Acabamos de presentar un Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, para democratizar el sistema financiero y atender las necesidades de los usuarios. Es un proyecto con gran cantidad de normas que resulta difícil resumir en un artículo periodístico. Me interesa analizar cómo puede impactar en situaciones concretas.

A nivel geográfico pocos conocen que de las 3461 localidades que hay en el país, cerca de 2400, es decir el 70 por ciento, no tiene una sola casa bancaria: la mayoría son localidades de menos de 5000 habitantes. A nivel socioeconómico, mientras los segmentos medios y altos están bancarizados en más de un 80 por ciento, en los de ingresos bajos la bancarización es del 50, y en los de ingresos muy bajos de apenas el 20. Esto refleja una profunda desigualdad en materia de acceso a los servicios bancarios.
Tomando en cuenta esta realidad nuestro proyecto prevé la creación de un listado de “Servicios Esenciales” de bajo costo, y eventualmente a costo cero, dirigidos a los sectores de menores ingresos de la población, que las entidades deberán ofrecer con características similares. En determinados casos los bancos tendrán el derecho de no brindar estos servicios a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos. No obstante, el proyecto dispone la creación de un fondo en el cual todos los bancos aportan, y que se distribuye en proporción a los servicios esenciales que presta cada entidad. La entidad que priorice los servicios esenciales será recompensada, y la que no los fomente, deberá pagar un costo.

Entre otras normas, el proyecto prevé que el 38 por ciento de la cartera de créditos se destine a micro, pequeñas y medianas empresas, y un 2 a microcréditos. La aplicación de esta norma generaría un incremento en los créditos a este sector cercano a los 18.000 millones de pesos, un crecimiento del 44 por ciento respecto del monto actual. Si bien es una cifra muy importante, es sólo un tercio de la liquidez que los bancos tienen colocada en letras y notas del Banco Central, lo cual indica que resulta perfectamente posible aplicar hoy mismo esta orientación de créditos hacia las minipymes. Con datos a febrero de 2010, las micro y pequeñas empresas estuvieron pagando tasas por descuento de documentos en un rango de entre el 16 y el 37 por ciento. Nuestro proyecto reduce tal disparidad obligando a cobrar no más del 5 por ciento del promedio ponderado de este sector. Ese promedio arroja actualmente una tasa del 22 por ciento, con lo cual ninguna empresa pagaría más del 23,1 por ciento; al aplicar este sistema la tasa promedio tenderá a bajar más aún. Estos son cálculos aproximados, pero resultan útiles para el ejemplo.

Hoy día la garantía de los depósitos está prácticamente privatizada, los bancos pueden decidir adherirse, cubre hasta 30.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera, y si la tasa supera la fijada por el BCRA, la garantía no se aplica; estas cuestiones técnicas resultan difíciles de percibir por el pequeño o mediano inversor. Para proteger a los usuarios financieros, el proyecto establece un amplio seguro de garantía de los depósitos, obligatorio, con garantía del Estado nacional y que cubra hasta 100.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera para todos los depositantes.

Los derechos de los usuarios también tienen protección a través de la obligación que tendrán los bancos de instrumentar un Departamento de Atención a Usuarios. Esta exigencia se complementa con la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios frente a los actos de las entidades financieras, además de ser una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios de los bancos.

Por último, hay un capítulo dedicado a la defensa de la competencia que coloca límites precisos a la concentración del sistema.

Este es un breve comentario sobre un Proyecto de Ley que cambia conceptualmente el espíritu de la actual ley de entidades financieras. Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros; una transformación conceptual esencial para definir el camino que deben recorrer los cambios necesarios en el sistema financiero argentino.

Esta es mi perspectiva, la misma fue publicada en Página/12 el 12 de mayo de 2010.