Alianzas estratégicas para el contexto actual

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cfk-y-china1Esta semana se anticipó uno de los capítulos del informe de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial (BM), que se terminará de publicar de forma íntegra en los próximos días, donde se analizan los desafíos fiscales más trascendentes de los países en desarrollo.
Allí se sostiene que sus economías enfrentan riesgos a la baja del crecimiento y un horizonte de incremento en los costos financieros, lo que en el futuro podría requerir del empleo de la política fiscal como herramienta de estímulo económico. Es por ello que el BM recomienda reconstruir la solvencia fiscal, para usar los recursos de forma contracíclica en caso que sea necesario. La propuesta sigue el espíritu de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la supuesta necesidad de ajustar las cuentas públicas, y contradice la más pura realidad al negar que gran parte del mundo en desarrollo ya se encuentra en etapa de desaceleración, que de hecho terminaría por agravarse si se aplicaran estas gravosas recetas de pura cepa neoliberal.
Al respecto, no hay que dejar de mencionar las novedades de Brasil, que acaba de anunciar un primer recorte fiscal, luego de la reasunción de Dilma Rousseff, por unos U$S 8400 millones, en concepto de viajes y “asuntos no obligatorios” de gestión. La intención última es ajustar unos U$S 25.900 millones del presupuesto 2015, para retornar a la senda del superávit primario, dejándolo en niveles del 1,2% del PIB. Si bien la mandataria había anticipado ajustes en las cuentas públicas “sin revocar derechos conquistados” ni afectar a los sectores más pobres y trabajadores, la lógica planteada de por sí es cuestionable por sus efectos macroeconómicos, ya que podría ocasionar una reducción de la demanda que lleve a caídas de la actividad económica y la generación de empleo. Para el nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, con estudios en Chicago, “lo importante es entender que combatir el frenazo en la creación de empleo y la caída del crecimiento del PIB con una mayor expansión fiscal no encaja con la realidad y sería peligroso”, toda una muestra de la ideología ortodoxa que el funcionario profesa.
Volviendo al BM, también se le dedica un capítulo a estudiar la significativa baja del petróleo que se viene registrando desde mediados de 2014 y se enumeran los principales impactos sobre la economía global. Entre las razones de la caída aparecen elementos vinculados a la oferta (mayor producción de recursos no convencionales en EE UU), la debilidad de la demanda global, la postura de Arabia Saudita en la OPEP (que en principio apunta a mantener su cuota de mercado, desincentivando la inversión de otros países en hidrocarburos no convencionales) y la revalorización del dólar a escala mundial.
En cuanto a las consecuencias, en base a estimaciones históricas, el BM señala que de ocurrir una caída anual promedio del 30% entre 2014 y 2015, el PIB mundial podría verse incrementado en un 0,5% en el mediano plazo, mientras que la inflación declinaría entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales en 2015. También menciona las importantes transferencias de ingresos entre países exportadores de petróleo y otros que son importadores netos.
El último aspecto está fuertemente emparentado con otros temas, no menos trascendentes, que rozan la esfera de la política internacional. Hay que tener en cuenta que en Venezuela los dólares del petróleo explican más del 90% de las exportaciones y del 40% de los ingresos fiscales, lo cual da una idea de las implicancias de la furibunda baja del crudo. En Rusia ocurre algo parecido, ya que las exportaciones de hidrocarburos llegan al 50% de los ingresos presupuestarios, aunque su peso en la economía global es indudablemente mayor, lo cual puede generar potenciales situaciones de volatilidad y contagio.
Y creo que, como dijo la presidenta, esto “ejemplifica como pocas cosas que en realidad el mercado es un maravilloso eufemismo que han hallado para esconder lo que sigue moviendo al mundo, que son las razones políticas, la geopolítica y los intereses de los países”.
En definitiva, para los países en desarrollo se prevé un 2015 con mayores dificultades que en años anteriores, a raíz de la baja en la cotización del crudo (y, aunque en menor escala, de las materias primas en general), y de un moderado dinamismo de la actividad global. A esto se le suma la posible suba de las tasas por parte de la FED. En este contexto, ante la alternativa neoliberal “recargada” que plantean los organismos internacionales de crédito, cobra un valor crucial el estrechamiento de los lazos en la región y en la órbita multilateral, en instancias tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o el G77 + China.
ALIANZA ESTRATÉGICA. En la semana que finalizó se desarrolló en Beijing el I Foro Ministerial entre China y la CELAC. Según informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, China anunció tres metas para la región que incluyen la adquisición de bienes estratégicos (energía, minería, minerales, carnes y cereales) por U$S 10 billones, una meta de U$S 500 mil millones de intercambio comercial, y planes de inversión por U$S 250 mil millones en diez años, en rubros estratégicos como infraestructura, transporte, energía y comunicación.
En cuanto a las relaciones entre Argentina y China, Capitanich comentó que los cancilleres de ambos países conversaron tanto del “intercambio comercial y la inversión programada para los próximos diez años”, como de la “estrategia de desembolso para la culminación de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que significará un aumento en la oferta energética y un influjo significativo de divisas para el desarrollo estructural del país”. Conjuntamente con otros emprendimientos, esto permitiría pasar del 31 al 41% en materia de la participación de la oferta eléctrica total de la Argentina”. Allí también se trató el tema de las inversiones en infraestructura ferroviaria de carga y de pasajeros y se informó que en la cumbre que mantendrán en febrero los mandatarios de ambos países “se revisará el plan de acción conjunta y la agenda política, así como se firmará multiplicidad de convenios entre ambos países”.
También se dio a conocer la firma de acuerdos de inversión y cooperación que involucrarán desembolsos de China hacia Venezuela, por unos U$S 20 mil millones, y hacia Ecuador, por U$S 5300 millones.
El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que el evento debe leerse como “un importante reconocimiento por parte de la República Popular de China a la CELAC, como el foro adecuado para canalizar su relacionamiento estratégico con la región”; esto marca sin dudas una línea completamente distinta al “divide y reinarás” con la que los organismos de crédito siempre se han sentido más a gusto para imponer su condicionalidad.

DESENCANTO “BUITRE”. La lógica de alianzas con eje en lo regional (CELAC) sirve también para desarmar los argumentos de los fondos buitres, que a través del ATFA se preguntan (7/1/15): “¿Por qué cedería Argentina sus derechos soberanos de manera tan explícita, doblegándose a la voluntad del gobierno chino?” Como sea, lo que sobresale es un profundo descontento ante cualquier iniciativa que permita fortalecer la situación financiera externa y el poder de negociación de nuestro país.
Según se sostiene en la página del ATFA: “En vez de firmar un acuerdo con China desde un lugar tan endeble, el gobierno argentino debería negociar con sus acreedores. Una negociación no impediría la relación de Argentina con China sino que al contrario, le permitiría relacionarse en condiciones de igualdad, no gorra en mano, como si fuese la última medida posible para obtener financiación internacional.” Nada escapa más de la realidad, y en esto resulta útil citar al ministro de Economía, Axel Kicillof, que en una entrevista reciente (Ámbito Financiero, 5/1/15) señaló que todo el mundo sabe que “son los buitres los que trabajan para no acordar” y que se preocupan por instalar la idea de que “Argentina no negocia con sus acreedores”, y que cuando el país “hizo una oferta cuando reabrió el canje, ellos no dijeron ni sí ni no”. De hecho, el gobierno nacional ha dado nuevas muestras claras de que pretende negociar y, como volvió a afirmar Kicillof estos días, que “quiere pagarle al 100 por ciento de los acreedores, pero en condiciones justas, legales, equitativas y sostenibles”.
Resulta sumamente valorable la firmeza de nuestras autoridades para no poner en riesgo la solvencia financiera del país. La misma hace tiempo habría sufrido heridas de muerte, de haberse aceptado los pedidos de los buitres y las prédicas de algunos miembros de la oposición que, como Maurico Macri, sostenían que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa, y hacer lo que diga”. La situación no cambia sustancialmente tras la caída de la cláusula RUFO, ya que, para satisfacer la totalidad del reclamo del 7% de los bonistas que no ingreso al canje, deberían involucrarse en principio unos U$S 23 mil millones, un monto que no deja de ser significativo.
Cualquier otro gobierno, más en la finalización de su mandato y sin la RUFO vigente, hubiera preferido sacarse de encima y patear para adelante el problema, recurriendo a la emisión de nueva y costosa deuda. No hacerlo marca una enorme responsabilidad en la gestión de la cosa pública y en el manejo del interés nacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 11 de enero de 2015.

Las corporaciones, presentes ante la inacción opositora

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democracia-o-corporacionesLas dificultades que presenta el contexto global afectan de forma transversal a todas las economías de la región, que vienen sufriendo los impactos del menor comercio mundial, y la reciente baja en los precios de las materias primas.
En Chile, por ejemplo, se han conocido este mes los datos de la actividad económica, que en el tercer trimestre del año muestran un crecimiento del 0,8% interanual, el valor más bajo de los últimos cinco años. A su vez, merece una consideración especial la situación de Brasil, que para el Fondo Monetario Internacional crecería un 0,3% en 2014, mientras que para 2015 las proyecciones se encuentran en el 1,4%, un valor sin dudas moderado.
Siguiendo con Brasil, lo ocurrido en la fase previa y posterior a las elecciones presidenciales constituye un interesante ejemplo de las fuertes presiones que ejerce el establishment para definir y gestionar los resortes de las políticas públicas más importantes. Una muestra de ello fue la decisión adoptada por el Banco Central, a fines de octubre, de elevar al 11,25% la tasa de referencia de la política monetaria para contener las expectativas inflacionarias derivadas de la depreciación del real, la cual era alimentada desde los propios mercados financieros.
Igualmente, la noticia más relevante se conoció esta semana, con el nombramiento de Joaquim Levy como futuro ministro de Hacienda, un hombre del riñón de las finanzas, doctorado en la Universidad de Chicago, quien ya afirmó que la meta de superávit primario “es fundamental para reactivar el crecimiento”, un típico razonamiento neoliberal. Levy omite mencionar intencionadamente que Brasil ha mostrado en la última década un crecimiento de los más bajos de la región, y que precisamente ello se debió a la utilización de esquemas macroeconómicos como el de metas de inflación, que derivó en altas tasas de interés, fuerte apreciación cambiaria y pobres niveles de inversión interna.
En cuanto al impacto económico sobre nuestro país, cabría esperar un real con una depreciación más acotada, y quizás una apreciación, algo que en principio favorece la competitividad de nuestros bienes, aunque por el otro lado el recorte fiscal y una menor competitividad externa tenderían a generar un menor crecimiento en Brasil y por ende una menor demanda de nuestras exportaciones.
En Argentina, toda esta situación contribuye a configurar un cuadro de restricción externa en el que también hacen su aporte el conflicto con los fondos buitre y los comportamientos especulativos montados alrededor de la cotización del dólar. El marco sirve para explicar el pulso de una coyuntura que da muestras de amesetamiento en el nivel de actividad, con reducción del superávit comercial y un ligero aumento del desempleo. De todas formas, hay que resaltar que los niveles de producción y ocupación continúan siendo elevados, lo cual echa por la borda la sensación de crisis inminente que los grupos dominantes pretenden instalar con miras a las próximas elecciones presidenciales.
En atención a esta coyuntura, el último jueves funcionarios de los gobiernos de Argentina y Brasil participaron de un encuentro para trabajar en “el fortalecimiento de la agenda bilateral y acordaron mantener reuniones periódicas mensuales para avanzar en la integración entre ambos países”, según consta en un comunicado del Ministerio de Economía argentino. Allí se resaltó que “la estrategia conjunta de integración productiva es el mejor camino para que ambos países beneficien a su producción industrial y el comercio”. No deja de ser una buena noticia, ya que implica la continuidad de un proceso conjunto y necesario de profundización de instituciones y políticas de Estado, con un horizonte de largo plazo, algo que requiere necesariamente la planificación estatal y no la quimera de la libertad de mercado.

INSTANTÁNEAS EMPRESARIAS. Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión del Foro de Convergencia Empresarial, con la presencia en primera fila de los principales líderes de la oposición, quienes parecen competir para obtener la bendición del capital concentrado. A diferencia del Coloquio de IDEA, realizado en octubre, y en el que prevalecieron las críticas al gobierno nacional, esta vez el eje buscó trascender la discusión coyuntural y dejar plasmado qué se espera del próximo gobierno constitucional. La línea que atravesó el evento fue casi idéntica a la que el Foro bajó en su documento “Bases para Formulación de Políticas de Estado”, donde sostenía: “Las propuestas de políticas de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país”, y de ahí que el argumento más repetido giró alrededor de la necesidad de fortalecer las instituciones, pero devaluando totalmente el valor de la política.
Por ejemplo, según Enrique Vaquer, de la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (Amchan): “Necesitamos que los pesos y los contrapesos de la Constitución funcionen”, una frase aparentemente aséptica, pero que no dejaría de ser una alusión obvia a la disconformidad empresarial respecto de muchas de las iniciativas del gobierno nacional, entre ellas las leyes que regulan las relaciones de producción y consumo. En última instancia, expresa la línea de las solicitadas que, al momento de debatirse esas leyes, presentara AEA, asociación que las considera “un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas” y por ello las tilda de “inconstitucionales”. En realidad, recurren a una lectura convenientemente sesgada de nuestra Constitución, reparando exclusivamente en el artículo 14, que en algunos de sus pasajes refiere al derecho a “ejercer toda industria lícita”, pero no dicen nada sobre el 14 bis, que habla de “la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, o del propio artículo 42, que alude a los derechos de usuarios y consumidores.
En esta línea fue clarificador también el titular de Shell Argentina, Juan José Aranguren, quien en el “Encuentro de los Líderes” en la Rural señaló que el “gobierno intentó domesticar al sector privado” y sostuvo: “Nosotros tenemos nuestras convicciones, siempre tratamos de defender nuestros derechos”, cuando en realidad podría interpretarse su frase como “el gobierno no dejó que lo domestiquemos”.
Por su parte, Luis Betnaza, director de Techint y vicepresidente de la UIA, sostuvo en el Foro que “en el próximo gobierno no va a haber un debate por aumentar el mercado o el Estado, sino que se va a tratar de liberar las fuerzas del mercado”. Esta concepción ideológica no debe ser pasada por alto, a la luz de la cruda historia que dejó la experiencia de los noventa, además de generar preocupación porque evidencia que se intenta condicionar desde ya al futuro gobierno.
Estas posturas proempresariales representarían un golpe de muerte a cualquier iniciativa como las que viene llevando a cabo el gobierno nacional desde el año 2003, en particular las que enfrentan los desafíos del contexto actual, que implican destinar más –y no menos– recursos hacia los sectores más desfavorecidos y hacia el consumo popular. Esta perspectiva de incentivo a la demanda se encuentra en las antípodas del ajuste neoliberal pregonado por las corporaciones y algunos miembros de la oposición, que de ser gobierno implementarían fuertes recortes del gasto social.
Al respecto, en la última convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la presidenta Cristina Fernández habló de la importancia del plan de viviendas Pro.Cre.Ar y, haciendo alusión a los reclamos electoralistas de la oposición, instó a “definir claramente, de cara a la sociedad, quién financia y cómo se financia (la) infraestructura (que) es una obligación de todos los que pretenden conducir la Argentina”, y agregó que “es ahí donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas”.
Lejos de dar una respuesta, el alcalde Mauricio Macri prometió en el evento de la CAC que, de ser presidente, llevará adelante “el más ambicioso plan en materia de infraestructura de la historia argentina”. De hecho, acaba de presentar en la Legislatura porteña un proyecto varias veces rechazado para autorizar la construcción de un shopping en Caballito por parte de la empresa IRSA, que demanda cambios en la zonificación para beneficiar al negocio inmobiliario, y que de llevarse a cabo derivaría en un verdadero colapso de la vida barrial. Así, desde lo retórico Macri pretende ajustarse a la máxima de Carlos Menem: “Si decía lo que pensaba hacer no me votaba nadie.” Los pergaminos que decoran la gestión del PRO en la CABA son un testimonio suficiente para dar una idea cabal de su verdadero proyecto político.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 30 de noviembre de 2014.

La ONU eje económico y político de la semana

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEl hecho político y económico de la semana transcurrió en las Naciones Unidas, con los discursos de la presidenta Cristina Fernández en la 69º sesión de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, potenciados luego con la resolución de condena a los fondos buitre aprobada por el Consejo de Derechos Humanos.
El discurso de nuestra presidenta fue valiente, acorde a la estadista que es, porque no sólo habló de los buitres, sino también de otros temas igualmente muy serios: la paz y el respeto a la libre determinación de los pueblos y el fracaso absoluto del uso de la fuerza como medio para resolver los problemas del terrorismo. Asimismo, expresó que el mundo no tiene solución mientras siga habiendo cinco países con poder de veto, y volvió a reclamar el acatamiento de Gran Bretaña a la resolución de la ONU sobre Malvinas. Sin duda, un discurso que escandalizó a los partidarios vernáculos de las “relaciones carnales” con EE UU, entre ellos Mauricio Macri, quien expresó que “no podemos estar peleándonos con todo el mundo”, mientras que el discurso de nuestra presidenta fue firme pero sin ningún agravio.
Cuando el Papa le escribe: ya que va a estar más cerca, ¿por qué no se viene a almorzar?, la invita a que pase por Roma, que no queda camino a Nueva York, indica una intencionalidad en brindar un apoyo a la postura argentina contra los fondos buitre. Este apoyo es coherente con los enunciados de la exhortación papal Evangelii Gaudium, (que algunos de sus seguidores locales deberían leer con atención) como por ejemplo que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera”.
En la ONU, Cristina Fernández hizo referencia a su encuentro con Francisco: “Quiero traer el mensaje de construcción de la paz. Si queremos combatir al terrorismo, trabajemos para la paz”, expresó en momentos en que los países centrales planean resolver los problemas con la violencia de los bombardeos, y aclaró que “desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo–enemigo, de terrorista– no terrorista”.
Respecto a los fondos buitre, agregó que  ”no sólo son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a partir del pecado de la especulación”. En este aspecto, nuestra presidenta agradeció y felicitó a la Asamblea de la ONU por la  resolución  68/304 que decidió, por amplia mayoría, elaborar y aprobar un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Cristina además criticó severamente el fallo del juez Thomas Griesa y ratificó que nuestro país va a seguir pagando pese al acoso de los buitres, porque tiene voluntad y capacidad de pago. Sobre este tema, Griesa decidió aprobar nuevamente, por única vez, el pago de los bonos bajo legislación argentina, beneficiando principalmente al Citibank, e instó a auditar los bonos, cediendo a las presiones de los buitres. Estas decisiones exponen las fisuras del fallo, beneficiando la posición argentina, en medio de los aprietes de los buitres, que incluso se entrometen en nuestro país, a través de una solicitada llena de falsedades, agraviante hacia nuestro gobierno y nuestra presidenta, que la American Task Force Argentina publicó en medios hegemónicos locales.
Continuando con el discurso de Cristina, este coincidió en varios puntos del contexto internacional con el de Dilma Rousseff y otros líderes de la UNASUR. Esto indica la existencia de enfoques comunes, de acuerdos y de posicionamientos en el escenario internacional adecuadamente consensuados. Y en estos acuerdos, que son políticos pero también económicos, Cristina fue clara al afirmar que la multilateralidad es algo que se construye, para luego agregar que el poder de veto es desequilibrante en esa construcción e indicar que el único ámbito verdaderamente democrático es la Asamblea General, porque todos los países valen un voto.
Ese poder de veto de cinco países en el Consejo de Seguridad, o por vía indirecta en otros organismos financieros internacionales, es una rémora de la división del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y no tiene nada que ver con este mundo de hoy, con la aparición de nuevos bloques, de nuevos jugadores con mayor peso internacional, de nuevos espacios de discusión como la UNASUR, la CELAC, el G77 o los BRICS.
La ya mencionada resolución de condena a los fondos buitre, impulsada por la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo de especial significación para este tema, es también una nueva muestra de multilateralismo, ya que 33 países en desarrollo votaron por el sí (incluidos los BRICS), nueve se abstuvieron (entre los que figuran algunos europeos), mientras que votaron negativamente Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y República Checa. Según declaraciones del canciller Timerman, la resolución condena el accionar, pero lo que es más importante, las Naciones Unidas ordena investigar dicho accionar y analizar los efectos del mismo sobre las economías que han reestructurado sus deudas soberanas.
Todos resultados concretos que derriban las posturas de aquellos que sustentan que Argentina está aislada del mundo; por el contrario está muy conectada, e impulsando activamente ideas y acciones para incidir en un nuevo equilibrio global, en el cual los países en desarrollo obtengan la representatividad que les corresponde, independientemente del poder militar que posean.

INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN CAMBIARIA. En los últimos días quedaron expuestas de forma clara las maniobras de ciertos sectores locales y del exterior, con llegada a los principales medios, que buscan influir en las expectativas de la población y alimentar temores sobre la evolución futura del tipo de cambio y la inflación.
Según la agencia Moody´s: “El incumplimiento del gobierno con su deuda en julio limitará aún más la nuevas opciones de financiamiento para las empresas y conducirá a una mayor devaluación del peso, factores que se suman a las presiones inflacionarias”, (El Cronista, 24/09). En este contexto, no carece de inocencia una nota publicada donde se titula: “Avisan a importadores que desde el lunes deben utilizar dólar a $14,50″. La noticia contribuyó a generar confusión en ciertos sectores productivos, que incluso habrían comenzado a recibir ese mismo día llamados por parte de sus proveedores, donde les anticipaban los inevitables ajustes de precios.
Si bien las respuestas, tanto del BCRA como del Ministerio de Economía, que ratificaron que las operaciones de comercio exterior se seguirán llevando a cabo al tipo de cambio oficial, contribuyeron –en parte– a calmar las aguas del mercado cambiario, lo ocurrido constituye una secuencia “de manual” de desestabilización.
Tampoco hay que perder de vista las importantes ganancias que en situaciones de mayor incertidumbre obtienen ciertos sectores, entre ellos los que especulan con la compra y venta de valores en el mercado bursátil local. Tal es así que en lo que va de septiembre este vino mostrando un importante salto en los volúmenes negociados, producto de ciertas operatorias como son el denominado “dólar bolsa” y el “contado con liquidación”, como se los conoce en la jerga financiera, que permiten hacerse de dólares por vía legal, condición que no los exime de ser criticables atento a su carácter eminentemente especulativo.
A su vez, algunos analistas hicieron alusión a la reducción de los montos operados en el mercado mayorista, culpabilizando implícitamente al gobierno por la política de administración de las reservas, que incluye la autorización de divisas para las importaciones  y las negociaciones que derivaron en el supuesto y erróneamente caracterizado default. Esta perspectiva intenta esconder comportamientos especulativos de ciertos sectores exportadores que no han venido liquidando parte de sus dólares (y que por ley deberían hacerlo) o que no venden la totalidad de sus cosechas a la espera de una devaluación. Respecto de estos últimos, es interesante notar que en el mes de julio se había vendido un 50% de la cosecha de la actual campaña, cuando a esa altura del año en 2011, por ejemplo, se alcanzaba al 78 por ciento.
El discurso de la presidenta, caratulando de terrorismo económico al accionar de los fondos buitre, junto con su denuncia del plan de cinco puntos que estos tienen para generar inestabilidad económica, son temas esenciales para comprender lo sucedido estas últimas semanas en el mercado cambiario.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 28 de septiembre de 2014.

Baja actividad global y respuesta local

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEn julio el FMI rebajó al 3,4% la proyección de crecimiento global para este año, en un contexto de actividad económica anémica que no deja de preocupar, transcurridos ya siete años de que estallara la burbuja hipotecaria.
En este marco, el vicepresidente de la Reserva Federal (FED) y ex economista jefe del Banco Mundial, Stanley Fischer, calificó de “decepcionantes” a las recuperaciones económicas globales luego de la crisis de 2007-2009, y se lamentó: “cada año hemos tenido que explicar a mitad de año cómo el crecimiento global ha sido menor del previsto sólo seis meses atrás”.
No obstante, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló: “debemos fortalecer los esfuerzos por el crecimiento (…), sin que amenace la viabilidad de las finanzas públicas”, un razonamiento ortodoxo que suele ser aplicado a libro cerrado por las autoridades de las principales potencias. Es por ejemplo el caso de Japón, que en abril implementó una fuerte suba del IVA, que pasó del 5% al 8%, produciendo una contracción del PIB del 6,8% (anualizado) en el segundo trimestre. Se trata de la tercera economía del planeta (5,4% del PIB global), por debajo de Estados Unidos (19,3%) y China (15,4%), lo cual da una idea de los potenciales efectos sobre la economía mundial.
Por el lado de Estados Unidos, Fischer estimó que el nuevo parámetro de crecimiento de largo plazo de ese país sería ahora del 2%, casi un punto por debajo del previsto en 2009 por la FED. En China, por su parte, el crecimiento alcanzará el 7,4%, un valor envidiable para cualquier economía, pero lejos de las tasas de “dos dígitos” verificadas hasta 2011.
A esta situación hay que agregarle lo que ocurre en el bloque del euro, que tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre. En particular, Italia se encuentra nuevamente en recesión, por tercera vez desde el estallido de la crisis, y en Francia se registró crecimiento cero en el segundo trimestre. La nota la dio sin dudas Alemania, con una caída trimestral del PIB del 0,2%, que para las autoridades obedece a la creciente incertidumbre que emana del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta las decisiones de compra y producción.
Todo lleva a concluir que, en el mejor de los casos, la actividad económica global se mantendrá moderada, con bajos niveles de comercio, situación que afectará a los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el FMI prevé un crecimiento del 2% para la región, la mitad del registrado en el período 2010-2013 (4,1 por ciento). Ello es una consecuencia de la menor demanda externa y de los precios más bajos de las materias primas, que de todas formas se mantienen en niveles elevados.
El marco externo no es el más alentador teniendo en cuenta el escaso compromiso de los países centrales para dinamizar la demanda, acabar con los bajos salarios y revertir la flexibilización laboral. Si bien la sexta cumbre de los BRICS resultó una bocanada de aire, lo cierto es que la iniciativa aún es incipiente y las energías de los países centrales continúan al servicio del ajuste fiscal. Este énfasis contrasta con la falta de avances concretos en torno a la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional vigente, moldeada por el discurso y el accionar de los organismos internacionales de crédito. Un escenario que comparten con calificadoras de riesgo, inversores buitre y engendros éticos como las “guaridas” fiscales, utilizadas para el ocultamiento de las más variadas operaciones ilícitas.
En un informe de la ONU de 2014, “El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos”, se sostiene que las operaciones financieras ilícitas (actividades criminales, evasión de multinacionales, corrupción, entre otras) “disminuyen los recursos de los que disponen los estados para invertir en programas para la realización de los Derechos Humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales”. En los países emergentes, estos flujos exceden los recursos recibidos por asistencia al desarrollo e inversión externa directa. De hecho, según la ONU, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011 los U$S 946 mil millones, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año (U$S 520 mil millones). Son cifras escandalosas que dejan en evidencia el patético doble discurso de las potencias, siempre obsesionadas con los países en desarrollo, por la falta (supuesta) de un entorno propicio para atraer a la inversión extranjera, aunque por el otro lado hacen la vista gorda ante esta inmensa extracción de riqueza.

INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser “el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas”, una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
En este sentido cabe subrayar la reciente sanción en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Moratoria Previsional, una iniciativa de carácter redistributivo que también apunta a dinamizar la economía, ya que los nuevos haberes se destinarán al consumo, por un monto cercano a los $ 12 mil millones.
El plan constituye una ampliación del período de aportes contemplado en la moratoria anterior, que cubría hasta el año 1993. Gracias a la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional (2005), en pocos años se elevó en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional, que pasó del 63,6% en el año 2002, al 93,8% en 2013. Con esta moratoria se calcula que más de 475 mil personas tendrán acceso a su haber jubilatorio, lo que permitirá abarcar al 100% de nuestros mayores. Así, se consolida un esquema intergeneracional de neto corte solidario y se avanza con la clausura de uno de los capítulos más nefastos del neoliberalismo noventista.
Con la presente ley se tomarán en cuenta los aportes hasta el año 2003 inclusive, etapa de duro tránsito por el camino del desempleo y la flexibilización laboral. También se apuntará especialmente a incorporar a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre de la población. Así lo expresa el artículo 3 de la ley, que señala que “la ANSES en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas (…) a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, a partir del próximo mes entrará en vigencia el nuevo valor de las remuneraciones a jubilados y pensionados nacionales, con un incremento del 17,21% respecto de los valores vigentes, alcanzando un 30,47% de crecimiento interanual, evolución que está atada a lo establecido por Ley de Movilidad Jubilatoria (2009). Desde entonces, el haber previsional mínimo creció por encima del salario promedio del sector privado registrado y de cualquier índice de inflación que se utilice, lo cual demuestra el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados; un resultado palpable, que no hubiera sido posible sin la “mano visible” del Estado Nacional.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
También los proyectos para disponer de nuevas leyes de Relaciones de Producción y Consumo, una iniciativa ampliamente rechazada por el arco empresario concentrado. La importancia del paquete de leyes que está tratando el Parlamento no es menor, ya que resulta imprescindible regular las conductas de abuso de posición dominante y la obtención de ganancias extraordinarias. No sólo por razones éticas; también por el hecho de que rentas más razonables redundarán en menor inflación y en mayor poder adquisitivo de la población, algo que también va en la línea de las políticas anticíclicas necesarias, ante algunos signos de amesetamiento de la actividad doméstica y las complicaciones que presenta el frente internacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 31 de agosto de 2014.

Es la ideología, Christine

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chrsitineEn respuesta a comentarios de funcionarios del gobierno argentino, que caratularon de ideológico el informe del FMI sobre nuestro país, la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, comentó: “Esto no es ideológico sino técnico, no hacemos ni decimos cosas a la ligera.”

Sin embargo, al surcar la lectura de los distintos informes del Fondo, en especial el reciente “Perspectivas de la Economía Mundial”, surge claramente el sesgo ideológico del organismo, junto con su habitual doble discurso. Un ejemplo de ello es donde se refiere al mayor crecimiento en Estados Unidos y señala que, entre otras cuestiones, “una consolidación fiscal más moderada ayuda”, mientras que “el respaldo también proviene de unas condiciones monetarias laxas”. No obstante, al establecer las “recetas” para las economías en desarrollo, el FMI les aconseja lo contrario: “endurecer aun más la política monetaria”, mientras que “las autoridades deben reducir los déficits presupuestarios”.
De esa misma forma, el organismo internacional solicita a las economías emergentes, donde “la actividad ha estado por debajo de lo esperado en un entorno financiero externo ya no tan favorable” que apliquen medidas que erosionan su nivel de actividad, a la vez que reconoce que “este grupo continúa contribuyendo a más de dos tercios del crecimiento mundial”.
Los datos del reciente informe del FMI proyectan un crecimiento de la economía global del 3,6% para 2014, algo por encima del 3% del año pasado, dinámica que estaría apuntalada por el mayor crecimiento de Estados Unidos, que llegaría al 2,8%, desde el 1,9% de 2013.
Si bien para las economías emergentes el informe proyecta para 2014 un crecimiento del 4,9%, similar al de 2013 (4,7%), también advierte que “la normalización de la política monetaria, sin embargo, entraña condiciones financieras más restrictivas y un contexto financiero más riguroso. Los inversionistas serán menos indulgentes, y las debilidades macroeconómicas acarrearán un costo más alto.”
No resultan sorprendentes estas definiciones que colocan a las decisiones de los inversores como infalibles, desconociendo que las mismas son originadas en el afán de lucro y no en la capacidad de perdonar que sugiere la indulgencia. La conducta de los inversores está determinada también por las expectativas sobre la regularización de las políticas monetarias en los países centrales, especialmente en EE UU, y los riesgos en las naciones emergentes derivan precisamente de estas.
Al descansar en las conductas de los inversores, el FMI revalida acciones como el reciente préstamo a tasas del 4,75% a Grecia, país que, recordemos, hasta hace poco tiempo era firme candidato a salir de la zona del euro. Ningún dato técnico puede sostener que Grecia tiene hoy una macroeconomía más sólida que la Argentina, como para que pueda haber interés en prestarle a la mitad de la tasa a la que se le presta a la Argentina a través, por ejemplo, del financiamiento del 8,75% que consiguió YPF, una empresa pujante y con un enorme potencial.
El organismo fondomonetarista proyecta para América del Sur un crecimiento del 2,3% en 2014, por debajo del 3,2% del verificado en 2013. Vale hacer un comentario en este punto porque mucho se ha hablado de la especial mención a Argentina, que según el FMI crecería este año un 0,5%, una proyección que difiere sustancialmente de la realizada por el mismo organismo en su informe de octubre de 2013, cuando se hacía referencia a un crecimiento del 2,8% para este año. En la actualidad, según el FMI, “las medidas administrativas adoptadas para gestionar los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de los precios, los tipos de cambio y el comercio, están refrenando aún más la confianza y la actividad”, aspectos que ya mencionaba en el anterior informe de octubre, cuando sostenía que en la Argentina “la actividad sigue estando limitada por el cepo cambiario y otros controles administrativos”. Con estas evaluaciones “técnicas”, el cambio en el pronóstico de la Argentina sólo puede ser definido en términos ideológicos. Incluso, se menciona en forma conjunta a Venezuela y Argentina y su “alto grado de incertidumbre”, cuando son dos economías y gestiones totalmente diferentes, aunque coinciden en una activa presencia del Estado en la economía, una estrategia perversa a los ojos del FMI.
Los nuevos bríos que rodean las expresiones del Fondo muestran que la impronta neoliberal no es cosa del pasado. El rotundo fracaso en sus pronósticos de variables y en sus recomendaciones de políticas no obedece exclusivamente a la incertidumbre sobre el futuro o a problemas de implementación de las medidas, sino al recetario aplicado, que se basa en las reformas estructurales, eufemismo con el que se engloba a la flexibilización laboral y las privatizaciones, entre otras. Es así que retoman con fuerza el pedido de ajuste de las cuentas públicas. En el también reciente “Monitor Fiscal” del FMI puede leerse que “en muchos países hay margen para mejorar la eficiencia de los sistemas de atención de la salud sin recortar drásticamente los servicios. En lo que respecta a las pensiones públicas, elevar la edad de jubilación y ajustar las cotizaciones y las prestaciones son las opciones fundamentales”. En este tema, el organismo internacional está acompañado por otros actores globales: aún resuenan en Brasil las palabras del director de Calificaciones Soberanas de Standard & Poor’s, Sebastián Briozzo, quien en un evento del Consejo de las Américas sostuvo que “es sorprendente lo pronto que la gente se jubila aquí”, para luego pontificar que “la sociedad brasileña tiene que debatir si va a seguir pagando por el déficit que la jubilación precoz produce”.
La síntesis del informe, firmada por Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, termina concluyendo que “a medida que los efectos de la crisis financiera se disipan lentamente, el panorama puede pasar a estar dominado por otra tendencia: el aumento de la desigualdad de ingresos. Aunque siempre se ha visto a la desigualdad como un problema central, hasta hace poco no se creía que tuviera fuertes repercusiones en los resultados macroeconómicos”. Blanchard está lejos de descubrir algo nuevo; si hasta el expresidente estadounidense Bill Clinton acaba de lamentar que el crecimiento económico de los últimos años se concentró en la minoría de los más ricos del país y urgió que la política nacional vuelva a ser inclusiva. El FMI hace una inversión de causalidades para desconocer, con artera ideología, que esa desigualdad en ascenso es hija directa de las políticas que propugna.
SE AMPLÍAN LOS PRECIOS CUIDADOS. En la semana se anunció la primera revisión trimestral del programa Precios Cuidados, cuyos principales resultados derivaron en una ampliación importante de su cobertura. De acuerdo a la evolución de los costos, se aprobó un aumento promedio del 3% en los precios de los bienes que integraron la canasta en el primer trimestre. En tal sentido, el ministro Axel Kicillof destacó que el programa “no es un congelamiento de precios impuesto por el Estado, sino una suma de acuerdos voluntarios que garantizan una rentabilidad razonable, a precios convenientes, y que asegura que los productos estén al alcance de la población”.
A partir de esta revisión, en la segunda etapa se incorporarán para las grandes cadenas de supermercados 15 nuevas empresas proveedoras, 30 nuevos rubros y 108 nuevos productos que integrarán una canasta total de 302 bienes.
En cuanto a las cadenas regionales, se sumarán nuevas empresas proveedoras que garantizarán mayor representatividad de la canasta y mejor abastecimiento, mientras que en los acuerdos llevados a cabo con mayoristas y distribuidores se anunció una nueva canasta de 32 rubros y 58 productos que beneficiará notablemente a los comercios de proximidad y almacenes. Los acuerdos con proveedores permiten un mejor abastecimiento y, por lo tanto, más de 300 locales de supermercados conocidos popularmente como “chinos”, adheridos en CABA y el Gran Buenos Aires decidieron ampliar su participación en el programa. También se incluyen alimentos para celíacos. En el caso de los nuevos productos que se incorporan al programa, Kicillof comentó que sus precios bajarán un 10% en promedio.
En este contexto, destaca la importancia de Precios Cuidados en tanto actúa como referencia de otros productos no incluidos en la canasta, extendiendo de esa forma el alcance del programa como parte de las medidas destinadas a contener los aumentos injustificados de precios.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 13 de abril de 2014.
 

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