Fecha de ingreso: 16.09.2010
Estado: en comisiones de “Educación” y “Asuntos Municipales”
Firmantes: Sabbatella, Martin – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires; Ibarra, Vilma Lidia – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Ciudad De Buenos Aires; Heller, Carlos Salomon – Nuevo Encuentro Popular y Solidario Ciudad De Buenos Aires
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La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su repudio por la acción persecutoria y antidemocrática impulsada por el Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, a través del Ministerio de Educación porteño, el cual difundió, el 19 de agosto de 2010, un instructivo dirigido a los directivos de los Colegios Secundarios con el fin de inducir la delación y la judicialización de los estudiantes involucrados en la toma de escuelas en el marco del conflicto educativo que tiene lugar en la Ciudad.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto del corriente año el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió un Instructivo de Procedimientos para la toma de Escuelas en el que se definirían las acciones que deben realizar los directivos, docentes y personal auxiliar frente a “una situación de toma de escuelas por parte de los alumnos”.
En este sentido, se instruye a las autoridades para elaborar “un Listado lo más completo posible de alumnos/as que participen de la medida” y, al mismo tiempo, “las autoridades educativas, previa conformidad de las autoridades del Área, podrán efectuar una denuncia ante el organismos competente- Policía Federal Argentina- sobre el hecho de la toma y la posible configuración de un delito por parte de los participantes.”
Otro de los puntos del Instructivo agrega una directa presión sobre los padres, al inculparlos “por incumplimiento de los deberes correspondientes al ejercicio de la patria potestad”.
La matriz profundamente autoritaria del gobierno del ingeniero Mauricio Macri reconoce una consistente trayectoria en materia de imposiciones, persecuciones y amenazas en estos dos años de gobierno. Un somero recorrido por acciones de los tres ministros de Educación que definieron la política educativa en este gobierno da cuenta de esta continuidad represiva.
El (ex) ministro Mariano Narodowsky inició su primer período lectivo con el Memorando 4984.822-DGEGE-2008, con fecha 3 de marzo, prohibiendo a los docentes hacer declaraciones públicas a los medios, lo que generó airadas respuestas de la comunidad educativa por constituir una medida de corte profundamente ilegal y antidemocrática.
Asimismo, los ciudadanos fueron reprimidos por la policía, en ocasión de manifestaciones motivadas por el recorte de becas estudiantiles, el empeoramiento de las viandas escolares, el deterioro de las condiciones laborales docentes y problemas de infraestructura en las escuelas
La fugaz gestión de Abel Paretini Posse, quién demonizó a los jóvenes y reivindicó a la dictadura genocida, no contó con el tiempo suficiente para demostrar el modo en que aquellos discursos tremendamente autoritarios se convertían en medidas concretas.
El actual ministro Esteban Bullrich, quién venía precedido por su presentación en la Cámara de Diputados del proyecto denominado “Ley Federal de Educación” de corte absolutamente neoliberal, reveló apenas de asumir su mandato, su faceta conservadora con la prohibición de materiales del Bicentenarios, ordenados por la gestión anterior de Mariano Narodowsky.
Este nuevo paso punitivo da cuenta de una orientación antidemocrática, represiva, y promotora de valores incompatibles con una ética fundada en la justicia.
Siendo la educación una práctica social orientada, entre otras cosas, a contribuir a la socialización de las jóvenes generaciones, podemos afirmar que todas las prácticas sociales tienen un aspecto pedagógico.
Un gobierno que desfinancia a la educación pública mientras incrementa sustancialmente los aportes de erario público a la educación privada, no sólo manifiesta una orientación político-ideológica, sino que al mismo tiempo propone un modelo formativo sobre sus prioridades.
El vaciamiento de lo público – que se expresa en graves situaciones edilicias, expulsión de educandos del sistema educativo público, intensificación y deterioro de las condiciones laborales docentes, etc- ha recogido como respuesta de la comunidad educativa el repudio generalizado, siendo los estudiantes – primeros afectados por estas medidas- quienes han expresado su rechazo a una política educativa que destruye a la educación pública.
La respuesta a este legítimo reclamo ha sido, por parte del Gobierno de la Ciudad, la propuesta de elaborar listas negras y comprometer a la Policía Federal en la persecución de quienes no encuentran canales alternativos a la protesta para hacer oír sus demandas.
Afortunadamente, el memorando del Ministerio no induce a presentar las listas a la Policía Metropolitana, cuyos máximos jefes han sido procesados y encarcelados por acciones ilegales, otros tantos fueron oportunamente apartados de la Policía Federal y algunos más tienen vinculaciones con las represión genocida de la última dictadura militar.
Un Jefe de Gobierno procesado por escuchas ilegales, deslegitimado por una gestión ineficiente, repudiado por actitudes que atropellan la legalidad institucional responde frente al conflicto estimulando la delación y el castigo de quienes reclaman con justicia por sus derechos conculcados.
Estas decisiones, lejos de resolver los conflictos, los agudizan. Así quedó demostrado en el creciente número de instituciones educativas que se pliegan a la protesta. Esto es así en la medida en que lejos de resolver los problemas que dieron origen a las demandas, la acción gubernamental se circunscribe a reprimir a quienes reclaman por un derecho por el cual el Estado de la Ciudad es garante. Y lo es por razones éticas, jurídicas y políticas. La Constitución de la Ciudad es taxativa al respecto.
Exhortamos al Gobierno de la Ciudad a revisar sus prácticas autoritarias y represivas, reñidas con el piso democrático que nuestra sociedad no va a resignar. Las energías gobernantes en una democracia deben estar orientadas, según la definición clásica de democracia, a asegurar los derechos de los más vulnerables.
Por lo expuesto, solicitamos aprobar esta Declaración.