Cooperativas de las Américas se reunieron en Buenos Aires

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Del 22 al 25 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires la XVII Conferencia Regional de ACI-Américas. Más de 1000 cooperativistas se hicieron presentes durante los cuatro días de intenso trabajo en intercambio.

Fundada en Londres en 1895, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Sus miembros son organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo.

La XVII Conferencia Continental de ACI-Américas contó con la presencia de la presidenta de ACI-Mundial, Dame Pauline Green; el ex ministro de Agricultura del presidente Lula, Roberto Rodrigues; el CEO del cooperativismo de EEUU y asesor de Barack Obama, Paul Hazen; los presidentes de ACI-Asia, Europa, África y América y el director regional de ACI-Américas, entre otras personalidades.

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Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas

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distribucion-de-ganancias-de-empresasLa semana pasada el Grupo de los Siete, compuesto por la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, La Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y la Confederación Rural Argentina, se reunió para tratar el proyecto presentado por el diputado Héctor Recalde que propone distribuir las ganancias de las empresas.

Es natural que los sectores conservadores intenten que no se avance en determinadas cuestiones, incluso que argumenten sobre la propiedad privada, la desinversión y todas esas cuestiones que funcionan como barricadas. Lo que no podemos aceptar es que hablen de la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta está estipulada en la constitución nacional.

El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional dice claramente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: […] participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección […]”. Hace 53 años que esto está en la constitución y nadie le presta atención, es letra muerta.

El proyecto de Recalde, en cambio es un poco más tibio, no va tan a fondo. Si bien propone repartir hasta un 10% de las ganancias netas, también estipula la creación de un Consejo Nacional de Participación Laboral tripartito entre el Estado, trabajadores y empresarios con la facultad de estipular cuál es la ganancia mínima anual que una empresa debe alcanzar para comenzar a participar sus ganancias con los trabajadores.

La ley entraría en vigencia a partir del primer año fiscal luego de su promulgación y estipula que, en un primer momento, sólo las empresas que ocupen más de 300 empleados serán alcanzadas. A partir del segundo año fiscal posterior a la promulgación de la ley, aquellas empresas que ocupen a más de 100 empleados ingresarán al régimen de participación en las ganancias.

Asimismo, y a pesar de los dichos contrarios del G7, el proyecto estimula la inversión ya que las empresas podrán deducir de sus ganancias netas hasta un 50% para reinversión de utilidades. Esto quiere decir, que si la empresa quiere repartir menos ganancia, lo que debe hacer es reinvertir.

Si bien en el bloque Nuevo Encuentro tenemos algunas diferencias en lo que respecta al período de ingreso de las PYMES en este régimen, creemos que el proyecto en sí establece parámetros de apertura de información, de transparencia, que son muy útiles para la sociedad y que incluso pueden servir para evitar ilusiones impositivas o evasiones.

Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros

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Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de Servicios FinancieroLa actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad. Esta norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.

Es por ello que estoy trabajando en una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.

Con esta nueva ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.

Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, la ley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.

Para lograrlo, los objetivos que se plantean en esta ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros contemplan:

La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.

Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.

Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.

Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.

Un Verano Caliente

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un-verano-caliente“El año nuevo ha comenzado con unas fuertes confrontaciones políticas que se han difundido como controversias judiciales o interpretaciones normativas de incumbencias del Banco Central.

Lo que se debate en el fondo es si el Estado tiene la suma potestad en el manejo de la moneda o si hay un supra-Estado que con autonomía condiciona y limita el manejo monetario de las políticas económicas.

La virulencia con que diversos sectores han asumido la defensa de la actual Carta Orgánica del Banco Central revela la decisión de preservar un dispositivo estratégico creado por el neoliberalismo para garantir el funcionamiento de la economía argentina en el mapa de la globalización trasnacional. La actual disputa nos recuerda dos consignas históricas del Movimiento cooperativo liderado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos: “El dinero de los argentinos en manos de los argentinos” y “Un país se hace desde adentro o no se hace”.

La globalización neoliberal tuvo dos soportes estratégicos, la globalización financiera y la desregulación total de la economía. El estado fue declarado un artefacto obsoleto y el mercado fue santificado como el dios regulador de las relaciones económicas, sociales y culturales de nuestros países. La actividad financiera y la reestructuración del sistema financiero a partir de la Ley Videla- Martinez de Hoz aún vigente, fue la locomotora del vendaval desnacionalizador y concentrador que azotó y asoló nuestra nación. El Banco Central fue erigido como la catedral del manejo financiero y su rol ha sido el de aplicar las normativas que garanticen la “eficiencia” del sistema bajo el paradigma del mercado.

Por ello el análisis de la crisis provocada por los sectores restauradores de la nueva y vieja derecha no se puede hacer al margen de lo que venimos diciendo en materia de la necesidad de una nueva Ley de Entidades Financieras y ahora la “nueva revelación”: la necesidad de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La disputa muestra que el modelo neoliberal no ha muerto y que el nuevo modelo que propiciamos no termina de nacer. Seguir leyendo

¿Qué beneficios tiene la ley para la población en general?

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democracia“Frente a la política de desinformación de los grandes medios, la población accederá a un análisis equilibrado:

En primer lugar, pone fin a un ordenamiento legal heredado de la dictadura. El agravante de esta situación es que los gobiernos constitucionales no sólo no han revisado esa norma sino que la han empeorando facilitando la concentración de los medios. Es un modo de terminar con una de las expresiones jurídicas de un genocidio que además fue cultural y cuya continuidad es inadmisible.

En segundo lugar, habilitará una verdadera democratización de la palabra en la medida en que, de acuerdo a la media sanción promovida en Diputados, se distribuyen las frecuencias ampliando (y legalizando) el lugar de los medios comunitarios, cooperativos y del Estado profundizando, entonces, la esfera de lo público.

En tercer lugar, generará la difusión plural de puntos de vista terminando con una verdadera dictadura de los conglomerados mediáticos y facilitando, como contrapartida, la comprensión de la realidad al contraponer distintos puntos de vista y estimular una interpretación más activa y crítica de los miembros de la sociedad.

Cuarto, genera nuevas fuentes laborales en los medios.

Nosotros somos democráticos, participativos, creemos en el diálogo y creemos que lo que se está debatiendo y cómo se está debatiendo tiende a ensanchar las posibilidades del quehacer democrático, a crear nuevos canales, a asegurar la pluralidad de información.

Es preciso señalar que este proyecto fue reivindicado por una amplísima gama de movimientos sociales y que, lejos de ser una “ley de un gobierno” es producto de una larga lucha por la democratización de los medios. La Coalición por la Radiodifusión Democrática ha dicho, taxativamente, “éste es nuestro proyecto” .

Nosotros desde el cooperativismo tenemos una concepción fuertemente vinculada a la idea de la participación. Seguir leyendo

 

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