BUITRES - Heller, sobre el proyecto del Ejecutivo: “es ruinosísimo e inaceptable”

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El diputado presentó un dictamen de minoría con una propuesta para pagarle al 7% que aún no entró a los canjes.

“Está claro que el 7% (de los acreedores) o buena parte de ese 7% tenía, desde el momento en que compró bonos en default a precios irrisorios, la pretensión de judicializar y no de arreglar. Por lo tanto, el no arreglo de ninguna manera es imputable a una falta de voluntad de la gestión anterior sino a la decisión previa asumida por quienes compraron esos bonos para litigar y obtener la ganancia sideral que pretender obtener”, sostuvo el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario, aliado del FPV) durante el debate en comisión del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.

“El anterior gobierno nunca dijo «a estos no les queremos pagar». Cuando se abrió el canje 2005 era para el 100% de los acreedores y entraron los que quisieron entrar y cuando se reabrió en el 2010 era para todos los que no habían entrado en el 2005”, añadió el Vicepresidente Primero de la Comisión de Finanzas.

El legislador continuó su intervención haciendo foco en si hay riesgo o no respecto de los acreedores que entraron a los canjes 2005 y 2010: “Voy a volver a repetir lo que le dije al ministro Prat-Gay en oportunidad de su presencia aquí. El artículo 2° de la Ley 26.886 que se pretende derogar dice «Los términos y condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto N 563/10». Acá se ha dicho que es potestad de este Congreso anular esta ley, derogarla, dictar otra, e indudablemente es así. Lo que está en discusión no es si este Congreso tiene esa potestad, lo que está en discusión es si un tercero, que actuó en función de la existencia de esta ley, tiene derecho a reclamar cuando el Estado decide cambiar la regla. Porque ese 93% aceptó no porque era amigo dilecto de la Argentina sino porque creyó que era la mejor condición que podía obtener. Y tuvo un compromiso del Estado nacional, convertido en ley, que le decía que no iba a haber ninguna condición mejor”, fundamentó Heller.

“Varios diputados, entre ellos (Fernando) Sánchez, han planteado que en realidad no se trata de un acuerdo sino de un fallo que hay que cumplir. Me surge una pregunta, desde mi condición de no abogado, si efectivamente no es un acuerdo, y es un fallo que hay que cumplir, ¿por qué diablos tenemos que derogar la ley cerrojo? ¡Vayan directamente y paguen!”, agregó Heller en tono irónico. “Al mismo tiempo dicen que hemos logrado una quita respecto de esa sentencia. Quiere decir que entonces hay una capacidad de negociación, se está negociando, y así como se logró esa quita, si hubiera una posición de mayor firmeza posiblemente se podrían negociar mejores condiciones”, reclamó el legislador.

“El canje 2005, que para el entonces diputado Prat-Gay era ruinoso para el país, es mucho más barato que este acuerdo que (el Ejecutivo) está proponiendo. Si aquel era ruinoso, éste es ruinosísimo e inaceptable”, subrayó el diputado.

Heller anunció que como titular del unibloque Solidario-SI presentó un dictamen en minoría, con una propuesta similar a la que expresó Kicillof. Heller explicó que su dictamen “propone pagarle a quienes quedaron fuera de los canjes 2005-2010 como si hubieran ingresado en el momento original en que el Estado Argentino le ofreció a todos sus acreedores igualdad de trato”. “¿Por qué no ir con una propuesta: «miren, estamos dispuestos a pagarles lo mismo que hubieran cobrado si hubieran entrado en el 2005, con todos los cupones que se devengaron desde el 2005 hasta aquí»”, ejemplificó el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, y dirigiéndose a los diputados que apoyan la derogación de la Ley Cerrojo, Heller manifestó. “Endeudarse no es malo en sí mismo, el asunto es con quién se endeuda uno y para qué, una cosa es tomar deuda con organismos financieros internacionales o con Estados para desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos que hacen al desarrollo nacional, y otra es abrir libremente el país a la entrada de capitales que solo vienen si se le dan condiciones excepcionales, y esas condiciones excepcionales siempre tienen que ver con bajos salarios, desregulación laboral, bajos impuestos y facilidades para llevarse la plata cuando quieran. Y si ustedes están esperando que con esto el país resuelva sus problemas, que tengamos pleno empleo y se construya la pobreza cero, me parece que están profundamente equivocados”, concluyó.

Buitres, escorpiones y sus asechanzas

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griesaEl jueves tuvo lugar una nueva audiencia del juez Thomas Griesa en el caso de los fondos buitre. La decisión tomada por el magistrado, según el Ministerio de Economía, no tiene ningún tipo de consecuencia práctica, dado que solicitó a Argentina información sobre los activos que el país posee en los Estados Unidos, determinando que aquellos bienes que no sean diplomáticos o militares serán considerados como de “uso comercial” y, por lo tanto, embargables.
Siguiendo el argumento del Ministerio, la resolución está muy lejos de lo solicitado por los fondos buitre, que deseaban que Griesa declarara embargable todo tipo de activo de la República Argentina, incluyendo aquellos con destino diplomático y militar, además de los bienes del BCRA, Enarsa e YPF. El fallo sólo determina la solicitud de información (conocida como discovery), a la vez que no convalida la doctrina del “alter ego”, es decir, que pueda tomarse como una extensión del Estado. De allí que, en lo fundamental, prácticamente no cambia la situación existente.
No hay que descuidar el hecho de que tres días antes la propia Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había dejado claramente en evidencia a Griesa, al ordenarle que recalcule los reclamos de los “me too” (también llamados buitres de segunda generación que no participaron del litigio original), reprendiéndolo por “no seguir las instrucciones” recibidas en el marco de las apelaciones previas.
En términos técnicos, vale señalar que entre los “me too” se encuentran los buitres que adquirieron títulos en default en el mercado secundario, incluso después de que Griesa ordenara el pago de la totalidad de la deuda. La Corte señaló que no es correcto extender el cálculo automáticamente a los buitres de segunda generación, ya que debe prevalecer el criterio de continuidad en la tenencia de los bonos, algo difícil de probar ya que los títulos fueron comprados en los mercados secundarios.
De la lectura de la orden de la Cámara de Apelaciones surgen aspectos reveladores, como cuando señala que “la Corte de Distrito no explicó cómo calculó los montos del reclamo, e incluso (Griesa) llegó a reconocer que las estimaciones estaban probablemente infladas, y que ello se justificaba porque Argentina se rehusaba a pagar cualquier juicio contrario”. Un ejemplo más de la arbitrariedad del fallo contra nuestro país.
Estas definiciones seguramente sientan jurisprudencia para el conjunto de los “me too”, que originalmente pedían
U$S 5400 millones, lo cual ayudaría a reducir los montos del reclamo.
En otro plano, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizó un informe de investigación sobre el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.
Según la Cancillería argentina, el citado informe detalla que “es su modus operandi el que los define como ‘buitre’ ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales, donde tienen sede: el promedio de sus tasas de retorno es de tres a 20 veces más de lo invertido”.
El informe consigna también que es interés de los fondos buitre obstaculizar y demorar los procesos de reestructuración de la deuda ya que “su expectativa de obtener beneficios aumenta en proporción a los problemas económicos y financieros de un país. Ello ciertamente aumentará sus beneficios, pero también el sufrimiento económico y humano.”
Resulta importante notar que el propio organismo de la ONU utiliza la palabra buitres (vulture) para referirse a estos “fondos de inversión”, una denominación que varios de los actuales candidatos a la Presidencia argentina tratan de evitar, y que muchos medios concentrados indican como un adjetivo utilizado exclusivamente por el gobierno nacional.

La República es sólo un eslogan
En el marco de la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) –el mismo en el que disertaron en abril los economistas Broda, Melconian y Espert–, Mauricio Macri pidió la renuncia de Alejandro Vanoli a la presidencia del BCRA, alegando que no cumple con las condiciones para el cargo y por ser un militante. Poco le importa que los senadores elegidos por el voto popular hayan dado su acuerdo para que Vanoli ocupe ese puesto.
Así, el eje de su discurso –el respeto por la República, la seguridad jurídica y las instituciones— se desdibuja, dejando en claro que para Macri estos valores funcionan cuando convalidan los intereses del “Círculo Rojo”, en estrecha vinculación con la política de los centros de poder imperial.
Una reflexión sobre los verdaderos objetivos a los que apunta el conservadurismo en sus diversas expresiones puede construirse a partir de la respuesta de Vanoli: “Cómo molesta a algunos un BCRA orientado a la estabilidad pero también al empleo, al desarrollo y la inclusión; que en este entorno global hayan subido las reservas, los depósitos, el crédito; que orientemos el crédito” (Info News, 13/08/15).
Porque, hay que recordarlo, estos sectores no se cansan de decir que de ser gobierno van a derogar la Carta Orgánica del BCRA votada en 2012. Lo que quieren es un Central que deje las manos libres a las entidades del sistema y que sea el abanderado del ajuste.
Macri también volvió a prometer “un tipo de cambio que defina el mercado”, y que en los primeros 90 días de gobierno se pueden generar “reglas claras” para que comiencen a entrar dólares a la Argentina, lo cual haría bajar el valor de la moneda estadounidense. ¿Se habrá enterado el alcalde de los problemas que están enfrentando los gobiernos de los países en desarrollo, que sufren enormes fugas de capitales por la revalorización del dólar? ¿Será que está pensando que Argentina pertenece al primer mundo, como nos quería hacer creer Carlos Menem para justificar su política de liberalización y ajustes?
Después de haber intentado posicionarse con promesas de mantener políticas populares, Macri ha vuelto rápidamente a la más acendrada ortodoxia. “Está en su naturaleza”, podríamos decir, parafraseando la fábula de la rana y el escorpión.
Con aires más técnicos, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA se reunieron Daniel Artana, Carlos Melconian y Martín Redrado.
Con su característico estilo, Melconian expresó: “Se trata de ser normales. Por ejemplo, tener un tipo de cambio normal y flotante, que valga lo que el mercado diga y gastar lo que se tiene”, para rápidamente aclarar que “hay que combatir la inflación, eso es lo importante, para evitar un traspaso de los precios por la suba del tipo de cambio” (La Nación, 13/8/15). No cabe duda de que tiene una fuerte devaluación en mente. Redrado comentó: “Me gustaría tener una ley de prescindibilidad del empleo público”, tema sobre el cual Melconian opinó: “No podemos poner ley de prescindibilidad, pero sí ley de dignidad: que se vayan solos.” La frase termina con un exabrupto no transcripto, y deja en claro la total coincidencia con el discurso de su jefe, Mauricio Macri.
No hay que hacer un gran esfuerzo para poder discernir entre los eslóganes y los verdaderos proyectos que plantean los candidatos de la oposición. La propia naturaleza del escorpión ayuda para tal fin, y a todos los condenan los archivos.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de agosto de 2015.

Alianzas estratégicas para el contexto actual

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cfk-y-china1Esta semana se anticipó uno de los capítulos del informe de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial (BM), que se terminará de publicar de forma íntegra en los próximos días, donde se analizan los desafíos fiscales más trascendentes de los países en desarrollo.
Allí se sostiene que sus economías enfrentan riesgos a la baja del crecimiento y un horizonte de incremento en los costos financieros, lo que en el futuro podría requerir del empleo de la política fiscal como herramienta de estímulo económico. Es por ello que el BM recomienda reconstruir la solvencia fiscal, para usar los recursos de forma contracíclica en caso que sea necesario. La propuesta sigue el espíritu de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la supuesta necesidad de ajustar las cuentas públicas, y contradice la más pura realidad al negar que gran parte del mundo en desarrollo ya se encuentra en etapa de desaceleración, que de hecho terminaría por agravarse si se aplicaran estas gravosas recetas de pura cepa neoliberal.
Al respecto, no hay que dejar de mencionar las novedades de Brasil, que acaba de anunciar un primer recorte fiscal, luego de la reasunción de Dilma Rousseff, por unos U$S 8400 millones, en concepto de viajes y “asuntos no obligatorios” de gestión. La intención última es ajustar unos U$S 25.900 millones del presupuesto 2015, para retornar a la senda del superávit primario, dejándolo en niveles del 1,2% del PIB. Si bien la mandataria había anticipado ajustes en las cuentas públicas “sin revocar derechos conquistados” ni afectar a los sectores más pobres y trabajadores, la lógica planteada de por sí es cuestionable por sus efectos macroeconómicos, ya que podría ocasionar una reducción de la demanda que lleve a caídas de la actividad económica y la generación de empleo. Para el nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, con estudios en Chicago, “lo importante es entender que combatir el frenazo en la creación de empleo y la caída del crecimiento del PIB con una mayor expansión fiscal no encaja con la realidad y sería peligroso”, toda una muestra de la ideología ortodoxa que el funcionario profesa.
Volviendo al BM, también se le dedica un capítulo a estudiar la significativa baja del petróleo que se viene registrando desde mediados de 2014 y se enumeran los principales impactos sobre la economía global. Entre las razones de la caída aparecen elementos vinculados a la oferta (mayor producción de recursos no convencionales en EE UU), la debilidad de la demanda global, la postura de Arabia Saudita en la OPEP (que en principio apunta a mantener su cuota de mercado, desincentivando la inversión de otros países en hidrocarburos no convencionales) y la revalorización del dólar a escala mundial.
En cuanto a las consecuencias, en base a estimaciones históricas, el BM señala que de ocurrir una caída anual promedio del 30% entre 2014 y 2015, el PIB mundial podría verse incrementado en un 0,5% en el mediano plazo, mientras que la inflación declinaría entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales en 2015. También menciona las importantes transferencias de ingresos entre países exportadores de petróleo y otros que son importadores netos.
El último aspecto está fuertemente emparentado con otros temas, no menos trascendentes, que rozan la esfera de la política internacional. Hay que tener en cuenta que en Venezuela los dólares del petróleo explican más del 90% de las exportaciones y del 40% de los ingresos fiscales, lo cual da una idea de las implicancias de la furibunda baja del crudo. En Rusia ocurre algo parecido, ya que las exportaciones de hidrocarburos llegan al 50% de los ingresos presupuestarios, aunque su peso en la economía global es indudablemente mayor, lo cual puede generar potenciales situaciones de volatilidad y contagio.
Y creo que, como dijo la presidenta, esto “ejemplifica como pocas cosas que en realidad el mercado es un maravilloso eufemismo que han hallado para esconder lo que sigue moviendo al mundo, que son las razones políticas, la geopolítica y los intereses de los países”.
En definitiva, para los países en desarrollo se prevé un 2015 con mayores dificultades que en años anteriores, a raíz de la baja en la cotización del crudo (y, aunque en menor escala, de las materias primas en general), y de un moderado dinamismo de la actividad global. A esto se le suma la posible suba de las tasas por parte de la FED. En este contexto, ante la alternativa neoliberal “recargada” que plantean los organismos internacionales de crédito, cobra un valor crucial el estrechamiento de los lazos en la región y en la órbita multilateral, en instancias tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o el G77 + China.
ALIANZA ESTRATÉGICA. En la semana que finalizó se desarrolló en Beijing el I Foro Ministerial entre China y la CELAC. Según informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, China anunció tres metas para la región que incluyen la adquisición de bienes estratégicos (energía, minería, minerales, carnes y cereales) por U$S 10 billones, una meta de U$S 500 mil millones de intercambio comercial, y planes de inversión por U$S 250 mil millones en diez años, en rubros estratégicos como infraestructura, transporte, energía y comunicación.
En cuanto a las relaciones entre Argentina y China, Capitanich comentó que los cancilleres de ambos países conversaron tanto del “intercambio comercial y la inversión programada para los próximos diez años”, como de la “estrategia de desembolso para la culminación de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que significará un aumento en la oferta energética y un influjo significativo de divisas para el desarrollo estructural del país”. Conjuntamente con otros emprendimientos, esto permitiría pasar del 31 al 41% en materia de la participación de la oferta eléctrica total de la Argentina”. Allí también se trató el tema de las inversiones en infraestructura ferroviaria de carga y de pasajeros y se informó que en la cumbre que mantendrán en febrero los mandatarios de ambos países “se revisará el plan de acción conjunta y la agenda política, así como se firmará multiplicidad de convenios entre ambos países”.
También se dio a conocer la firma de acuerdos de inversión y cooperación que involucrarán desembolsos de China hacia Venezuela, por unos U$S 20 mil millones, y hacia Ecuador, por U$S 5300 millones.
El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que el evento debe leerse como “un importante reconocimiento por parte de la República Popular de China a la CELAC, como el foro adecuado para canalizar su relacionamiento estratégico con la región”; esto marca sin dudas una línea completamente distinta al “divide y reinarás” con la que los organismos de crédito siempre se han sentido más a gusto para imponer su condicionalidad.

DESENCANTO “BUITRE”. La lógica de alianzas con eje en lo regional (CELAC) sirve también para desarmar los argumentos de los fondos buitres, que a través del ATFA se preguntan (7/1/15): “¿Por qué cedería Argentina sus derechos soberanos de manera tan explícita, doblegándose a la voluntad del gobierno chino?” Como sea, lo que sobresale es un profundo descontento ante cualquier iniciativa que permita fortalecer la situación financiera externa y el poder de negociación de nuestro país.
Según se sostiene en la página del ATFA: “En vez de firmar un acuerdo con China desde un lugar tan endeble, el gobierno argentino debería negociar con sus acreedores. Una negociación no impediría la relación de Argentina con China sino que al contrario, le permitiría relacionarse en condiciones de igualdad, no gorra en mano, como si fuese la última medida posible para obtener financiación internacional.” Nada escapa más de la realidad, y en esto resulta útil citar al ministro de Economía, Axel Kicillof, que en una entrevista reciente (Ámbito Financiero, 5/1/15) señaló que todo el mundo sabe que “son los buitres los que trabajan para no acordar” y que se preocupan por instalar la idea de que “Argentina no negocia con sus acreedores”, y que cuando el país “hizo una oferta cuando reabrió el canje, ellos no dijeron ni sí ni no”. De hecho, el gobierno nacional ha dado nuevas muestras claras de que pretende negociar y, como volvió a afirmar Kicillof estos días, que “quiere pagarle al 100 por ciento de los acreedores, pero en condiciones justas, legales, equitativas y sostenibles”.
Resulta sumamente valorable la firmeza de nuestras autoridades para no poner en riesgo la solvencia financiera del país. La misma hace tiempo habría sufrido heridas de muerte, de haberse aceptado los pedidos de los buitres y las prédicas de algunos miembros de la oposición que, como Maurico Macri, sostenían que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa, y hacer lo que diga”. La situación no cambia sustancialmente tras la caída de la cláusula RUFO, ya que, para satisfacer la totalidad del reclamo del 7% de los bonistas que no ingreso al canje, deberían involucrarse en principio unos U$S 23 mil millones, un monto que no deja de ser significativo.
Cualquier otro gobierno, más en la finalización de su mandato y sin la RUFO vigente, hubiera preferido sacarse de encima y patear para adelante el problema, recurriendo a la emisión de nueva y costosa deuda. No hacerlo marca una enorme responsabilidad en la gestión de la cosa pública y en el manejo del interés nacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 11 de enero de 2015.

La ONU eje económico y político de la semana

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEl hecho político y económico de la semana transcurrió en las Naciones Unidas, con los discursos de la presidenta Cristina Fernández en la 69º sesión de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, potenciados luego con la resolución de condena a los fondos buitre aprobada por el Consejo de Derechos Humanos.
El discurso de nuestra presidenta fue valiente, acorde a la estadista que es, porque no sólo habló de los buitres, sino también de otros temas igualmente muy serios: la paz y el respeto a la libre determinación de los pueblos y el fracaso absoluto del uso de la fuerza como medio para resolver los problemas del terrorismo. Asimismo, expresó que el mundo no tiene solución mientras siga habiendo cinco países con poder de veto, y volvió a reclamar el acatamiento de Gran Bretaña a la resolución de la ONU sobre Malvinas. Sin duda, un discurso que escandalizó a los partidarios vernáculos de las “relaciones carnales” con EE UU, entre ellos Mauricio Macri, quien expresó que “no podemos estar peleándonos con todo el mundo”, mientras que el discurso de nuestra presidenta fue firme pero sin ningún agravio.
Cuando el Papa le escribe: ya que va a estar más cerca, ¿por qué no se viene a almorzar?, la invita a que pase por Roma, que no queda camino a Nueva York, indica una intencionalidad en brindar un apoyo a la postura argentina contra los fondos buitre. Este apoyo es coherente con los enunciados de la exhortación papal Evangelii Gaudium, (que algunos de sus seguidores locales deberían leer con atención) como por ejemplo que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera”.
En la ONU, Cristina Fernández hizo referencia a su encuentro con Francisco: “Quiero traer el mensaje de construcción de la paz. Si queremos combatir al terrorismo, trabajemos para la paz”, expresó en momentos en que los países centrales planean resolver los problemas con la violencia de los bombardeos, y aclaró que “desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo–enemigo, de terrorista– no terrorista”.
Respecto a los fondos buitre, agregó que  ”no sólo son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a partir del pecado de la especulación”. En este aspecto, nuestra presidenta agradeció y felicitó a la Asamblea de la ONU por la  resolución  68/304 que decidió, por amplia mayoría, elaborar y aprobar un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Cristina además criticó severamente el fallo del juez Thomas Griesa y ratificó que nuestro país va a seguir pagando pese al acoso de los buitres, porque tiene voluntad y capacidad de pago. Sobre este tema, Griesa decidió aprobar nuevamente, por única vez, el pago de los bonos bajo legislación argentina, beneficiando principalmente al Citibank, e instó a auditar los bonos, cediendo a las presiones de los buitres. Estas decisiones exponen las fisuras del fallo, beneficiando la posición argentina, en medio de los aprietes de los buitres, que incluso se entrometen en nuestro país, a través de una solicitada llena de falsedades, agraviante hacia nuestro gobierno y nuestra presidenta, que la American Task Force Argentina publicó en medios hegemónicos locales.
Continuando con el discurso de Cristina, este coincidió en varios puntos del contexto internacional con el de Dilma Rousseff y otros líderes de la UNASUR. Esto indica la existencia de enfoques comunes, de acuerdos y de posicionamientos en el escenario internacional adecuadamente consensuados. Y en estos acuerdos, que son políticos pero también económicos, Cristina fue clara al afirmar que la multilateralidad es algo que se construye, para luego agregar que el poder de veto es desequilibrante en esa construcción e indicar que el único ámbito verdaderamente democrático es la Asamblea General, porque todos los países valen un voto.
Ese poder de veto de cinco países en el Consejo de Seguridad, o por vía indirecta en otros organismos financieros internacionales, es una rémora de la división del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y no tiene nada que ver con este mundo de hoy, con la aparición de nuevos bloques, de nuevos jugadores con mayor peso internacional, de nuevos espacios de discusión como la UNASUR, la CELAC, el G77 o los BRICS.
La ya mencionada resolución de condena a los fondos buitre, impulsada por la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo de especial significación para este tema, es también una nueva muestra de multilateralismo, ya que 33 países en desarrollo votaron por el sí (incluidos los BRICS), nueve se abstuvieron (entre los que figuran algunos europeos), mientras que votaron negativamente Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y República Checa. Según declaraciones del canciller Timerman, la resolución condena el accionar, pero lo que es más importante, las Naciones Unidas ordena investigar dicho accionar y analizar los efectos del mismo sobre las economías que han reestructurado sus deudas soberanas.
Todos resultados concretos que derriban las posturas de aquellos que sustentan que Argentina está aislada del mundo; por el contrario está muy conectada, e impulsando activamente ideas y acciones para incidir en un nuevo equilibrio global, en el cual los países en desarrollo obtengan la representatividad que les corresponde, independientemente del poder militar que posean.

INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN CAMBIARIA. En los últimos días quedaron expuestas de forma clara las maniobras de ciertos sectores locales y del exterior, con llegada a los principales medios, que buscan influir en las expectativas de la población y alimentar temores sobre la evolución futura del tipo de cambio y la inflación.
Según la agencia Moody´s: “El incumplimiento del gobierno con su deuda en julio limitará aún más la nuevas opciones de financiamiento para las empresas y conducirá a una mayor devaluación del peso, factores que se suman a las presiones inflacionarias”, (El Cronista, 24/09). En este contexto, no carece de inocencia una nota publicada donde se titula: “Avisan a importadores que desde el lunes deben utilizar dólar a $14,50″. La noticia contribuyó a generar confusión en ciertos sectores productivos, que incluso habrían comenzado a recibir ese mismo día llamados por parte de sus proveedores, donde les anticipaban los inevitables ajustes de precios.
Si bien las respuestas, tanto del BCRA como del Ministerio de Economía, que ratificaron que las operaciones de comercio exterior se seguirán llevando a cabo al tipo de cambio oficial, contribuyeron –en parte– a calmar las aguas del mercado cambiario, lo ocurrido constituye una secuencia “de manual” de desestabilización.
Tampoco hay que perder de vista las importantes ganancias que en situaciones de mayor incertidumbre obtienen ciertos sectores, entre ellos los que especulan con la compra y venta de valores en el mercado bursátil local. Tal es así que en lo que va de septiembre este vino mostrando un importante salto en los volúmenes negociados, producto de ciertas operatorias como son el denominado “dólar bolsa” y el “contado con liquidación”, como se los conoce en la jerga financiera, que permiten hacerse de dólares por vía legal, condición que no los exime de ser criticables atento a su carácter eminentemente especulativo.
A su vez, algunos analistas hicieron alusión a la reducción de los montos operados en el mercado mayorista, culpabilizando implícitamente al gobierno por la política de administración de las reservas, que incluye la autorización de divisas para las importaciones  y las negociaciones que derivaron en el supuesto y erróneamente caracterizado default. Esta perspectiva intenta esconder comportamientos especulativos de ciertos sectores exportadores que no han venido liquidando parte de sus dólares (y que por ley deberían hacerlo) o que no venden la totalidad de sus cosechas a la espera de una devaluación. Respecto de estos últimos, es interesante notar que en el mes de julio se había vendido un 50% de la cosecha de la actual campaña, cuando a esa altura del año en 2011, por ejemplo, se alcanzaba al 78 por ciento.
El discurso de la presidenta, caratulando de terrorismo económico al accionar de los fondos buitre, junto con su denuncia del plan de cinco puntos que estos tienen para generar inestabilidad económica, son temas esenciales para comprender lo sucedido estas últimas semanas en el mercado cambiario.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 28 de septiembre de 2014.

Buitres contrarios al interés nacional

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democracia-o-corporacionesEsta semana el Senado dio media sanción al proyecto de ley de pago soberano de la deuda exterior, que en su artículo 1º declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina”.
El texto aprobado en la Cámara Alta mantiene los lineamientos del proyecto original, elaborado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cuestiones, autoriza a remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario y a designar, en su remplazo, a Nación Fideicomisos SA, “todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados”.
Como fruto del debate legislativo se incorporaron igualmente algunas modificaciones que mejoran la calidad del proyecto. En lo que respecta a la apertura de un nuevo canje, además de la opción local, se incluyó la posibilidad de utilizar la legislación y jurisdicción francesas, siempre de acuerdo con la voluntad de los acreedores afectados por la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”. La elección de Francia responde a criterios objetivos ya que, como señaló el senador Miguel Pichetto, aparte de haber sido uno de los países que presentaron los amicus curiae” ante la Corte Suprema de Estados Unidos, allí cuentan con “normativas legales que impiden el funcionamiento discrecional y el ejercicio en las acciones judiciales a estos fondos”.
Otro de los puntos que se agregó es la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que tendrá por finalidad “investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”. Esto es algo por lo que siempre hemos bregado, ya que así se podrá investigar, y eventualmente sancionar, por las responsabilidades con respecto a abusos en el manejo de la deuda externa, que han afectado presupuestos públicos y limitado el desarrollo de la Nación.
No obstante los mencionados cambios, los miembros de la oposición igualmente terminaron por darle la espalda al proyecto. Por ejemplo, para la senadora Laura Montero, de la UCR, “no soluciona absolutamente nada y pretende dilatar la situación hasta enero”; y para la senadora Gabriela Michetti –en línea con su jefe político, Mauricio Macri, partidario de cumplir el fallo– lo de la cláusula RUFO es una “mentira” y es preciso sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia del juez Thomas Griesa a partir de enero de 2015.
Resulta imposible abstraer estas posturas de la feroz ofensiva de los fondos buitre, que a través de su grupo de tareas (ATFA) señalaron que el proyecto “constituye una descarada violación de las sentencias de la corte” y advirtieron que iniciarán acciones para asegurarse de que “el plan no se implemente” y que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían incluso entrar en “desacato” o “poner en riesgo sus actividades”. La avanzada constituye una nueva muestra de la presión que estos usureros internacionales realizan para intentar arrinconar a nuestro país y hacer efectivos sus reclamos, a pesar del apoyo que Argentina recibió desde otros países, ámbitos multilaterales y académicos, algo de lo que aparentemente no parece haber tomado nota todo un sector del arco político local.
UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA. Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido, participaron en Beijing de una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), encabezada por su presidente, Xu Shaoshi, y representantes de empresas y bancos chinos. Ambas partes resaltaron la importancia del diálogo permanente para poner en marcha los acuerdos firmados en Buenos Aires en julio pasado, elevando la relación a asociación estratégica integral.
Kicillof agradeció el determinante apoyo de la República Popular China a la Argentina en el litigio con los buitres, tanto en el G77+China y en la cumbre de los BRICS, como en las palabras del presidente Xi Jinping ante Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, los funcionarios chinos destacaron: “Lo que pase en el resto del mundo no afectará la decisión de seguir colaborando y trabajando con Argentina porque tenemos una asociación estratégica”, contradiciendo un comunicado de la ATFA que sostiene, citando al diario La Nación, que “el Ministerio de Economía chino duda de la capacidad argentina para enfrentar, en el mediano plazo, sus obligaciones financieras”.
Además de la ratificación de los acuerdos de financiamiento para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ambos gobiernos acordaron buscar esquemas de cooperación en materia de hidrocarburos no convencionales, a través de YPF. También se firmó el acuerdo comercial marco para la provisión de equipamiento y servicios para el desarrollo del proyecto de la cuarta central nuclear, Atucha III, por un total de U$S 2 mil millones para financiar productos y servicios chinos y de terceros países, además de otros $ 32 mil millones en proveedores nacionales.

MÁS AVANCES LEGISLATIVOS. El Senado también dio media sanción al paquete de proyectos que incluye la actualización de la Ley de Abastecimiento, y la creación del Observatorio de Precios y de un fuero nacional para la defensa de los consumidores. Entre los cambios introducidos, en el artículo 1° de la nueva Ley de Regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo se excluye a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), siempre y cuando no detenten posición dominante, recogiendo de esta manera los planteos del sector. Según se desprende de los datos del informe que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Cámara de Diputados, con esta modificación la nueva norma alcanzaría, como mucho, al 1% del total de las empresas, precisamente las que están más concentradas.
También se eliminó la posibilidad de realizar clausuras definitivas de empresas y se incluyó una “cláusula de confidencialidad” respecto de la información que brinden.
El rechazo del gran empresariado al paquete de proyectos tuvo diversas manifestaciones, como las vertidas en un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), donde se reconoce que los senadores consideraron y aceptaron algunas de las sugerencias elaboradas por esa entidad, aunque sostienen que “el proyecto en consideración que modifica la Ley de Abastecimiento dictada en el año 1974 es nocivo para el desarrollo de la actividad económica y, especialmente, del sector que representamos, el comercio y los servicios, por cuanto desalienta la inversión, la producción, distorsiona la competencia y provoca desempleo”. El trasfondo del reclamo fue develado por su presidente, Carlos Vega, quien sostuvo: “Hay una cuestión filosófica porque, como empresarios, nos oponemos a los controles”, toda una definición emparentada al axioma que versa acerca de la intangibilidad de las ganancias. Entre los senadores que adscribieron a esta línea aparece Gerardo Morales (UCR), para quien la nueva ley podría ser impugnada ante la justicia por inconstitucional, en tanto que Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño) afirmó que es “una ley de miedo, es una ley confiscatoria”.
En definitiva, hemos atravesado una semana de trabajo intenso en el Senado y se dieron pasos importantes para la aprobación de leyes fundamentales para la Nación. En el debe, no hay que dejar de mencionar la postura de ciertos sectores de la oposición que, ya sea por convencimiento ideológico o por simple cálculo electoral, terminan jugando a favor de buitres y empresarios concentrados que tratan de imponer sus intereses por sobre los del conjunto de la sociedad.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de septiembre de 2014.

 

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