Saludos.

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En los últimos días he estado analizando las cuestiones que se están dando en el Congreso de la Nación, algunas de las cuales, permanecen lejos de las preocupaciones cotidianas de la gente, pero los legisladores se empeñan en discutir sobre el famoso decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si le preguntamos a la gente en la calle ¿Qué significa? No sabe, pero esta es la cuestión irreductible de la oposición acérrima al gobierno.

Pienso que estamos parados evidentemente en una puja entre un Congreso que tiene una mayoría opositora y un Poder Ejecutivo que intenta llevar adelante sus proyectos.

Quizás esto explica un poco en que punto se está, nosotros vivimos en un país que tiene un régimen presidencialista, que hoy tiene la particularidad de que no tiene una legislatura que lo apoye, al contrario, tiene un grupo de fuerzas políticas que se autodefinen como oposición y tienen un denominador común que es oponerse a cualquier iniciativa que parta del Poder Ejecutivo.

Entonces todos debemos preguntarnos ¿Por qué no una ley? Si uno lee los diarios de todos estos días, va a ver que todo el tiempo los lideres de conglomerados de fuerzas que llamamos oposición, dicen “no vamos a darle ningún acuerdo al Gobierno que permita utilizar las reservas del Banco Central para pagar deuda”. Ante tal situación el fondo de la discusión es “¿el Gobierno está en una posición correcta cuando decide utilizar reservas para pagar deuda o no?”, porque esto es lo que se está discutiendo, el camino que elige el Gobierno.

En nuestro espacio consideramos que hubiera sido mejor una ley, pero entendemos que las condiciones para obtener esto por ley hoy parecen inalcanzables, entonces comprendemos que se utilicen los resortes legales, constitucionales que el Gobierno tiene y los DNU forman parte de eso, es un instrumento prescrito en la constitución nacional.

En la construcción política se debe llegar al objetivo de un proyecto mediante el entramado de todas las fuerzas políticas del país, tanto los que gobiernan como la oposición. Pero podemos llegar y tendríamos que reflexionar sobre eso, a una situación donde el Parlamento imponga este criterio de sancionar leyes sin consensuar con la voluntad oficial del oficialismo y el oficialismo haga uso del derecho constitucional del veto y a la vez los proyectos que mande el Ejecutivo, el Parlamento no los apruebe y en consecuencia podemos estar en una situación compleja de cómo se gestionan los asuntos del país.

Entonces tal vez pensar en esa situación compleja abra el camino que yo creo que es el que debe primar, es decir, hay una situación novedosa de un país que tiene un sistema presidencialista, con un Parlamento que no controla ese Ejecutivo en ninguna de las dos cámaras, hay que crear un consenso que permita la gobernabilidad y los acuerdos parlamentarios para darle sustentabilidad a las necesidades legislativas que el país tiene.

Saludos.

“Quieren un ajuste”

“La vocación del espectro opositor es pedirle al Poder Ejecutivo que se rinda. Quieren forzarlo a que haga un ajuste.” Carlos Heller pronostica tiempos turbulentos, dice que la gobernabilidad está en riesgo y descree de la vocación de diálogo de la oposición. El diputado del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario rechaza con énfasis los argumentos planteados por los bloques opositores para cuestionar el uso de reservas. También cuestiona el rol que en el marco de esta crisis política están asumiendo los diputados de centroizquierda que siguen a Pino Solanas.

“Espero que Mercedes Marcó del Pont no sea el chivo expiatorio que usen los senadores para llevar adelante su venganza.

–La Justicia dispuso que no se pueden usar las reservas para pagar a los bonistas. La Presidenta dijo que no pensaba defoltear y el Ejecutivo podría no acatar el fallo. ¿Cómo puede evolucionar esta situación?
–Es un típico conflicto de poderes. Se comete une error si no se hace un análisis político y se lo analiza desde lo judicial. Desde ese espectro que se proclama como oposición, hay vocación de pedirle al Ejecutivo que se rinda, que se someta. El resultado sería que en el país, en vez de tener un Ejecutivo que gobernara, pasaría a tener un sistema parlamentario donde el Ejecutivo ejecutaría lo que el Parlamento le vaya estableciendo. Estamos frente a un choque de trenes. El Ejecutivo no va a poder sancionar nada, porque el Parlamento no se lo va a aprobar, y el Parlamento no va a poder sancionar nada, porque el Ejecutivo se lo va a vetar.

–¿Puede haber una negociación de último momento que destrabe el conflicto por el decreto que creó el Fondo de Desendeudamiento?
–Que se dialogue no me parece mal, que se busquen alternativas tampoco. Pero dialogar es como hacer el amor: si no hay dos, es difícil. No alcanza con la voluntad del Gobierno. Estamos en un punto donde hay una enorme tensión, se está discutiendo si hay un Ejecutivo que se rinde y deja de dar batallas. El tema de fondo es la cerrada negativa de la oposición a posibilitar que se usen las reservas para pagar la deuda. Quieren forzar al Gobierno a efectuar algún ajuste en la ejecución presupuestaria.

–Desde la oposición aseguran que si las reservas se usan para pagar deuda a los bonistas, la Corte Suprema de Estados Unidos podría avalar un embargo por parte de los fondos buitre.
–Cuando escucho eso me acuerdo de los pronósticos agoreros del tipo “vamos a tener que importar trigo”, “vamos a tener que importar carne”, de las amenazas de todos los males. Lo cierto es que ha habido cinco o seis intentos de embargos y en todos los casos los fallos fueron favorables a la Argentina.

–Otro de los argumentos de la oposición es que pagar la deuda con reservas tendría un efecto inflacionario.
–Eso es una cosa sin sentido. Porque lo que se está haciendo es pagando deuda y achicando costo fiscal. Pagar deuda con reservas tiene efecto monetario neutro: para comprar los dólares no se emite moneda. Si uno mira el flujo de vencimientos de la deuda podría ver que el desembolso se va dando de una manera muy gradual. Dada esa gradualidad, es muy probable que las reservas se incrementen por vía del superávit comercial.

–La semana pasada se dijo que algunos bloques opositores no descartaban un adelantamiento de las elecciones presidenciales.
–El fondo de la cuestión es recortarle al Ejecutivo la capacidad para usar recursos fiscales porque eso le mejoraría sus chances políticas con respecto a 2011. Quieren obligarlo a ajustar, porque si tiene que ajustar le va a pasar lo mismo que sucede en Grecia. Por otro lado, me parece brutal que se quiera hacer tronar el escarmiento con Marcó del Pont. Una semana antes todo el mundo le reconocía idoneidad, transparencia, antecedentes. Ahora ni siquiera cumplieron las formas. Hay un ensañamiento sancionatorio. Los que se llenaron la boca con la seguridad jurídica y del respeto a las formas republicanas, ni siquiera la llaman, no la escuchan, no respetan los plazos.

–¿Qué opina de la posición del otro bloque de centroizquierda?
–Termina siendo funcional al centroderecha. El resultado de esta discusión no va a ser que logremos una reforma fiscal con la que estoy de acuerdo. Esa reforma debería eliminar impuestos distorsivos, bajar el IVA a los artículos de primera necesidad y gravar lo que hay que gravar: el patrimonio y la minería, la actividad financiera, las herencias. Eso lo podemos discutir pero en este caso es sólo un adorno que busca justificar una posición que, si triunfa, llevará a una política de ajuste.

Las ideas simplistas y unilaterales acerca de cómo resolver el problema del delito y la criminalidad, se manifiestan exasperadamente al grito de ¡basta de impunidad! o ¡aumenten las penas! o ¡que vuelva el servicio militar obligatorio! o ¡que los militares intervengan en la “lucha” contra el delito!.

Este enfoque parte de un gran supuesto, que el hombre es malo por naturaleza, que las civilizaciones modernas están poniendo más agresivo este atributo y que solo mediante la represión es posible combatir al delito. Y en forma complementaria, como nada se puede hacer en conjunto y organizadamente, se instituye un sálvese quien y como pueda, encerrándose en barrios ya no cerrados sino fortificados y armándose hasta los dientes.

Todo ello distorsiona la percepción profunda del fenómeno, y muchas veces a través del discurso político y/o de la espectacularización mediática, opera como encubrimiento de las causas y del accionar de las instituciones pertinentes a la problemática.

Nos referimos a la inseguridad en las calles y en los barrios, a esa incertidumbre que afecta en forma directa a la gente, y particularmente a los mas humildes. A quienes un robo o un hurto los privan de cosas esenciales y que además son justamente los que menos recursos tienen para proteger su propiedad y su integridad.

Debemos reconocer que existe una relación directa entre marginalidad y violencia. Es decir que hay una estrecha relación entre la cantidad de robos y hurtos que se comenten cotidianamente en las barriadas populares y en distintas zonas comerciales de las grandes ciudades, y la situación social de miles de personas, particularmente jóvenes varones de entre 15 y 30 años de edad que se encuentran sin trabajo, sin escolaridad y sin ningún tipo de contención social, y muchas veces sin contención familiar y ni siquiera de vecinos o círculo social alguno.

Además, al referirnos a estos sectores, principalmente juveniles, no estamos de ningún modo sugiriendo que la solución sea criminalizarlos, es decir reprimirlos.

Lo que estamos afirmando es que una solución urgente del problema de este tipo de delitos, debe empezar por un programa también urgente de atención a estos adolescentes y hombres jóvenes que no tienen ninguna maldad por naturaleza, sino que se encuentran acorralados en un brete material y cultural que no les da opciones, y cuyo involucramiento en el delito no es más que la consecuencia lógica (y lo sería para cualquiera que se encontrara en la situación de ellos) de escape, de salida de acto de vida que les queda con los recursos vitales que tienen, y en el escenario vital que se les presenta.

Los primeros que no quieren reconocer esta vinculación entre marginalidad y violencia son aquellos que tienen responsabilidad directa desde sus posiciones de poder económico y/o político. Son los mismos actores sociales que pretenden que el esquema de redistribución de la riqueza permanezca sin alteraciones, los que instalaron este esquema principalmente en los años 90 (que fue precisamente el período en que este tipo de hechos aumentaron sustancialmente).

Hay una relación más que evidente entre el aumento de los indicadores sociales negativos (población bajo la línea de pobreza, población bajo la línea de indigencia, desocupación, deserción escolar, etc.) y la tasa general de robos y hurtos. Cuando la desocupación se disparó en el 94/95, estos delitos se cuadruplicaron, y en las crisis de 2001-2002 se sextuplicaron respecto de lo que habían sido sus niveles históricos hasta los años 70. Por otra parte es evidente que son cometidos en su mayoría por población marginal masculina principalmente en la franja etárea de los 17 a los 30 años, y los niveles de violencia que conllevan estos hechos se agravan a medida que la marginalidad se hace más crónica, (segunda o tercera generación de desocupados y desescolarizados), que aumenta el consumo de tóxicos (alcohol, drogas, paco), producto de la cultura de la época neoliberal, y también a medida que las medidas de seguridad y la resistencia de las víctimas aumenta. De esta situación son responsables principalmente las políticas neoliberales.

Hay dos grandes grupos de ideas y soluciones que sustentan mi posición, la de prevención llamada situacional, es decir medidas de seguridad, vigilancia y control no invasivo que disuada la comisión de este tipo de hechos delictivos, principalmente el mejoramiento y uso racional e intensivo de los recursos policiales existentes, y la de prevención llamada social que implica la creación de programas y recursos para presentar alternativas y contención a la población en riesgo de involucrarse en actividades delictivas de este tipo (o que ya esté involucrada).

Claro que en forma simultánea hay que hacer mas eficiente la labor de los cuerpos de seguridad, de la justicia y del sistema carcelario. (…)

En este apartado quiero compartir con ustedes las reflexiones planteadas.

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Esta es mi perspectiva, la misma fue publicada en la Revista Debate 05-03-10

Saludos.

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En la Argentina, la inflación históricamente ha sido un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, como así también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.

Utilizando una metáfora que repito insistentemente, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Entonces, puesto que nadie está enfermo de fiebre, la discusión de fondo es determinar cuál es la enfermedad.

Este diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revelan ideologías y políticas bien definidas.

La crisis financiera internacional de la que se está saliendo no sólo con gran dificultad, sino también con altos costos sociales, en especial en lo relativo al desempleo, fue generada en gran parte por la aplicación de las recetas monetaristas y el conocido andamiaje teórico neoliberal del consenso de Washington. Sin embargo, las grandes debilidades que exhibió la crisis sobre las teorías que alimentaron su gestación no fueron suficientes para que las mismas perdieran adeptos.

Por eso aún hoy es habitual encontrar en el plano internacional, y especialmente entre los gurúes de la economía argentina, quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria.

Personalmente, he tenido que rebatir esta tesis hace sólo unos días ante un economista ortodoxo al discutir la situación de la economía argentina. No sólo resulta inaplicable en un país como el nuestro, con un muy bajo nivel de monetización, sino que puede citarse que desde el primer trimestre de 2008 la base monetaria ha venido creciendo bastante menos que el PBI nominal, con lo cual, aplicando la errónea tesis, los precios deberían haber bajado, una situación que huelga decir que no se cumplió.

Generalmente, esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público. Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.

A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas.

Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo (gracias a medidas sociales del Gobierno) rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.

Queda claro entonces que la suba de precios no tiene su origen en el aumento del gasto, sino en el poder de los formadores de precios. Y si la suba se produce en alimentos y bebidas, es porque con la universalización de la asignación por hijo y sobre aguinaldo de jubilados, entre otras iniciativas, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a los alimentos y bebidas.

De la misma forma puede suceder con el último aumento del 8,2 por ciento a jubilados, una gran masa de dinero, en una economía que no se encuentra al borde de la capacidad instalada, sino que se está manejando con niveles de capacidad ociosa, por lo cual no debería “recalentar” los precios.

Pero, si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable. Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía -o de ajuste, como también suelen denominarse- siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.

El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. Pero conviene aclarar que es una puja bastante desigual, puesto que los precios siempre le terminan ganando a los salarios, salvo en periodos recientes en los cuales algunos sectores de trabajadores tuvieron un incremento en su poder de compra.

Encontrarle una solución al problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se necesita revitalizar los engranajes de un Estado que fue desarmado en los noventa, y que no fue reconstruido con la fortaleza suficiente en los últimos años de bonanza, para que afiance la fuerza que el Estado necesariamente debe ejercitar para cumplir sus funciones.

Paralelamente, es necesario desarrollar mecanismos de participación popular, para que los ciudadanos se involucren activamente en estos cambios. Y para ello hay que dar un combate ideológico que tiene que ver con la definición de las causas de la inflación, pero que se centra en la construcción de un modelo de país más humanitario, solidario y popular.