Los trágicos hechos ocurridos en el Parque Indoamericano pueden, y deben, leerse en sus múltiples dimensiones. De una lectura rigurosa se desprende el modo en que dos proyectos antagónicos de Estado, de política pública y de sociedad se confrontan.
Una descripción precisa podría enunciar los hechos en los términos que siguen: en los primeros días de diciembre, el gobierno de la Ciudad informó la entrega de títulos de tierras para habitantes de poblaciones y asentamientos precarios. Fueron identificados punteros y líderes barriales que, frente al anuncio, impulsaron la toma de las tierras del Parque Indoamericano, con el argumento de que era la única posibilidad de tener acceso a la vivienda propia, un problema que afecta a una amplia población de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, viven en la Capital Federal doce mil personas en 150 asentamientos; 170 mil habitantes moran en las villas de emergencia; 110 mil, en barriadas municipales con graves problemas estructurales; unos cinco mil seres humanos viven bajo chapas de complejos habitacionales transitorios; unas nueve mil personas viven en inquilinatos; y otras seis mil, en hoteles y pensiones. De este relevamiento oficial puede deducirse que la vivienda -concebida como un derecho humano y como un derecho constitucional- sigue siendo una de las varias asignaturas pendientes que tienen Estado y sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables, cuyas necesidades e intereses son desconocidos y negados.
Mientras el rumbo nacional revela la decisión de avanzar en políticas reparadoras de esta injusticia social, el gobierno de la Ciudad encaró un camino exactamente antagónico.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad subejecutó notablemente los fondos para la construcción de viviendas asignados por la Legislatura. Aunque algunos funcionarios macristas intenten atenuar esta escandalosa subejecución señalando que faltan registrar algunos datos del gasto, en off admiten que se trata de un nivel muy bajo, sin antecedentes en la historia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura, denuncia que “Mauricio Macri nunca tuvo política habitacional para enfrentar la crisis, y es imposible suponer que ahora lo vaya a hacer. La prueba está en que nunca ejecutó el presupuesto previsto para atender los problemas habitacionales y tampoco liberó créditos para construir los barrios que iban a construir las cooperativas de vivienda” (Miradas al Sur, domingo 12 de diciembre de 2010). Es así como un buen número de cooperativas tienen los terrenos adjudicados por el Instituto de la Vivienda porteño, pero nunca les entregaron los créditos para iniciar la construcción.
La subejecución presupuestaria de Macri revela un patrón de conducta que hizo del Estado un coto privado para la realización de negocios y la represión del conflicto social, que es la respuesta a un escenario de crecientes injusticias en este distrito. El festival de la inversión privada en el rubro de la construcción es apenas una muestra de una definición política. La irracionalidad de la edificación llevada a cabo con criterios excluyentemente mercantiles es la crónica de graves problemas de infraestructura y refuerzan una dinámica basada en procesos de creciente desigualdad social y, aquí, habitacional.
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