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Cimientos para seguir creciendo

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Por Carlos Heller
El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.), anunciado el último martes, constituye un paso importante para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de sectores de ingresos bajos y medios de la población. Forma parte, a su vez, de un abanico de políticas más amplio que viene implementando el gobierno nacional para apuntalar el crecimiento de la economía argentina, en un contexto internacional complejo que no parece despejarse. El plan de alcance nacional presentado por el gobierno consiste en el otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas únicas y permanentes de aquellas personas que no poseen casa propia. Contempla, además, la utilización de terrenos fiscales cedidos por la Nación, alrededor de 1700 hectáreas. El programa proyecta construir unas 400 mil viviendas de aquí al año 2015, de las cuales 100 mil se levantarán entre los años 2012 y 2013, etapa en la que se proyecta invertir unos 20 mil millones de pesos. Se trata de un plan de implementación inmediata y sumamente ambicioso. Representa un envión importante para seguir buscando soluciones al déficit habitacional, una problemática que también abarca la situación de las villas, la falta de infraestructura y servicios esenciales y la existencia de terrenos y viviendas desocupadas.

De las características del programa se desprenden algunas cuestiones importantes. Una de ellas tiene que ver con su carácter inclusivo, ya que los préstamos serán destinados a la población de ingresos bajos y medios, contemplando a aquellos que no alcanzan a satisfacer los requisitos exigidos por el sistema bancario. Para recibir el crédito no habrá un piso mínimo de ingresos mensuales pero sí un techo, establecido en los 30 mil pesos. El crédito tendrá un plazo de 30 años para las personas de menores ingresos y de 20 años para los que ganen menos de 5000 pesos. El préstamo máximo será de 350 mil pesos, y las cuotas mensuales no superarán en ningún caso el 40% de los ingresos familiares netos. Podrán acceder quienes tengan entre 18 y 65 años de edad, lo que abre una puerta para la población joven, que habitualmente no tiene ahorros ni ingresos suficientes para acceder a su primera vivienda.

Las condiciones de financiamiento estipuladas dan cuenta de la progresividad del esquema. Por caso, aquellos que poseen ingresos mensuales menores a los 5000 pesos pagarán una tasa de interés del 2%, mientras que, en el otro extremo, los ingresos más altos, que van de 20 mil a 30 mil pesos, afrontarán una tasa del 14% durante los cinco primeros años, ajustable luego por el índice de salarios. De esta manera, los que tienen menos ingresos pagan una tasa menor y quienes más tienen pagan una mayor. Este esquema se encuentra en las antípodas de lo que ocurre bajo las reglas del mercado, donde la lógica comercial establece que los que menos tienen paguen tasas mayores en el mercado formal, llegando a los límites de la usura para quienes deben recurrir al informal. Las dificultades de acceso al financiamiento formal para la vivienda se vinculan principalmente a la problemática de los ingresos y a la elevada informalidad del mercado laboral, que afecta a un tercio del empleo total. Es cierto que se han producido mejoras en este terreno, pero todavía falta recorrer un largo trecho, lo que invita a seguir abonando las bases del actual modelo.

Disponemos de un sistema financiero que privilegia el fondeo de actividades más rentables, y de corto plazo, como el consumo, una situación que pone una vez más en evidencia la necesidad de adoptar nuevas regulaciones financieras, en particular en materia de tasas y destino de los préstamos, algo por lo que venimos bregando desde hace tiempo, y que nos llevó a elaborar el proyecto de reforma de la actual Ley de Entidades Financieras.

Los préstamos hipotecarios para la vivienda llegan hoy a los 24 mil millones de pesos, un monto sin duda bajo, explicado en gran medida por el accionar de la banca pública. Este número también nos da una idea de la magnitud de los recursos contemplados en la primera etapa (20 mil millones de pesos). En términos operativos, la colocación de los préstamos del Pro.Cre.Ar. estará a cargo del Banco Hipotecario SA, que posee participación estatal, para lo cual dispondrá de recursos en efectivo y de terrenos cedidos, en principio, por la Nación, activos que formarán parte del fideicomiso constituido y que administrará el banco.

El aporte de tierras fiscales a fines socialmente rentables constituye una decisión valiosa en un país que posee una fuerte concentración de la tenencia de la tierra y que ha visto incrementar sustancialmente el valor de los terrenos durante los últimos años. El efectivo provendrá inicialmente del Tesoro, que aportará una suma de 3000 millones de pesos. Se prevé que el resto sea financiado fundamentalmente por la emisión de deuda que emita el fideicomiso, instrumentos que tendrán oferta pública y cotizarán en la Bolsa de Comercio, y que podrán ser adquiridos por los particulares y por la ANSES. El plan tuvo una aceptación amplia, aunque algunas voces expresaron su posición contraria al uso del “dinero de los jubilados”, en alusión al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la ANSES. Son las mismas que criticaron la Asignación Universal por Hijo y que suelen poner la satisfacción de las necesidades más elementales, incluso aquellas que poseen rango constitucional, por detrás de un discutible objetivo de eficiencia económica. Siguen pensando al FGS como un sistema de capitalización individual y no solidario, intergeneracional.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, mencionó, en alusión al eufemismo que habla del “dinero de los jubilados” que los fondos de la seguridad social no se nutren solo de contribuciones de y para los jubilados, como lo era hace años sino que “hoy el 50% de esos fondos provienen de impuestos generales, del IVA, de diferentes impuestos que también aportan a los fondos de la seguridad social”. Estos fondos “antes conformados por los trabajadores, ahora también lo son por el conjunto de la sociedad”.

Resultan cuestionables los comentarios que buscan desmerecer la iniciativa sosteniendo que el fondo se nutrirá fundamentalmente con recursos de la ANSES. Por el momento, el único aporte confirmado es el del Tesoro, en tanto que el esquema también contempla la participación del sector privado.

De todas formas existen razones de peso que justificarían el aporte de la ANSES. El FGS ha sido pensado fundamentalmente como un mecanismo para financiar desequilibrios del sistema previsional, no para afrontar las erogaciones corrientes de la seguridad social; tampoco para acumularse improductivamente. En la página web del FGS se lee que una de las finalidades es la de “procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Previsional Argentino y la preservación de los activos del FGS”.

Además, estas aplicaciones representan una inversión que retorna al fondo con el rendimiento correspondiente, a la par que contribuye a generar más empleos y, por ende, más aportes jubilatorios. No parece haber alternativas mucho más provechosas que ésta. Con el programa se espera crear de aquí a finales de 2012 unos 100 mil empleos directos y otros tantos indirectos, lo cual le otorga a la medida una impronta fuertemente contracíclica. El monto involucrado representa el 1 por ciento del PBI, lo cual da otra idea de la magnitud del anuncio. La noticia, sin duda, fue muy bien recibida por las empresas de la construcción y por los sectores proveedores de insumos, algunos de ellos altamente concentrados. Atenta a esta cuestión, la presidenta realizó una afirmación importante al sostener que “necesitamos evitar las avivadas de siempre, comenzar con acuerdos de precios entre empresas monopólicas”. Los efectos del plan comenzarán a sentirse en los próximos meses y serán importantes, particularmente si se tiene en cuenta la fuerte incertidumbre que existe en torno a la situación mundial y que afectará el crecimiento de nuestra región. Lo anunciado va claramente en línea con las políticas que se vienen aplicando: de fomento de la demanda interna, protección del trabajo nacional y cuidado de las reservas internacionales. Es la contracara de las políticas de “austeridad” que están llevando a cabo las economías centrales; lo opuesto al enfoque de sumisión absoluta a los designios del capital transnacional que prevaleció aquí en los años noventa.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino. Domingo 17 de junio de 2012.

Cómo financiar el 82% móvil

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jubilados-82-porciento-movil-1Hace unos días, junto el Bloque Nuevo Encuentro, difundimos un documento en el que expresamos nuestra opinión respecto a la iniciativa que la oposición está impulsando para llevar las jubilaciones al 82% móvil.

Fuimos claros al decir que estamos de acuerdo con la medida, pero entendemos que debe asegurarse la financiación. Es por eso que planteamos la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos al ’93, con medidas que eviten impactar negativamente en las pequeñas y medianas empresas.

En ese documento también planteamos que es el momento ideal para hablar de una reforma fiscal de fondo, que ataque a la renta a la especulación financiera, a la explotación de los recursos naturales, y a las retenciones sobre los recursos agropecuarios.

Es en estas cuestiones de fondo en las que no coincidimos con quienes impulsan esta ley. No sólo porque ellos pretenden que el dinero salga de la ANSES, sin explicitar bien qué significan los números ni de dónde se generarían los recursos, sino también porque son estas mismas personas las que están impulsando la disminución del impuesto al cheque y la rebaja de las retenciones, medidas que parecieran tener el objetivo de desfinanciar al Estado más que el de resolver los problemas de los jubilados.

Asignación por hijo: la misma medida, más a fondo

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dercho-a-la-ninezEn octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.

Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.

Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.

Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.

La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.

Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010

Proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo

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asignacion-universal-por-hijoNuestro Bloque “Nuevo Encuentro Popular y Solidario” presentó la semana pasada un proyecto para ampliar la Asignación Universal por Hijo. La iniciativa aspira a consagrar por ley una medida que el gobierno implementó por decreto al tiempo que equiparará el derecho de los trabajadores formales con los informales, los desocupados, los autónomos y los monotributistas.

Se trata de recoger lo dispuesto por el Gobierno el año pasado, que tuvo un excelente impacto social, e incorporarle algunos aspectos importantes que se vienen trabajando con diversas organizaciones sociales.

El proyecto suma a trabajadores autónomos y monotributistas que declaran ingresos hasta 4 mil pesos y conserva en la misma proporción de la escala salarial sobre la cual se establecen los montos que perciben los trabajadores formales por salario familiar.

A diferencia de otros proyectos también presentados por otras bancadas, el de nuestro bloque propone igualar la proporción asignada por escolaridad para aquellos alumnos que concurran a escuelas públicas y privadas. Sucede que quienes escolarizados en establecimientos que no son estatales pierden los 36 pesos adicionales (a los 144 mensuales).

Nuestro bloque está convencido que este es, en definitiva, un proyecto que amplía y consagra por ley un derecho a favor de una distribución más justa de la riqueza.

La Ciudad y las prácticas políticas de Macri

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macriEs indudable que el gobierno de Macri representa las peores prácticas gubernamentales de los años de hegemonía neoliberal. Sus iniciativas no son aisladas, sino que son eslabones de una misma política que privilegia la represión del conflicto social, la reducción del espacio público, la ampliación de las oportunidades de negocios para los amigos del poder y una profunda ineficiencia en atacar el conjunto de problemas de la ciudadanía.

Mauricio Macri se propuso crear una nueva policía en la ciudad de Buenos Aires y lo hizo a su manera: nombrando funcionarios sospechados, desplegando una red de escuchas ilegales, interviniendo los ámbitos privados de las personas y volviendo sobre una concepción de lo público propia de etapas tristes y superadas de la Argentina.

Tanto las escuchas ilegales, como la persecución a los ’trapitos’ y a los limpiavidrios, la creación de la Unidad de Cuidado del Espacio Público especializada en apalear y echar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, y la reducción de los recursos para políticas sociales y del presupuesto educativo remiten a una concepción de la sociedad, de la política y del poder.

Si se observa el desempeño de Macri en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se puede comprender mejor por qué dijo que el intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore, fue para él un modelo de gestión.

El bloque Nuevo Encuentro cree que esta es, sin dudas, una concepción y una práctica política que debemos desterrar de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2011.

 

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