 En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.
Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.
Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.
Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.
La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010
 Nuestro Bloque “Nuevo Encuentro Popular y Solidario” presentó la semana pasada un proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo. La iniciativa aspira a consagrar por ley una medida que el gobierno implementó por decreto al tiempo que equiparará el derecho de los trabajadores formales con los informales, los desocupados, los autónomos y los monotributistas.
Se trata de recoger lo dispuesto por el Gobierno el año pasado, que tuvo un excelente impacto social, e incorporarle algunos aspectos importantes que se vienen trabajando con diversas organizaciones sociales.
El proyecto suma a trabajadores autónomos y monotributistas que declaran ingresos hasta 4 mil pesos y conserva en la misma proporción de la escala salarial sobre la cual se establecen los montos que perciben los trabajadores formales por salario familiar.
A diferencia de otros proyectos también presentados por otras bancadas, el de nuestro bloque propone igualar la proporción asignada por escolaridad para aquellos alumnos que concurran a escuelas públicas y privadas. Sucede que quienes escolarizados en establecimientos que no son estatales pierden los 36 pesos adicionales (a los 144 mensuales).
Nuestro bloque está convencido que este es, en definitiva, un proyecto que amplía y consagra por ley un derecho a favor de una distribución más justa de la riqueza.
 En el año 2010 se cumplen doscientos años de una Revolución inconclusa. ¿Qué lectura debemos hacer desde el presente para contribuir a que se puedan consolidar los sueños de una patria grande?
Podemos recordar en primera instancia que aquellos vientos de libertad fueron cercenados en nombre de intereses minoritarios. Las oligarquías de aquella época impidieron la construcción de un proyecto colectivo que asegurara la soberanía económica y la apertura hacia el progreso con inclusión y desarrollo social.
Desde entonces, nuestros pueblos han luchado sin descanso por una sociedad capaz de distribuir la riqueza, el poder y el conocimiento; de garantizar el reconocimiento de lo diverso y de establecer mecanismos participativos para la construcción de democracias sustantivas y protagónicas.
Frente a las lecturas del pasado que congelan en mármol los ideales y la pasión de los protagonistas, nos alienta recuperar el legado de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, quienes con su pensamiento y acción enfrentaron el modelo conservador de aquellos tiempos y bregaron por la verdadera independencia, ésa que se legitima, sin demasiada explicación, cuando está al servicio del bienestar de los pueblos.
También es bueno recrear las luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios, que atravesaron cinco siglos de humillación y explotación, y que hoy se yerguen con dignidad y solvencia ética y moral para construir modelos alternativos de desarrollo.
No podemos olvidar la abnegación de los inmigrantes llegados a estas tierras perseguidos por el hambre o por sus ideas, y que plantaron semillas fecundas de valores e ideales libertarios y socialistas.
Tenemos que reivindicar las gestas de los movimientos nacionales y populares, de los jóvenes de la Reforma Universitaria, de los militantes de la Teología de la Liberación, de los obreros y estudiantes del Cordobazo, de los treinta mil desaparecidos.
En Agenda
Todas esas luchas marcan la vigencia de los sueños de un proyecto compartido, basado en la Justicia, la solidaridad, la unidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Pero, además, marcan una agenda de cuestiones centrales, como las que siguen. Seguir leyendo
 Si la cuestión de la inseguridad fuera un problema simple, sencillo de resolver con medidas obvias, como las que sugiere cierto sentido común o mejor dicho cierta visión mecanicista o reduccionista del problema, los distintos gobiernos de muchos países de la región y del mundo ya lo hubieran solucionado. En realidad el tema es de gran complejidad, vamos a intentar ofrecer un punto de vista que trate de dar cuenta de dicha complejidad y ofrecer algunas ideas con visión política.
Las ideas simplistas y unilaterales acerca de cómo resolver el problema del delito y la criminalidad, se manifiestan exasperadamente al grito de ¡basta de impunidad! o ¡aumenten las penas! o ¡que vuelva el servicio militar obligatorio! o ¡que los militares intervengan en la “lucha” contra el delito!.
Este enfoque parte de un gran supuesto, que el hombre es malo por naturaleza, que las civilizaciones modernas están poniendo más agresivo este atributo y que solo mediante la represión es posible combatir al delito. Y en forma complementaria, como nada se puede hacer en conjunto y organizadamente, se instituye un sálvese quien y como pueda, encerrándose en barrios ya no cerrados sino fortificados y armándose hasta los dientes.
Todo ello distorsiona la percepción profunda del fenómeno, y muchas veces a través del discurso político y/o de la espectacularización mediática, opera como encubrimiento de las causas y del accionar de las instituciones pertinentes a la problemática.
Nos referimos a la inseguridad en las calles y en los barrios, a esa incertidumbre que afecta en forma directa a la gente, y particularmente a los mas humildes. A quienes un robo o un hurto los privan de cosas esenciales y que además son justamente los que menos recursos tienen para proteger su propiedad y su integridad.
Debemos reconocer que existe una relación directa entre marginalidad y violencia. Es decir que hay una estrecha relación entre la cantidad de robos y hurtos que se comenten cotidianamente en las barriadas populares y en distintas zonas comerciales de las grandes ciudades, y la situación social de miles de personas, particularmente jóvenes varones de entre 15 y 30 años de edad que se encuentran sin trabajo, sin escolaridad y sin ningún tipo de contención social, y muchas veces sin contención familiar y ni siquiera de vecinos o círculo social alguno.
Además, al referirnos a estos sectores, principalmente juveniles, no estamos de ningún modo sugiriendo que la solución sea criminalizarlos, es decir reprimirlos. Seguir leyendo
 La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad. Esta norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.
Es por ello que estoy trabajando en una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
Con esta nueva ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, la ley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.
Para lograrlo, los objetivos que se plantean en esta ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros contemplan:
La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.
Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
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