Notas con la etiqueta ‘Jubilaciones’

Un reconocimiento en vida a quienes contribuyen al legado cultural de nuestra Argentina

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escritorLos escritores aportan a la cultura general de una comunidad; son creadores individuales que generan una suerte de “riqueza social”, difícil de cuantificar o particularizar, pero fácilmente perceptible en su conjunto.

En la Argentina, son muchos los escritores que terminaron sus días en la indigencia, y muchos más los que, adicionalmente, lo hicieron en el silencio y el olvido.

Es por esta razón que en el mes de octubre de 2010, presentamos el Proyecto de Ley para Asignación Única por Trabajos y Obras en Reconocimiento a Escritores, en su acrónimo AUTORES.

Se trata de un proyecto que pretende retribuir a los escritores su aporte a la cultura nacional, y al mismo tiempo reparar las situaciones de injusticia y descuido que han padecido muchos de ellos.

Intentamos, con este proyecto, no sólo reparar este descuido, sino también realizarlo en términos de equidad y generalidad, reconociendo en términos previsionales a quienes han realizado un esfuerzo individual que ha redundado en beneficio colectivo.

Numérica y económicamente, el universo de probables beneficiarios no resulta relevante ni gravoso. La gran mayoría de los escritores atienden sus necesidades materiales con otras labores, oficios y profesiones, obteniendo por ellas sus eventuales beneficios previsionales. Son contados aquellos que, por una vía u otra, no acceden a ninguno.

Por lo tanto, en muchos casos esta ley actuará como solución para aquellos cuya obra no ha sido suficientemente ponderada en vida, o que por diversas razones no pueden acceder a un beneficio previsional que cubra sus necesidades en forma íntegra.

De esta manera, los beneficiarios de éste régimen recibirán una asignación mensual, de carácter personal, intransferible y vitalicia, equivalente a tres veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Los requisitos para acceder a ella serán tener la edad mínima jubilatoria de 65 años; acreditar una trayectoria pública y constante en la creación literaria no inferior a veinte años o haber publicado cinco libros de creación propia o diez incluyendo coautoría artística; y haber realizado aportes al Sistema Único de la Seguridad Social durante 15 años.

El presente proyecto propone un reconocimiento a la labor del escritor como tal, independiente de su mérito individual, pero atendiendo a su contribución a la construcción colectiva de una cultura propia, para garantizarle una vejez digna como contraprestación de los aportes realizados durante su vida activa.

No estoy de acuerdo con la Ley de Jubilación Anticipada

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jubilacion-anticipadaHace una semanas, en la última reunión de comisión que realizamos, hubo dictamen de varios temas, entre ellos la ley de jubilación anticipada. Se trata de un proyecto para aquellas personas que tienen los años de aportes, pero no la edad y se encuentran desocupados.

Más allá de que nuevamente se presenta un proyecto ley sin haber realizado un estudio previo sobre el costo final que tendría aprobarla ni de a cuánta gente afectaría, creo que el proyecto en sí no es una buena solución. Lo que necesitamos hacer con la gente que no tiene trabajo y no tiene la edad jubilatoria es crearles las condiciones para que puedan trabajar, no jubilarlas.

Me parece que el gran objetivo de la época es generar trabajo. Por ahí vi, dando vueltas en proceso legislativo, un proyecto que generaba un incentivo fiscal a las empresas que contraten gente mayor a la que aún le falta para llegar a la edad jubilatoria. Creo que ese es el camino, incluirlos en el sistema, no jubilarlos y mandarlos a la casa.

El 82% móvil y la incoherencia opositora

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jubiladosEn un post anterior me referí a la solidaridad del sistema previsional de reparto. En él explicaba que actualmente el 44% de los ingresos del sistema previsional, vienen de la recaudación impositiva y no de los aportes, ni de los trabajadores, ni de los empresarios. Esto significa que casi la mitad de los ingresos que mueve el sistema previsional vienen de impuestos generales, que aportamos todos los ciudadanos.

Es en este sentido que hablamos de un sistema previsional solidario, porque como los aportes de los trabajadores no alcanzan,  la sociedad en su conjunto cede parte de la recaudación impositiva para hacer que el sistema sea sustentable e incluso para permitir la mejora en los haberes de los jubilados.

Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero no está mal repetirlo: si estuvieran las AFJP, la discusión del 82% móvil sería imposible. Con las AFJP no existía la movilidad en las jubilaciones privadas, se movían por el ahorro individual de cada uno de los asalariados, y cada uno recibía una jubilación que era un porcentaje de los aportes realizados.

La semana pasada 13 senadores que votaron el 82% móvil, habían votado en contra de la re estatización del sistema de jubilaciones. Peor aún, los 35 diputados que dieron la mayoría para aprobar en Diputados el 82% móvil, habían votado para que se mantengan las AFJP. Clara demagogia que tenía el fin no sólo de poner palos al gobierno sino además de forzar un veto antipopular por parte de la presidenta.

Crónica de un final anunciado

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La ley del 82% móvil votada la semana pasada por el senado y vetada posteriormente por la presidenta fue, en realidad, una ley absolutamente demagógica por parte de la oposición. Su función era forzar el veto por parte del gobierno. Todos sabían que eso era lo que iba a suceder.

Para comenzar a analizar el tema, creo que hay que decir algo que nadie dijo en todo este tiempo: que la ley tenía una enorme falla violatoria de la Ley de Administración Financiera que dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, deberá especificar las fuentes de financiamiento.

Según la ley sancionada, el 82% móvil debía ser aplicado dentro de los 30 días corridos a partir de su promulgación. Por lo tanto, para lo que resta del año el ANSES debería desembolsar unos 9.280 millones, y 40.000 millones para el 2011. Sólo los 9.000 millones de este año equivalen a un año entero de la Asignación Universal por Hijo.

La oposición decía que, según sus cálculos, habría financiamiento para lo que queda de este año y para el 2011. Aunque esto sea cierto (cosa que no lo es), nada dijo acerca de las fuentes de financiamiento para los años subsiguientes.

Yo creo que ni la oposición ni el gobierno están dispuestos a profundizar en el tema del financiamiento, porque esto implicaría confrontar con los empresarios. La oposición prefiere decir que cuando hay voluntad política el dinero aparece, y el gobierno prefiere simplemente decir que no es posible, omitiendo decir la mitad de la verdad: que tomando ciertas medidas el 82% podría ser posible.

Por esto digo que este tema tenía un final anunciado, tanto oposición como oficialismo decidió seguir adelante, aún sabiendo cómo terminaría todo, porque todas las fuentes de financiamiento tendrían que salir de los que más tienen.

¿Desfinanciación del Estado o cambio de modelo?

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liberalismoEn las distintas comisiones del Parlamento se han generado varios proyectos de carácter económico que impactan negativamente sobre el erario público, dado que la mayoría de ellos vulnera la más elemental de las técnicas legislativas, que aconseja acompañar todo proyecto de mayor gasto o reducción de ingresos, con la previsión de nuevos recursos fiscales que lo compensen. Esta debilidad de los proyectos no se trata de un olvido, puesto que en su tratamiento en comisiones se ha mencionado en forma reiterada esta falencia, la que ha sido desestimada obstinadamente por los autores de los proyectos y quienes los apoyan.

La estrategia mencionada puede analizarse desde varios puntos de vista. Por un lado, estos proyectos parten de la machacada idea del neoliberalismo que se centra en la necesidad de reducir el gasto público; si bien algunos proyectos tienden a aumentar ese gasto -como el de modificación a las jubilaciones-, al no proponer fuente de financiamiento, de aprobarse, terminará obligando a reducir otros gastos del Gobierno, en muchos casos, esenciales para el funcionamiento del Estado. Estoy convencido de que debe gastarse más y mejor, generando los recursos apropiados, una premisa que no persiguen los proyectos que se analizan.

Desde otro punto de vista, esta metodología no es más que una forma de poner palos en la rueda al modelo actual, al llevar a la administración fiscal a una tensión máxima por la desfinanciación que generan. Hacen demagogia con el aumento a jubilados, ilusionándolos con incrementos que no serán sostenibles en el tiempo, mientras que sus proyectos, realizados a partir de una estrategia política ideada especialmente para complicar al Gobierno, tendrán un efecto negativo sobre toda la sociedad. Si bien la actividad legislativa es eminentemente política, quienes presentan estos proyectos dejan de lado su compromiso parlamentario, cuyo objetivo siempre debe tender a mejorar las condiciones de la sociedad. Sólo los inspira un mero cálculo político que evalúa cuánto van a esmerilar al Gobierno sus proyectos.

Otro enfoque tiene que ver con la génesis de estas medidas, orientadas a responder a exclusivos intereses sectoriales o corporativos.

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