 Me gustaría analizar algunas cuestiones que hacen a la solidaridad previsional. Primero es necesario comprender que los fondos de la ANSES no están compuestos sólo de aportes de los trabajadores y de los empresarios. De hecho, el 40% de los fondos provienen de aportes tributarios. En este sentido, hablar del dinero de la ANSES no equivale a hablar del dinero de los jubilados.
Re-estatizar las jubilaciones fue el primer paso para llegar a la solidaridad previsional. El régimen de capitalización individual instaurado durante el menemismo excluía a gran parte de la población que al haber sido explotada durante años trabajando en negro, no iban a acceder a una jubilación. Era el sistema del “arréglese quien pueda”.
Gracias a que volvimos a un sistema de reparto, dos millones cuatrocientas mil personas, a las que se les había negado la posibilidad de jubilarse, hoy perciben una jubilación mínima. Y no se trata de mirar el ombligo propio y decir “yo aporté toda mi vida y aquél nunca, sin embargo percibe lo mismo que yo”. Se trata de pensar qué modelo de país queremos: uno exclusivo e individualista; o uno inclusivo, en el que haya cada vez menos desigualdad.
Para mantener un sistema de reparto, es necesario que existan cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Hoy por hoy en la Argentina, el sistema se mantiene a duras penas con 1,4 aportantes.
La seguridad del futuro jubilado que va a cobrar es que haya muchos trabajadores activos aportando. Es por esta razón que no podemos estar de acuerdo con aquellos que opinan que el dinero de la ANSES debe ser un fondo intangible. Lo cierto es que cuando ese fondo se utiliza para ayudar a generar empleo desarrollando obras de infraestructura, para financiar actividades productivas, se está generando posibilidades de que haya más empleo que nos ayude a aproximarnos a esos cuatro trabajadores activos por cada pasivo indispensable para que el sistema jubilatorio sea sustentable. Esta es la verdadera defensa del jubilado.
 El reciente viaje oficial a China fue prácticamente ignorado por los medios concentrados y la información se restringió, casi exclusivamente, a la no apertura de las exportaciones de aceite de soja hacia el país asiático como fruto de esa visita. Un enfoque mezquino, puesto que se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para generar una relación comercial madura y compleja, y los objetivos fueron mucho más allá de lo estrictamente comercial, para reforzar una relación política estratégica, destinada a continuar en el futuro. Entre otras cuestiones relevantes, recibimos el apoyo de China a nuestros reclamos soberanos sobre Malvinas, y se les brindó el apoyo del gobierno argentino para que haya una única China.
La Presidenta expresó su seguridad respecto de que se va a afianzar nuestra relación a partir de esa visita, mientras que su homólogo chino, Hu Jintao, calificó a Cristina Kirchner como “una gran amiga nuestra” y destacó que la jefa del Estado “siempre ha apoyado nuestra relación” con la Argentina, por lo que se manifestó seguro de que avanzaremos en nuestro intercambio.
Desde la visión de nuestro país, la visita constituyó el puntapié inicial de una nueva relación entre los dos países, ya que, según la Presidenta, “estamos convencidos de que somos complementarios y podemos hacer una muy buena sinergia” con China. También comentó que “todos han advertido la importancia de la Argentina, no sólo como mercado, sino como una plataforma para toda América Latina y el mundo”.
En efecto, la Argentina es sólo una mínima parte del comercio chino. Por eso, la relación es más estratégica que comercial, dado que no sólo somos una puerta hacia el Mercosur y la Unasur, sino que tenemos la octava geografía cultivable del mundo y un nivel de instrucción de nuestros trabajadores muy alto para la media de los países en desarrollo.
El presidente chino habló de la importancia de “buscar un salto cualitativo de nuestro comercio”; y se refirió a que si bien “es normal que existan controversias, hay que resolverlas en las mesas de negociaciones”. Hu Jintao se refirió a “fortalecer la cooperación económica y comercial, impulsar aún más las relaciones entre ambos países”, y dio su acuerdo con la propuesta argentina de mayor diversificación comercial.
También el diálogo con las autoridades chinas transitó por la necesidad de incentivar lazos culturales, por mantener una posición común en foros multilaterales como el G-20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el FMI, donde se pugnará por establecer una mayor regulación del sistema financiero internacional.
En lo económico, se firmaron convenios de relevancia, además de establecer mecanismos de negociación para ir desarrollando un nuevo tipo de relación comercial entre ambos países.
Con respecto a las controversias comerciales, la Argentina acordó con China la creación de una comisión bilateral, que se puso a trabajar inmediatamente con el objeto de analizar y potenciar las relaciones comerciales. Pero esta comisión va mucho más allá, para abordar problemas y tareas que hacen a la totalidad de la relación comercial, incluso, para mejorar el valor agregado de la balanza de nuestras exportaciones. Desde el Ejecutivo argentino se planteó lograr un modelo de exportaciones por el cual el valor agregado esté cerca de la materia prima, y desarrollar una estrategia en la que el transporte y la logística juegan un papel importante para definir el nivel de nuestra competitividad respecto de la economía china. Y, de esa forma, obtener un intercambio más equilibrado, fomentando la exportación de bienes de alto valor agregado y trabajo, planteando una asociación comercial estratégica que contemple el acceso al mercado chino de alimentos y manufacturas.
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 En un artículo anterior me referí a la distinción que existe entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso. Me parece pertinente, en esta oportunidad, distinguir tres líneas de acción esenciales para mejorar la distribución secundaria del ingreso.
- Jubilaciones y Pensiones: es necesario comprender el gran esfuerzo económico que implican las actualizaciones de las jubilaciones. Cada 1% de aumento, significa una erogación por parte del Estado de 830 millones de pesos anuales. En otras palabras, para poder aumentar las jubilaciones un 1%, el Estado tiene que recaudar antes esos 830 millones de pesos. Es necesario recalcar que en esta línea se logró un gran avance en la distribución y la inclusión al incorporar al sistema previsional a 2 millones de jubilados y pensionados que no podían acceder al beneficio.
- Garantizar los ingresos mínimos a la población: la finalidad de esta línea de acción es lograr un índice de pobreza 0%. La Asignación Universal por Hijo en este sentido significa un gran esfuerzo, ya que el actual nivel de prestación a 3,5 millones de niños, significa una erogación estatal de casi 10 mil millones de pesos. Esta inversión genera una fuerte mejora social, aumento en la tasa de escolarización, y en consecuencia, una importante demanda de bienes. Un dato curioso es que al momento de lanzarse este programa había alrededor de 500 mil chicos indocumentados. Aquí se vislumbra otro beneficio de la Asignación Universal por Hijo: tendremos chicos con identidad que luego irán a la escuela, logrando sacarlos de la calle.
- Reorientación del gasto hacia la prestación de servicios de calidad a la comunidad: una sociedad más inclusiva, requiere que todos tengan acceso a niveles adecuados de atención de la salud y elevada instrucción escolar, desde la primaria a la universitaria. También se requiere de una buena estructura de transportes en los que las personas puedan movilizarse fácilmente y sin grandes costos. En este aspecto, la formulación de presupuestos participativos en los distintos niveles de gobierno, resulta esencial para lograr el adecuado direccionamiento y ejecución del gasto.
 El siglo XXI amaneció presentando un escenario político y social de desmonte de los experimentos neoliberal-conservadores. Los nuevos vientos que surcan Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y la Argentina, más la histórica dignidad del pueblo cubano y su gobierno, marcan una nueva hora continental. Todos estos procesos, sin negar sus especificidades y diversos alcances, poseen un rasgo común, la necesidad de construir un proyecto regional que desde la diversidad de las realidades nacionales sostenga posiciones de autonomía contra las pretensiones imperiales y permita construir un futuro compartido por las naciones de América Latina y el Caribe. Estas construcciones nacionales y regionales constituyen palancas emancipatorias para desmontar la herencia neoliberal hacia a un destino de liberación, soberanía y democracia, con justicia social y desarrollo económico al servicio de nuestros pueblos. La región se adentra en una situación estratégica común. Por un lado, se trata de sostener y profundizar lo realizado y, por el otro, impedir todo intento de restauración neoliberal.
Los gobiernos que, como se escuchó en estos días del Bicentenario, se parecen como nunca a sus pueblos, no avanzan en procesos lineales y armoniosos sino en complejos e intrincados caminos que revelan tensiones, contradicciones, insuficiencias pero también avances y conquistas en la dirección correcta.
En nuestro país y en el actual contexto, nosotros no coincidimos con el supuesto de que la alternativa política se reduce a la opción de ser oficialistas u opositores. Asumimos la batalla por unir lo diverso, apoyando lo positivo y criticando lo criticable desde nuestras posiciones autónomas.
El Gobierno está sujeto a presiones diversas, frente a lo cual no queremos ser observadores o analistas críticos; pretendemos incidir para neutralizar los embates de la nueva derecha y afianzar el camino hacia un nuevo modelo económico, político y social. La comparación del proyecto neoliberal-conservador con el vigente desde 2003 muestra, blanco sobre negro, las diferencias antagónicas y los indiscutibles pisos conseguidos que deben protegerse contra las acciones contraofensivas de la derecha remozada. Basta con ver el gobierno de Mauricio Macri para tener una perspectiva de lo que significarían esos personajes gobernando nuestro país.
La política de derechos humanos, la política exterior, el modelo económico centrado en el desarrollo del mercado interno, los avances en el rol activo del Estado, las acertadas definiciones en materia laboral y social, y logros como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, constituyen palmarias evidencias de procesos de superación del neoliberalismo vernáculo. El proyecto de ley de servicios financieros -que pretende remover la Ley de Videla-Martínez de Hoz-, presentado recientemente por nuestro bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, será, sin duda, una nueva contribución al desmonte de los pilares estructurales que edificó el neoliberalismo.
Unidad en la diversidad
Todos los esfuerzos son pocos para construir la unidad que permita vislumbrar otro futuro de dignidad que merezca ser vivido por todos y todas, sin exclusiones y exclusivismos. Nuestra autonomía e independencia con relación al Gobierno estriba, fundamentalmente, en que entendemos que las fuerzas políticas sobre las que se apoya para encarar este proceso transformador no constituyen garantía suficiente para ello. Hacemos este señalamiento sin ninguna intención estigmatizadora, pero no podemos soslayar que los viejos aparatos partidarios no parecen instrumentos de transformación adecuados para acompañar los cambios en curso. Somos portadores de una historia de iniciativas y esfuerzos unitarios, los hicimos desde nuestra pertenencia cooperativa y los continuamos desde nuestra inserción política. A modo de referencia, bien vale compartir en esta nota un párrafo extraído de la presentación de la Propuesta Cooperativa para Refundar la Nación, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que hicimos en agosto del 2005:
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 “Yo me acuso, yo me absuelvo, yo me juzgo”. Así tituló Página/12 el 22 de julio, y es sobre esta idea que me gustaría profundizar.
En principio, lo que Macri está haciendo, desde que salió el tema de las escuchas telefónicas, es abusar o bien del desconocimiento o bien de la inocencia de la gente, porque es una locura pensar que el acusado de un crimen termine indagando a un Juez Federal.
Esto fue lo que sucedió cuando Macri salió del juzgado del Dr. Oyarbide, luego de que lo citaron a declarar, y dijo a los medios que estuvo 6 horas preguntándole al juez qué pruebas tenían contra él. Cualquiera sabe que si a una persona la llaman a declarar, ya sea como acusado o testigo, tiene que responder un cuestionario. Las explicaciones en un juzgado se dan, no se piden.
Después del procesamiento por parte de Oyarbide, Macri dijo que el juez prejuzgó y que, desde luego, confiará en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones. Cuando ésta ratificó el procesamiento, dijo en conferencia de prensa que el escrito era un “mamarracho” y que los tres camaristas eran “títeres de Kirchner”.
Pero el Jefe de Gobierno tampoco se queda allí. En un acto, que él considera redoblar la apuesta, hace otra voltereta sensacional exigiendo juicio oral y público. Algo que tanto Oyarbide como la Cámara habían resuelto al procesarlo.
La frutilla del postre llega un día después cuando la mesa chica del PRO se da cuenta que el juicio oral y el juicio político tenían un escenario complejo. Es así que Macri sale a declarar a los medios que decidió darles instrucciones a sus legisladores para que “apuren el juicio político”. Es decir, un juicio político hecho por ellos y para ellos.
Creo que queda a la vista el manejo del discurso que hace Macri y de cómo cambia los roles, cuando la realidad es que en su procesamiento la Cámara entiende que el Jefe de Gobierno ha sido partícipe necesario de la asociación ilícita creada para realizar escuchas ilegales.
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Procesando ...
