrían generar conflictos con los inversores extranjeros y los gobiernos que se sienten afectados.

La recuperación de la soberanía hidrocarburífera es un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en 2003, que derivará en mejores condiciones para el funcionamiento de la economía. Las presiones serán fuertes, aunque la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al CIADI, en función del tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de cincuenta tratados bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 20.04.2012

Quiero invitarlos a la presentación de mi nuevo libro “La Argentina actual y los desafíos para el cambio”, editado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación (Ediciones del CCC).

Los espero hoy martes 24 a las 18:00 en la Sala Leopoldo Lugones del Pabellón Amarillo. Me van a acompañar el autor del prólogo, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional; y Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

La decisión más importante plasmada en este proyecto está expresada en el artículo 1º, por el cual se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización. Esta definición apunta a desandar el camino de la privatización de los recursos hidrocarburíferos, poniéndolos bajo el paraguas de interés público.

La expropiación del 51% del patrimonio de YPF SA, proveniente de las acciones de Repsol, se orienta a que el Estado tome el control efectivo sobre la emblemática empresa fundada por Mosconi, para que esta sea la vanguardia de la política de hidrocarburos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que la reforma constitucional de 1994 le sacó poder de negociación al Estado porque fragmentó ese poder, dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión, una expresión con la cual acuerdo. A resolver este problema se encamina la distribución de las acciones expropiadas, con el 51% para el Estado Nacional y el 49% para las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones que permite obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.

Además, el proyecto de ley del Ejecutivo resulta una fuerte barrera a futuras privatizaciones, al declarar que la expropiación se realiza por causa de utilidad pública, prohibiendo la transferencia de tales acciones, salvo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, lo que le da una fuerte impronta de continuidad y seguridad jurídica.

Hemos tenido un desfasaje entre el crecimiento significativo de la economía sin que el balance energético haya acompañado esa evolución, porque para los responsables de Repsol evidentemente el objetivo no era invertir sino llevarse los beneficios fuera del país.

Las presiones serán fuertes, aunque la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al Ciadi en función del tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de 50 tratados bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.

Por su parte, en estos pocos días, Repsol ha venido bajando el nivel de indemnización que dice solicitará al Ciadi; lo que comenzó con 10.500 millones de euros, terminó en 8000 millones de euros, según la última información, dubitación que indica la dificultad en la valuación de lo que corresponde pagar.

Más allá de estas cuestiones legales, se han desarrollado un sinnúmero de presiones y amenazas, en su mayoría sin posibilidad de llevarse a la práctica, provenientes del gobierno español y de la Unión Europea (UE). También se evidenciaron conductas de tipo xenófobo hacia los argentinos en España, desde graffitis insultante, hasta un ominoso letrero colocado en un bar de una populosa ciudad: “Queda prohibida la entrada a argentinos.” Pero entre estas actitudes, descuella la admonición del secretario de Estado de la UE, quien advirtió que Argentina puede convertirse en un “apestado”.

La mayoría de estas expresiones se fundan en una idea fuerza: “quien ataca a Repsol, ataca a España”, una frase sin consistencia alguna, puesto que la expropiación no es un ataque, es un acto soberano de un gobierno que estará sujeto a un posterior pago de indemnización y, a lo sumo, la disputa puede rondar sobre el monto de esa indemnización. Varios argentinos se han plegado a esta idea, como la historiadora María Sáenz Quesada, quien expresó que “la expropiación humilla a España” (El Cronista, 20/04/12).

Pero, además, lo más grave es asociar los intereses de una empresa privada lucrativa a los intereses de una Nación; esta idea sólo se sostiene desde el punto de vista del neoliberalismo más rancio, que sobrepone los intereses del capital a los intereses consulares, e incluso al sufrimiento de sus propios habitantes. Sobre este tema resulta interesante la postura de Izquierda Unida, un movimiento político y social español, cuyo secretario sostiene que “el gobierno español debería ocuparse de defender la soberanía española en lugar de confundir la Patria con el consejo de administración de una petrolera, que ni siquiera tributa en España todos sus beneficios, ni el 50% de su capital es español” (BAE, 18/04/12).

Esta postura se contrapone, obviamente, con las declaraciones del presidente español Mariano Rajoy, quien aseguró esta semana que la expropiación de YPF era “injustificable” y que lo ocurrido “afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina”, a la vez que aconsejó imponer todo tipo de restricciones comerciales a nuestro país.

Sin duda, esta actitud del presidente español contrasta con las declaraciones realizadas en 2008, al asumir como el líder de la oposición, cuando dijo: “Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división”, ante la posibilidad que la empresa rusa Lukoil comprara Repsol.

Estas declaraciones y cambios de la derecha española, acomodándose a las circunstancias, establecen una gran similitud con las actitudes de un conspicuo representante de la derecha argentina, Mauricio Macri, quien salió a criticar crudamente la expropiación de YPF, expresando: “Los argentinos vamos a estar peor en un año de lo que estamos hoy y, no tengo duda, por eso me atrevo a decir algo tan grave.”

Hay una fuerte vinculación ideológica entre el PRO y el PP español, que se expresa, entre otras, en la entusiasta acogida que ha dado Macri en la Ciudad de Buenos Aires a la reunión del año pasado de la Sociedad Mont Pelerin, pilar del neoliberalismo mundial desde 1947, y donde compartió charlas con José María Aznar, del PP español, y Mario Vargas Llosa, entre otros tantos neoliberales.

Sin embargo, esta adhesión ideológica no pudo contra las encuestas que evidencian un fuerte apoyo popular a la recuperación de YPF, y Macri salió a comunicar que si fuera presidente en 2015 no volvería atrás con la expropiación de YPF, dando un giro copernicano a su postura, y a pesar de haberse mostrado preocupado, dos días atrás, por el futuro de su hija Antonia ante medidas políticas como la expropiación de Repsol.

Mientras tanto, la YPF nacionalizada avanza y además de haber decidido la ampliación de la producción de refinados en un 5 %, acaba de firmar un acuerdo con la empresa francesa Total para incrementar en 2 millones de metros cúbicos por día la producción de dos cuencas gasíferas que comparten junto con Pan American Energy, lo que permitiría aumentar los niveles de gas disponibles en el país en un 2 por ciento. De a poco se va avanzando en el prioritario objetivo de volver al autoabastecimiento energético, una tarea titánica en el mediano plazo, pero que con el nuevo proyecto de soberanía energética se vislumbra posible.

Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 22.04.2012