Notas con la etiqueta ‘sistema financiero’
El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social presentado por nuestro bloque, el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, cambia conceptualmente el espíritu de la Ley de Entidades Financieras (21.526). Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros.
Para darle un marco adecuado al proyecto, conviene identificar las razones de la necesidad del cambio de la Ley de Entidades Financieras de 1977, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la “Escuela de Chicago” y que, luego, se consolidaron en el “Consenso de Washington”. La ley 21.526 aplicó una fuerte desregulación sobre el sistema y, durante su vigencia, se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria.
A lo largo de todos estos años, se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y de sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantuvo incólume.
Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en un beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis de 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11,3% del PBI, un valor que se repitió estos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero, además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35% de los depósitos, cuando gran parte de ese dinero debería haberse utilizado para dar crédito.
Considero que es un paso muy importante esta ley, puesto que significa comenzar a cumplir con las propuestas realizadas en la campaña electoral y porque, además, refleja una reivindicación histórica del movimiento cooperativo al cual pertenezco.
Como su nombre lo indica, la “Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social” no es una ley de las Entidades Financieras, sino una ley de servicios orientada a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación.
De esta manera, en el marco de esta nueva ley, definimos a las Entidades Financieras como un Servicio Público, ya que el protagonista es el usuario. Se trata de una ley que define que hay servicios financieros que reciben las empresas, la gente, las comunidades, las regiones, y que esos servicios financieros deben estar orientados al desarrollo económico y social, es aquí desde donde empezamos a articular todo el proyecto.
Los objetivos fundamentales que señalamos en el texto de la ley son los de “promover el acceso universal a los servicios financieros; proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios; proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas; impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales; promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares; alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera; y preservar la estabilidad del sistema financiero”.
Por todo lo anterior, y teniendo al usuario como foco, hemos introducido en la ley una serie de figuras novedosas: una de ellas es la creación, en el ámbito del Banco Central, de la Defensoría de Servicios Bancarios. Este es un punto muy importante, ya que la ley está pensada desde la premisa de que hay un usuario que recibe un servicio y que ese servicio es esencial.
El bloque de Nuevo Encuentro espera que en las próximas semanas se dé un debate amplio y rico que permita a la sociedad saber qué piensa cada uno respecto a qué sistema financiero necesita nuestro país.

Quiero compartir con ustedes el proyecto de ley que nuestro bloque presentó sobre el “Fondo del desendeudamiento Argentino” que se destinará a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010.
Dado que en el mes de Diciembre de 2009 la Presidenta de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Número 2010/2009 mediante el cual se creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.
En los considerandos de ese decreto, el PEN establece que resulta necesario profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en 2003, para permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado.
Consideramos que la decisión de cancelar los vencimientos de la deuda pública de 2010 con Reservas Internacionales resulta valiosa por varios motivos. Desde un punto de vista estrictamente económico, porque las reservas rinden menos que lo que se debería pagar por los préstamos con los cuales se cancelaría la deuda.
Pero también otorga mayor solidez, aún, a la capacidad de pago de la deuda, lo cual debería redundar en una reducción de la tasa de interés con la que potencialmente puede financiarse nuestro país, y reforzaría la concreción del canje de deuda.
Acumular Reservas Internacionales es importante. Ellas son una garantía para sortear en mejores condiciones el impacto de las crisis financieras externas, para sostener una flotación ordenada del tipo de cambio y para disipar cualquier posibilidad de una crisis financiera doméstica.
Pero a partir de un determinado nivel que garantice las funciones anteriores, las reservas pueden utilizarse para otros usos más eficientes.
Este proyecto que hemos presentado le otorga al Congreso un papel preponderante, ya que el Parlamento ordena al Poder Ejecutivo y al Banco Central de la República Argentina, mediante la creación del Fondo del Desendeudamiento, proceder al pago de la deuda privada con vencimiento en 2010 con Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad.
La decisión de pagar los vencimientos 2010 con Reservas Internacionales otorga la certeza de que los recursos están disponibles, y esto seguramente mejorará la capacidad negociadora que la Nación tiene por delante, como por ejemplo, la reapertura del canje.
“Bajar Proyecto de Ley Completo”
La Argentina es un país que tiene un sistema de gobierno presidencialista, no parlamentario. Y esta situación no es sencilla para un Ejecutivo que tiene un Parlamento con dos cámaras en las cuales la mayoría opositora está plantada en rechazar todo lo que se le proponga y tratar de imponer otro tipo de marco legislativo. Esta postura genera una situación crítica, lo cual nos puede llevar a un camino sumamente complejo.
Resulta indispensable buscar una manera de funcionar para que los distintos proyectos se puedan discutir, que se encuentren consensos que permitan un avance. Los trámites parlamentarios adquieren una complejidad táctica difícil de seguir para no profesionales de la política. Para dar una idea de esta complejidad, investigando mas a fondo aparece que una altísima proporción de los decretos de necesidad y urgencia se dieron durante el funcionamiento del período legislativo.
Desde la oposición se obvian estas complejidades y muchas veces se enuncian dislates, como ha expresado un jefe de bloque opositor, al decir que “las reservas son los depósitos de la gente”; sin embargo este disparate puede inculcar miedo en la población como parte de una estrategia destituyente.
La acumulación de Reservas Internacionales responde a las políticas de defensa del tipo de cambio real implementadas por este gobierno. Si se hubiese seguido la política de no intervención cambiaria, hoy tendríamos menos Reservas y un tipo de cambio sobrevaluado, como muchos otros países.
Considero valido hacer referencia al fenomenal proceso de desendeudamiento que la Argentina tuvo en todos estos años, que es resultado del canje de deuda de 2005 y del crecimiento del producto bruto, combinado con un importante aumento de las Reservas.
En este contexto debe entenderse el pago de deuda con Reservas Internacionales, teniendo en cuenta que los pagos se irán desarrollando durante todo el año, con un mayor peso en agosto de 2010, mientras que se espera un fuerte ingreso de divisas derivado de la excepcional cosecha de soja de esta campaña. Ello indica que existen grandes probabilidades para que las reservas utilizadas para el pago de deuda se recuperen con facilidad durante el año.
La utilización de Reservas permitirá dejar de emplear recursos fiscales para cancelar deuda y sumar esos recursos para otros empleos más productivos, ya que el país se está recuperando del impacto de la crisis internacional, lo cual requiere un nivel de gasto público de fomento elevado.
Por las razones expuestas la mejor opción existente para cancelar deuda durante este año es la utilización de las Reservas.
Porque fundamentalmente, esta decisión tendrá una positiva repercusión en el financiamiento externo tanto del gobierno como de las empresas privadas en el exterior, al reducir la tasa de interés.Y porque ello mejora las posibilidades de un mayor éxito en la reapertura del canje de la deuda, de forma tal que Argentina pueda salir del default, lo que redundará en menor tasa aún y en el acceso a préstamos de fomento de organizaciones y gobiernos internacionales.
La implementación de esta estrategia a partir de una ley sancionada por el Congreso es muy importante, dado que la posibilidad del gobierno de pagar deuda con reservas internacionales tiene que estar vinculada con una discusión de los recursos presupuestarios y financieros que necesariamente se liberan, y cómo se aplicarán los mismos.
En ese debate, me propongo lograr que el resultado de estos recursos liberados se aplique a la mejora de las prestaciones sociales, tanto en servicios como en infraestructura. Será un primer paso para ir desarrollando políticas que acentúen aún más la mejorara en la distribución del ingreso, un tema sobre el cual, el uso de Reservas para el pago de deuda no es ajeno.
El tema de la regulación del sistema financiero, y la necesidad que sea funcional al resto de la economía está en la primera línea de debate en todos los países.
La reciente iniciativa del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, busca que los bancos comerciales que acepten depósitos del público no puedan invertir ese dinero para beneficio del propio banco. A los bancos comerciales se les prohibiría poseer, invertir o asesorar a fondos de cobertura o firmas de capital privado. En definitiva, se puede elegir dedicarse a negociar con recursos propios o ser propietario de un banco, pero no puede hacer ambas cosas.
Es el espíritu de la famosa ley Glass Steagall promovida por Franklin Roosvelt en 1933 para evitar los efectos de la crisis, y que rigió hasta 1999, cuando el vendaval del Consenso de Washington arrasó con ella y sentó las bases para la generación de la espectacular crisis financiera actual.
La decisión de Obama, que además propone limitar el tamaño de los muy grandes bancos, es de absoluto sentido común y largamente validada por la teoría económica; sin embargo, la derecha estadounidense, y la vernácula, la tildan de populista, que no es el momento adecuado y otros calificativos extra económicos, además de ejercer su poder económico a través de las significativas bajas operadas en las acciones de las bolsas mundiales, altamente interconectadas.
Aquí se observa el poder del sistema financiero, su influencia sobre la opinión académica y su pretendida preeminencia sobre el resto de la sociedad: sólo así se puede comprender que los grandes bancos que recibieron cuantiosos salvatajes del estado, hayan otorgado miles de millones de dólares en bonos y dividendos a sus directivos y accionistas, burlándose de los contribuyentes que fueron relegados al momento de recibir ayudas del Estado para fomentar la economía y reducir el desempleo.
La única forma de evitar estos comportamientos, y las eventuales crisis financieras y los costos sobre la economía real que traen aparejados, es con regulaciones estrictas que establezcan las operaciones que pueden realizar los bancos, cómo orientar el dinero captado de la sociedad, y que controlen la competencia en el mercado financiero. Seguir leyendo
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