En la editorial de La Nación del 16 de julio se intenta realizar un paralelismo entre las reformas financieras recientemente aprobadas en los EE UU e impulsadas por Barack Obama, y el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social de mi autoría.
La comparación es totalmente arbitraria, dado que detalla positivamente las regulaciones establecidas en los EE UU, asociando el dictamen del Parlamento con la propuesta de Barack Obama, cuando esta sufrió muchos cambios en su transitar parlamentario y enfrentó grandes críticas.
En forma paralela, sólo realiza críticas al proyecto de ley de Servicios Financieros, evitando cuidadosamente enunciar las coincidencias que tienen ambos proyectos.
Estas coincidencias, con los lógicos contrastes, se producen en lo atinente a la creación en el seno de los bancos centrales de cada país (la Reserva Federal en los EE UU) de un organismo de defensa del consumidor y también en el mayor protagonismo que se otorga de los entes de seguros de depósitos.
En realidad, los argumentos que La Nación utiliza contra el proyecto de Heller son los mismos que los lobbistas de Wall Street utilizaron para denostar el proyecto de Obama, exagerando o malinterpretando las distintas regulaciones que intentan mejorar la salud del sistema.
Es falso cuando La Nación dice que “el proyecto de Heller” no se preocupa por la estabilidad del sistema, ya que se establece, entre otras cuestiones, un límite a la participación de mercado de las entidades y exige que tengan la aprobación del BCRA para poder operar en derivados. También se fija un listado taxativo de las operatorias que pueden realizar los bancos comerciales, similares a las que realizan actualmente, pero excluye la posibilidad de instrumentar innovaciones que puedan generar inestabilidad sistémica, algo que la actual ley de Entidades financieras no prevé.
Se informa parcialmente sobre el proyecto de Obama, puesto que se evita comentar que se prohíbe a los bancos realizar operaciones de inversión con capital propio, de fuerte carácter especulativo, que constituye un recorte directo de negocios altamente rentables (y riesgosos) para los bancos.
La editorial sostiene que nuestro proyecto propone la “intervención estatal en detrimento de la eficiencia y estabilidad de la operatoria bancaria”. La crisis financiera estadounidense, y las distintas crisis argentinas, en especial la de 2001, muestran que la supuesta eficiencia que postula La Nación fue la causante de los problemas sistémicos, así como también evidencian que la estabilidad no se logró con la libertad del mercado, sino, por el contrario, con una fuerte intervención del Estado.
Los defensores a ultranza de la subsidiariedad del Estado tienen una vara distinta para evaluar la regulación estatal.












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