Una de las premisas más utilizadas para sostener esta tesis es que la suspensión de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos constituye un verdadero ajuste. En este aspecto, entran en contradicción con sus posturas de todos estos años por las cuales estuvieron denostando los subsidios, ya que se aplicaban por igual a desempleados que a acaudalados profesionales y empresarios. Pero el Gobierno informó que se trata de una reestructuración para que los mismos se orienten solamente a quienes los necesitan, en un proceso gradual, comenzando por los casos más incuestionables. Justamente lo que pedían hace años quienes hoy están criticando estas medidas. Otro argumento que derriba las teorías del ajuste es que los recortes de subsidios no se aplicarán a las PyMEs, que requieren de políticas de fomento por ser las principales creadoras de empleo.

Dado que los ingresos fiscales vienen creciendo a un ritmo importante (31,8 por ciento en 2011) y se espera que sigan aumentando a otro más sustancial (24 por ciento, según el Presupuesto 2012), los recursos liberados por la reestructuración de subsidios quedarán libres para su utilización como herramientas de fomento y, eventualmente, para efectuar políticas anticíclicas por el impacto de la crisis internacional.

Estos economistas críticos son los mismos que frecuentemente postulan que los subsidios son malos en sí mismos, puesto que distorsionan la economía, idea que instaló el Consenso de Washington.

Creo que los subsidios, bien aplicados, son una herramienta fundamental para el manejo de una política económica soberana y, en algún punto, es correcto que distorsionen la economía, pues ponen una cuña al libre funcionamiento de los mercados para, precisamente, evitar que los grandes jugadores se queden con la parte del león. Bajo un programa estratégico, los subsidios a las empresas tienen un efecto distributivo muy grande porque, por un lado, mejoran las posibilidades de las medianas y pequeñas empresas y, por el otro, fomentan los sectores económicos que son indispensables para un futuro desarrollo económico del país, con mayor generación de valor agregado y más empleo. Sería muy importante que la reestructuración encarada persiguiera estos objetivos.

La jefa de Estado fue clara en el primer discurso luego de su período de convalecencia: “Algunos quieren identificar sintonía fina con ajuste; en realidad quiere decir que se acabó la avivada”.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 17.02.2012

Para empezar, las provincias les comunicarán a las empresas concesionarias, en un lapso de 15 días, cuál es la inversión requerida y les solicitarán un plan de inversiones. Si las empresas no cumplen, las provincias podrían reclamar la recuperación de determinadas concesiones para volver a establecer de qué manera se va a explotar.

En segundo lugar, y a raíz de la falta de inversión en las plantas refinadoras, se les exigirá a las empresas que compartan los sobrecostos en que debe incurrir el estado nacional por importación del combustible que necesita para el mercado interno. Es decir que lo que no se produce acá, por culpa de la falta de inversión y que es necesario comprarlo afuera a precios más altos, las refinadoras deberán pagarlo.

El otro día decía la Presidenta que es necesario producir y a costo local. En estos momentos estamos importando combustible a precios internacionales, por eso me parece una medida más que adecuada, ya que hasta el momento esos costos los vienen pagando el conjunto de la sociedad.

Es importante que las provincias en conjunto tomen este tipo de decisiones, mas allá de que en este caso particular también haya coincidencia de intereses con el Estado Nacional. Recordemos que desde la reforma de la constitución en 1994, son las provincias quienes administran sus recursos naturales. Se podría decir que la reforma constitucional fragmentó la capacidad del Estado Nacional, dificultando la puesta en práctica de un plan estratégico nacional.

En el documento presentado se remarca que en los últimos diez años la producción nacional de petróleo cayó 18 por ciento y la de gas un 11 por ciento, en el contexto de un país que tuvo un fuerte crecimiento del consumo, producto del crecimiento industrial (y su consecuente demanda de energía para sostener esa industria), y de las mejoras en la calidad de vida (con la incorporación de artículos que a su vez consumen energía, como los equipos de aire acondicionado).

El hecho de que hayan sido las provincias quienes se reunieron, se debe a que en la Constitución del 94 se estableció que los recursos de subsuelo son propiedad provincial, siendo ellas las que entregan las concesiones, las que negocian el contenido de esas concesiones y las que también reciben los beneficios.

Esta reunión fue importante porque se da en un marco de fuerte reclamo por parte de la propia Presidenta, que tuvo palabras muy firmes acerca de la necesidad de reinversión y de la fuga de utilidades, incluso advirtiendo que las empresas son “concesionarias que trabajan sobre la base de licencias otorgadas por las provincias, pero que los recursos naturales son de los argentinos”.

Creo que los argentinos nos debemos una discusión de fondo sobre la utilización de nuestros recursos naturales, aquellos que producto de los procesos de privatización llevados adelante mayormente en la década del 90 están en manos de empresas transnacionales. Temas como la minería requieren una discusión profunda, para que la Nación como tal pueda tener una política en la materia. Es inaceptable la minería en las condiciones en que las plantean estas empresas, sin tener preocupación ni cuidado por el medio ambiente y de los recursos naturales no renovables que constituyen, en definitiva, una reserva patrimonial del país. Por otro lado también es inaceptable la distribución de los beneficios, producto de las leyes que se aprobaron en aquella etapa y que dan enormes privilegios a quienes explotan esos recursos y muy pocos beneficios a los verdaderos dueños de esos recursos, que somos los argentinos.

En la región, los gobiernos que se plantean avanzar en las rupturas con el paradigma neoliberal reconocen las tensiones que se generan entre las necesidades y oportunidades de la explotación de los recursos naturales en beneficio de los pueblos, y el cuidado y la preservación de la naturaleza con responsabilidades de futuro.

Recientemente, en una entrevista realizada a Marco Aurelio García, en ocasión de su participación en los debates del Foro Social Temático “Crisis capitalista, justicia social y ambiental”, en Porto Alegre, y ante la pregunta ¿en qué consistiría hoy la unidad de Sudamérica?, respondió: “Hoy es básicamente un proyecto de integración que da fuerza a las grandes potencialidades. Estamos hablando de grandes ofertas al mundo en materia de energía, de alimentos, de minería, de un gran mercado de trabajo, de biodiversidad, de más de un tercio de las reservas de agua del mundo, de gran diversidad climática y geográfica y de valores a primera vista inmateriales: la democracia, con gobiernos elegidos por el pueblo, y la paz”. En estos conceptos aparecen claros los desafíos y oportunidades para nuestros pueblos y la necesidad de encontrar dentro de la democracia el equilibrio entre las exigencias de los recursos para el desarrollo con inclusión y satisfacción de necesidades secularmente postergadas con el impacto que ello provoca no sólo en la naturaleza sino en particularidades sociales y comunitarias tanto locales, como nacionales.

Para el caso de Bolivia, también en un reciente reportaje, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó como “tensiones creativas” a las diferencias de visiones e intereses comunitarios, locales y nacionales.

En Ecuador, la nueva Constitución dejó expresado que la naturaleza también es sujeto de derechos reconocidos por la Carta Magna. Y además, declaró de interés público todas las dimensiones de lo que se define como medio ambiente, tales como la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la nación. También define el rol del Estado en la materia, promoviendo el uso de tecnologías no contaminantes y de energías alternativas. No cabe duda de que la nueva Constitución ecuatoriana marca un rumbo tal vez inédito. Prohíbe taxativamente “el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. No obstante, se abrió un gran debate, pues el presidente Rafael Correa declaró que Ecuador no puede ser un país mendigo sentado sobre un arcón de oro, refiriéndose a la voluntad de acordar con empresas canadienses la explotación de la minería en el país.

En la Argentina, la Presidenta les recordó a las empresas que explotan y comercializan el petróleo que los dueños de los hidrocarburos son los argentinos y que ellos son portadores de concesiones otorgadas por el Estado. En la provincia de La Rioja, el gobernador Luis Beder Herrera anunció la suspensión de la negociación por los tratados de explotación de la minería hasta que se logren los consensos necesarios por parte del conjunto de la sociedad.

Desde nuestra perspectiva enfatizamos la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades concretas en el cuidado del ambiente y que genere modelos de crecimiento sustentables, tanto desde lo social como desde lo productivo y lo ambiental.

En tal sentido, debemos converger con múltiples fuerzas políticas y sociales, acordando con instancias del Estado (en todos sus niveles) y entre los Estados, promoviendo relaciones fraternales que impulsen un modelo productivo más humano, que estimule un desarrollo social y económico sustentable, que asegure el derecho de todas y todos a una vida digna, poniendo coto a aquellos estilos y modos de producción económica que dañan de manera irreparable a la naturaleza y, por eso mismo, deterioran los niveles de vida para todos los sectores sociales.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 03.02.2012

Malvinas

En ese marco me parece importantísimo el análisis que hizo la Presidenta en su discurso cuando planteó el tema de la escalada militarista en el Atlántico Sur, contraponiéndola con la tradición pacifista y democrática con que la región ha resuelto incluso sus controversias. se refería, sin nombrarlos, a los conflictos que hubo entre Colombia y Ecuador, y entre Colombia y Venezuela, conflictos resueltos justamente a través de los foros regionales y sin la necesidad de la participación de terceros países.

La postura argentina a esta escalada militarista es la de decir que los argentinos no vamos a responder con gestos similares, porque somos gente de paz, pero que sin embargo recurriremos al Concejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar esta escalada que el gobierno conservador inglés lleva adelante con el envío del buque, del príncipe y del submarino nuclear.

Creo que el planteo argentino es muy sólido y que además se da en el marco de poner sobre la mesa el informe Ratenbach. Entiendo que esta decisión es la de dejar en claro que aquella aventura de la dictadura no puede ser endilgada como una responsabilidad del pueblo argentino ni ser utilizada para ningunear la posibilidad de cumplir con las exigencias de Naciones Unidas respecto a las negociaciones para resolver el diferendo que existe con Inglaterra.

Quiero dejar en claro que todo esto no está pasando de casualidad ni en cualquier momento. La Argentina viene llevando adelante un proceso de ratificación de su soberanía con algunos hitos ejemplares: el no al ALCA de Mar del Plata, el pago al Fondo Monetario para dejar de tener los condicionamientos que teníamos y la construcción de los espacios comunes regionales son el gran camino y la gran esperanza de todos nuestros países y de nuestros pueblos. Esta unión Latinoamericana de naciones que se va consolidando y que va aprendiendo a resolver sus controversias tanto así como a incrementar su tolerancia y que va fortaleciendo sus vínculos comerciales, es un camino lleno de esperanzas.

Por supuesto, todo está vinculado con la preservación del medio ambiente pero, además, su explotación y utilización debe ser en beneficio de toda la población y no para que optimicen su rentabilidad las grandes corporaciones. Los recursos naturales son de la Nación; su utilización y explotación deben ser concebidas en el marco de una estrategia global de desarrollo sustentable del país y en sintonía con los procesos de integración de la región en clave emancipatoria. Claro está que el tema es de gran complejidad y merece un debate amplio y participativo de toda la sociedad, no sólo a través de las instituciones propias de la democracia, sino también a través de mecanismos complementarios que enriquezcan las visiones y logren los acuerdos de los distintos actores sociales locales, nacionales y regionales. En nuestro país, el tema de la minería y de los hidrocarburos aparece como presionando esta agenda y desde una perspectiva política introduce nuevamente el rol del Estado como protagonista frente a las conocidas lógicas de mercado.

Por ejemplo, la cuestión del petróleo y la renacionalización de YPF emerge como una alternativa necesaria. En una situación en la que surge la denuncia sobre cartelización de precios en la venta del gasoil a las empresas transportistas, si tuviéramos una compañía estatal trabajando en el sector podría haber actuado como referencia de precios y permitiría contar con elementos adicionales para evitar o castigar los abusos. La Argentina está dando una enorme ventaja al no tener una compañía estatal en el sector petrolero, como sí la tienen Brasil, Uruguay o México. La renacionalización de la empresa petrolera y el replanteo sobre el uso del subsuelo son parte de esta discusión pendiente y necesaria. La reforma constitucional de 1994, al provincializar la potestad sobre los recursos naturales, fragmentó la capacidad del Estado nacional y dificulta la puesta en práctica de un gran plan estratégico nacional con una cosmovisión avanzada del país, de la región y del mundo.

La tensión entre progreso y desarrollo versus medio ambiente no es exclusiva de la Argentina ni nace de las necesidades coyunturales. Hace ya bastante tiempo que asistimos a denuncias provenientes de un amplio espectro de organizaciones sociales acerca de los riesgos que entraña el desarrollo de un modelo capitalista que, fundado en la búsqueda incesante de lucro, no tuvo escrúpulos en promover acciones predadoras que multiplicaron los riesgos que ponen en un signo de interrogación la continuidad del género humano y de las distintas formas de vida existentes en nuestro planeta. Si el neoliberalismo fue responsable de las catástrofes sociales productivas, militares y políticas, también corresponde adjudicarle los daños en la dimensión ecológica, es decir los diversos impactos en los ecosistemas del planeta todo.

La Cepal advierte que “los principales problemas ambientales en América del Norte son la contaminación del aire y el agua, el crecimiento descontrolado de áreas urbanas y la alta intensidad en el consumo de energía basada en combustibles fósiles. A su vez, se asevera que en América Latina y el Caribe se hacen cada vez más evidentes la pérdida de biodiversidad y de bosques, y la sobreexplotación de los recursos naturales por encima de su capacidad de reposición, lo cual ha provocado la degradación de suelos y el agotamiento de pesquerías, y se señala que la urbanización acelerada y desarticulada y la persistencia de patrones insostenibles de producción y consumo están agravando problemas como la creciente generación de basura y el aumento en la contaminación del aire en las ciudades. Para todo el continente, el panorama descripto se ha visto agudizado por los impactos del cambio climático y el aumento de la intensidad y frecuencia de huracanes, inundaciones y deslizamientos”. (Cepal, Quinta Cumbre de las Américas 1994-2009 Indicadores seleccionados).

Con esta mención, queda claro que la naturaleza fue y está siendo una de las principales víctimas del modus operandi neoliberal. Desde aquí cabe recuperar la voz de quienes nos antecedieron y plantearon preocupaciones que demostraron su vigencia.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 03.02.2012

Estos son datos que no se pueden ignorar porque nos dicen dónde está el lado débil y quiénes son los que pagan finalmente las políticas de ajustes. Y esto es tan brutal que lleva a que en Davos, donde los referentes de las grandes corporaciones se reúnen anualmente, se diga sin ningún tapujo que el capitalismo ha ampliado la desigualdad social y empeorado las cosas, pero que sin embargo “no hay otra cosa mejor que el capitalismo y que no queda otra solución”.

Y es en este contexto donde suceden cosas aún más graves, como lo que dijo en Berlin Christine Lagarde,  directora del FMI: “Podemos deslizarnos fácilmente a una situación como la de 1930, donde la confianza y la cooperación colapsaron y los países se encerraron en sí mismos. En último término una situación que lleve a una espiral descendente que podría consumir al mundo entero. Se trata de evitar una situación como la del 30′ en la cual la inacción, el aislamiento y la rigidez ideológica se combinaron para causar un colapso en la demanda global“. Ahora, ¿cuál es la solución para esa supuesta inacción, rigidez ideológica, colapso de confianza, etc. para Lagarde? Lo dijo al final de su intervención: “El mundo necesita hoy un fuerte rol de liderazgo por parte de Alemania y es Alemania la principal interesada en jugar ese rol”. Lo único que queda por decir frente a esto, es que ya escuchamos ese discurso y que fue dramático para la humanidad.

Si a esto le sumamos que Angela Merkel dice que es necesario avanzar en una mayor coordinación recíproca de las políticas cediendo gradualmente más competencia a Europa, la situación empeora. Porque lo que está pidiendo la canciller alemana es una entrega de la soberanía, aceptar que la comunidad europea dirigida por Alemania tenga clara injerencia en las políticas internas de los países miembros de la comunidad. “Una integración más profunda implica que por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga la obligación de controlar los presupuestos nacionales, entre otras muchas cosas“, dice Merkel en clara alusión a un pensamiento neoliberal que sigue liderando los principales países de Europa.

La rentabilidad de los grandes grupos económicos estuvo en el techo, mientras que la remisión de utilidades de las grandes empresas al exterior ha sido record. En este contexto los salarios no parecen haber deteriorado la capacidad de ganar. Se habla de la inflación, como si la inflación fuera en definitiva culpa de las políticas públicas, pero lo cierto es que la inflación la generan los que aumentan los precios.

Yo creo que la manera de afrontar esta problemática es una reforma impositiva progresiva de manera que si el precio sube, suba también la presión impositiva. Así se estaría esterilizando el aumento. Creo razonable aceptar una rentabilidad, pero no dejar que el mercado fije libremente la rentabilidad empresaria. Si esto no se ataca, no se va a resolver nunca.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nuestro país crecerá en 2012 cerca del 4%, es decir menos que en 2011. Estas estimaciones se basan en dos factores: el debilitamiento de la economía mundial y su demora en recuperarse; y el riesgo del enfriamiento de la demanda interna en Brasil, país con el que no tenemos una coordinación macroeconómica, ya que aquí en la Argentina la política es de maximización del crecimiento mientras que en Brasil tienen el llamado esquema de metas de inflación. Esto significa que Brasil se fija un objetivo de inflación y no puede superarlo, y si sucede, desaceleran. ¿Cómo se desacelera? Se suben las tasas de interés y los encajes. De todos modos Brasil ya mostró que es pragmático y que cuando vio que la desaceleración no funcionaba, cambió de táctica, bajando rápidamente las tasas de interés e implementando medidas de estímulos fiscales.

Ante este escenario, no creo que estemos blindados a la crisis, lo que sí creo es que no nos golpeará como podría golpearnos si no tuviéramos las políticas que tenemos. Las herramientas que el estado tiene en este momento y que se han hecho explícitas en estos últimos años, nos permiten enfrentar mejor la crisis.

Un ejemplo claro, y que al estar tan cerca nos permite hacer memoria, es la crisis internacional de 2008/2009. En ese momento las políticas públicas compensatorias pudieron minimizar los efectos negativos de la crisis. En términos de producto bruto, la Argentina fue –después de China- el país que más gasto social tuvo.

Yo me imagino que este año se van a aplicar medidas del mismo tipo, que tiendan a proteger el nivel de empleo y que mantengan la balanza comercial, porque durante todos estos años la Argentina ha tenido fuerte superávit comercial y el propio crecimiento económico ha hecho que suban muchísimo las importaciones y ese superávit comercial se achique.

Esta última se está presentando en los medios de una manera que suena hasta ridícula. He leído artículos criticando que en las listas de casamiento ya no se pueden incluir planchas importadas, o que ya no se consiguen quesos franceses u holandeses. Cualquiera podría decirme que se trata de humoradas, pero lamentablemente no, los planteos son muy en serio. Se refieren a que ciertos sectores están privados del acceso a ciertos bienes.

Según lo veo yo, creo que en realidad lo que se esta sustituyendo es la posibilidad de trabajo argentino, porque nuestro país lo que necesita es seguir trabajando en un programa de inclusión y de generación de empleo. Esto es, que todo lo que se pueda producir en el país y se pueda proteger dentro de las reglas de los acuerdos internacionales (como la Organización Mundial de Comercio) y que permita proteger la industria nacional y sustituir importaciones, es favorecer trabajo argentino y ayudar a consolidar este proceso.

Lo que sí es necesario revisar es la aplicación de la reglamentación. Es decir, que se haga con inteligencia y no se frene la entrada de aquellos insumos que hacen falta en los procesos productivos, como drogas que forman parte de las necesidades de los laboratorios o maquinas imprescindibles, porque esto jugaría en contra del efecto que se esta buscando. Es necesario que no sea burocrático ni discrecional y que efectivamente proteja a la producción nacional.