Dos modelos, distinto impacto en el empleo

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heller-23-08-15La baja en la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2015 intentó ser opacada por diversos comentarios críticos, que dejaron de lado cuestiones importantes que revelan los datos del Indec.
La tasa de desempleo para el total de los aglomerados urbanos se ubicó en el 6,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el segundo trimestre de este año, guarismo bastante menor al 7,5% de igual período del año anterior.
Un hecho a destacar es la reducción de la subocupación demandante, que bajó al 6,3% desde el 6,8% previo, es decir, hay menos proporción de trabajadores que desean trabajar más, lo cual indica una mejora en las condiciones laborales.
Un dato menos difundido es que aumentó el empleo, con 143 mil nuevos puestos creados, de los cuales 107 mil generaron una reducción en el desempleo, y 36mil pueden considerarse nueva creación de fuerza laboral, por el incremento de la PEA. No obstante, dado el mayor crecimiento de la población total, la PEA relativa (medida por la Tasa de Actividad) se redujo al 44,5% de la población total, y allí centraron muchos analistas del establishment las críticas.
Esta reducción de la Tasa de Actividad, es decir la cantidad de personas que tienen trabajo o que lo buscan activamente, en relación a la población total, trató de ser asociada a un efecto desaliento. Sin embargo este es más habitual en las recesiones largas y prolongadas, que no es el caso actual, menos aún cuando la actividad económica está repuntando, en especial en sectores muy demandantes de mano de obra como el de la construcción. Cabe señalar que las nuevas condiciones del programa Progresar, que duplicó el universo de jóvenes beneficiados, pueden haber incidido en que estos hayan pospuesto su ingreso al mercado laboral. También es probable que la ampliación de la moratoria previsional haya reducido la cantidad de personas dispuestas a trabajar.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, definió correctamente la situación: la nueva baja de la tasa de desempleo “no es magia, como dice la presidenta. Es política, es esfuerzo y es voluntad para ir por más inclusión, por más derechos, y por más y mejor futuro” (Télam, 19.08.15). Según Tomada, en los últimos 12 años se crearon 4,9 millones de puestos registrados en relación de dependencia, el 60% de los mismos en el sector privado, y el 40% restante en el sector público.
Si se analiza la situación internacional, donde el empleo está sufriendo graves consecuencias a causa de los múltiples efectos de la crisis mundial, intensificada en estas últimas semanas, los datos de nuestro país evidencian una evolución muy positiva, aunque ello no significa reducir los esfuerzos para generar mayores puestos de trabajo.

Los cantos de sirena neoliberales
Hay un polémico artículo de Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel (Cronista 19.08.15) en el cual sostiene que “estamos de nuevo en los 60/70″, para explicar descarnadamente cómo sería el ajuste necesario. Comenta como principal requisito que “se requiere un cambio de precios relativos, con una mejora en los precios transables respecto de los no transables”, una definición técnica para evitar utilizar la palabra devaluación, ya que es eso lo que propone. Para Bour, esta “corrección de precios relativos” se debe realizar conjuntamente con un recorte del gasto público: “El problema es el nivel del gasto, no sólo el déficit fiscal”; continuando con los dichos del economista de Fiel, estas medidas “deben ir de la mano de una reducción del costo laboral (salarios con impuestos y costos regulatorios)”.
Es importante reflexionar sobre estos temas: que Bour esté más preocupado por el nivel absoluto del gasto público que por el déficit fiscal indica claramente que lo que propone es la reducción del Estado. Bajar el costo laboral implica bajar salarios o reducir el financiamiento a la Previsión Social mediante la baja de los aportes patronales o, presumiblemente, ambos. De estas cuestiones es fácil inferir que se trata de un ajuste, y otra cita del mismo autor lo ratifica: “Ello puede llevar a una mayor contracción que podría suavizarse con el respaldo de la comunidad internacional: eso es volver al Fondo (FMI)”. Si las políticas del FMI “suavizaran” la contracción, puede deducirse que Bour está pensando en un severísimo y doloroso ajuste.
Este tipo de propuestas no pueden desvincularse de las realizadas por Mauricio Macri cuando plantea crecer a partir de la exportación, o en una entrevista televisiva propone “exportar a partir del 10 de diciembre todo el trigo que podamos, sin retenciones, sin límites”, una política que pone un signo de interrogación sobre el abastecimiento interno de harina de trigo y, por lo tanto, su precio y el de los alimentos que lo utilizan como insumo, entre otras cuestiones. No sería la primera vez en la historia argentina en la cual los exportadores desabastecen al mercado interno y disparan los precios de los alimentos. Esa es la libertad de mercado que Macri propone cuando le habla a los muy grandes empresarios que tiene por aliados.
Por un lado, las propagandas electorales prometen que “el cambio”, que no se define, solucionará todos los problemas; por el otro, una cada vez mayor proporción de economistas y analistas afines proponen la devaluación y el ajuste como la única salida posible. ¿Serán esas las políticas de Estado que pretenden acordar los distintos partidos que conforman el arco opositor?

Las presiones para el ajuste
Grecia sigue dando muestras de los límites que imponen los mercados y, tras aprobarse el tercer rescate, acaba de renunciar a su cargo el primer ministro, Alexis Tsipras. Como sea, la política interna ha quedado reducida apenas a la idea de servir de garante para los planes de ajuste y los negocios de las principales potencias, encabezadas por Alemania. El portavoz de Berlín comentó: “Por supuesto, el gobierno alemán espera (del próximo gobierno en Atenas) la implementación de las reformas y de los acuerdos incluidos en el Memorando”. Incluso antes del tratamiento del tercer rescate en el parlamento alemán, una empresa germana obtenía la concesión para gestionar 14 aeropuertos griegos que operan a escala regional, como parte del combo de privatizaciones y reformas exigidos por la Troika.
Salvando las distancias geográficas, es la misma extorsión financiera que se observa en Brasil, con exigencias que profundizarán los problemas de un país que acaba de entrar en recesión y que ha mostrado ya siete subas mensuales consecutivas en la tasa de desempleo. No hay que soslayar la reciente visita a Brasil de la canciller alemana Ángela Merkel, quien sostuvo: “Necesitamos una condición de inversión más confiable.” Son declaraciones que tienen la mira puesta en el programa de inversiones en aeropuertos, trenes y puertos que anunció hace poco la presidenta brasileña y que van en sintonía con los planes que en última instancia persiguen los capitales que operan a escala global.
Además de la historia de ajustes que ha sufrido nuestro país y sus fatales resultados, prestar atención a estos ejemplos de otros países del mundo resulta esencial para poder evaluar, con mayor conocimiento, el efecto de los planes que –de cara a las próximas elecciones presidenciales- nos presentan los promotores del denominado “cambio”. Cada vez más, se ratifica la puja de “dos modelos” o, más precisamente, dos distintos proyectos políticos, económicos y sociales ante los cuales se enfrenta el electorado, que en octubre estará definiendo el futuro de nuestro país.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 23 de agosto de 2015.

Un combo de política, inflación y expectativas

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economia-socialLa lucha política y económica se juega en múltiples frentes, y el de las expectativas es uno de ellos. Varios políticos de la oposición intentan instalar una idea de inflación del 40%, a sabiendas del efecto que ello tiene en las expectativas; por criticar al gobierno, generan una presión sobre los precios que paga toda la sociedad.
La reflexión anterior no es amañada. La sesión de la Cámara de Diputados del jueves pasado se inició con cuestiones de privilegio, enfocadas principalmente en el abusivo uso que hacen de la palabra “Congreso” en el índice de inflación que presentan todos los meses cinco o seis diputados, dado que ello puede llegar a confundir a los ciudadanos al pensar que tiene una validación del Congreso Nacional como institución. Se propuso que divulguen sus índices, si lo desean, pero evitando utilizar la palabra Congreso. Algunos de los diputados que publicitan el mentado índice defendieron su postura, y uno de ellos expresó que sus valores son utilizados habitualmente por gran cantidad de entes y empresas para fijar precios. Traslado de expectativas a acciones concretas, fomentadas por estos diputados.
Cabe decir que el cálculo (no podemos decir “metodología”) que utilizan es absolutamente erróneo, dado que promedian índices que miden distintas cosas con diversas metodologías, algo similar a sumar un kilo de carne con un kilo de Audi, una comparación que se ha leído por estos días.
Pero sucede además que no hay datos que avalen tal nivel de inflación (40%). Más aún, en un medio insospechado de cualquier favoritismo hacia el gobierno, como La Nación, se indica (02.12.14) que “noviembre cerró con el nivel de inflación más bajo del año, en torno a 1,8 o 1,9%”, datos que dan una variación anualizada de entre el 24,2 y el 25,7 por ciento. Por si fuera poco, la nota agrega que “abril fue el último mes en registrar una inflación mensual anualizada superior a 30%”, citando a Luciano Cohan, economista jefe de la consultora Elypsis.
Miguel Bein también modificó sus pronósticos a la baja: “El relevamiento de mi consultora estimaba 32% para este año pero en los últimos cinco meses, observando el ritmo de la inflación, se proyectaría más en 24 o 25% que el 32 original”. (Ámbito 04.12.14).
Los mecanismos usuales utilizados por la teoría ortodoxa para justificar los procesos inflacionarios tampoco ratifican ninguno de los números que están en danza.
En principio, la economía se encuentra amesetada, y a partir de la fuerte inversión en bienes de capital de los últimos años, hay una capacidad ociosa en la producción, que indica que no hay una restricción en la oferta que haga subir los precios, salvo en algunos rubros muy puntuales que no determinan el comportamiento agregado.
La base monetaria ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento y desde marzo se ubica por debajo del 20% interanual. La cotización del dólar del mercado único de cambios ha crecido un 6% desde inicios de febrero, y el contado con liquidación bajó abruptamente su cotización.
Estos cálculos indican, entonces, que la principal fuente de la inflación hay que buscarla en otras causas y, como se sostuvo reiteradamente desde esta columna, su origen obedece principalmente a las conductas de las grandes empresas formadoras de precios, que desean incrementar su tasa de ganancia.
En una decisión vinculada a contrarrestar el manejo interesado de las expectativas, y con el objetivo de “brindar certidumbre y previsibilidad financiera y macroeconómica”, el Ministerio de Economía anunció la cancelación anticipada de carácter voluntario, mediante la compra, de los BODEN 2015. El  inversor podrá optar por cobrar sus bonos a un precio fijo de U$S 97 por cada valor nominal de U$S 100, o esperar a octubre del próximo año para recibir U$S 107. También se prevé la posibilidad de canjear los Boden 2015 por Bonar 2024, en dólares y con una tasa del 8,75 por ciento. Además, se anunció que se ampliará la emisión de los Bonar 2024 por hasta U$S 3 mil millones para quienes deseen invertir en este bono.
Es una iniciativa muy importante, que indica el compromiso del gobierno con el manejo sensato de la deuda pública. Ya se especula en el mercado que una parte importante del Boden 2015 se canjeará por el nuevo bono y, de esa forma, se mejoran las condiciones financieras para el año que viene, una forma también de llegar con más fortalezas a la discusión con los buitres.
Otra de las medidas que colabora para disipar las espesas brumas que el aparato mediático intenta instalar de cara a la finalización del año estuvo vinculada al anuncio de la presidenta Cristina Fernández en el encuentro anual de la UIA. En el evento comunicó una exención del pago del Impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de fin de año. De esa forma, al 89% de los trabajadores que están exceptuados, se suman, para este aguinaldo, los trabajadores en relación de dependencia que posean un ingreso bruto mensual que no supere los $ 35 mil, es decir, unos 784 mil trabajadores sobre algo más de un millón que están alcanzados por el impuesto. La medida está pensada para “fomentar el consumo y mantener la progresividad” de la herramienta.
De cara al futuro, sin negar la necesidad de contemplar una readecuación de las escalas del tributo, que lo doten incluso de una mayor progresividad (el mismo recae sobre el 11% de los trabajadores), resulta imperioso llevar a cabo un debate coherente y responsable. En última instancia, la discusión requiere de un abordaje más integral, asociado a la necesidad de implementar una profunda reforma tributaria progresiva, una perspectiva que no suele ser planteada por los representantes de las grandes cámaras empresarias, en tanto tiende a amenazar el cumplimiento del principio de intangibilidad de “sus” ganancias.
En línea con ello, al igual que ocurre con otros candidatos de la oposición que continúan en la búsqueda de la bendición de los grandes núcleos empresarios, el alcalde Mauricio Macri ya anunció que en caso de ser presidente derogará entre otras la nueva Ley de Abastecimiento, declaración que contiene un notable sentido oportunista, teniendo en cuenta que en la semana el G-6 realizó su presentación ante la justicia por inconstitucionalidad de la norma, la cual se deriva de una interpretación intencionada de la Carta Magna muy contraria a cualquier idea que implique un mejor reparto de la riqueza social.
Al respecto, no fue casual la mención que realizó la presidenta Cristina en su discurso, sobre el aumento de las ventas y los resultados netos de las sociedades que cotizan en la Bolsa porteña, mostrando que, según los últimos balances presentados, la industria exhibió elevados niveles de rentabilidad respecto al año anterior, superiores a los restantes sectores. Con esto queda en evidencia que en el trasfondo de las distintas posturas está la disputa por el excedente, que los empresarios intentan disfrazar detrás de la argumentación de la falta de un entorno de negocios estable y de la supuesta arbitrariedad del gobierno nacional.
El encuentro de la UIA resultó interesante porque permitió desarmar muchos de los habituales reclamos empresarios que hacen eje en las dificultades de la situación actual, que está muy influida por el contexto externo y por la incertidumbre generada en torno a los buitres. Todo ello ha derivado en una situación de amesetamiento alejada del abismo que se intenta presentar, más aún si se consideran los elevados niveles de producción, consumo y ocupación existentes en la actualidad.
Este concepto no sólo fue vertido por Cristina Fernández, sino que lo ratificó el presidente de una de las principales automotrices, al afirmar que “este año no es tan bueno como el anterior para la industria automotriz pero que de todas formas está entre los tres mejores de la historia”. Los números del boom automotriz son evidentes y se expresan en una producción que para el ministro de Economía Axel Kicillof rondará los 600 mil vehículos este año, muy superior a los 169 mil que se producían en el 2003.
Retomando el inicio de la columna, hay una lucha política y económica que se expresa en los distintos frentes, y que tiene entre sus principales actores al gran empresariado doméstico, en particular el mediático, que dicta los libretos de los candidatos opositores, cuidándose de que estos no se excedan y terminen perjudicando sus intereses corporativos. Enfrente, hay un gobierno anclado en un apoyo popular, que posee la iniciativa, no sólo en política, sino también en la gestión de la cosa pública.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de diciembre de 2014.

Derogar para volver al neoliberalismo noventista

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acto-cfk-octubre-2014En un acto en Tecnópolis, donde realizó anuncios en materia de salud, desarrollo social y educación, la presidenta Cristina Fernández alertó que “el objetivo es muy claro: asustar para ajustar”, ejemplificando con una  información capciosa de medios periodísticos que anunciaban que en nuestro país casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad. Es capciosa porque los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) toman la totalidad de empleados, incluyendo asalariados y cuentapropistas. Un cálculo totalmente distinto al que realiza el Ministerio de Trabajo argentino, que toma en cuenta el porcentaje de asalariados no registrados sobre el total de asalariados, cuya última medición arroja el 33,1%, la cifra más baja de estos últimos años, aunque debe reconocerse que aún es elevada.
En esa campaña de asuste, los candidatos opositores han salido al unísono, cual si fueran movidos por el mismo titiritero, a comentar que, de ser gobierno, derogarían la mayoría de las leyes que se votaron estos últimos años. En principio, tales propuestas tienen un claro sentido antidemocrático: esas normas han sido aprobadas por el Parlamento, cuyos integrantes fueron elegidos por voluntad popular, la cual se fortalece cuando se consiguen mayorías sólidas en el Congreso que permiten legislar. Cabe recordar que cuando el Grupo A tuvo esa mayoría, en 2010 y 2011, evidenció un desempeño legislativo paupérrimo.
Todos los candidatos opositores proponen derogar la Ley de Comunicación Audiovisual, buscando la complacencia de los grandes medios monopólicos, esencial para sus campañas marketineras. En la lista “derogadora” también se encuentran la ley de regulación de la producción y el consumo, conocida como ley de abastecimiento y la nueva normativa del mercado de capitales, que indica un gran avance en la organización de este mercado. Otra de las leyes en la picota es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que permitió un progreso significativo en las funciones de la autoridad monetaria y su relación con el gobierno. La anterior versión, a la cual se volvería con la derogación, es la votada en plena época neoliberal de los noventa.
Pero sucede que esta campaña de asuste logró su efecto con muchos potenciales votantes, que comenzaron a preguntarse qué sucedería con los importantes beneficios obtenidos en la década, como la vuelta al régimen de jubilación de reparto, las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o si habrá que volver a la vergüenza y el desasosiego de ver cómo las empresas privadas vacían nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF.
Los primeros en intentar desmarcarse fueron los diputados del PRO, seguidos por Mauricio Macri, quien salió a prometer que seguiría con la AUH, y comentó que “ya se perdió lo que se había hecho (añorando las AFJPs), ahora hay que lograr que funcione el sistema de reparto”. Al referirse a YPF, Macri reiteró que no fue una expropiación ni una estatización sino que fue una “confiscación” de las acciones, pero aclaró que “no volvería atrás” con la medida (Ámbito Financiero 16.10.14), un enfoque a todas luces falaz ya que la ley habla de expropiación. Seguramente le hubiera pagado a Antonio Brufau los U$S 15 mil millones que solicitaba, “para no confiscarlo”.
Cuando se recuerdan los 10 km de subte por año prometidos, o las más de 118 leyes aprobadas por la Legislatura de la CABA y vetadas por el alcalde, muchas de ellas promovidas por su propio partido, cuesta creer que pueda sostener sus actuales promesas, puesto que, además, van contra su propia naturaleza privatista y desreguladora, de la que ha dado sobradas muestras con su gestión en la CABA. Para muestra basta un botón, las declaraciones de Macri en septiembre pasado sobre el programa ARSAT-1: “Hay mucho despilfarro. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan”. Afirmaciones que colisionan con su posterior felicitación con un tuit a CFK, luego del exitoso lanzamiento y el amplio apoyo recibido por la presidenta de gran parte de la población, orgullosa de los logros tecnológicos de nuestro país.
La volatilidad de ciertas variables constituye un escenario propicio para la avanzada de planteos conservadores. Por caso, se llevó a cabo un seminario organizado por el Banco Ciudad, bajo el lema “Cómo Insertar a la Argentina en el Mundo”, una definición muy emparentada al idioma de los años noventa, porque la inserción que ellos desean es la de las relaciones carnales y el Estado mínimo. El toque “académico y legitimante” de esta perspectiva la dio el ex ministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, quien señaló (El Cronista 17.10.14) que “la política es nuestra principal falencia. Nuestros sistemas políticos son débiles, populistas, dominados por la consigna y por el afán de las cámaras. En los últimos tiempos hubo un común denominador en la región: el populismo, la demagogia y el cortoplacismo”. Acto seguido, concluyó con una frase de colección, digna de ser expresada por cualquiera de los miembros más encumbrados de nuestra oposición, los “derogadores”, al señalar: “Espero que esto esté tocando fin y podamos tener en Argentina el gobierno que se merece.”
Por más que intenten recubrir sus políticas, el verdadero propósito de la oposición es volver a instalar el neoliberalismo, una amarga receta que hemos sufrido y que hoy están siguiendo los países desarrollados, que no logran salir de la crisis económica y social en que están inmersos.

UN MUNDO MENOS DINÁMICO. En su último informe de octubre, el FMI describe un panorama de mayor debilidad de la economía mundial, con una recuperación que se ve ensombrecida en las principales economías avanzadas, a la vez que los países emergentes se estarían “ajustando a tasas de crecimiento económico más bajas que las que habían alcanzado durante el boom previo a la crisis y la posterior recuperación”. Ante este panorama, el FMI ha vuelto ha reducir las proyecciones de crecimiento para 2014 (3,3%), por debajo del valor estimado a principios de año (3,7%).
La situación en la Eurozona sigue siendo delicada. Italia, por ejemplo, no crece desde 2011 y continúa evidenciando un deterioro de su frente fiscal; Grecia genera nuevas dudas, a la luz de la pronta finalización del paquete de rescate de la Troika. A éstos debe sumárseles la debilidad de la principal potencia de la zona, Alemania, que para ciertos analistas verificará una nueva caída del PIB en el tercer trimestre, tras el descenso del 0,2% del segundo trimestre, pudiendo entrar en recesión. De hecho, los datos de la producción industrial muestran que en agosto ésta se contrajo un 4% respecto de julio, la caída más pronunciada desde febrero de 2009.
En Estados Unidos, las proyecciones de enero del FMI del 2,8% de crecimiento en 2014 han sido derribadas por la propia Reserva Federal, al estimar recientemente un 2% de aumento del PIB para este año, considerando que en 11 de los 12 distritos que componen el esquema de la FED se ha verificado un crecimiento entre “modesto” y “moderado”. No hay que perder de vista algunas de las causas que podrían explicar este pobre desempeño, entre ellas el profundo recorte del déficit presupuestario, que a septiembre de 2014, cierre del año fiscal, se situó en los US$ 483.400 millones, dos tercios por debajo del valor de 2009 (US$ 1.4 billones), y que opera como un factor contractivo del nivel de actividad.
Semejantes condiciones de contexto plantean importantes desafíos para los países de nuestra región, principalmente derivados del impacto en términos de crecimiento económico, a través del canal de las exportaciones, que para la CEPAL variarían apenas un 0,8% durante este año.
Ante ello, el FMI ha avanzado nuevamente con su prédica ortodoxa, señalando la necesidad de que “las principales economías de mercados emergentes emprendan importantes reformas estructurales para impulsar el crecimiento de una manera más robusta”. En lo que respecta a América Latina, en caso que las transformaciones estructurales no se lleven a cabo, “el crecimiento podría seguir siendo decepcionante” y por lo tanto “poner en peligro los importantes avances sociales logrados en la región”, una afirmación temeraria que esconde las verdaderas causas de la moderación actual del crecimiento global: las políticas conservadoras que ha impulsado el FMI. Esta visión fue criticada por el propio director general de la OIT, Guy Ryder, quien sostuvo que “las reformas estructurales no son una receta mágica para generar crecimiento y reducir el desempleo”.
Ajustes a los cuales muchos opositores locales quieren llevarnos (y que algunos líderes sindicales acaban de definir como inevitables) con técnicas más elaboradas que los espejitos de colores, muchas veces con las mentiras más flagrantes, suficientemente edulcoradas y vagas, para intentar volver a una situación muy similar a la de la empobrecida Argentina de los noventa.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 19 de octubre de 2014.

Baja actividad global y respuesta local

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Escenario-global-y-region-sudamericanaEn julio el FMI rebajó al 3,4% la proyección de crecimiento global para este año, en un contexto de actividad económica anémica que no deja de preocupar, transcurridos ya siete años de que estallara la burbuja hipotecaria.
En este marco, el vicepresidente de la Reserva Federal (FED) y ex economista jefe del Banco Mundial, Stanley Fischer, calificó de “decepcionantes” a las recuperaciones económicas globales luego de la crisis de 2007-2009, y se lamentó: “cada año hemos tenido que explicar a mitad de año cómo el crecimiento global ha sido menor del previsto sólo seis meses atrás”.
No obstante, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló: “debemos fortalecer los esfuerzos por el crecimiento (…), sin que amenace la viabilidad de las finanzas públicas”, un razonamiento ortodoxo que suele ser aplicado a libro cerrado por las autoridades de las principales potencias. Es por ejemplo el caso de Japón, que en abril implementó una fuerte suba del IVA, que pasó del 5% al 8%, produciendo una contracción del PIB del 6,8% (anualizado) en el segundo trimestre. Se trata de la tercera economía del planeta (5,4% del PIB global), por debajo de Estados Unidos (19,3%) y China (15,4%), lo cual da una idea de los potenciales efectos sobre la economía mundial.
Por el lado de Estados Unidos, Fischer estimó que el nuevo parámetro de crecimiento de largo plazo de ese país sería ahora del 2%, casi un punto por debajo del previsto en 2009 por la FED. En China, por su parte, el crecimiento alcanzará el 7,4%, un valor envidiable para cualquier economía, pero lejos de las tasas de “dos dígitos” verificadas hasta 2011.
A esta situación hay que agregarle lo que ocurre en el bloque del euro, que tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre. En particular, Italia se encuentra nuevamente en recesión, por tercera vez desde el estallido de la crisis, y en Francia se registró crecimiento cero en el segundo trimestre. La nota la dio sin dudas Alemania, con una caída trimestral del PIB del 0,2%, que para las autoridades obedece a la creciente incertidumbre que emana del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta las decisiones de compra y producción.
Todo lleva a concluir que, en el mejor de los casos, la actividad económica global se mantendrá moderada, con bajos niveles de comercio, situación que afectará a los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el FMI prevé un crecimiento del 2% para la región, la mitad del registrado en el período 2010-2013 (4,1 por ciento). Ello es una consecuencia de la menor demanda externa y de los precios más bajos de las materias primas, que de todas formas se mantienen en niveles elevados.
El marco externo no es el más alentador teniendo en cuenta el escaso compromiso de los países centrales para dinamizar la demanda, acabar con los bajos salarios y revertir la flexibilización laboral. Si bien la sexta cumbre de los BRICS resultó una bocanada de aire, lo cierto es que la iniciativa aún es incipiente y las energías de los países centrales continúan al servicio del ajuste fiscal. Este énfasis contrasta con la falta de avances concretos en torno a la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional vigente, moldeada por el discurso y el accionar de los organismos internacionales de crédito. Un escenario que comparten con calificadoras de riesgo, inversores buitre y engendros éticos como las “guaridas” fiscales, utilizadas para el ocultamiento de las más variadas operaciones ilícitas.
En un informe de la ONU de 2014, “El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos”, se sostiene que las operaciones financieras ilícitas (actividades criminales, evasión de multinacionales, corrupción, entre otras) “disminuyen los recursos de los que disponen los estados para invertir en programas para la realización de los Derechos Humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales”. En los países emergentes, estos flujos exceden los recursos recibidos por asistencia al desarrollo e inversión externa directa. De hecho, según la ONU, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011 los U$S 946 mil millones, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año (U$S 520 mil millones). Son cifras escandalosas que dejan en evidencia el patético doble discurso de las potencias, siempre obsesionadas con los países en desarrollo, por la falta (supuesta) de un entorno propicio para atraer a la inversión extranjera, aunque por el otro lado hacen la vista gorda ante esta inmensa extracción de riqueza.

INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser “el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas”, una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
En este sentido cabe subrayar la reciente sanción en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Moratoria Previsional, una iniciativa de carácter redistributivo que también apunta a dinamizar la economía, ya que los nuevos haberes se destinarán al consumo, por un monto cercano a los $ 12 mil millones.
El plan constituye una ampliación del período de aportes contemplado en la moratoria anterior, que cubría hasta el año 1993. Gracias a la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional (2005), en pocos años se elevó en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional, que pasó del 63,6% en el año 2002, al 93,8% en 2013. Con esta moratoria se calcula que más de 475 mil personas tendrán acceso a su haber jubilatorio, lo que permitirá abarcar al 100% de nuestros mayores. Así, se consolida un esquema intergeneracional de neto corte solidario y se avanza con la clausura de uno de los capítulos más nefastos del neoliberalismo noventista.
Con la presente ley se tomarán en cuenta los aportes hasta el año 2003 inclusive, etapa de duro tránsito por el camino del desempleo y la flexibilización laboral. También se apuntará especialmente a incorporar a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre de la población. Así lo expresa el artículo 3 de la ley, que señala que “la ANSES en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas (…) a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, a partir del próximo mes entrará en vigencia el nuevo valor de las remuneraciones a jubilados y pensionados nacionales, con un incremento del 17,21% respecto de los valores vigentes, alcanzando un 30,47% de crecimiento interanual, evolución que está atada a lo establecido por Ley de Movilidad Jubilatoria (2009). Desde entonces, el haber previsional mínimo creció por encima del salario promedio del sector privado registrado y de cualquier índice de inflación que se utilice, lo cual demuestra el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados; un resultado palpable, que no hubiera sido posible sin la “mano visible” del Estado Nacional.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
También los proyectos para disponer de nuevas leyes de Relaciones de Producción y Consumo, una iniciativa ampliamente rechazada por el arco empresario concentrado. La importancia del paquete de leyes que está tratando el Parlamento no es menor, ya que resulta imprescindible regular las conductas de abuso de posición dominante y la obtención de ganancias extraordinarias. No sólo por razones éticas; también por el hecho de que rentas más razonables redundarán en menor inflación y en mayor poder adquisitivo de la población, algo que también va en la línea de las políticas anticíclicas necesarias, ante algunos signos de amesetamiento de la actividad doméstica y las complicaciones que presenta el frente internacional.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 31 de agosto de 2014.

Fomento doméstico + estrategia antibuitres

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heller-10-agosto-2014La Argentina ha comenzado a descargar munición gruesa contra los responsables de mantener retenidos los pagos a los bonistas reestructurados. Una de las jugadas más importantes fue la emisión de un comunicado para los tenedores de la deuda reestructurada, en el que se indica el cumplimiento de los contratos por parte de Argentina, y que el país posee los recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los canjes de 2005 y 2010. Además, se pone en conocimiento de los bonistas que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del contrato, para el caso que el agente fiduciario (el BoNY) incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que Argentina realizó a su favor.

Siguiendo estas premisas, el Ministerio de Economía remitió una carta al BoNY, para intimarlo a que cumpla con sus obligaciones de distribuir los fondos de los bonistas. También envió una nota al Citibank, entidad registrada, constituida y autorizada para operar en nuestro país conforme la Ley de Entidades Financieras; dado que los fondos depositados por nuestro gobierno están destinados a atender el pago de los intereses de los bonos sujetos a ley y jurisdicción argentina, se indicó al Citibank que “cualquier pedido de aclaración en la causa NML deviene innecesario, debiéndose en los futuros vencimientos de intereses (el próximo será el 30.09.14) abstenerse de formular pedidos de nuevas aclaraciones que no hacen más que confundir al mercado y a los tenedores sobre el alcance de sus derechos”.
Visiblemente molesto por las acciones del gobierno argentino, el Juez Griesa volvió a convocar a una audiencia exclusivamente para sermonear a las autoridades de nuestro país. “Dígale a la Argentina que deje de engañar afirmando que ya pagó”, dicen que expresó, y volvió a reclamar un acuerdo con los fondos buitre lo antes posible. Queda en claro que el juez persigue destruir el exitoso canje de deuda argentino, y así que nuestro país vuelva al sobreendeudamiento, dado que de cumplir con su mandato se gatillarían las cláusulas RUFO y los reclamos del resto de los holdouts.
Otra estrategia del gobierno ha sido la demanda de Argentina a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos del Poder Judicial estadounidense, atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. Una jugada que no sólo es simbólica, pues el derecho internacional reconoce que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales; también es inteligente, pues, de la misma forma que al pagar se puso la pelota en el campo de juego del juez y de los agentes de pago, hoy se coloca el balón en el área del presidente Barack Obama.
La agencia Moody´s bajó de estable a negativa la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en nuestro país debido al “default” en que habría incurrido según dicha agencia. Si bien las consideraciones se basan en los potenciales riesgos que este puede causar a la economía argentina, se cuidan mucho en alertar a los inversores que las calificaciones otorgadas reflejan que “a pesar de que existe un amplio espectro de posibles pérdidas para los acreedores, las mismas serán muy probablemente modestas” (traducción no oficial), una consideración que no fue difundida en los medios, que se quedaron sólo con la noticia de los posibles efectos negativos sobre la economía doméstica.
En realidad, esta postura está teniendo en cuenta que “los mercados” no han convalidado una baja abrupta de los activos argentinos, incluso con fondos inversores que han llegado a triplicar sus tenencias de estos títulos, pensando que los mismos se pueden revalorizar significativamente en el futuro.
Los temas enunciados son indicadores importantes que desarman las profecías catastrofistas que han sido divulgadas ampliamente en los últimos días, aunque sin duda tendrán un efecto sobre las expectativas. Argentina no es inmune a la consideración de este “default que no es” por parte de las calificadoras, pero el mismo está lejos de llevarnos a una situación límite, entre otras cuestiones importantes, porque tenemos un gobierno que ejerce políticas activas.
MEDIDAS DE FOMENTO. El gobierno nacional anunció una batería de medidas anticíclicas tendientes a incentivar el mercado interno y el empleo, en un contexto de amesetamiento de la actividad local, afectada por situaciones vinculadas al frente externo, como es el caso de la definición por el tema de la deuda y del anémico desempeño de la economía global.
Los principales estímulos productivos fueron mencionados en el discurso que realizó el último jueves la presidenta Cristina Fernández, al anunciar un plan de financiamiento a tasa subsidiada para la compra de ómnibus de corta distancia, lo que implicará un aporte estatal de unos $ 2000 millones. En los hechos, con esta medida se busca incentivar la producción de once fábricas de carrocerías que cuentan con exceso de capacidad instalada y acelerar la renovación de la flota. Se estima una producción de 3300 vehículos para los próximos 12 meses, una cifra superior al promedio de los últimos dos años.
Otro conjunto de medidas anticíclicas apunta a la protección del empleo, un componente clave en materia de consumo interno, aunque en paralelo también se persigue, según lo expresó Cristina, “promover la creación de empleos registrados y facilitar la inserción laboral”.
En particular, se lanzó el Plan Pro Emplear, dentro del cual se incluye la actualización de una herramienta muy utilizada durante 2009, como el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). El Pro Emplear involucra el pago, durante un año, de una suma fija mensual de $ 2000 a los trabajadores de las empresas adheridas, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, según figura en la página del Ministerio de Trabajo, “las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal”.
El Plan Pro Emplear también apunta a profundizar la atención a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a facilitar su inserción laboral. Las personas de entre 18 y 24 años que formen parte del Progresar, esquema destinado a incentivar sus estudios, tendrán la posibilidad de acceder a los programas de capacitación laboral en las propias empresas. Una vez concluido el entrenamiento, si el empresario decide contratar al trabajador, el Estado se hará cargo del pago de $ 2700 del convenio colectivo, por un lapso que irá entre los seis y los 12 meses, lo cual constituye a la vez un incentivo a la contratación por parte de los empresarios. Además de alcanzar a los jóvenes, el beneficio será extensible a los adultos que cobren seguro por desempleo. En conjunto, estas decisiones favorecerán a unas 815 mil personas e involucrarán una inyección de recursos por $ 3034 millones.
Para agilizar la actividad de la construcción y la inmobiliaria, también se establecieron comisiones para los bancos que intervienen en la operatoria de los Cedines, incentivando así su utilización.
Implementar este tipo de herramientas sólo resulta posible en el marco de una férrea decisión política de evitar que se vean afectadas las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Dicho espíritu confronta de manera categórica con las palabras del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien sostuvo que con la cotización actual del tipo de cambio, el sector productivo no puede “exportar ni un caramelo”. Estas palabras, algo emparentadas con la infortunadamente célebre frase de un funcionario del equipo de Martínez de Hoz (da lo mismo producir “acero que caramelos”), se suman a otras declaraciones del mismo empresario sobre que “es tristísimo, pero los trabajadores son siempre la variable de ajuste”. Las expresiones mencionadas constituyen una muestra acabada de la postura de parte del gran empresariado local, que sostiene la teoría de la “intangibilidad de las ganancias” y sólo parece dispuesto a avanzar con sus negocios si es que cuenta con garantías de que podrá distribuir el costo de sus decisiones, no así sus beneficios, entre todos los integrantes de la sociedad. Tesis que refuerza además la necesidad de fuertes medidas de regulación por parte del Estado en diversos aspectos del funcionamiento económico, en especial los referidos a la distribución del ingreso.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 10 de agosto de 2014.
 

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