Sólo hace tres años, Macri se presentó ante los porteños como una fuerza nueva. Una derecha moderna y audaz. Preocupada por lo social, por el espacio público. Sin los viejos estigmas de la derecha neoliberal, vinculada con la violencia y a la ilegalidad. Pero Macri mintió dos veces. Mintió cuando se presentó como esa derecha nueva preocupada por lo social. Y mintió cuando se presentó como una fuerza innovadora desvinculada de la ilegalidad de los ‘90. Porque Macri redujo significativamente las inversiones en salud, educación y vivienda en la ciudad. Permitió la repetida falta de insumos hospitalarios.
Repuso prácticas represivas en el espacio público a través de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), especializada en operativos nocturnos contra personas en situación de calle y en desalojos compulsivos en edificios ocupados por familias humildes. Avanzó en el cierre y desmantelamiento de una red de espacios culturales en los barrios, que crecieron amparados en una política de Estado sostenida por varios gobiernos a través de los años. Y Macri mintió por segunda vez cuando se presentó como exponente de una nueva derecha en ruptura con la ilegalidad y las prácticas oscuras y clandestinas de los años ‘90. La confirmación unánime del procesamiento por parte de los tres camaristas en el caso de las escuchas ilegales y la red de espionaje ya no dejan dudas. Macri es Macri. Es la continuidad sin fisuras de lo peor del neoliberalismo. Su intento discursivo de expresar el futuro ha terminado. Hay una nueva confirmación de que es el pasado con su rostro peligroso y salvaje de siempre.
¿Qué es conveniente hacer con el pasado en un país donde ese pasado ha causado tantos dolores, tanto retroceso y tanto pesar? Los dictadores y algunas figuras del neoliberalismo de los ‘90 han sido y están siendo procesados por la Justicia en tiempo pasado. Varios años después de su desempeño en el Estado. En eso también hemos avanzado: Macri está siendo procesado en tiempo presente. Las fuerzas populares, progresistas y de izquierda de la ciudad de Buenos Aires debemos consensuar dos instancias de salida para Macri. La primera, el apartamiento transitorio o definitivo de la Jefatura de Gobierno para que se concentre en defenderse ante la Justicia. Un procesado por prácticas ilegales y clandestinas que rememoran lo peor de nuestro pasado no debe seguir al frente del Gobierno de la Ciudad. Debe explicarle a la Justicia. Debe explicarle al electorado de la ciudad. La segunda, prepararnos seriamente para, cualquiera sea la suerte de Macri, desalojar a este proyecto con prácticas represivas, clandestinas e ilegales de la conducción de la ciudad y de cualquier intento de inserción nacional. En el 2011 o cuando la crisis definitiva del macrismo así lo determine. Por ello, no hay tiempo que perder. Tenemos la enorme responsabilidad de acelerar nuestras confluencias en un frente que reúna a todas las fuerzas que coinciden en desalojar a la derecha del Gobierno de la Ciudad y en llevar adelante un proyecto de ciudad popular, progresista y de izquierda. Macri es Macri. Y nosotros el futuro, si nos juntamos para producirlo.
Esta nota fue publicada en el diario Página/12 el 18 de julio de 2010.
Pareciera que, al impulsar el 82% móvil, lo que intenta la oposición no es resolver el problema de los jubilados sino correr al gobierno por izquierda. Si lo pensamos en desde un punto de vista electoral, puede ser que su objetivo final sea debilitar la posibilidad de fortalecimiento de la gestión, porque ganarles en el terreno de las jubilaciones es una consideración política más que atractiva.
Mi fundamento es que la oposición plantea el 82% móvil desde un lugar que carece de sustentabilidad desde el punto de vista de los recursos. Ellos dicen que la ANSES tiene plata, cuando en realidad la cuestión de fondo está en explicitar bien los números de lo que representa el aumento a las jubilaciones y explicar de dónde se generarían los recursos. A partir de esta discusión se podrá atender a la solución del tema.
Es muy curioso que los sectores que impulsan el aumento a los jubilados, sean a su vez, quienes también impulsan la disminución del impuesto al cheque, la rebaja de las retenciones y una cantidad de cuestiones que pareciera que tienen como objetivo desfinanciar al Estado más que resolver los problemas de los jubilados.
Pruebas de la pésima gestión de Macri sobran y si bien dicen que para muestra basta un botón, aquí dejo tres ejemplos de cómo las iniciativas de Macri terminan convirtiéndose en eslabones de una misma política que privilegia la represión del conflicto social, la reducción del espacio público, la ampliación de las oportunidades de negocios para los amigos del poder y una profunda ineficiencia en atacar el conjunto de problemas de la ciudadanía:
- El Hospital Tobar García de salud mental para infanto-juveniles está casi sin funcionar y las construcciones de salas para consultorios externos y cirugías menores se encuentran paralizadas. Según la Diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448, “la atención de este hospital se ha reducido en un 50% de prestaciones y en calidad general del servicio”.
- En educación se duplicó el presupuesto a los subsidios a colegios privados, mientras que no se garantizan las obras mínimas en colegios de enseñanza pública (el presupuesto en infraestructura bajó de 300 a 145 millones de pesos). Un caso reciente es el de la caída de mampostería en el colegio Mariano Acosta del barrio de Balvanera, un colegio que estuvo cerrado en 2007 durante tres meses por refacciones.
- A la falta de asistencia hospitalaria generalizada, se agrega puntualmente el hecho de no contar con anestesistas suficientes. Están nominados por concurso, pero no asignados pese a que existe una normativa que establece la obligatoriedad de contar con dos anestesiólogos por guardia. Algo similar sucede con un grupo de 8 nuevas ambulancias para transporte y asistencia de urgencias, están compradas desde noviembre de 2009 pero no entran en servicio por falta de patentamiento.
Ilustración: Andri http://blogandri.blogspot.com
Hace unos días, junto el Bloque Nuevo Encuentro, difundimos un documento en el que expresamos nuestra opinión respecto a la iniciativa que la oposición está impulsando para llevar las jubilaciones al 82% móvil.
Fuimos claros al decir que estamos de acuerdo con la medida, pero entendemos que debe asegurarse la financiación. Es por eso que planteamos la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos al ’93, con medidas que eviten impactar negativamente en las pequeñas y medianas empresas.
En ese documento también planteamos que es el momento ideal para hablar de una reforma fiscal de fondo, que ataque a la renta a la especulación financiera, a la explotación de los recursos naturales, y a las retenciones sobre los recursos agropecuarios.
Es en estas cuestiones de fondo en las que no coincidimos con quienes impulsan esta ley. No sólo porque ellos pretenden que el dinero salga de la ANSES, sin explicitar bien qué significan los números ni de dónde se generarían los recursos, sino también porque son estas mismas personas las que están impulsando la disminución del impuesto al cheque y la rebaja de las retenciones, medidas que parecieran tener el objetivo de desfinanciar al Estado más que el de resolver los problemas de los jubilados.
La actividad financiera es un servicio público, tan importante que no puede quedar en manos del mercado. Es por ello que el Estado, que es quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, debe regularlo a través de los Organismos pertinentes del Banco Central, entre otros.
La ley de Servicios Financieros que presentamos con el Bloque Nuevo Encuentro prevé, en primer lugar, un cambio en la concepción de esta actividad: está pensada desde los usuarios y no desde las entidades. Pensamos que, al ser un servicio público, su acceso tiene que estar garantizado para el conjunto de los miembros de la sociedad, es decir a las personas, a las empresas, a las economías regionales, a la economía social etc.
Creo que se viene un debate más que interesante con todos los representantes de la actividad financiera. Y con esto me refiero no sólo a los representantes de los Bancos, ya que ellos son sólo una de las partes. Y como nosotros no estamos pensando en una ley de entidades financieras sino en una ley de servicios financieros, tenemos que ser más amplios en la convocatoria.
Con Prat Gay, que es el Presidente de la Comisión de Finanzas, hemos consensuado una lista de entidades, entre las que están las asociaciones de Bancos pero también las organizaciones que representan a los empresarios, a las PYMES, a los consumidores, etc. Hicimos una extensa lista de eventuales referenciados para que opinen sobre un proyecto que por su trascendencia no debe ser tratado sin un previo debate amplio.
Procesando ...
