A lo largo de nuestra campaña electoral, en 2009, decíamos que lo que estaba en juego era la posibilidad que tendría el gobierno actual, en los dos años siguientes, para avanzar o no en el sentido de las reformas que el país necesita. Para entenderlo, basta con revisar lo que han sido los debates alrededor de los temas que tienen que ver con el modelo de acumulación y distribución. Es el famoso tema del vaso medio lleno o medio vacío. Estoy convencido de que hay medio vaso vacío, pero también de que hay medio vaso lleno.

Entonces, creo que hay que, en primer lugar, consolidar el medio vaso lleno para, luego, llenar todo el vaso, pero sin poner en peligro lo que ya se ha logrado. Por aquellos tiempos tuve que soportar cierto desdén de algún candidato de la izquierda progresista, que me chicaneaba con el rótulo de banquero, y yo, con gran paciencia, respondía que teníamos similitud sobre lo que falta profundizar en el rumbo, iniciado en 2003. Mucha gente se preguntaba por qué no estábamos juntos y también, a veces, se pensaba que era un tema de personalismos. Con el correr de los acontecimientos y los diversos posicionamientos asumidos, surge claramente que, pese a lo parecido de algunas cuestiones discursivas, las diferencias que nos separan abarcan la caracterización del proceso iniciado en 2003 y el modo en que se logra su consolidación y profundización.

No tenemos dudas de que hay que consolidar el rol del Estado como factor estratégico de desarrollo económico con redistribución de la riqueza y eliminación de la pobreza, con políticas activas que promuevan el crecimiento del mercado interno, con políticas tributarias progresivas que graven las rentas extraordinarias y las actividades económicas de mayor rentabilidad, con integración latinoamericana, con democracia participativa y derechos humanos. Pero también hay que decir que todo eso indica grados de tensión y conflictividad. Redistribuir significa impactar en intereses de grupos sociales que han sido históricamente hegemónicos, y que siguen teniendo gran poder. Y para eso, además de tener fuerza parlamentaria, hay que tener respaldo social de las grandes mayorías de nuestro país. Esta visión estratégica tiene que tener coherencia a la hora de definir la contradicción fundamental de todo proceso político y, a partir de ahí, saber quienes son enemigos, adversarios circunstanciales y compañeros de ruta dentro de la unidad en la diversidad. Hoy, el que es opositor, como opositor no se diferencia de la derecha. Limar al Gobierno para derrotarlo en 2011, para lograr una restauración maquillada del neoliberalismo, es lo que se proponen las derechas. Debilitarlo por izquierda contribuye, objetivamente, al juego de las derechas.

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Los espacios de centroizquierda e izquierda perdimos la gran oportunidad de unir posiciones y condicionar el quórum. Sabíamos que una vez establecida la sesión, el aumento del 82% iba a aprobarse tal como se aprobó: sin definir mecanismos de financiamiento. Teníamos la certeza de que, de no llegar al quórum, el proyecto volvería a comisión y allí sí podríamos profundizar el debate y buscar un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento. Hoy podríamos estar discutiendo la restitución de los aportes patronales o la eliminación de exenciones de Ganancias. Lamentablemente los compañeros de Proyecto Sur no lo entendieron así y le dieron la derecha a la oposición.

De la manera en que se aprobó el aumento no le resolverá los problemas a los jubilados, al contrario, estamos generando un problema político. Creemos que los Diputados de Proyecto Sur, en este sentido, equivocaron el camino. Seamos sinceros, ¿es posible pensar que los que habitualmente están en contra de los intereses populares de pronto se vuelvan progresistas y quieran mejorar la situación de los jubilados? ¿Es con el Peronismo Federal o el PRO que vamos a construir las mayorías que hagan posible los cambios que la Argentina necesita?

Las respuestas a estas preguntas las encontramos en los mismos discursos de algunos diputados que votaron a favor del 82% cuando, paradójicamente, se preguntaban si en vez de haber incluido 2.400 millones de jubilados sin aportes, no hubiera sido mejor utilizar ese dinero para darle el aumento a los jubilados que ya estaban en el sistema.

Con gente que niega el concepto básico de Solidaridad Previsional no se puede hacer alianzas porque está claro que su intención, aunque demagógicamente planteada, no es otra que condicionar al gobierno por dos vías: o afectando los recursos del conjunto de los programas sociales, o llevándolo a la necesidad de producir un veto.