El discurso de Cristina Fernández de Kirchner a la Asamblea Legislativa, en el acto de asunción de su segundo mandato presidencial, ha sido una pieza cargada de símbolos y contenidos, que prefiguran una nueva fase del proceso iniciado en el 2003.

La Presidenta evocó a la joven comunista desaparecida, hoy homenajeada otorgando su nombre a un asteroide por la Organización Astronómica Mundial. Relacionó este hecho con una foto recientemente publicada de la presidenta de Brasil (cuando en su juventud prestaba declaración luego de ser torturada ante los tribunales de la sangrienta dictadura que también asoló al país hermano), y reflexionó sobre aquella joven militante estudiante de astronomía desaparecida, que podría estar en ese momento en el lugar que hoy ocupa como primera mandataria. Esto no es un simple hecho que se incluye en un anecdotario. Se trata de la confesión emocionada y emocionante de que hoy celebramos la llegada al poder político en muchos países de la región de los sueños de una generación y su disposición a defender las convicciones, en pos de la conquista de un mundo mejor, sin pobreza indignante y sin riquezas expoliadoras, con equidad y justicia social, con solidaridad y valores plenamente humanistas.

La retrospectiva del discurso presidencial marcó los puntos centrales de rupturas con el pasado reciente hegemonizado por el paradigma neoliberal. En primer lugar, la referencia a la política de derechos humanos, de memoria y justicia, ejemplo en el mundo de que es posible ponerle fin a la impunidad, y a la no criminilización de la protesta social.

Luego, también, destacó nuevamente el rol del Estado como actor central en materia de decisiones económicas y la reafirmación de que la verdadera jefatura económica no está radicada en “expertos” nominados por los grupos de poder, sino en la Presidencia como expresión de la voluntad popular ejercida a través del voto en forma democrática. Y, como cierre, simbolizado con aquello de que ejerce la presidencia de todos los argentinos y no de las corporaciones.

Vale la pena remarcar estos atributos del discurso, pues hace a continuar cimentando en la conciencia social y popular que lo conquistado es un piso del que no se puede retroceder. Se trata de la puesta en valor de la política como el eje de la construcción de una sociedad y un mundo de todos y para todos. Y esto es la antípoda de lo acaecido durante décadas en donde la política significaba la administración de las decisiones tomadas por los poderes concentrados tanto nacionales como trasnacionales.

La Presidenta no ahorró palabras para definir que, si bien el cambio es necesario y posible, no estará exento de disputas ni conflictividades, sobre todo con los sectores que se resisten a ceder los beneficios obtenidos bajo el andamiaje y la arquitectura del neoliberalismo, la teoría del derrame y de la soberanía de los mercados. Éste es un eufemismo conocido por esconder el verdadero significado de representar el poder de los que más poder tienen. Y dio como ejemplo concreto las presiones cambiarias sufridas recientemente y el costo que le significó al Estado nacional conjurarlas y superarlas.

Si bien llamó a la sensatez a quienes, desde el rol empresarial, inciden en el despliegue de la actividad económica, denominó sintonía fina al futuro rol del Estado en el monitoreo de las cuestiones que hacen a los aspectos que impactan en la producción, en el empleo y en la generación de recursos que permitan el sostenimiento de las políticas públicas. Y, en este sentido, reafirmó un objetivo y una bandera trascendente cuando aseguró que, mientras haya un solo pobre en la Argentina, no estará cumplimentado el proyecto nacional.

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Entre el conjunto de proyectos de Ley que envió el PE para ser considerado en Sesiones Extraordinarias, está el “dirigido a fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención, investigación de actividades delictivas con finalidad terrorista”.

Nuestra inmediata preocupación estuvo dirigida a evitar que hechos producidos en el marco de la protesta social o de cualquier otro derecho constitucional, pudiera ser calificado como destinado a “aterrorizar a la población”; si bien es cierto que en el mensaje del PE no deja lugar a dudas, ya que dice textualmente: “Por ende, resulta sumamente importante destacar que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de terrorismo conforme lo describen las convenciones internacionales”.

“De igual modo QUEDAN TERMINANTEMENTE EXCLUIDOS DE CUALQUIER INTERPRETACION CRIMINALIZANTE, LOS HECHOS DE PROTESTA SOCIAL, TODA VEZ QUE ESTOS ESTAN DIRIGIDOS A RECLAMAR POR DERECHOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencial nacionales, no dejarían de constituir un derecho constitucional”.

Agrega más adelante, “EN NINGUN CASO, LA PERSECUCION Y SANCIÓN DEL TERRORISMO PUEDEN AMPARAR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”.

A pesar de la contundencia del mensaje del PE, y del aval indudable que amerita su conducta en la materia, el Bloque de Nuevo Encuentro consideró necesario expresar en el articulado correspondiente precisiones expresas que no aparecían en el proyecto; durante varios días mantuvimos reuniones con distintos funcionarios del PE, autoridades del bloque del FPV, tratando de incorporar esos agregados y encontramos resistencia a introducir cambios al proyecto original, lo que motivó una firme decisión de nuestro bloque en el sentido de que, de no aceptarse nuestro requerimiento, votaríamos en contra del proyecto.

Cabe aclarar que el FPV contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto del PE, sin necesidad de contar con los votos de los Diputados de NE, por lo tanto se trataba de una valorización política de nuestro voto.

Finalmente se logró un acuerdo consistente en agregar en el articulo 41 quinquies, al final, el siguiente párrafo “las agravantes previstas en este articulo NO SE APLICARAN cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”; además se agregó un nuevo artículo que coloca exclusivamente en el fuero federal el tratamiento de estos temas, dejando por lo tanto excluida la posibilidad de actuación de jueces provinciales.

Este relato pretende explicar la complejidad de la negociación; no nos hace felices la sanción de esta Ley, pero creemos sinceramente que nuestra actuación mejoró el contenido final; sin duda hubiera sido más cómodo, y tal vez menos necesario de explicar, haber votado en contra del proyecto, que entonces hubiera sido aprobado sin los cambios sugeridos por nosotros.

Los integrantes del Bloque Nuevo Encuentro, reflexionamos profundamente antes de tomar la decisión y estamos convencidos que hicimos lo correcto.

En referencia al tratamiento sobre la ley contra el lavado de dinero:

Señora presidenta:

Trataré de ser breve. De todos los proyectos de ley que hemos tratado entre ayer y hoy éste debe ser el que, a priori, se puede presumir con un mayor consenso.

Por lo menos hasta aquí todos han expresado su aprobación en general, aunque luego algunos diputados vayan a plantear disidencias parciales.

Muchos han señalado que esto es producto de un trabajo que se ha hecho durante bastante tiempo. Se han consensuado cuestiones como los montos y otras que han facilitado este acuerdo.

Me voy a referir al artículo 13, que dice: “Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente: el sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.

Me parece que se trata de uno de los cambios importantes que tiene el proyecto de ley que estamos tratando en relación con la norma que está vigente hasta aquí, que posibilitaba que sujetos obligados que se encontraban en infracción o que eran denunciados -porque mediante una inspección se encontraba que no cumplían con sus obligaciones- llevaran adelante largos procesos judiciales, pagando a último momento, y eran eximidos de la sanción penal que les correspondía.

Lo que debemos decir es que no se puede pensar que es lo mismo pagar en el momento que corresponde que hacerlo luego de varios años de acciones judiciales. Esta no es una cuestión entre particulares, sino entre privados y el Estado nacional. Acá estamos hablando de evasión de impuestos, o sea, de recursos que se restan al presupuesto.

Ayer hemos tratado el proyecto de ley de presupuesto, donde vimos que el 60 por ciento del gasto está destinado al gasto social. También hemos escuchado en la exposición de motivos la voluntad de seguir profundizando ese proceso.

Recursos que no ingresan, son recursos que se restan a las políticas de salud, de vivienda, de educación, a la posibilidad de mejorar la asignación universal y a todo este conjunto de medidas y políticas que están contenidas en el presupuesto. Incluso muchos diputados que votaron en contra del presupuesto destacaron en particular inversiones que tenían que ver con obras vinculadas con sus provincias.

No es lo mismo el impago de un pagaré entre particulares que el impago de las cargas tributarias.

Se trata de una cuestión fundamental que, a mi juicio, rescata el proyecto de ley que estamos tratando en este momento.

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Señor presidente:

Me toca hacer uso de la palabra en nombre del bloque Nuevo Encuentro y lo primero que quería señalar es que he escuchado numerosas intervenciones en las que se alude a la falta de tiempo, al apuro y a la metodología que se ha utilizado para el tratamiento de este presupuesto.

Lo acabo de escuchar al señor diputado De Prat Gay, y le quería decir –tomando como ejemplo lo que ha manifestado- que el 30 de septiembre de este año, o sea, hace aproximadamente setenta y cinco días, el señor diputado escribió un artículo en el diario “La Nación” donde dijo que el gobierno le tendía una trampa a la oposición con el tratamiento de este presupuesto, porque estaba planteado de forma tal que se pretendía hacerlos elegir entre el menor de dos males: ser cómplices de una mentira o ser acusados de obstaculizar la gestión de un gobierno constitucional.

Continuó diciendo que esto era así desde 2003, cuando el Poder Ejecutivo inauguró la metodología de presentar un presupuesto con premisas falsas, subestimando los recursos y presentándolo al Congreso sólo para su aprobación o rechazo.

Sin duda que la primera observación es que el señor diputado De Prat Gay tiene mala memoria, porque fue presidente del Banco Central entre diciembre de 2002 y septiembre de 2004, es decir, mientras se aprobaron y se ejecutaron los presupuestos de 2003 y 2004. Que yo sepa en su momento no realizó ninguna crítica, y hoy las incluye porque sostiene que el presupuesto contiene premisas falsas.

También formuló un cargo para el conjunto de la oposición que no asume una postura de rechazo. El señor diputado De Prat Gay dice que algunos destacados diputados opositores evalúan optar esta vez por la complicidad y aprobar lo que venga del Poder Ejecutivo, porque no lo pueden dejar sin presupuesto.

Debo decir que la palabra “cómplice” tiene dos acepciones, porque me he tomado el trabajo de buscarla. Una es gentil, porque se refiere a la solidaridad y a la camaradería. Me parece que no es el sentido que le ha querido dar el señor diputado De Prat Gay.

La otra acepción tiene que ver con el hecho de participar o de estar asociado a un crimen o culpa imputable a dos o más personas, según lo que dice la Real Academia Española.

Es decir que todos aquéllos que se presten a aprobar este proyecto de ley de presupuesto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, serán cómplices de esta acción criminal, basada en un conjunto de falsedades.

Digo esto porque, luego de esas declaraciones, pareciera que lo que discutimos carece de sentido. Acá se asevera que estamos hablando de datos falsos, de un presupuesto falso, de un país que no existe y todos parecemos unos simples y obsecuentes seguidores de una propuesta que se hace y se vota porque hay que darle un presupuesto al Poder Ejecutivo. No es ésa nuestra postura, señor presidente. Hemos trabajado en ese análisis y adelanto que vamos a votar favorablemente partiendo de una cuestión esencial: el presupuesto es una ley eminentemente política, yo diría una ley política por excelencia, pues es la que permite plasmar un plan de gobierno que es la continuación de lo que se vino haciendo hasta aquí, aquello que llamamos el modelo. El resto de las cosas, los complejos cuadros de asignaciones presupuestarias, etcétera, son herramientas que se utilizan para cumplir este plan: pre supuestos, pre suponiendo que las cosas van a funcionar de determinada manera. Esta es la otra cuestión que es necesario tener presente cuando se habla de pre supuestos: se suponen escenarios, se supone que van a suceder determinadas cosas, y en función de ello se estima cuáles serán los resultados que tendrán esas acciones.

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