 En octubre se profundizará el proceso iniciado en 2003, o se retrocederá hacia un nuevo horizonte conservador neoliberal.
Las distintas expresiones de la oposición, en plena campaña, muestran programas económicos idílicos en los que resolverán temas acuciantes como la pobreza o la inflación, con medidas que se asemejan más al realismo mágico que a los comportamientos efectivos de las variables de la economía. Todos hablan de crecimiento con desarrollo social, aunque históricamente muchos de ellos han sido gestores de las medidas que concentraron la economía y generaron formidables ganancias físicas y financieras a los grandes grupos económicos, en desmedro de las mayorías populares y aun de la clase media.
Hablan de reducir la pobreza, pero no de mejorar la participación de los salarios en la renta nacional, la única variable que asegura, junto con políticas de empleo adecuadas, que se salga con dignidad de la pobreza a través del trabajo. El comunicado de prensa de la última reunión de grandes empresarios, el denominado G6, expresa “la necesidad de que los diferentes candidatos y partidos realicen propuestas y planteen posiciones claras con respecto a las políticas públicas que se comprometen a implementar si son elegidos, en materia económica y de inversión, infraestructura, educación, salud y vivienda, con el fin de promover el desarrollo económico y la equidad social”.
Seguir leyendo
 En 2011, se dirime si la Argentina mantiene el rumbo o hay un cambio. El rumbo comprende la política exterior, de derechos humanos, el rol del Estado, las políticas de inclusión social, el gasto público como instrumento de distribución, el fortalecimiento de los presupuestos de educación, todo lo que trabajosamente se está gestando. El proceso económico-social, político-institucional y cultural abierto en 2003 empieza a ser vislumbrado como un camino de profundas rupturas con las herencias neoliberal-conservadoras que hicieron crisis en diciembre de 2001 y que van encontrando cauces hacia un nuevo orden que posibilite relaciones sociales más equitativas, más democráticas, más participativas, más justas.
Hay imágenes que hoy forman parte de la vida de nuestro pueblo y que, sin embargo, eran inimaginables hace una década. Pasamos de las relaciones carnales con EEUU a la unidad latinoamericana en un nivel
inédito que promete hacer realidad los sueños abortados de nuestra primera emancipación, a inicios del siglo XIX.
Los cuadros de Videla y de Bignone descolgados de la Escuela Militar de Campo de Mayo, o el recuerdo de Néstor Kirchner en la ex ESMA pidiendo perdón en nombre del Estado, constituyen un acervo inolvidable de esa “memoria del futuro” con que se construye otro tiempo próximo de dignidad. Los ciudadanos incorporados al derecho de la jubilación o la Asignación Universal por Hijo; la Ley de Servicios Audiovisuales; la recuperación por parte del Estado de los fondos de jubilación y pensión, el Fútbol para todos o la Ley de Matrimonio Igualitario constituyen conquistas de una enorme trascendencia política.
Soportamos durante décadas una pesada cadena impuesta a las decisiones soberanas, como lo fue la deuda externa, llevada a ese nivel de dependencia durante la dictadura genocida, y luego acrecentada significativamente en la convertibilidad, con un peso de la deuda pública que llegó al 150% del PBI con la devaluación. Luego de las exitosas renegociaciones, hoy tenemos una deuda pública que no genera tensiones: en marzo pasado representaba sólo el 46,3% del PBI, y la mitad de ella es deuda intragubernamental. El total de deuda con el sector privado alcanza al 16,7% del PBI. Tampoco estamos bajo la supervisión del FMI, porque se ha cancelado la totalidad de la deuda con el organismo.
Los tratados de cooperación en el marco de un perfil de integración emancipatorio de la región también definen el modelo, y son, sin duda, cauces para su profundización. El fortalecimiento del rol del Estado, como agente protagónico en lo económico, constituye una novedad estructural, la preservación de políticas económicas priorizando el mercado interno y el consumo, la creación de empleos, las medidas anticíclicas, el control de las importaciones y el despuntar de un Plan Estratégico de Desarrollo Industrial.
Seguir leyendo
 En las últimas semanas se han producido sucesos de distinto carácter, que han revitalizado una discusión eminentemente ideológica, que es el rol del Estado en la economía. Uno de ellos ha sido una nueva reunión en la Argentina de la Sociedad Mont Pelerin, una institución creada a instancias de Friedrich Von Hayek en 1947, cuando “muchos de los valores de la civilización occidental están en peligro”, según expresaron sus fundadores.
No llama la atención que la sociedad Mont Pelerin haya montado un seminario en la Ciudad de Buenos Aires para tratar “El desafío del populismo a la libertad en América Latina”. Si leemos su presentación en su página web, se expresa claramente que quienes la integran actualmente “han visto la fase ascendente del liberalismo económico y político en algunos países durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también su aparente declinación en tiempos más recientes. Si bien no necesariamente comparten una interpretación común de las causas o las consecuencias, ven el peligro de la expansión del gobierno, en particular del Estado de Bienestar, del poder de los sindicatos y del monopolio de los negocios, y la continua amenaza y realidad de la inflación”.
La presente sería una discusión eminentemente conceptual si no fuera porque al seminario han asistido varios políticos que se proponen para distintos mandatos en las próximas elecciones, incluso muchos de ellos que ya están gobernando. Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, sin deslucir al resto, han mostrado su contundente presencia en esta actividad preocupada por los avances del “populismo”.
En este contexto, toma más importancia aún la decisión del Estado de jugar un rol más activo en la economía, a partir del decreto de Necesidad y Urgencia Nº 441/11 que permite a la Anses ejercer los derechos políticos; es decir, de votación en las asambleas, en forma proporcional a la cantidad de acciones que el Fondo de Sustentabilidad posee en 42 distintas empresas. Estas inversiones han sido heredadas del sistema de las AFJP, como así también la limitación a participar en más del 5 por ciento en el voto en cada empresa, restricción que el decreto eliminó. Cabe destacar que la Anses no ha invertido por sobre lo que heredó de las AFJP, lo cual evidencia la intención de no tener mayor participación económica en las empresas. El decreto muestra entonces una decisión absolutamente lógica de un Estado que pretende hacer valer los derechos que posee, que no quiere seguir teniendo el rol de Estado ausente que se le asignó en los noventa, y que pretende ejercer el protagonismo que le corresponde.
En ninguna empresa la Anses tiene mayoría accionaria. Entonces, su presencia interesa para defender los fondos invertidos, con una actitud atenta, vigilante y crítica, asegurando los mejores resultados para las empresas y que los mismos terminen engrosando el Fondo de Sustentabilidad que tiene el sistema provisional.
Las compañías pueden financiarse a través de obligaciones negociables u otros créditos. El atractivo de las acciones para las empresas es que, de la misma forma que el inversor participa en las ganancias, también lo hace en las pérdidas, y de allí que para compensar semejante riesgo, que es el riesgo propio de la compañía, se otorgan derechos políticos.
Por esta cuestión, ningún privado aceptaría invertir en una empresa el 20 por ciento o el 30 por ciento del capital accionario y tener el 5 por ciento de peso en las decisiones. Entonces, no resulta equitativo imponerle esa restricción al Estado.
Varios empresarios, que poseen participación de la Anses en su capital, han expresado su acuerdo con la medida, basados en el hecho de que, hasta el momento, han venido trabajando con comodidad, y no han puesto reparos a la designación de nuevos directores de la Anses en sus firmas. Sin embargo, otras empresas han resistido decididamente el decreto, en parte porque no desean el contralor del Estado, en parte por un enfoque ideológico.
Es este enfoque ideológico que plantea la concepción del Estado inactivo, aquel que debe estar solamente para acudir en auxilio de los grandes grupos privados cuando tienen dificultades, con subsidios, con exenciones impositivas, pero jamás para hacer valer a pleno sus intereses y sus derechos. Cuando las acciones estaban en poder de las AFJP, y se derrumbaron por el crack internacional de 2007 (generando un grave perjuicio a los trabajadores que se jubilaban en ese momento, con un fondo que era muy menor al que tenían antes de la crisis), ninguna empresa emitió opinión alguna: los inversores asumían riesgos y se tenían que hacer cargo, según su visión. Ahora que están ganando buen dinero, no quieren que esos mismos trabajadores y jubilados, representados a través de la Anses, ejerzan sus derechos políticos. Es la esencia del capitalismo: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Seguir leyendo
 El DNU firmado por la presidenta en la que se eliminó la restricción que impedía al Estado tener una representación mayor al 5% en las empresas en las que tiene participación accionaria, desató una veja discusión de entre los defensores del “estado bobo” y los que creemos que el estado debe asumir en plenitud sus derechos, sobre todo cuando se trata de representar el interés del conjunto de la sociedad.
Para el sentido común es casi ofensivo escuchar que se argumente de “ilegitimidad” al derecho de alguien, que tiene el 30 por ciento de una empresa, no pueda tener el 30 por ciento de la representación en la conducción que toma las decisiones.
Por otro lado, y contrariamente a lo que se ha escuchado durante esta semana, creo que debe quedar claro que no hay ningún avance del estado sobre las empresas de capital privado, simplemente porque no hay un solo peso que el estado haya puesto en su condición de tal en estas empresas. El Estado sólo se ha hecho cargo de las participaciones que el sistema previsional privado, es decir las AFJP, habían invertido en esas empresas. Lo que sucedió es que cuando se produjo el fenómeno de la reestatización del manejo de los recursos previsionales, el estado se encontró con que era socio en distintos porcentajes de 42 empresas.
Creo que hay que defender a rajatabla el derecho que tiene el Estado de representar su participación económica con representación política, y es necesario decirle a la gente que esa participación es siempre minoritaria, porque en ningún caso se supera el 30 por ciento, y que efectivamente sólo se podrá incidir en algunas decisiones que atenten contra el interés general.
Estoy completamente convencido de que buscar utilidades, por ejemplo a través de la participación de esas empresas, es una forma de fortalecer la acción que luego la propia ANSES podrá llevar a cabo ya sea ampliando beneficios para los jubilados a través de una mayor subvención en el valor de los medicamentos o incorporando al sistema a personas que no hayan podido completar sus aportes.
 El fenómeno de la suba de precios está motorizado por una de las características positivas del modelo, que es el mayor poder de compra de la población, a partir de una política de redistribución de ingresos que se produce, muy paulatinamente, a partir de las remuneraciones de los asalariados, que crecieron en 2010 un 26 por ciento, con una dispar evolución, el 29 por ciento para los trabajadores registrados y un 23 por ciento para los no registrados.
La distribución también se realiza a través de las jubilaciones y pensiones, que con la última suba del 17,33 por ciento, a partir de marzo de 2011, se llega a un incremento acumulado del 78 por ciento desde que se inició la aplicación de la movilidad jubilatoria (desde marzo de 2009), aumentando significativamente en términos reales, de tal forma que la jubilación mínima ya alcanza al 66 por ciento del salario mínimo y vital. Otra de las importantes herramientas distributivas ha sido la Asignación Universal por Hijo, prestación cuyos valores urge actualizar.
En los inicios del 2010, el motor de la suba de precios fue la carne, que recuperó su valor en términos relativos respecto de otros productos; este incremento mejoró la rentabilidad de los productores de carne, aunque disminuyó el consumo de la población comparado con años anteriores. En los inicios de ese año, un fenómeno mucho más extendido, originado en los mercados internacionales, está impactando en los precios internos, y es el aumento de los precios internacionales de los alimentos, fenómeno que además está generando tensiones sociales en varios países.
Según un reciente informe de la FAO, el índice que se elabora para los precios de los alimentos aumentó por séptimo mes consecutivo, evidenciando un crecimiento en enero del 2011 del 3,4 por ciento respecto del mes anterior. El índice muestra los valores más altos (tanto en términos reales como nominales) desde que comenzó la medición en 1990. En el caso de los cereales, el índice está un 11 por ciento por debajo del máximo de abril de 2008 (valor excepcional), pero es el precio más alto desde julio de ese año.
De allí que cobra cada vez más fuerza la necesidad de una normativa similar a la resolución 125 con las modificaciones con las cuales llegó al Senado de la Nación y fue rechazada. Según la FAO, aquellos países con buenas cosechas pueden mantener bajos los precios domésticos de los alimentos comparados con los internacionales. Nuestro país tiene esa posibilidad, y las retenciones móviles son una eficaz herramienta para desprender los precios internos de los internacionales, instrumento que puede completarse con eficientes compensaciones a los productores que lo requieran, por su ubicación en zonas alejadas, por sus menores rindes o por su pequeña escala.
Estas medidas deben complementarse con un mayor protagonismo del Estado, para garantizar no sólo el abastecimiento interno, sino morigerar los precios al consumidor, y romper con las maniobras oligopólicas y monopsónicas que incrementan las ganancias de los productores y comercializadores más grandes a costa de los más pequeños. Si bien en este aspecto se ha avanzado, se requieren medidas que profundicen y mejoren la intervención estatal, lo cual necesariamente llevará a la creación de juntas reguladoras u otros organismos similares que intervengan en todo el proceso de producción y comercialización para la mayoría de los productos agrícolas.
Como venimos expresando reiteradamente, la solución pasa por la profundización del involucramiento del Estado en la actividad económica para acotar los vicios e impactos negativos que el libre mercado ocasiona. Desde el discurso oficial, se ha avanzado en el planteamiento correcto de los temas, aunque falta ir implementando las medidas que convaliden ese discurso, entre ellas dotar de credibilidad al Indec. Estas medidas necesariamente requerirán de un fuerte apoyo político y popular para ser implementadas, para que vayan en el camino apropiado para lograr un desarrollo con mejor distribución del ingreso.
El aludido discurso de la presidenta Kirchner va en ese sentido, pues menciona que estamos ante “la época de la puja distributiva, donde realmente se pone en juego qué modelo de sociedad queremos y cómo vamos a seguir creciendo, si lo hacemos en serio vía aumento de la oferta con inversión, con mayor producción, con mayor valor agregado, con innovación tecnológica (…) o volvemos a la vieja receta de los argentinos (el ajuste) donde terminamos matando a la gallina de los huevos de oro”.
En esta época, a mi entender, además de la intervención del Estado en las distintas áreas, resulta indispensable ir avanzando hacia un acuerdo o pacto social, de forma de encauzar las demandas de los distintos sectores de la sociedad. Sobre el tema, las palabras de la Presidenta son motivadoras, ya que, por un lado, propone “… charlar con los compañeros trabajadores en cuanto a lo que es la puja distributiva, porque cuando ésta se desmadra tenemos la historia clarita: los que tienen más siempre siguen teniendo más y los que pagan las consecuencias son los trabajadores”. Y alerta a las empresas que “si realmente la puja distributiva vía demanda salarial es una cuestión que se agrava, discutamos entonces sobre la rentabilidad de ganancias, si no se quiere discutir sobre rentabilidad de ganancias discutamos entonces cómo se forman los precios”.
Esta postura va en el mismo sentido de las propuestas que vengo haciendo, tanto sobre la necesidad de encarar el proceso de formación de precios, a través del estudio de los costos y principalmente la ganancia empresaria, con instrumentos fiscales que pongan una cota a la tasa de rentabilidad, como en la intervención del Estado en las cadenas de producción y comercialización, la creación de juntas reguladoras, y la elaboración de medidas específicas para las pymes, que les permitan competir con los grandes conglomerados empresarios, entre otras.
En definitiva, avanzar en la profundización del modelo, que es la única forma de ir mejorando la evolución de la economía y la sociedad hacia un desarrollo con equidad distributiva, temas que deben estar presentes en este año de elecciones.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 18 de febrero de 2011.
|
|
En octubre se profundizará el proceso iniciado en 2003, o se retrocederá hacia un nuevo horizonte conservador neoliberal.
Procesando ...
