El viernes 18 de junio el diario La Nación tituló “Un gobierno con afán empresarial”, respecto a la intervención de Metrogas. “En buena hora” digo yo, porque en definitiva lo que el gobierno está haciendo en este caso es recuperar parte del manejo soberano sobre cuestiones estratégicas que se le quitó con las privatizaciones.
Estamos hablando de activos públicos que hay que conservar, y que ésta recuperación del rol del estado activo en la prestación de servicios esenciales para la población es algo que hay que ver como altamente positivo.
Pero veamos cómo surgió la intervención de Metrogas. La decisión se toma cuando la empresa le informa a la Bolsa de Valores de Buenos Aires que no puede cumplir con sus obligaciones financieras. Metrogas alega que la causa que los lleva a esta situación es el congelamiento de tarifas; lo que no dice es que desde el final de la convertibilidad que tienen un juicio contra el estado nacional, presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que es el organismo del Banco Mundial que resuelve los conflictos entre los inversores y los gobiernos.
Lo que sucedió es que, como la empresa se negó a renunciar a esta demanda, el gobierno en consecuencia se niega a renegociar contratos con ellos. Lo más destacable es que la deuda de la que hablamos es anterior al 2001, es decir, no surgió por causa del default.
Volviendo a la intervención, creo que es necesario recordar que estamos hablando del gas, un servicio público. Está claro que si la empresa tiene dificultades y no puede pagar sus vencimientos, peligra el normal funcionamiento de esa empresa, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la provisión de un servicio crítico, sobre todo en invierno.