 Los espacios de centroizquierda e izquierda perdimos la gran oportunidad de unir posiciones y condicionar el quórum. Sabíamos que una vez establecida la sesión, el aumento del 82% iba a aprobarse tal como se aprobó: sin definir mecanismos de financiamiento. Teníamos la certeza de que, de no llegar al quórum, el proyecto volvería a comisión y allí sí podríamos profundizar el debate y buscar un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento. Hoy podríamos estar discutiendo la restitución de los aportes patronales o la eliminación de exenciones de Ganancias. Lamentablemente los compañeros de Proyecto Sur no lo entendieron así y le dieron la derecha a la oposición.
De la manera en que se aprobó el aumento no le resolverá los problemas a los jubilados, al contrario, estamos generando un problema político. Creemos que los Diputados de Proyecto Sur, en este sentido, equivocaron el camino. Seamos sinceros, ¿es posible pensar que los que habitualmente están en contra de los intereses populares de pronto se vuelvan progresistas y quieran mejorar la situación de los jubilados? ¿Es con el Peronismo Federal o el PRO que vamos a construir las mayorías que hagan posible los cambios que la Argentina necesita?
Las respuestas a estas preguntas las encontramos en los mismos discursos de algunos diputados que votaron a favor del 82% cuando, paradójicamente, se preguntaban si en vez de haber incluido 2.400 millones de jubilados sin aportes, no hubiera sido mejor utilizar ese dinero para darle el aumento a los jubilados que ya estaban en el sistema.
Con gente que niega el concepto básico de Solidaridad Previsional no se puede hacer alianzas porque está claro que su intención, aunque demagógicamente planteada, no es otra que condicionar al gobierno por dos vías: o afectando los recursos del conjunto de los programas sociales, o llevándolo a la necesidad de producir un veto.
 En un artículo anterior me referí a la distinción que existe entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso. Me parece pertinente, en esta oportunidad, distinguir tres líneas de acción esenciales para mejorar la distribución secundaria del ingreso.
- Jubilaciones y Pensiones: es necesario comprender el gran esfuerzo económico que implican las actualizaciones de las jubilaciones. Cada 1% de aumento, significa una erogación por parte del Estado de 830 millones de pesos anuales. En otras palabras, para poder aumentar las jubilaciones un 1%, el Estado tiene que recaudar antes esos 830 millones de pesos. Es necesario recalcar que en esta línea se logró un gran avance en la distribución y la inclusión al incorporar al sistema previsional a 2 millones de jubilados y pensionados que no podían acceder al beneficio.
- Garantizar los ingresos mínimos a la población: la finalidad de esta línea de acción es lograr un índice de pobreza 0%. La Asignación Universal por Hijo en este sentido significa un gran esfuerzo, ya que el actual nivel de prestación a 3,5 millones de niños, significa una erogación estatal de casi 10 mil millones de pesos. Esta inversión genera una fuerte mejora social, aumento en la tasa de escolarización, y en consecuencia, una importante demanda de bienes. Un dato curioso es que al momento de lanzarse este programa había alrededor de 500 mil chicos indocumentados. Aquí se vislumbra otro beneficio de la Asignación Universal por Hijo: tendremos chicos con identidad que luego irán a la escuela, logrando sacarlos de la calle.
- Reorientación del gasto hacia la prestación de servicios de calidad a la comunidad: una sociedad más inclusiva, requiere que todos tengan acceso a niveles adecuados de atención de la salud y elevada instrucción escolar, desde la primaria a la universitaria. También se requiere de una buena estructura de transportes en los que las personas puedan movilizarse fácilmente y sin grandes costos. En este aspecto, la formulación de presupuestos participativos en los distintos niveles de gobierno, resulta esencial para lograr el adecuado direccionamiento y ejecución del gasto.
 El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.
Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.
Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes -integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP- son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes -reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A- pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida.
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 En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.
Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.
Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.
Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.
La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el día 29 de mayo de 2010
Para hablar de distribución, considero oportuno realizar una distinción entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso.
En la primaria, la distribución se da en el proceso de la producción, y es la que determina qué porción del valor agregado se distribuye entre los asalariados, y qué porción bruta queda para el capital.
Para cambiar la distribución primaria hay que intervenir en el proceso productivo, tomar decisiones sobre los salarios pagados y sobre las ganancias de las empresas. En este aspecto las negociaciones paritarias son el eje principal, acompañadas de regulaciones del trabajo que desalienten la flexibilización laboral.
La distribución secundaria del ingreso, por su parte, es la que se realiza a través de la política fiscal. Está centrada principalmente en los pagos de impuestos, en las transferencias que realiza el gobierno a las familias, y en la redistribución que se realiza a través de los servicios públicos brindados a la comunidad, como la salud y la educación. En este último caso, se trata de una redistribución “en especie”, que aumenta en gran medida el bienestar de la población. Gastar bien no es sólo hacerlo eficientemente, sino orientar el gasto a las necesidades de la población, proveer vivienda social, mejorar la educación y la salud.
Si bien decidir si la distribución del ingreso se realiza alterando la distribución primaria o la secundaria parece una cuestión técnica, es un tema eminentemente político, porque mejorar la distribución primaria significa achicar las ganancias empresarias.
En este sentido, muchos políticos y economistas ortodoxos por ejemplo, han demostrado su preocupación por el tema de la distribución. Si bien lo hacen para aggiornar su discurso, lo cierto es que sugieren asistencia a los pobres e ingreso ciudadano. Es decir, piden políticas redistributivas a través del Estado sin intervenir en las ganancias de las empresas.
En mi opinión, creo que es correcto utilizar las políticas redistributivas del estado, aunque está claro que no son las que cambiarán la esencia del problema distributivo. La mejor estrategia distributiva es mejorar la participación de los salarios en el ingreso total.
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Los espacios de centroizquierda e izquierda perdimos la gran oportunidad de unir posiciones y condicionar el quórum. Sabíamos que una vez establecida la sesión, el aumento del 82% iba a aprobarse tal como se aprobó: sin definir mecanismos de financiamiento. Teníamos la certeza de que, de no llegar al quórum, el proyecto volvería a comisión y allí sí podríamos profundizar el debate y buscar un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento. Hoy podríamos estar discutiendo la restitución de los aportes patronales o la eliminación de exenciones de Ganancias. Lamentablemente los compañeros de Proyecto Sur no lo entendieron así y le dieron la derecha a la oposición.
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