Una buena noticia: el límite a la tasa de interés a créditos para jubilados

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jubiladosUnos días antes de Navidad la presidenta anunció el límite a las tasa de interés a los créditos para jubilados, uno de los segmentos más vulnerables y que es insoportablemente abusado. Lo curioso es que paradójicamente, es el que menor riesgo presenta a la hora de dar créditos personales porque el sistema funciona con lo que se llama el código de descuento, esto significa que al otorgarle un crédito a un jubilado, el ANSES le retiene la cuota y se la paga al banco. Además tiene un seguro de vida, es decir que si ese jubilado fallece, se cancela el crédito.

Esto que anunció la presidenta nos pone enormemente felices por varias razones. Primero porque es algo que hace tiempo señalamos como una deuda, incluso dando los mismos ejemplos que dio la presidenta. De hecho, en algún momento llegamos a proponer desde la cámara de bancos públicos y cooperativos ABAPRA, que se habilite una línea de créditos para que los jubilados puedan cancelar los créditos que tenían en otros lugares a tasas usurarias. El problema es que todos esos créditos tienen cláusulas de no cancelación creando una dificultad para que se pueda salir.

En segundo lugar, porque esta medida va en línea con una de las cosas que nosotros planteamos en nuestro Proyecto de Ley de Servicios Financieros. Si bien la presidenta tomó una medida correcta, si modificáramos la ley de entidades financiera y la cambiásemos por nuestro proyecto, no hubiese hecho falta tomarla en forma individual porque todo esto ya lo tenemos contemplado. Por ejemplo, en nuestro proyecto proponemos que exista un techo a los créditos de menor monto, ya sea para jubilados o para trabajadores en general en el que exista un mecanismo de regulación para impedir los abusos que las entidades financieras cometen con los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen capacidad de negociación. Porque una gran empresa no tiene necesidad de que la protejan, pero un jubilado o un trabajador sí necesitan la protección de la regulación pública.

Contradicciones de la oposición respecto a la economía argentina

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presupuesto-2011La semana pasada se aprobaron varias leyes en el Congreso, de las cuales voy a profundizar en dos: la de Presupuesto 2012 y la Prórroga a la ley de Emergencia Económica.

La primera es, a mi parecer, una ley fundamental que se aprobó tal como el Ejecutivo la había enviado. Lo más importante es que se trata de un presupuesto que reafirma las políticas que se vienen aplicando, con un crecimiento del gasto social (se destinará el 60% del gasto total), pero que además apunta al equilibrio fiscal, no por la vía del recorte del gasto sino por la vía del incremento de los ingresos, otro hecho que merece destacarse. Además del gasto social, habrá inversión en obras de infraestructura que tienen que ver directamente con calidad de vida: alcantarillado, cloacas, etc. En definitiva se puede decir que habrá una continuidad con un presupuesto que será una herramienta para fortalecer la inclusión social.

Respecto a la prórroga de la ley de emergencia económica, tan cuestionada dese la oposición, me gustaría marcar una contradicción. En determinado momento, cuando se trató la ley del presupuesto, la oposición declaraba que dicho presupuesto era un engaño, que las cuentas no cerraban. Pero al momento de tratar la emergencia, esos mismos diputados dijeron que no entendían la necesidad de prorrogarla si en el país todo está bien y que la economía anda fenómeno. Esto mismo puede constatarse en los medios, no paran de publicar sobre lo mal que está todo. Sin embargo a la hora de tratar esta ley en el Parlamento el argumento fue –contradictoriamente- lo bien que estamos.

De todos modos, y más allá de esta incongruencia, quisiera explicar el alcance que esta ley tiene. Estamos en un momento en el que el mundo camina por la cornisa de una crisis de una profundidad que nadie se anima a vaticinar y que algunos ven como catastrófica. Incluso el propio Paul Krugman escribió que había que dejar los eufemismos porque Europa ya no en recesión sino en depresión.

En este escenario, donde todo el mundo habla de cómo nos va a afectar, de la caída de las exportaciones, del derrumbe de la soja, o de la invasión de productos, me parece acertado que el Poder Ejecutivo conserve capacidad para tomar medidas sin pasar por el largo y engorroso trámite que significa tratarlas previamente en el Parlamento. Es absolutamente necesario tener herramientas que te permitan actuar frente a todo esto.

Hay que desmontar la arquitectura legal que sostuvo al modelo neoliberal

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avanzar-es-profundizarLa presidenta Cristina Fernández dijo que nada hará cambiar el rumbo porque el compromiso del gobierno es con la gente. Tengo la certeza y la convicción íntima de que todo va a continuar en la línea en la que se han venido desarrollando las cosas. Eso no puede eliminar que los factores externos que sucedan obligarán a ver en cada momento cómo impactan y qué medida habrá que tomar para evitar males mayores, pero siempre con la idea de que es para sostener el rumbo, la dirección de lo que se viene haciendo.

La Argentina tiene que seguir resolviendo muchos asuntos pendientes. Todavía un tercio de la población trabajadora se desempeña de una manera informal, así que una de las mayores asignaturas pendientes es llegar al pleno empleo, decente y de calidad.

Hay que terminar de desmontar la arquitectura legal sobre la que se construyó el modelo neoliberal y esto incluye cambios en la legislación vigente, como la Carta Orgánica del BCRA. Creo que a mediano plazo hay que comenzar a pensar en una reforma impositiva profunda, que grave menos el consumo y más la ganancia, que incorpore los conceptos de gravar la renta financiera y otras cuestiones que en la Argentina siguen sin estar gravados; se cobran impuestos al trabajo personal y no a la renta financiera. Con esto último me refiero no a poner gravámenes a los pequeños ahorristas sino a las transacciones, a las operaciones de Bolsa, a la compra venta de títulos, etcétera.

Me parece que hay que revisar todos los tratados bilaterales de inversión que el país firmó principalmente durante los años noventa y que impiden desarrollar políticas públicas diferenciadas para las empresas nacionales respecto de las extranjeras.

Tenemos también una asignatura pendiente: discutir un mejor aprovechamiento para el país de los recursos naturales.

Soy consciente de que no se pueden resolver todas estas asignaturas pendientes al mismo tiempo y que no es una tarea fácil. Profundizar el modelo es avanzar en ese sentido, pero hay que asumir que los tiempos se manejan en función de contextos.

La Argentina está bien parada para enfrentar a la crisis global. En la medida en que fortalezcamos el rumbo potenciando el mercado interno, que sigamos con la sustitución de importaciones, con el fortalecimiento de la integración regional y del intercambio comercial de la región o la firma de nuevos tratados se tenderá a morigerar el impacto que viene de afuera.

Kirchner dijo al asumir que había que salir del infierno. En 2003 la Argentina estaba en una crisis profunda. El trabajo grueso es algo que se hizo desde entonces. La “sintonía fina” de la que habla la presidenta es señal de que el trabajo pesado ya está hecho y de que ahora hay que abordar las reformas pendientes e ir por más cosas.

Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 11 de diciembre de 2011.

Incrementar la soberanía estatal

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modeloLa implementación de las recientes 
medidas cambiarias recupera la soberanía estatal sobre el mercado de divisas, sin restringir normativamente las operaciones, pero controlando el origen lícito de los fondos. La primera medida que se ha tomado está vinculada con la obligación para las hidrocarburíferas y mineras de liquidar el ciento por ciento de las divisas de sus exportaciones, una excepción injustificable que se originó en los noventa; ésta es una medida que hace rato venimos reclamando.

En 1991, por un decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se estableció que las petroleras estaban obligadas a liquidar en el país al menos el treinta por ciento de los dólares provenientes de sus exportaciones, es decir, podían dejar en el exterior el setenta por ciento de las divisas obtenidas por la exportación. En el caso de las mineras no tenían obligación de liquidar monto alguno, y podían dejar el ciento por ciento de las divisas afuera.

El decreto 1.772, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a instalar la obligatoriedad de la liquidación de divisas para todas las exportaciones, establecida en el decreto 2.581 del 10 de abril de 1964, firmado por el entonces presidente Arturo Illia, y se fundamenta en “razones de equidad, habiéndose modificado las circunstancias que dieran origen a las excepciones aludidas”.

Podría pensarse que la circunstancia que determinó la exención fueron las ideas del Consenso de Washington y la férrea adscripción del gobierno de Menem al neoliberalismo, que instaló un “pacto de estabilidad fiscal” a las mineras a través de la ley 24.196, de mayo de 1993, por el cual el gobierno no puede cambiar las condiciones originales pactadas en los contratos. De todas formas, hubo un interregno a partir de diciembre de 2001, cuando estuvieron obligados a liquidar las divisas -hasta febrero de 2003- cuando Eduardo Duhalde volvió a instalar la normativa de 1991 por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Hay que destacar que, en los últimos años, el sector petrolero y minero, en conjunto, liquidaron entre el setenta y el ochenta por ciento de sus exportaciones, y puede calcularse que, de haber liquidado la totalidad de ellas, habrían ingresado en el último año en las Reservas Internacionales cerca de tres mil millones de dólares más, un monto significativo. Pero analizando estos datos, no aparece la medida como una mera decisión para obtener más reservas, sino para subsanar una excepción injustificable que poseían dos actividades extractivas, en especial la minera.

El decreto corrige una inequidad, ya que no existían razones para un tratamiento diferencial respecto de las otras exportaciones, cuando, precisamente, son exportaciones mucho más valiosas porque indican la pérdida por ventas al exterior de recursos naturales no renovables, y cuya actividad, además, produce un deterioro ambiental muy fuerte.

Sin embargo, estas empresas están gozando de ganancias excepcionales, derivadas del fuerte aumento de los precios de esas materias primas en el exterior, en especial del oro, y no resulta coherente que esos resultados excepcionales sean usufructuados por un sector determinado de la sociedad, que para obtener los mismos no generó mayores inversiones, sino que derivan de una situación externa a las condiciones de las explotaciones.

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La segmentación de los subsidios es una buena medida

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quita-de-subsidiosEs notable cómo se cruzan los posicionamientos respecto a los subsidios. Durante la campaña electoral me cansé de escuchar el reclamo opositor para que se termine con los subsidios, y hoy son esas mismas personas las que se rasgan las vestiduras hablando de los aumentos que van a sufrir las familias afectadas por la quita del subsidio.

De hecho, justamente me preguntaban el otro día si a la quita de subsidios se la podía denominar “ajuste”. Yo creo que no se trata de una mala palabra, el asunto es a quién se ajusta. Históricamente, el ajuste está vinculado a quitarle a los que menos tienen, a aquellos que ya vienen ajustados.

En cambio, lo que el gobierno está haciendo puede resumirse en 3 ideas que son centrales. Primero, que se le ha quitado los subsidios a las grandes empresas de sectores de altísima renta; una clara medida de redistribución del ingreso. Segundo, se ha excluido a las PYMES; reconociendo así el aporte a la generación de empleo y su menor capacidad contributiva. Tercero y respecto a los usuarios domiciliarios, se iniciará una disminución de subsidios a sectores identificados como de alta renta, como los habitantes de Puerto Madero, de los Countries o los de Barrio Parque. Además, respecto del resto de los ciudadanos, se establecerá un mecanismo en la que cada familia podrá renunciar al subsidio o de pedir que se lo dejen según su capacidad para enfrentar el pago pleno de las tarifas.

De igual manera pasará con las tarifas del transporte público. Si bien es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, también es cierto que recién hoy tenemos las condiciones tecnológicas de otorgar el subsidio a las personas a través de la tarjeta SUBE. De esta manera se podrá diferenciar también tarifas de acuerdo a la capacidad contributiva del pasajero.

Estoy convencido que se están realizado correcciones imprescindibles de medidas que en algún momento se tomaron de forma masiva porque era imposible hacerlo de otra manera, y que recién ahora estamos en condiciones de segmentar.

Personalmente creo que son medidas concretas que van a liberar una cantidad de recursos fiscales importantes; y sumado a que la Argentina en el presupuesto no venía proyectando déficit fiscal sino superávit, estimo que estos recursos podrán volcarse a políticas de distribución, mejorando las asignaciones universales, o mejorando los servicios públicos que se brindan a través de los servicios estatales.

 

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