La súbita preocupación del autodenominado Grupo A por la justicia social resulta, aparentemente, incomprensible dada su férrea oposición a todas aquellas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo tendientes a desmontar la herencia del neoliberal-conservadurismo desde 2003 a esta parte.

Para comprender esta aparente paradoja hay que ir más allá del debate alrededor del objetivo de lograr el 82 por ciento móvil de las jubilaciones.

Hay que mirar el proceso político más general, inscripto en la batalla fundamental del actual período histórico: desandar los caminos empujados a partir de la dictadura genocida desde 1976. La etapa abierta allí fundó un nuevo régimen de acumulación apoyado en el terrorismo de Estado. Como bien denunció Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar, el aniquilamiento masivo contra los cuerpos y el despojo de los bienes y los derechos de los militantes populares tuvo un sentido que trascendía esos crímenes horrendos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Ese plan, instrumentado para la región por golpes de Estado sangrientos en los años setenta, abrió las compuertas para la instalación de los proyectos neoliberal-conservadores, y el año 2001 expresó en nuestro país un agotamiento de ese proyecto de orden social.

¿Qué región y qué país encontró ese fin de ciclo?

Una América Latina desunida, subordinada a los mandatos imperiales de Estados Unidos, que transitó irresponsablemente por las calles de las “relaciones carnales” y la imposición de las fórmulas ruinosas del Consenso de Washington.

La aplicación sistemática de esas fórmulas se expresó en procesos de concentración y extranjerización de la economía, subordinación a los vaivenes del mercado financiero internacional, elevadísimos costos sociales en términos de desigualdad, exclusión, desempleo. Cualquier indicador social revela los efectos catastróficos que ratifican los pronósticos de Rodolfo Walsh.

En términos económicos, el modelo de acumulación se fundó en políticas exportadoras en detrimento del mercado interno, desplegando una economía de servicios -a expensas de una economía productiva- con sus consecuencias en términos del nivel y calidad del empleo.

La privatización de las jubilaciones resultó no sólo un mecanismo fraudulento contra los trabajadores aportantes sino un muy eficaz dispositivo de vaciamiento del Estado, convertido en garante, en última instancia, de administradoras que estimularon irresponsablemente un capitalismo especulativo.

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