 Unos días antes de Navidad la presidenta anunció el límite a las tasa de interés a los créditos para jubilados, uno de los segmentos más vulnerables y que es insoportablemente abusado. Lo curioso es que paradójicamente, es el que menor riesgo presenta a la hora de dar créditos personales porque el sistema funciona con lo que se llama el código de descuento, esto significa que al otorgarle un crédito a un jubilado, el ANSES le retiene la cuota y se la paga al banco. Además tiene un seguro de vida, es decir que si ese jubilado fallece, se cancela el crédito.
Esto que anunció la presidenta nos pone enormemente felices por varias razones. Primero porque es algo que hace tiempo señalamos como una deuda, incluso dando los mismos ejemplos que dio la presidenta. De hecho, en algún momento llegamos a proponer desde la cámara de bancos públicos y cooperativos ABAPRA, que se habilite una línea de créditos para que los jubilados puedan cancelar los créditos que tenían en otros lugares a tasas usurarias. El problema es que todos esos créditos tienen cláusulas de no cancelación creando una dificultad para que se pueda salir.
En segundo lugar, porque esta medida va en línea con una de las cosas que nosotros planteamos en nuestro Proyecto de Ley de Servicios Financieros. Si bien la presidenta tomó una medida correcta, si modificáramos la ley de entidades financiera y la cambiásemos por nuestro proyecto, no hubiese hecho falta tomarla en forma individual porque todo esto ya lo tenemos contemplado. Por ejemplo, en nuestro proyecto proponemos que exista un techo a los créditos de menor monto, ya sea para jubilados o para trabajadores en general en el que exista un mecanismo de regulación para impedir los abusos que las entidades financieras cometen con los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen capacidad de negociación. Porque una gran empresa no tiene necesidad de que la protejan, pero un jubilado o un trabajador sí necesitan la protección de la regulación pública.
 La semana pasada en la sesión del Parlamento cuando se trató el presupuesto 2012, Agustín Rossi hizo una cosa que me pareció muy ingeniosa. Tenía dos diarios, el Clarín del 14 de Diciembre de 2001 y el diario El País de España del 14 de Diciembre del 2011 (del día que estábamos sesionando). Fue notable ver cómo las noticias que El País tenía el 14 de diciembre del 2011 eran significativamente parecidas a las que tenía el Clarín sobre la Argentina del 14 de diciembre del 2001, una década atrás. Sonaba como que el reloj de la historia atrasaba una década. Si miramos lo que pasó aquí hace 10 años no podemos menos que estar preocupados por lo que está pasando en Europa.
El tema es si esto puede impactar de alguna manera en nuestro país. Yo diría que en la Argentina se han hecho las cosas bien, tenemos fortalezas importantes, a la macroeconomía se la ve sólida, y las cuentas fiscales están ordenadas. Podríamos decir que estamos en una situación privilegiada en relación a los riesgos que hoy puede deparar el escenario internacional, que tiene más incertidumbres que certezas porque ni ellos las pueden precisar. Las lecturas de sus diarios son escalofriantes, bancos a los que se les bajan las calificaciones, países a los que se les bajan las calificaciones, deudas soberanas que cada vez aparecen más complicadas, nuevos planes de ajuste que todos sabemos cómo terminan. Pareciera que ellos no terminan de entenderlo.
En la Argentina afortunadamente no le debemos demasiado dinero a nadie, de hecho la deuda externa que años atrás aparecía como un tema dramático, incluso recuerdo que decíamos que nuestros nietos y nuestros bisnietos seguirían con esta mochila, hoy en términos de producto bruto se ha convertido en algo muy chico, es necesario ir muy atrás en la historia para encontrar valores de esa significación.
 Entre el conjunto de proyectos de Ley que envió el PE para ser considerado en Sesiones Extraordinarias, está el “dirigido a fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención, investigación de actividades delictivas con finalidad terrorista”.
Nuestra inmediata preocupación estuvo dirigida a evitar que hechos producidos en el marco de la protesta social o de cualquier otro derecho constitucional, pudiera ser calificado como destinado a “aterrorizar a la población”; si bien es cierto que en el mensaje del PE no deja lugar a dudas, ya que dice textualmente: “Por ende, resulta sumamente importante destacar que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de terrorismo conforme lo describen las convenciones internacionales”.
“De igual modo QUEDAN TERMINANTEMENTE EXCLUIDOS DE CUALQUIER INTERPRETACION CRIMINALIZANTE, LOS HECHOS DE PROTESTA SOCIAL, TODA VEZ QUE ESTOS ESTAN DIRIGIDOS A RECLAMAR POR DERECHOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencial nacionales, no dejarían de constituir un derecho constitucional”.
Agrega más adelante, “EN NINGUN CASO, LA PERSECUCION Y SANCIÓN DEL TERRORISMO PUEDEN AMPARAR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”.
A pesar de la contundencia del mensaje del PE, y del aval indudable que amerita su conducta en la materia, el Bloque de Nuevo Encuentro consideró necesario expresar en el articulado correspondiente precisiones expresas que no aparecían en el proyecto; durante varios días mantuvimos reuniones con distintos funcionarios del PE, autoridades del bloque del FPV, tratando de incorporar esos agregados y encontramos resistencia a introducir cambios al proyecto original, lo que motivó una firme decisión de nuestro bloque en el sentido de que, de no aceptarse nuestro requerimiento, votaríamos en contra del proyecto.
Cabe aclarar que el FPV contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto del PE, sin necesidad de contar con los votos de los Diputados de NE, por lo tanto se trataba de una valorización política de nuestro voto.
Finalmente se logró un acuerdo consistente en agregar en el articulo 41 quinquies, al final, el siguiente párrafo “las agravantes previstas en este articulo NO SE APLICARAN cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”; además se agregó un nuevo artículo que coloca exclusivamente en el fuero federal el tratamiento de estos temas, dejando por lo tanto excluida la posibilidad de actuación de jueces provinciales.
Este relato pretende explicar la complejidad de la negociación; no nos hace felices la sanción de esta Ley, pero creemos sinceramente que nuestra actuación mejoró el contenido final; sin duda hubiera sido más cómodo, y tal vez menos necesario de explicar, haber votado en contra del proyecto, que entonces hubiera sido aprobado sin los cambios sugeridos por nosotros.
Los integrantes del Bloque Nuevo Encuentro, reflexionamos profundamente antes de tomar la decisión y estamos convencidos que hicimos lo correcto.
 La semana pasada se aprobaron varias leyes en el Congreso, de las cuales voy a profundizar en dos: la de Presupuesto 2012 y la Prórroga a la ley de Emergencia Económica.
La primera es, a mi parecer, una ley fundamental que se aprobó tal como el Ejecutivo la había enviado. Lo más importante es que se trata de un presupuesto que reafirma las políticas que se vienen aplicando, con un crecimiento del gasto social (se destinará el 60% del gasto total), pero que además apunta al equilibrio fiscal, no por la vía del recorte del gasto sino por la vía del incremento de los ingresos, otro hecho que merece destacarse. Además del gasto social, habrá inversión en obras de infraestructura que tienen que ver directamente con calidad de vida: alcantarillado, cloacas, etc. En definitiva se puede decir que habrá una continuidad con un presupuesto que será una herramienta para fortalecer la inclusión social.
Respecto a la prórroga de la ley de emergencia económica, tan cuestionada dese la oposición, me gustaría marcar una contradicción. En determinado momento, cuando se trató la ley del presupuesto, la oposición declaraba que dicho presupuesto era un engaño, que las cuentas no cerraban. Pero al momento de tratar la emergencia, esos mismos diputados dijeron que no entendían la necesidad de prorrogarla si en el país todo está bien y que la economía anda fenómeno. Esto mismo puede constatarse en los medios, no paran de publicar sobre lo mal que está todo. Sin embargo a la hora de tratar esta ley en el Parlamento el argumento fue –contradictoriamente- lo bien que estamos.
De todos modos, y más allá de esta incongruencia, quisiera explicar el alcance que esta ley tiene. Estamos en un momento en el que el mundo camina por la cornisa de una crisis de una profundidad que nadie se anima a vaticinar y que algunos ven como catastrófica. Incluso el propio Paul Krugman escribió que había que dejar los eufemismos porque Europa ya no en recesión sino en depresión.
En este escenario, donde todo el mundo habla de cómo nos va a afectar, de la caída de las exportaciones, del derrumbe de la soja, o de la invasión de productos, me parece acertado que el Poder Ejecutivo conserve capacidad para tomar medidas sin pasar por el largo y engorroso trámite que significa tratarlas previamente en el Parlamento. Es absolutamente necesario tener herramientas que te permitan actuar frente a todo esto.
En referencia al tratamiento sobre la ley contra el lavado de dinero:
Señora presidenta:
Trataré de ser breve. De todos los proyectos de ley que hemos tratado entre ayer y hoy éste debe ser el que, a priori, se puede presumir con un mayor consenso.
Por lo menos hasta aquí todos han expresado su aprobación en general, aunque luego algunos diputados vayan a plantear disidencias parciales.
Muchos han señalado que esto es producto de un trabajo que se ha hecho durante bastante tiempo. Se han consensuado cuestiones como los montos y otras que han facilitado este acuerdo.
Me voy a referir al artículo 13, que dice: “Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente: el sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.
Me parece que se trata de uno de los cambios importantes que tiene el proyecto de ley que estamos tratando en relación con la norma que está vigente hasta aquí, que posibilitaba que sujetos obligados que se encontraban en infracción o que eran denunciados -porque mediante una inspección se encontraba que no cumplían con sus obligaciones- llevaran adelante largos procesos judiciales, pagando a último momento, y eran eximidos de la sanción penal que les correspondía.
Lo que debemos decir es que no se puede pensar que es lo mismo pagar en el momento que corresponde que hacerlo luego de varios años de acciones judiciales. Esta no es una cuestión entre particulares, sino entre privados y el Estado nacional. Acá estamos hablando de evasión de impuestos, o sea, de recursos que se restan al presupuesto.
Ayer hemos tratado el proyecto de ley de presupuesto, donde vimos que el 60 por ciento del gasto está destinado al gasto social. También hemos escuchado en la exposición de motivos la voluntad de seguir profundizando ese proceso.
Recursos que no ingresan, son recursos que se restan a las políticas de salud, de vivienda, de educación, a la posibilidad de mejorar la asignación universal y a todo este conjunto de medidas y políticas que están contenidas en el presupuesto. Incluso muchos diputados que votaron en contra del presupuesto destacaron en particular inversiones que tenían que ver con obras vinculadas con sus provincias.
No es lo mismo el impago de un pagaré entre particulares que el impago de las cargas tributarias.
Se trata de una cuestión fundamental que, a mi juicio, rescata el proyecto de ley que estamos tratando en este momento.
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Unos días antes de Navidad la presidenta anunció el límite a las tasa de interés a los créditos para jubilados, uno de los segmentos más vulnerables y que es insoportablemente abusado. Lo curioso es que paradójicamente, es el que menor riesgo presenta a la hora de dar créditos personales porque el sistema funciona con lo que se llama el código de descuento, esto significa que al otorgarle un crédito a un jubilado, el ANSES le retiene la cuota y se la paga al banco. Además tiene un seguro de vida, es decir que si ese jubilado fallece, se cancela el crédito.
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