El año 2011 ha sido un año prolífico para los avances en la integración latinoamericana, un proceso que podemos calificar como una integración del nuevo tipo, que va mucho más allá de los acuerdos en materia comercial, para extenderse a las cuestiones estratégicas de la integración, a la importancia política de la misma y a definiciones históricas e ideológicas profundas.

Para justificar esta proposición, nada mejor que mencionar algunas declaraciones de la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en los primeros días de diciembre último, contenidas en la Declaración de Caracas que tiene un título por demás sugerente: “En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”.

Las jefas y los jefes de Estado declaran estar “inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su legado como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños constituir la CELAC” como así también reconocen actuar “inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, (convocado por Simón Bolívar), acto fundamental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los destinos de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente”.

Para terminar con una conclusión que no puede pasar inadvertida, afirman que “la región se encuentra hoy en condiciones de abordar, por la experiencia y la madurez adquiridas, el desafío de la unidad e integración de América Latina y el Caribe”.

También se hace mención a la importancia de los aportes morales, políticos, económicos, espirituales y culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las luchas independentistas, y en la conformación de nuestras identidades y Naciones. El nuevo estilo de integración no se agota en la inspiración de nuestros libertadores, sino que, a partir de ello, avanza en definiciones esenciales sobre los objetivos de la integración económica, para lo cual se elaboró un Comunicado Especial sobre el Compromiso para la Inclusión Social, en el cual las jefas y los jefes de Estado están “convencidos de que la transformación del Estado y el desarrollo en nuestros países es una tarea histórica que requiere mecanismos y políticas sociales que permitan superar la desigualdad y alcanzar una auténtica inclusión social, que se refleje en una mejora sustantiva en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y asegure igualdad de oportunidades y el ejercicio de una ciudadanía plena”.

En ese sentido, reconocen que “la inclusión social es un elemento fundamental del desarrollo, de la democracia, y de la construcción de una nueva relación entre el Estado y la Sociedad basada en la confianza de los ciudadanos y en un Estado al servicio de todos, en particular de los más desfavorecidos”.

Esto los lleva a “diseñar políticas 
públicas orientadas a alcanzar resultados concretos que se traduzcan en mejoras significativas en la calidad de vida para nuestros pueblos, como serán la erradicación de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, el acceso a un empleo digno que mejore sosteniblemente los ingresos de la población y la reducción de las brechas de acceso y calidad de los servicios sociales básicos, en particular los de salud y educación”.

Quizá parezca excesiva la utilización de citas textuales, pero tratándose de párrafos que expresan la voluntad de los 33 mandatarios que participaron de la Cumbre, tiene un alto valor ideológico y convierte cualquier comentario sobre el tema en redundante.

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El 2 y 3 de diciembre se celebró en Caracas la cumbre de constitución de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Asistieron representantes de 33 países de la región, es decir América completa sin Estados Unidos y Canadá. Este hecho ya de por sí es histórico y tiene una trascendencia notable: está marcando la voluntad y la decisión de avanzar en un sentido.

En los discursos se dijo que si bien los países tienen ideologías, matices y visiones diferentes, todos tienen también una vocación común de buscar juntos cómo resolver la crisis. “La crisis está, nos afecta, no sabemos cuánto nos va a afectar porque no sabemos cuán profunda será la crisis. Pero la mejor respuesta y la única que tenemos en mano es más integración“, dijeron algunos de los Jefes de Estado.

Por ello, para enfrentar los desafíos que vienen del mundo desarrollado es necesario estar unidos. Porque históricamente estos países nos han trasladado las crisis, tal como hacen ahora, inundando de dólares la región que no hacen más que apreciar nuestras monedas, sacando competitividad, complicándonos para seguir exportando, y permitiéndoles comprar empresas nacionales baratas para avanzar en los procesos de desnacionalización. En este contexto, la CELAC viene, en primer lugar, a generar mallas de protección y dentro de esas mallas de protección, a diseñar políticas que nos permitan enfrentar con éxito los desafíos que hoy nos presenta la crisis.

Ejemplos claros de esto son las dos reuniones clave que tuvo la Argentina. Una fue con el presidente venezolano Hugo Chávez, en la que se firmaron 20 acuerdos nuevos por 1600 millones de dólares, entre los que hay que destacar el incremento del cupo para exportar autos a Venezuela; y convenios para la venta de bienes finales y de tecnología por 200 millones de dólares. La otra reunión fue entre las presidentas de Argentina y Brasil en la que crearon un mecanismo de integración productiva para ver de qué manera potencian las respectivas capacidades económicas como formas de enfrentar la crisis.

La crisis de los países centrales está 
mostrando nuevamente signos de profundización, en la medida en que las razones que la sustentan se intensifican, como su elevado endeudamiento soberano, y la persistencia de déficits fiscales, cuyo intento de solución a la manera neoliberal los amplifica cada vez más y frena el crecimiento o directamente lleva a la recesión. Esta evolución se verifica en el marco de una crisis financiera que aún no ha solucionado la elevada exposición al riesgo de los balances de los grandes bancos internacionales.

Ante la posibilidad de un agravamiento de la crisis en los países centrales, que necesariamente repercutirá en las distintas economías de América Latina, la Unasur ha tomado la importante decisión de encarar este desafío en forma conjunta y coordinada. Es así que en la reunión de Lima del 28 de julio, las jefas y jefes de Estado de los doce países que conforman la Unasur instruyeron a los ministros de Economía y Finanzas, y a los presidentes de los Bancos Centrales acerca de la necesidad de enfrentar conjuntamente los desafíos de la crisis económica y financiera, originada en gran parte de los países desarrollados y de profundizar la integración regional en el marco de la Unasur, para preservar el crecimiento económico, la estabilidad, la inclusión y la cohesión social. De esta instrucción nació el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas en Buenos Aires el 12 de agosto del corriente.

Otra de las importantes decisiones de la reunión de Lima es avanzar hacia la reducción de la pobreza, determinación muy poco conocida. El comunicado de jefes de Estado expresa que “reconocemos la importancia del proceso de integración como instrumento de reducción de la pobreza y como elemento de inclusión social. Constatamos, no obstante, que, en los países de la región, persisten índices de desigualdad sumamente elevados que afectan la dinámica de la reducción de la pobreza y mantienen excluidos de los beneficios de la expansión económica a segmentos de la sociedad de menores ingresos, particularmente a los más vulnerables.”

“Por ello, asumimos como nuestra tarea más urgente (…) establecer una Agenda de Acciones Sociales Prioritarias de la Unasur que contribuya a reducir las asimetrías y brechas de carácter estructural de nuestra región y romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, tal como señalan Organizaciones Internacionales vinculadas a la temática del desarrollo”. Esta visión de la integración que aúna lo social y lo económico, es una de las cuestiones que indican que este camino abordado es de un nuevo tipo, altamente superador de otros mecanismos de integración.

Respecto de las decisiones del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas también aparecen planteos superadores, puesto que se intenta enfrentar los efectos de la profundización de la crisis en algunos países centrales con varias medidas para cuyo estudio y formulación se han dado dos meses de plazo, y que merecen ser detalladas:

• Impulsar la posibilidad de expansión del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y de su adaptación al nuevo contexto, o de otros instrumentos que cumplan similar función;

• Promover el uso de monedas de la región para cursar las transacciones comerciales intrarregionales, que sirvan de incentivo para profundizar los procesos de integración. Además, se aconseja implementar mecanismos de financiamiento al comercio, con especial atención a las asimetrías existentes entre los países miembros de la Unasur;

• Los países suscriptores del convenio constitutivo del Banco del Sur acuerdan acelerar su lanzamiento, conscientes de la necesidad de contar con instrumentos de financiación de largo plazo. También asumir el compromiso de fortalecer la Corporación Andina de Fomento (CAF);

• Incentivar el comercio intrarregional, adoptando las medidas que sean necesarias, para incrementar los flujos comerciales, y que sea mutuamente beneficioso, considerando las asimetrías existentes entre los países, que confluya hacia la complementación socioproductiva, sobre las bases de la cooperación, aprovechamiento de las capacidades y potencialidades existentes en la región, así como en el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleos.

Son salidas pensando en el fortalecimiento de la integración económica, productiva, comercial y financiera entre los países, aprovechando las fortalezas económicas y políticas que ha exhibido la región en los últimos años.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 09.09.2011

La Argentina dio un gran paso para la constitución del Banco del Sur, pues la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada su convenio constitutivo, que ya tenía media sanción del Senado. La aprobación del Convenio Constitutivo por parte de la Argentina es importante, puesto que se suma a las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que ya lo ratificaron, y que posibilitará que se constituya el Banco, ya que el Convenio establece que entrará en vigencia con la ratificación de la mayoría simple de los países fundadores y que representen más de las 2/3 partes del Capital suscripto del Banco, objetivos que se logran con la aprobación legislativa de la Argentina.

El Banco del Sur tiene en su origen dos objetivos estratégicos primordiales: actuar como un elemento más que fortalezca y solidifique la integración regional, avanzando en la creación de instituciones comunes; y crear un fondo común de financiación al desarrollo dentro de los países miembros de la Unasur, que le permita a sus países escapar de la tutela política no solamente del Banco Mundial y del FMI, sino también del BID y otros fondos al desarrollo con sede en Washington. Más precisamente, “el Banco tiene por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros, en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los países miembros.”

En la Unasur, todos los países participan plena y dignamente en las decisiones del grupo. Por ello, en el acuerdo constitutivo del Banco del Sur, cada Estado tendrá un asiento en el directorio e igual poder de sufragio, una decisión que no fue fácil de alcanzar y que muestra el fuerte compromiso de todos los países con una integración solidaria y equitativa. Estas cláusulas se complementan con otras para la realización de inversiones, préstamos y otras operaciones financieras mayores a 70 millones de dólares, o al 1 por ciento del capital pagado, el que resulte mayor, que exigen el voto afirmativo de las dos terceras partes de los directores que representen, asimismo, más del 66 por ciento del capital de las acciones correspondientes a los países miembros.

De esta forma, con idéntico poder de sufragio para las decisiones fundamentales y cierta atención a la envergadura de los países en cuestiones específicas se logra una adecuada representatividad en las decisiones, lo cual demuestra que las fuertes asimetrías que existen en la región no son un impedimento para la integración plena, sino, más bien, una condición para tener en cuenta e ir resolviendo.

De hecho, las funciones del Banco del Sur están enfocadas a reducir esas asimetrías, permitiendo que los países con economías más pequeñas reciban una mayor proporción de créditos sobre el capital aportado. Tiene por funciones financiar el desarrollo en sectores clave de la economía, mejorando la competitividad y la infraestructura, entre otros, financiar también proyectos de desarrollo en sectores sociales, y proyectos específicamente orientados a reducir las asimetrías entre los países miembros, teniendo en cuenta las necesidades de los países de menor desarrollo relativo. De la misma forma, se plantea facilitar asistencia técnica para la preparación y ejecución de planes de desarrollo, así como todas las funciones pertinentes a un banco regional de inversión.

También se propone crear y administrar dos fondos especiales, cuyo propósito será el financiamiento reembolsable o no reembolsable, uno de solidaridad social para proyectos sociales, y otro de emergencia para la asistencia ante desastres naturales para paliar sus efectos.

Ya hay tres grupos trabajando para la definición de cuestiones fundamentales como los objetivos estratégicos para los primeros cinco años de funcionamiento, otro sobre gestión de riesgo y un tercero sobre estructura del banco. La idea que surge del trabajo de estos grupos, integrados por funcionarios designados por los países fundadores, es que el Banco del Sur vaya creciendo a medida de sus posibilidades, prestando especial atención a los proyectos que involucren impactos positivos en varios países a la vez. Es, sin duda, una gran apuesta a futuro, pero que solidificará la integración de la Unasur mediante su puesta en funcionamiento.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 09.09.2011