Por un servicio de interés público

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ley-de-servicios-financieros-101El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, del Frente Nuevo Encuentro (presentado el 31 de julio último), tiene en cuenta las últimas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y otras normativas financieras. El proyecto original de Ley de Servicios Financieros no cambia en lo esencial: se pasa de una ley para bancos, a una legislación pensada en los usuarios de los servicios financieros. La gran diferencia conceptual con la Carta Orgánica es que la misma indica lo que el BCRA “puede” realizar; en nuestro proyecto, establecemos pautas que las Entidades “deberán” implementar.

El Proyecto modifica el espíritu de la ley de entidades Financieras 21.526, y cumple con una reivindicación histórica del movimiento cooperativo al cual pertenezco. Para darle un marco adecuado a la iniciativa, conviene identificar las razones de la necesidad de derogación de la Ley de Entidades Financieras de 1977, no sólo porque es una legislación de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que, en aquella época, se identificaban con la escuela de Chicago, y que luego se consolidaron en el “Consenso de Washington”. La Ley de Entidades Financieras fue el instrumento que permitió la implantación del modelo de revalorización financiera, que destruyó a la producción y generó grandes costos sociales.

La sanción de las leyes no se realiza en un contexto de aislamiento y asepsia respecto del debate y la toma de posiciones de la sociedad civil y sus instituciones. Como en otros países hermanos de Latinoamérica, asistimos a una revalorización de lo nacional y de lo estatal en las actividades estratégicas, como una forma de lograr desarrollos económicos sostenibles.
En la Argentina, se ha declarado de “interés público” a la producción de pasta celulosa y de papel para diarios y  a la actividad hidrocarburífera. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación sendos proyectos, con el objeto de asignar el carácter de interés público a ambas actividades y a diseñar un denso marco regulatorio para cada una de ellas, proyectos que fueron convertidos en ley.

El proyecto de Ley de Servicios Financieros recientemente presentado declara a la actividad financiera como un servicio de interés público, haciendo expresa la decisión de poner a la legislación de servicios financieros dentro de esta corriente de ideas y de diseño de marcos regulatorios, con el fin de afirmar los intereses nacionales por encima del mero interés lucrativo y de priorizar los intereses del conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses de los capitales e instituciones del poder concentrado nacional y transnacional.
En ese sentido, nuestro proyecto estipula regulaciones más estrictas que las actuales, como por ejemplo establecer un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el criterio de “banca universal”, abandonando el criterio actual de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida. Además, se determina que ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 10 por ciento, tanto en el total de depósitos como de financiaciones  con el sector privado.

Se incorpora una definición precisa para diferenciar las entidades de capital nacional y las de capital extranjero. Para las entidades financieras de capital extranjero y para las representaciones de entidades financieras del exterior, se incorporan criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional, algunos de los cuales se encontraban presentes en textos legales anteriores a la Ley 21.526. Específicamente, se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como para aumentos de participación en el capital de entidades financieras y nuevas inversiones del exterior en el sistema financiero. Además, se restablece el criterio de reciprocidad con los países de origen.

El proyecto de ley instaura un fuerte fomento a la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior, un objetivo incorporado también en la nueva Carta Orgánica del BCRA.
Entre otras, se dispone que la Autoridad Monetaria diseñe un régimen de delegación de determinadas operatorias financieras de pago, ahorro y crédito a través de empresas de servicios públicos, cooperativas y otras entidades de carácter social, con el objeto de ampliar la cobertura geográfica y el acceso de la población a los servicios financieros.

En cuanto a las necesidades de los usuarios de servicios financieros, el proyecto los aborda desde tres ejes esenciales: el primero de ellos es el que denominamos “democratización de los servicios financieros”; entre otras regulaciones, que establece la obligación para cada banco de destinar, como mínimo, el 48 por ciento de su cartera a préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a  los préstamos para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares, por montos inferiores a los 500.000 pesos, y un 2 por ciento para financiar a microemprendedores. El insuficiente acceso al crédito de las MiPyMEs ha sido un problema crónico en la Argentina y el objetivo de esta regulación es la de aumentar el volumen de crédito al sector. Complementariamente, se induce un mayor dinamismo de la oferta de préstamos para la vivienda, con el objeto de contribuir a resolver el déficit habitacional para el segmento de la población con cierta capacidad de ahorro.

También se establece un costo financiero total máximo para los sectores más desprotegidos, micro y pequeñas empresas, los destinados a la construcción, compra y refacción  de viviendas únicas familiares por un monto máximo de 300.000 pesos y préstamos personales hasta 150.000. Este costo no podrá exceder en una proporción del 20 por ciento adicional el Costo Financiero Total Medio del sistema financiero, correspondiente a estas líneas de préstamo.
De la misma forma, el Costo Financiero Total aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean rembolsados a través del sistema de código de descuento, no podrán exceder en cinco puntos porcentuales anuales adicionales la tasa informada mensualmente por el Banco Nación para estas operaciones, reflejando el contenido del decreto presidencial 246/11.

Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones. La Cuenta Gratuita Universal implementada por el BCRA ha sido incorporada a nuestro proyecto.
El segundo eje lo constituye la “Protección del usuario de los servicios financieros”, por el cual se crea en el ámbito del Banco Central una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. Esta norma es coincidente con la reciente creación de la Gerencia Principal de protección al Usuario de Servicios Financieros por parte del Banco Central, pero nuestro proyecto avanza aún más: establece que los bancos deberán crear un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros, de acuerdo con la reglamentación que establezca el BCRA. También encomienda a la Autoridad Monetaria implementar un Código de Conducta para las entidades financieras.
El tercer eje es la reincorporación al seno del Banco Central del Sistema Estatal de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la Ley 24.485 de 1995.
El objetivo es ampliar la protección de los pequeños ahorristas, impidiendo que la misma se encuentre sujeta a la disponibilidad de recursos en el Fondo de Garantía creado por esa ley. En el Sistema Estatal de Garantía, incluido en la presente ley, es el Estado Nacional el que garantiza los depósitos de los pequeños ahorristas.

Es síntesis, el Proyecto de Ley de Servicios Financieros instala iniciativas claras y precisas para ir avanzando en la conformación de un sistema financiero que posea fuertes vínculos con el desarrollo productivo y social. Estoy convencido que con el tiempo se irá profundizando el modelo económico y, por lo tanto, se incrementarán las posibilidades de profundizar también los cambios sobre el sistema financiero, como  propone nuestro proyecto.

Artículo publicado en la Revista Debate.

Por un servicio de interés público

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El nuevo proyecto de Ley de Servicios Financieros apunta a modificar el espíritu de las normativas impulsadas durante la dictadura.

ley-de-servicios-financieros-101El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, del Frente Nuevo Encuentro (presentado el 31 de julio último), tiene en cuenta las últimas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y otras normativas financieras. El proyecto original de Ley de Servicios Financieros no cambia en lo esencial: se pasa de una ley para bancos, a una legislación pensada en los usuarios de los servicios financieros. La gran diferencia conceptual con la Carta Orgánica es que la misma indica lo que el BCRA “puede” realizar; en nuestro proyecto, establecemos pautas que las Entidades “deberán” implementar.

El Proyecto modifica el espíritu de la ley de entidades Financieras 21.526, y cumple con una reivindicación histórica del movimiento cooperativo al cual pertenezco. Para darle un marco adecuado a la iniciativa, conviene identificar las razones de la necesidad de derogación de la Ley de Entidades Financieras de 1977, no sólo porque es una legislación de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que, en aquella época, se identificaban con la escuela de Chicago, y que luego se consolidaron en el “Consenso de Washington”. La Ley de Entidades Financieras fue el instrumento que permitió la implantación del modelo de revalorización financiera, que destruyó a la producción y generó grandes costos sociales.

La sanción de las leyes no se realiza en un contexto de aislamiento y asepsia respecto del debate y la toma de posiciones de la sociedad civil y sus instituciones. Como en otros países hermanos de Latinoamérica, asistimos a una revalorización de lo nacional y de lo estatal en las actividades estratégicas, como una forma de lograr desarrollos económicos sostenibles.

En la Argentina, se ha declarado de “interés público” a la producción de pasta celulosa y de papel para diarios y  a la actividad hidrocarburífera. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación sendos proyectos, con el objeto de asignar el carácter de interés público a ambas actividades y a diseñar un denso marco regulatorio para cada una de ellas, proyectos que fueron convertidos en ley.

El proyecto de Ley de Servicios Financieros recientemente presentado declara a la actividad financiera como un servicio de interés público, haciendo expresa la decisión de poner a la legislación de servicios financieros dentro de esta corriente de ideas y de diseño de marcos regulatorios, con el fin de afirmar los intereses nacionales por encima del mero interés lucrativo y de priorizar los intereses del conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses de los capitales e instituciones del poder concentrado nacional y transnacional.

En ese sentido, nuestro proyecto estipula regulaciones más estrictas que las actuales, como por ejemplo establecer un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el criterio de “banca universal”, abandonando el criterio actual de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida. Además, se determina que ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 10 por ciento, tanto en el total de depósitos como de financiaciones  con el sector privado.

Se incorpora una definición precisa para diferenciar las entidades de capital nacional y las de capital extranjero. Para las entidades financieras de capital extranjero y para las representaciones de entidades financieras del exterior, se incorporan criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional, algunos de los cuales se encontraban presentes en textos legales anteriores a la Ley 21.526. Específicamente, se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como para aumentos de participación en el capital de entidades financieras y nuevas inversiones del exterior en el sistema financiero. Además, se restablece el criterio de reciprocidad con los países de origen.

El proyecto de ley instaura un fuerte fomento a la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior, un objetivo incorporado también en la nueva Carta Orgánica del BCRA.

Entre otras, se dispone que la Autoridad Monetaria diseñe un régimen de delegación de determinadas operatorias financieras de pago, ahorro y crédito a través de empresas de servicios públicos, cooperativas y otras entidades de carácter social, con el objeto de ampliar la cobertura geográfica y el acceso de la población a los servicios financieros.

En cuanto a las necesidades de los usuarios de servicios financieros, el proyecto los aborda desde tres ejes esenciales: el primero de ellos es el que denominamos “democratización de los servicios financieros”; entre otras regulaciones, que establece la obligación para cada banco de destinar, como mínimo, el 48 por ciento de su cartera a préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a  los préstamos para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares, por montos inferiores a los 500.000 pesos, y un 2 por ciento para financiar a microemprendedores. El insuficiente acceso al crédito de las MiPyMEs ha sido un problema crónico en la Argentina y el objetivo de esta regulación es la de aumentar el volumen de crédito al sector. Complementariamente, se induce un mayor dinamismo de la oferta de préstamos para la vivienda, con el objeto de contribuir a resolver el déficit habitacional para el segmento de la población con cierta capacidad de ahorro.

También se establece un costo financiero total máximo para los sectores más desprotegidos, micro y pequeñas empresas, los destinados a la construcción, compra y refacción  de viviendas únicas familiares por un monto máximo de 300.000 pesos y préstamos personales hasta 150.000. Este costo no podrá exceder en una proporción del 20 por ciento adicional el Costo Financiero Total Medio del sistema financiero, correspondiente a estas líneas de préstamo.

De la misma forma, el Costo Financiero Total aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean rembolsados a través del sistema de código de descuento, no podrán exceder en cinco puntos porcentuales anuales adicionales la tasa informada mensualmente por el Banco Nación para estas operaciones, reflejando el contenido del decreto presidencial 246/11.

Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones. La Cuenta Gratuita Universal implementada por el BCRA ha sido incorporada a nuestro proyecto.

El segundo eje lo constituye la “Protección del usuario de los servicios financieros”, por el cual se crea en el ámbito del Banco Central una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. Esta norma es coincidente con la reciente creación de la Gerencia Principal de protección al Usuario de Servicios Financieros por parte del Banco Central, pero nuestro proyecto avanza aún más: establece que los bancos deberán crear un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros, de acuerdo con la reglamentación que establezca el BCRA. También encomienda a la Autoridad Monetaria implementar un Código de Conducta para las entidades financieras.

El tercer eje es la reincorporación al seno del Banco Central del Sistema Estatal de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la Ley 24.485 de 1995.

El objetivo es ampliar la protección de los pequeños ahorristas, impidiendo que la misma se encuentre sujeta a la disponibilidad de recursos en el Fondo de Garantía creado por esa ley. En el Sistema Estatal de Garantía, incluido en la presente ley, es el Estado Nacional el que garantiza los depósitos de los pequeños ahorristas.

Es síntesis, el Proyecto de Ley de Servicios Financieros instala iniciativas claras y precisas para ir avanzando en la conformación de un sistema financiero que posea fuertes vínculos con el desarrollo productivo y social. Estoy convencido que con el tiempo se irá profundizando el modelo económico y, por lo tanto, se incrementarán las posibilidades de profundizar también los cambios sobre el sistema financiero, como  propone nuestro proyecto.

Artículo publicado en la Revista Debate. 10 de Agosto de 2012.

El Frente Nuevo Encuentro presentó el proyecto de Ley de Servicios Financieros

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El Frente Nuevo Encuentro presentó hoy ante la Cámara de Diputados el nuevo Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social con el objetivo de derogar la norma 21.526 de entidades financieras dictada durante la dictadura militar en 1977, y remplazarla por una nueva regulación concebida desde el interés público, en base a las necesidades de los usuarios y con el objetivo de promover al desarrollo económico y social nacional.

La iniciativa cuenta con el respaldo de todo el Bloque del Frente Nuevo Encuentro e ingresó con las firmas de los diputados nacionales Carlos Heller, Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Juan Carlos Junio y Gastón Harispe.

Se trata de un nuevo texto sobre la base del proyecto original presentado en 2010, que tiene en cuenta los avances producidos con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, pero que además contempla otros cambios para ampliar y mejorar el acceso al crédito de las empresas y los particulares de todas las regiones del país, en particular de los sectores de menor potencial económico.

“La declaración de la actividad financiera como un servicio de interés público implica la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal por la importancia de la actividad para la comunidad. Dejar atrás la ley 21.526, sancionada de facto por la última dictadura militar, expresa la decisión de priorizar los intereses del conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses meramente lucrativos de los capitales e instituciones del poder concentrado nacional y transnacional”, expresó Heller.

“La Ley de Servicios Financieros está pensada desde los usuarios. En ese sentido, contamos con el respaldo de más de un millón de firmas que nos llegaron desde todas las regiones del país y con la adhesión de más de 2.300 empresas, cooperativas, organizaciones sociales, municipios, concejos deliberantes y legislaturas provinciales”, agregó el diputado nacional.

El proyecto de ley que acaba de tomar estado parlamentario postula que el 48%, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberá destinarse a préstamos a Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Para el cumplimiento de este 48% también se computarán los préstamos hipotecarios que las entidades otorguen para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares.

La propuesta también prevé la regulación sobre las tasas de interés de las operaciones crediticias de los sectores más desprotegidos y con menor capacidad de negociación.
En el texto, se detallan como objetivos del proyecto de ley: “Promover el acceso universal a los servicios financieros; proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios y proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas”.

Entre los motores del proyecto se destacan también: “impulsar el financiamiento productivo, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales; promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares; alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera; preservar la estabilidad del sistema financiero y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros”.

“Como en otros países de Latinoamérica, en Argentina asistimos a una revalorización de lo nacional y de lo estatal como una forma de lograr desarrollos económicos sostenibles, establecer la soberanía sobre los recursos naturales y las actividades estratégicas, y asegurar los derechos de los ciudadanos. El proyecto de Ley de Servicios Financieros fue concebido en este mismo sentido”, concluyó Heller.

Similitudes entre la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Servicios Financieros

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Banco CentralLa semana pasada estuvo Mercedes Marcó del Pont en el Congreso presentando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Contrariamente a lo que se quiso instalar –esto de que sólo informaría y se retiraría-, la titular del BCRA presentó el informe y se quedó tres horas y media contestando preguntas. Esto no quiere decir que las respuestas hayan dejado a todos satisfechos, porque eso ya depende de la ideología y los posicionamientos políticos de sus interlocutores, pero fue muy interesante que así sucediera.

Desde mi punto de vista en el proyecto hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el espíritu de nuestra Ley de Servicios Financieros. Incluso se han aceptado aportes nuestros que fueron agregados, como por ejemplo que dentro de las obligaciones del directorio se puedan establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Otro punto que también pedimos y se afectó, es que el desarrollo de la extensión de la red de sucursales pretenda ampliar la cobertura geográfica del sistema, atienda las zonas con menor potencial económico y menor densidad poblacional y promueva el acceso universal de los usuarios a los servicios financieros.

Desde nuestro bloque creemos que es una buena reforma a la Carta Orgánica y que devuelve al Banco Central funciones y capacidades para que su directorio pueda impulsar medidas de regulación y orientación del crédito, de fijación de tasas, incluso hay un capítulo de defensa de los derechos del usuario que tiene el espíritu de nuestro proyecto. Es que esta reforma incluye muchísimos de los cambios que venimos instalando y debatiendo hace dos años.

Sin embargo seguimos sosteniendo, como una cuestión de principios, que derogar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura es una asignatura pendiente, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Lo que vamos a hacer es presentar un nuevo proyecto que tenga en cuenta los avances producidos con al reforma de la Carta Orgánica pero que además contemple los cambios que creemos que todavía faltan, manteniendo nuestra idea base del Servicio Público.

Nuestra posición ante la Reforma a la Carta Orgánica del BCRA

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En el día de ayer, la Presidenta de la Nación en su discurso de apertura de Sesiones del Congreso de la Nación, además de un amplio detalle del Estado de la Nación y de las líneas de gobierno adoptadas, comunicó la presentación al Congreso de un proyecto de Ley de Reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de Convertibilidad.

Señaló que “hay que ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, la producción, lo que necesita la economía”. “Debemos saber que el Banco Central debe estar en función de la economía real”.

En este contexto, expresó: “no creo que sea necesario reformar la ley de entidades financieras. Creo que lo que hay que reformar es la Carta del Banco Central que es la que regula y controla a las entidades financieras, porque si no se hace un ruido que muchas veces parece más ruido y creo que son pocas nueces”.

Dado que nuestro trabajo durante estos dos años ha sido impulsar la Ley de Servicios Financieros, cabe reflexionar sobre esta estrategia del Poder Ejecutivo Nacional.

En principio, la modificación propuesta a la Carta Orgánica del BCRA le otorga gran cantidad de facultades que estaban consideradas en el Proyecto de Ley de Servicios Financieros. El proyecto del PEN establece como función del BCRA, entre otras, la regulación y orientación del crédito y la protección de los derechos de usuarios de servicios financieros y defensa de la competencia. Faculta a su directorio para dictar normas que preserven la competencia en el sistema financiero, y regular tasas de interés, como proponemos en nuestro proyecto, e incluso avanza más, ya que posibilita regular las condiciones de crédito en términos de tasas de interés, de plazos, comisiones y cargos, orientando su destino por medio de encajes diferenciales u otros medios.

También faculta al BCRA para promover la inversión productiva a largo plazo a través del otorgamiento de adelantos a los bancos para que los apliquen a este fin.
El proyecto también amplía las funciones del BCRA a promover, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social, similar orientación a la que impulsamos con nuestro proyecto de ley de modificación a la Carta Orgánica del BCRA presentado en 2010.

En función de estos conceptos, apoyamos plenamente la sanción del proyecto elevado por el PEN sobre modificación de la Carta Orgánica y la Ley de convertibilidad, puesto que es un gran avance respecto a la legislación actual y trabajaremos en el debate legislativo para continuar aportando nuestra visión.

Pero este proyecto no satisface la totalidad de nuestras aspiraciones y de los cambios que creemos imprescindibles.

Hay una facultad para orientar el crédito, pero no hay una obligación para hacerlo, como está previsto en nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros. En el proyecto del PEN, se habla de orientación general del crédito, y no existe referencia alguna a que el mismo se oriente principalmente a las pymes o a hipotecarios para vivienda.

No nos sentimos decepcionados, nunca dijimos que nuestro proyecto contaba con el aval oficial, lo que no frenó en absoluto el empeño en que se concrete.

En todo momento dijimos que el lobby al que nos enfrentábamos era poderoso, que se explicita a través de los titulares de los distintos medios de comunicación de hoy: (“Frenó cambios a la ley de Entidades Financieras y los mercados celebraron” - Cronista Comercial ) ; (“Buena señal: Advirtió a sus aliados que no es necesario reformar Ley de Entidades Financieras” - Ámbito Financiero).

De la misma forma se expresó el lobby español, que se enfocó en defender la totalidad de sus inversiones en Argentina. Creemos que esto ha influido para la mención de la Presidenta sobre el “mucho ruido”.

Nosotros advertimos y podemos interpretar que el gobierno evalúa que tiene varios frentes de conflicto abiertos y no desea ampliarlos, una estrategia que le compete específicamente.

Cuando presentamos el proyecto de Ley de Servicios Financieros, dijimos que el principal logro era la existencia legislativa del proyecto, que permitía instalar el tema en el debate parlamentario y en la opinión pública.

No creemos faltar a la verdad si decimos que nuestro proyecto contribuyó a generar las condiciones para que el gobierno decidiera realizar esta modificación de la Carta Orgánica que es positiva.

La propia Presidenta Kirchner expresó que “Yo siento que estamos transformando el país de hecho, pero no estamos plasmando en un plexo normativo lo que estamos haciendo”. Creemos que la derogación de las leyes heredadas de la dictadura y del menemismo es una condición necesaria para plasmar ese plexo normativo al que se refiere la Presidenta. Se está avanzando con la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, pero todavía queda la derogación de la Ley de Entidades Financieras y de la Ley de Inversiones extranjeras, entre otras normativas, como la estabilidad fiscal a las mineras, o la definición de los propios contratos de explotación de los recursos naturales.

Nuestra definición ha sido acompañar a este gobierno en todos los cambios positivos que ha implementado, pero también bregar porque los mismos se sigan intensificando, promoviendo cada vez más la profundización del modelo iniciado en 2003. Por ello continuaremos con nuestra prédica y nuestros ideales, manteniendo viva la discusión de los principios que hemos venido sosteniendo, y seguiremos trabajando, por la definición de la actividad financiera como servicio público, que es una reivindicación histórica de nuestro movimiento cooperativo y que la seguiremos defendiendo con el mismo empeño hasta que la relación de fuerzas permita que se convierta en ley.

También seguiremos sosteniendo, cono una bandera ideológica la derogación de la Ley de Entidades Financieras que fue elaborada por la dictadura y es funcional al sistema de valorización financiera en desmedro de la producción impuesto por la dictadura y el menemismo.

En este camino nos impulsan el millón de firmas que dieron su apoyo a nuestro proyecto, como así también la multiplicidad de organizaciones sociales y legislaturas provinciales y municipales que adhirieron.

En síntesis, nuestro trabajo no ha sido en vano; la tarea realizada generó condiciones y aportó ideas que contribuyeron a plasmar el proyecto que el PEN ha elevado al Parlamento.

Bs. As., 02 de Marzo de 2012

 

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