Cada vez más cerca: 500 mil argentinos ya firmaron por la Ley de Servicios Financieros

El proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social es una prioridad. No sólo porque su promulgación hará caducar una ley sancionada durante la última dictadura, aquella que organizó el andamiaje jurídico de un proyecto de país que arrasó con la industria nacional, con el trabajo de los argentinos y con toda posibilidad de erigir un proyecto de nación autónoma y soberana. Esa ley fue, demás, el núcleo ordenador del país para pocos, construido por las élites militares y económicas concentradas.

El actual modelo, caracterizado por el crecimiento sostenido y la expansión de la producción y del empleo, requiere de otro marco jurídico que organice el sector financiero. No es lo mismo un sector financiero que gire sobre sí mismo que otro que alimenta el crecimiento de la industria y del consumo de los argentinos. Remover el tejido legal del proyecto económico de la dictadura no sólo exige la negociación parlamentaria y la apoyatura de una mayoría legislativa. También requiere una amplia y sólida movilización y compromiso de la sociedad.

Como venimos afirmando, esta ley será sancionada sólo si logra involucrar de manera creciente a los sectores populares, si estos la defienden e impulsan. Del otro lado, los lobbies que defienden privilegios están activos, no quieren perder sus beneficios. No quieren que la actividad financiera sea considerada por ley como un servicio público, por una cuestión profundamente ideológica: son partidarios del más absoluto libre mercado. Tampoco desean un proyecto confeccionado desde las necesidades de los usuarios, quieren que continúe la actual ley que liberaliza en forma extrema las operaciones de las entidades financieras. Tampoco quieren los proyectos de modificaciones presentados por diputados de la derecha. Quieren la actual ley.

El proyecto de Ley de Servicios Financieros establece un cambio de concepto, a partir del cual se requieren determinadas regulaciones encaminadas a orientar positivamente el impacto del sistema financiero en la economía. Por eso se establecen normas para una mejor llegada de las entidades financieras a las zonas de menor población y desarrollo relativo, y a la mayor cantidad posible de habitantes. El proyecto también incorpora normas de direccionamiento del crédito, exigiendo que las entidades dediquen al menos el 43% de su cartera a los préstamos a pymes e hipotecarios para la vivienda, así como estableciendo una tasa máxima para los sectores más desprotegidos, micro y pequeñas empresas y préstamos personales de bajo monto: no podrá superar el 20% de la tasa promedio del mercado para esos sectores. Si la tasa promedio fuera del 15%, la máxima llegaría al 18%. Los sectores financieros concentrados no quieren que la sociedad les diga cómo orientar sus créditos, quieren que esa orientación la decida la codicia por lograr la máxima tasa de ganancia. Por eso, nosotros decidimos a recurrir a la sociedad y a los sectores populares para que apoyen nuestro proyecto. Y que pueda ganarle a los partidarios del statu quo que defienden la ley de la dictadura. Como siempre, se trata de relaciones de fuerzas. Y, nosotros nos hemos dedicado todo este tiempo, en paralelo al trabajo parlamentario, a juntar fuerzas.

A través de distintas iniciativas. Y ya hemos logrado algunos resultados. Hemos recolectado más de 500 mil firmas de argentinos que entienden e impulsan la necesidad de sancionar nuestra Ley de Servicios Financieros. Tres mil organizaciones cooperativas, sociales y políticas del país también han brindado su apoyo al proyecto de ley, entre ellos, cooperativas de distintas ramas, cámaras de comercio e industria, sindicatos locales, numerosas legislaturas provinciales. También adhirieron varios concejos deliberantes de localidades de distintas provincias, así como intendentes de diversas localidades del interior del país. Y esto es el inicio. Cientos de organizaciones continúan adhiriendo. Al igual que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que transitó ámbitos diversos de discusión en toda la geografía del país, la Ley de Servicios Financieros hoy recorre ese camino. Un camino de intercambios, de polémicas y de debates diversos. En el interior y en el centro del país, en las organizaciones políticas, sociales y económicas. Entre todos. Sólo la sociedad movilizada y comprometida puede lograr desarmar uno de los principales andamiajes jurídicos de la dictadura genocida. Estamos, trabajando en juntar más apoyos y en ganar iniciativa parlamentaria para el próximo periodo legislativo.

La nueva Ley de Servicios Financieros para el desarrollo económico y social es un paso decisivo para la profundización del actual modelo, para que pueda alcanzar un desarrollo económico con una equitativa distribución del ingreso y la reducción de la indigencia y pobreza a cero.