Notas con la etiqueta ‘Distribución de la Riqueza’

Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas

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distribucion-de-ganancias-de-empresasLa semana pasada el Grupo de los Siete, compuesto por la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, La Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y la Confederación Rural Argentina, se reunió para tratar el proyecto presentado por el diputado Héctor Recalde que propone distribuir las ganancias de las empresas.

Es natural que los sectores conservadores intenten que no se avance en determinadas cuestiones, incluso que argumenten sobre la propiedad privada, la desinversión y todas esas cuestiones que funcionan como barricadas. Lo que no podemos aceptar es que hablen de la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta está estipulada en la constitución nacional.

El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional dice claramente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: […] participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección […]”. Hace 53 años que esto está en la constitución y nadie le presta atención, es letra muerta.

El proyecto de Recalde, en cambio es un poco más tibio, no va tan a fondo. Si bien propone repartir hasta un 10% de las ganancias netas, también estipula la creación de un Consejo Nacional de Participación Laboral tripartito entre el Estado, trabajadores y empresarios con la facultad de estipular cuál es la ganancia mínima anual que una empresa debe alcanzar para comenzar a participar sus ganancias con los trabajadores.

La ley entraría en vigencia a partir del primer año fiscal luego de su promulgación y estipula que, en un primer momento, sólo las empresas que ocupen más de 300 empleados serán alcanzadas. A partir del segundo año fiscal posterior a la promulgación de la ley, aquellas empresas que ocupen a más de 100 empleados ingresarán al régimen de participación en las ganancias.

Asimismo, y a pesar de los dichos contrarios del G7, el proyecto estimula la inversión ya que las empresas podrán deducir de sus ganancias netas hasta un 50% para reinversión de utilidades. Esto quiere decir, que si la empresa quiere repartir menos ganancia, lo que debe hacer es reinvertir.

Si bien en el bloque Nuevo Encuentro tenemos algunas diferencias en lo que respecta al período de ingreso de las PYMES en este régimen, creemos que el proyecto en sí establece parámetros de apertura de información, de transparencia, que son muy útiles para la sociedad y que incluso pueden servir para evitar ilusiones impositivas o evasiones.

La ley de Servicios Financieros apunta a la defensa de los usuarios

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ley-de-entidades-financierasTal vez muchos amantes del neoliberalismo crean que la Ley de Servicios Financieros que presentamos con el bloque Nuevo Encuentro inviabilizará el sistema financiero, pero lo cierto es que nadie está pensando en destruirlo, al contrario, lo que estamos intentando hacer es defender de manera más eficaz los derechos de los usuarios.

La ley de entidades financieras que actualmente nos rige es una ley que fue concebida como uno de los pilares de la dictadura militar. Era un proyecto pensado para influir decisivamente en la construcción del modelo neoliberal. Esta es la principal razon por la que necesitamos una ley a la altura de una sociedad basada en otros valores, como la mejora en la distribución de la riqueza, y con un rol más efectivo del Estado.

La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social apunta a un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y a que los servicios financieros estén al alcance todos ciudadanos, independientemente de su condición económica o su ubicación geográfica.

Este proyecto tiene dos ejes:

1. La actividad financiera es un servicio público que el Estado debe garantizar para todos
2. La actividad financiera debe ser pensada desde los usuarios y no desde las entidades.

Los próximos pasos que daremos con este proyecto es abrir un proceso de opinión a todos los sectores: desde las organizaciones de bancos hasta las de consumidores, y desde las pequeñas empresas y cooperativas hasta las organizaciones de economías regionales y sindicatos, porque desde Nuevo Encuentro creemos que la participación tiene que ser lo más amplia posible.

Subir jubilaciones es justo y posible

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jubilados-82-porciento-movilEl aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.

Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes -integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP- son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes -reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A- pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida.

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Asignación por hijo: la misma medida, más a fondo

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dercho-a-la-ninezEn octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.

Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.

Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.

Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.

La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.

Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010

Proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo

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asignacion-universal-por-hijoNuestro Bloque “Nuevo Encuentro Popular y Solidario” presentó la semana pasada un proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo. La iniciativa aspira a consagrar por ley una medida que el gobierno implementó por decreto al tiempo que equiparará el derecho de los trabajadores formales con los informales, los desocupados, los autónomos y los monotributistas.

Se trata de recoger lo dispuesto por el Gobierno el año pasado, que tuvo un excelente impacto social, e incorporarle algunos aspectos importantes que se vienen trabajando con diversas organizaciones sociales.

El proyecto suma a trabajadores autónomos y monotributistas que declaran ingresos hasta 4 mil pesos y conserva en la misma proporción de la escala salarial sobre la cual se establecen los montos que perciben los trabajadores formales por salario familiar.

A diferencia de otros proyectos también presentados por otras bancadas, el de nuestro bloque propone igualar la proporción asignada por escolaridad para aquellos alumnos que concurran a escuelas públicas y privadas. Sucede que quienes escolarizados en establecimientos que no son estatales pierden los 36 pesos adicionales (a los 144 mensuales).

Nuestro bloque está convencido que este es, en definitiva, un proyecto que amplía y consagra por ley un derecho a favor de una distribución más justa de la riqueza.

 

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