 Tal vez muchos amantes del neoliberalismo crean que la Ley de Servicios Financieros que presentamos con el bloque Nuevo Encuentro inviabilizará el sistema financiero, pero lo cierto es que nadie está pensando en destruirlo, al contrario, lo que estamos intentando hacer es defender de manera más eficaz los derechos de los usuarios.
La ley de entidades financieras que actualmente nos rige es una ley que fue concebida como uno de los pilares de la dictadura militar. Era un proyecto pensado para influir decisivamente en la construcción del modelo neoliberal. Esta es la principal razon por la que necesitamos una ley a la altura de una sociedad basada en otros valores, como la mejora en la distribución de la riqueza, y con un rol más efectivo del Estado.
La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social apunta a un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y a que los servicios financieros estén al alcance todos ciudadanos, independientemente de su condición económica o su ubicación geográfica.
Este proyecto tiene dos ejes:
1. La actividad financiera es un servicio público que el Estado debe garantizar para todos
2. La actividad financiera debe ser pensada desde los usuarios y no desde las entidades.
Los próximos pasos que daremos con este proyecto es abrir un proceso de opinión a todos los sectores: desde las organizaciones de bancos hasta las de consumidores, y desde las pequeñas empresas y cooperativas hasta las organizaciones de economías regionales y sindicatos, porque desde Nuevo Encuentro creemos que la participación tiene que ser lo más amplia posible.
El lunes 27 de junio, Télam publicó en su sitio Web una nota en la que varios economistas argentinos comparaban la reforma financiera de los Estados Unidos con la que presentamos en el Congreso junto a el bloque Nuevo Encuentro.
Enrique Dentice, economista Senior de la USAM, entiende que en Estados Unidos se trata de “regular y supervisar el sistema para que esté al servicio de la producción y no al de la especulación financiera”.
De la misma manera, en nuestro proyecto, proponemos que los bancos incentiven la política de crecimiento, tal como lo explica Dentice: “que no se diluya el puente de plata entre el ahorro y la producción”.
Osvaldo Cado de la consultora Prefinex cree, por su parte, que el proyecto de reforma norteamericano tiene dos lecturas: una política y otra técnica: “La política es que después de la crisis, el gobierno norteamericano quiere demostrar cambios para evitar que vuelvan a surgir burbujas; en cuanto a la técnica, se determinan nuevas reglamentaciones, estableciendo controles en las transacciones financieras”, tratando de evitar que al caer mega bancos el sistema financiero se desestabilice. Este es, para Cado, el punto de la reforma estadounidense que más se parece a nuestro proyecto.
Si bien la ley de Servicios Financieros es anterior a la reforma impulsada por Barak Obama, son notables las coincidencias. Otro dato más que nos indica que hasta en las economías más capitalistas se está pensando en poner un freno a la especulación financiera, y que a pesar de la reticencia del mercado a ser regulado, no queda otro camino.
 E l 16 de junio se publicó, en la sección Debate del diario Clarín, una nota de Néstor Grindetti y Mario Morando en la cual hacen alusión a nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros.
La nota no posee ningún argumento técnico que la sustente, y por lo tanto resulta un abordaje exclusivamente ideológico de neto corte neoliberal.
Los autores se quedan en los setenta y los noventa, no quieren admitir que el mundo desarrollado estuvo y aún está en riesgo de colapsar, por la aplicación extrema de las ideas que ellos pregonan, la total libertad de los mercados, una cuestión que nuestro proyecto intenta limitar.
Entre muchas criticas, los autores observan que “por eso resulta un contrasentido proponer la democratización del crédito, forzándola por vía dictatorial”. En realidad, se trata de un proyecto del Parlamento, uno de los principales ámbitos de la institucionalidad democrática. Si para los autores, que el Parlamento regule al mercado financiero resulta una dictadura, con su postura lo que fomentan es que se instale la dictadura de los mercados. Realmente, un concepto extremadamente débil de la democracia. Añoran el Estado mínimo de los noventa, cuando observan ” … la promiscua incursión normativa desde el PEN”.
La actividad financiera es una de las más reguladas y la denominada “promiscuidad” es hoy la principal preocupación en todo el mundo: cómo regular al sistema financiero con mayor profundidad. Dentro de su enfoque, sorprende que los autores aprueben la limitación a la participación de mercado de los bancos, aunque tienen la mala idea de extenderlo a los bancos oficiales.
Deseo que el lector se imagine qué sucedería con gran parte de las ciudades de menor población, si limitáramos al Banco de la Nación Argentina. La banca pública cumple una función de servicio que no puede ser reemplazada por la banca privada, que tampoco desea cumplir esa función.
Pareciera que Grindetti y Morando no están pensando en los intereses de los ciudadanos de toda la Nación, sino sólo en los intereses de los bancos (privados).
Esta nota fue publicada en la sección Debate del diario Clarín el día 22 de junio de 2010.
 Recientemente el diario La Nación publicó un comentario de Luciano Laspina y Federico Sturzenegger en el cual realizan distintas observaciones al proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social que he presentado junto con otros diputados.
Sin duda sobre un tema tan trascendente existen distintos puntos de vista, y podría decirse que el expresado por los autores citados se encuentra en las antípodas de los ideales que inspiran mi proyecto.
El enfoque ideológico es esencial para entender las críticas que le realizan al proyecto, ya que no se presenta evidencia alguna que sustente sus afirmaciones.
No comparto su enfoque monetarista, que surge de varias de las observaciones al proyecto y de su crítica a las políticas públicas, cuando se muestran preocupados por el “.. Banco Central que expandirá 17% la cantidad de dinero y, podemos pensar, será responsable de un aumento equivalente de la inflación”. Con la baja monetización que existe en la economía argentina, un efecto tan directo es impensable, pero además no tienen en cuenta el crecimiento real del producto, que distintos analistas calculan rondando el 6% para 2010. Si bien éste es un tema que excede al proyecto de Servicios Financieros, creo que se debe reflexionar sobre un punto: si se desea que el crédito productivo se incremente, deberá necesariamente crecer la cantidad de dinero en la economía.
Remitiéndome a las observaciones de los autores al proyecto de mi autoría, establecen que el mismo responde a una “tentación recurrente a tomar atajos regulatorios para gambetear las verdaderas reformas” y yo estoy convencido que definir a la actividad financiera como un servicio público, al igual que concebir la ley desde el interés de los usuarios, y no de las entidades financieras, como hoy sucede, es una verdadera reforma, ya que cambia los ejes de la actividad, colocando el interés de la sociedad sobre el del mercado, y el de los usuarios por sobre el de las entidades.
Otra de las cuestiones que deseo discutir es el tope del 8% en la participación de mercado de los bancos privados, normativa que es criticada por los autores, ya que según su visión, frenaría las inversiones de una entidad exitosa y competitiva. Sin duda dan por sentado que las entidades de gran tamaño son exitosas y competitivas, lo cual ha sido demostrado como una falacia cuando precisamente han sido las grandes entidades las principales responsables de la inestabilidad financiera mundial. El sistema financiero tiene una tendencia a caer en crisis sistémicas, en muchos casos, por el excesivo riesgo moral en que las entidades incurren al considerarse “demasiado grandes para quebrar” esperando que serán salvadas por el Estado. Nuestra idea es reducir el riesgo sistémico a través de un límite al crecimiento para que no existan entidades “demasiado grandes para salvar”.
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 Muchos de los problemas que aquejan a Europa son de vieja data, como la falta de competitividad de su sector agrícola que exige cuantiosos subsidios cuya continuidad frena las negociaciones comerciales que encaran tanto en la Organización Mundial de Comercio (OMC) como con el Mercosur.
Otros son más nuevos y están vinculados con las burbujas de activos, inmobiliarios y financieros, que se gestaron junto con la globalización que dio origen a la fabulosa crisis por la cual todavía el mundo desarrollado está atravesando, en medio de una gran fragilidad financiera.
La actual escalada de sucesos y medidas que afectan a los países europeos está fuertemente vinculada con sus deudas soberanas y con el interés de los grandes bancos, especialmente alemanes y franceses, que no desean ver sus activos bajo ninguna presión y, mucho menos, tener que castigar parte de estas deudas.
La sucesión de eventos, que también podría definirse como contagio, fue vertiginosa.
A fin de abril, la crisis se centraba casi exclusivamente en los problemas de deuda de Grecia. En ese momento se estudiaba una ayuda financiera por cuarenta mil millones de euros. Días después, la ayuda a Grecia terminó alcanzando los 110 mil millones de euros y, además, se gestó un paquete de ayuda para toda la Eurozona por 750 mil millones de euros.
Este salvataje se instrumentó cuando la situación empeoró debido al contagio hacia países como España y Portugal y producto de la inacción de distintos estamentos comunitarios, en especial del Banco Central Europeo, que demoró demasiado en comenzar a comprar deuda en problemas de países europeos e incursionar, tibiamente, en la compra de deuda privada. En el transcurso, la volatilidad de los mercados fue muy alta, y el euro se depreció 7,4 por ciento durante mayo. Además de Grecia, tanto España como Italia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda y Portugal anunciaron recortes, de mayor o menor intensidad, en el gasto público para este año y el próximo, mientras que Francia congeló su gasto.
En muchos casos, los recortes se orientan a la reducción de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones jubilatorias, mayor flexibilización laboral, recortes en los gastos sociales y mayores impuestos inequitativos como el IVA, que se eleva a tasas muy altas. Grecia lo estableció en el 23 por ciento (con respecto al 19 anterior de la crisis), mientras España lo aumentó dos puntos, al 18 por ciento.
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