La semana pasada finalmente pudimos reunirnos en comisión con los representantes de los banqueros locales y extranjeros. Asistieron al Congreso la cámara que agrupa a los bancos extranjeros (ABA), los representantes de los bancos privados de capital nacional (Adeba), las entidades que otorgan créditos al consumo (ABE) y la institución que componen los bancos públicos y la banca cooperativa (Abappra).
Algunos de los ejes que las entidades cuestionaron fueron los límites a las tasas de interés que pueden cobrar, la porción de los depósitos totales, la obligación de orientar una porción del crédito a las PyMES y la denominación de la actividad como un servicio público.
No me extrañan los argumentos que se escucharon durante la reunión, de hecho eran previsibles. Lo que no les gusta a las entidades es que nuestro proyecto de ley busca marcar un cambio de filosofía para que el sistema financiero tenga un rol distinto del que ha cumplido hasta aquí.
La ley actual tiene 33 años de vigencia y no resolvió ningún problema desde el punto de vista de los usuarios del sistema, podemos decir que ha sido un fracaso total. Yo creo que no tenemos que tener miedo a cambiarlo, sobre todo porque incluso después de aprobarse la legislación, puede seguir siendo modificada y adecuada.
La obligación a direccionar una porción del crédito a las PyMES y el segmento hipotecario familiar, y el techo a las tasas de interés para las micro y pequeñas empresas fueron los puntos en los que se concentraron los mayores cuestionamientos. Justamente en los que nosotros tenemos mayor convicción, porque es allí donde hace falta que se incluyan especificaciones. Está a la vista que el sistema voluntariamente no direccionó el crédito a ese sector ni lo va a hacer, creemos que tuvieron tiempo más que suficiente en estos 33 años. No podemos negar la necesidad y conveniencia de una regulación que fuerce la orientación del crédito en un sentido que hace al interés del país.