En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.

Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.

Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.

Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.

La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.

Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010