Hace un año exactamente había publicado en la Revista Debate un artículo sobre la inflación, y la discusión tiene total vigencia, dado que es un fenómeno que persiste, como también persiste su origen. Sin embargo, puede citarse un cambio importante desde aquel entonces, y es que desde el gobierno se ha comenzado a hablar de la inflación y sus causas, reconociendo su origen en la puja distributiva, cuestión esencial para poder diseñar medidas que encaren este problema.
Comentábamos en la nota citada, que el origen de la inflación es estructural, fruto de la puja distributiva, que es bastante desigual, puesto que los precios siempre le terminan ganando a los salarios, salvo en períodos recientes en los cuales algunos sectores de trabajadores tuvieron un incremento en su poder de compra, cita que mantiene total vigencia hoy.
También que la capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
Sosteníamos en aquella oportunidad que el centro hay que ponerlo en los costos de las empresas, del cual los salarios son una parte menor en términos macro (esta relación siempre depende del rubro) y, fundamentalmente, en las ganancias de las mismas. Si no se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las compañías o por medio de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso.
Expresé en una entrevista reciente que los actores que aparecen más preocupados por la inflación son, precisamente, los formadores de precios, intentando poner la cuestión en otro lado, en la emisión monetaria, o en la necesidad de enfriar la economía, para desviarla de su responsabilidad en los aumentos de los precios.
Es interesante resaltar la opinión del Gobierno sobre estos temas, a partir del discurso de la presidenta Kirchner en la presentación de los Acuerdos para el Desarrollo de Mercados Concentradores Regionales. Dijo que se “debería terminar con la costumbre yo digo consuetudinaria de algunos sectores de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”, aunque luego resaltó que existen sectores que deciden invertir para resolver el tema de la demanda, y claramente establece la necesidad de “…la intervención en políticas activas por parte del Estado para, precisamente, resguardar estas cosas”.
Se plantea un Estado activo, regulando mercados y las cadenas de producción y distribución, un enfoque con el cual concuerdo plenamente, y que coincide con las demandas históricas que hemos sostenido desde el movimiento cooperativo de crédito.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 18 de febrero de 2011.-
El sábado pasado en el programa Marca de Radio –a colación de la suba internacional en los precios de los alimentos- Eduardo Aliverti comparaba la población de uno de los países más desarrollados del mundo, Alemania, con uno de los menos desarrollados, Etiopía. Ambos –comentaba- tienen casi la misma cantidad de habitantes (82 y 85 millones respectivamente), pero según las estadísticas, para el 2050 habitarán en Alemania 70 millones de personas mientras que en Etiopía serán 174 millones. La pregunta que Eduardo se hacía era qué respuesta de alimentación tendría toda esta gente.
Hace unos días se difundió un informe de la FAO (Food and Agriculture Organización of the United Nations) en el que se dice que los precios de los alimentos llegaron al valor más alto en términos reales desde que se calcula, es decir desde el año 90. En términos reales quiere decir descontándole la inflación internacional. En números, esto quiere decir que hay 44 millones de personas en los países en vías de desarrollo que se han sumado al mundo de los pobres.
La suba de los precios internacionales de los alimentos tienen que ver con que dos de los países de mayor población del mundo, China e India, han sacado a millones de sus ciudadanos de la pobreza y los han incorporado al consumo, esto generó un aumento en la demanda, lo que llevó los precios para arriba. La soja tiene el precio que tiene porque -todo el mundo lo sabe- existe una gran demanda por parte de China y de India.
El problema del hambre en el mundo no es la falta de alimentos, lo que hay que mejorar es la distribución de la riqueza, esto es el verdadero problema. Si hubiera, en realidad, una mejor distribución del ingreso y de la riqueza a nivel mundial, y un fuerte fomento a las regiones con potencialidad para producir alimento, estaríamos generando un círculo virtuoso que apunte a que esos 170 millones de etíopes tengan asegurada su alimentación en el 2050 y que no se sumen a la masa de hambrientos que hoy vemos que crece en el mundo.
No diseñar una política adecuada respecto del tema de precios impide avanzar en la distribución del ingreso, y para diseñar una política adecuada en materia de precios primero hay que determinar cuales son las causas por las que los precios aumentan.
Ya he dicho muchas veces que la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas; la gente no se enferma de fiebre sino que tiene fiebre; y los países no se enferman de inflación sino que tienen inflación porque hay problemas en la economía. Esto es lo que no hay que eludir: discutir cuáles son los problemas de la economía.
En este sentido, fue muy importante el discurso de la presidenta el día 9 de febrero en el Chaco, porque la presidenta dijo lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que, a decir verdad, no aparecía tan claramente en el discurso oficial. Es un cambio que hay que señalar con beneplácito.
Me gustaría desarrollar un poco lo que se dijo en el discurso, sobretodo esta idea de que “el gobierno no aumenta los precios, sino que los aumentan los mismos que después hablan de la inflación como un problema”. Incluso la Presidenta habló de los dos niveles de formadores de precios: los que producen los productos y las cadenas de distribución que tienen enormes márgenes de comercialización.
A modo de ejemplo quisiera transcribir algunos textuales del discurso que me parece que son esclarecedores:
“[…] se debería terminar con la costumbre consuetudinaria de algunos sectores de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios, y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”.
“La intervención en políticas activas por parte del Estado es indispensable para, precisamente, resguardar estas cosas”.
“Estamos ante la época de la puja distributiva, donde realmente se pone en juego qué modelo de sociedad queremos y cómo vamos a seguir creciendo, si lo hacemos en serio, vía aumento de la oferta, con inversión, con mayor producción, con mayor valor agregado, con innovación tecnológica […], o volvemos a la vieja receta de los argentinos donde terminamos matando a la gallina de los huevos de oro”. Está claro que al decir “volvemos a la vieja receta” está hablando de la época del ajuste.
Estoy completamente seguro que para los que venimos hablando insistentemente de que no sólo hay que apoyar este modelo sino además profundizarlo, este discurso fue sumamente alentador.
Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, así como también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.
El diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revela ideologías y políticas bien definidas.
Por eso aún hoy es habitual encontrar entre los gurúes de la economía argentina quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria, efecto que resulta inaplicable en un país como el nuestro con un muy bajo nivel de monetización y superávit fiscal y comercial.
En realidad, la monetización del último año ha estado acompañando las necesidades de mayores medios de pago que requiere la economía. Si no se hubiera reformulado el programa monetario, esta inflexibilidad habría derivado en una política de enfriamiento.
Generalmente esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público.
Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.
A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas. Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo, en gran parte gracias a medidas sociales del Gobierno, rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.
Pero si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable.
Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía, o de ajuste como también suelen denominarse, siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.
El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculado con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.
Esta nota fue publicada el el diario Pagina/12 el día 02.02.2011
Los escritores aportan a la cultura general de una comunidad; son creadores individuales que generan una suerte de “riqueza social”, difícil de cuantificar o particularizar, pero fácilmente perceptible en su conjunto.
En la Argentina, son muchos los escritores que terminaron sus días en la indigencia, y muchos más los que, adicionalmente, lo hicieron en el silencio y el olvido.
Es por esta razón que en el mes de octubre de 2010, presentamos el Proyecto de Ley para Asignación Única por Trabajos y Obras en Reconocimiento a Escritores, en su acrónimo AUTORES.
Se trata de un proyecto que pretende retribuir a los escritores su aporte a la cultura nacional, y al mismo tiempo reparar las situaciones de injusticia y descuido que han padecido muchos de ellos.
Intentamos, con este proyecto, no sólo reparar este descuido, sino también realizarlo en términos de equidad y generalidad, reconociendo en términos previsionales a quienes han realizado un esfuerzo individual que ha redundado en beneficio colectivo.
Numérica y económicamente, el universo de probables beneficiarios no resulta relevante ni gravoso. La gran mayoría de los escritores atienden sus necesidades materiales con otras labores, oficios y profesiones, obteniendo por ellas sus eventuales beneficios previsionales. Son contados aquellos que, por una vía u otra, no acceden a ninguno.
Por lo tanto, en muchos casos esta ley actuará como solución para aquellos cuya obra no ha sido suficientemente ponderada en vida, o que por diversas razones no pueden acceder a un beneficio previsional que cubra sus necesidades en forma íntegra.
De esta manera, los beneficiarios de éste régimen recibirán una asignación mensual, de carácter personal, intransferible y vitalicia, equivalente a tres veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Los requisitos para acceder a ella serán tener la edad mínima jubilatoria de 65 años; acreditar una trayectoria pública y constante en la creación literaria no inferior a veinte años o haber publicado cinco libros de creación propia o diez incluyendo coautoría artística; y haber realizado aportes al Sistema Único de la Seguridad Social durante 15 años.
El presente proyecto propone un reconocimiento a la labor del escritor como tal, independiente de su mérito individual, pero atendiendo a su contribución a la construcción colectiva de una cultura propia, para garantizarle una vejez digna como contraprestación de los aportes realizados durante su vida activa.
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