Resolución: Designar “Alfredo Bravo” al Anexo ‘ C ‘, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Fecha de ingreso: 20.04.2011
Estado: en comisión de “Peticiones, Poderes y Reglamento”
Firmantes: Basteiro, Sergio Ariel - Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires; Rivas, Jorge - Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires; Alfonsín, Ricardo Luis - UCR Buenos Aires; Heller, Carlos Salomon - Nuevo Encuentro Popular y Solidario Ciudad De Buenos Aires; Carrio, Elisa Maria Avelina - Coalicion Civica Ciudad De Buenos Aires; Macaluse, Eduardo Gabriel - Si Por La Unidad Popular Buenos Aires; Conti, Diana Beatriz - Frente Para La Victoria – Pj Buenos Aires; Solanas, Fernando Ezequiel - Movimiento Proyecto Sur Ciudad De Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Designar “Alfredo Bravo” al Anexo ‘ C ‘, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sito en la calle Bartolomé Mitre al 1800, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Mayoritariamente, quienes integramos esta Cámara realizamos buena parte de nuestra tarea legislativa en el Anexo “A”, de este cuerpo que lleva el nombre del extinto diputado nacional Juan Carlos Pugliese, en un justo homenaje para quien exhibió una trayectoria y una hombría de bien que lo convirtieron en un mentor para aquellos que a partir de diciembre de 1983 debimos hacer un curso acelerado de convivencia democrática.

En poco tiempo, esta H. Cámara habilitará un nuevo Anexo sobre el predio ubicado al 1800 de la calle Bartolomé Mitre, donde funcionarán varias de sus dependencias.

Ante tal circunstancia, nos parece oportuno proponer que, así como el Anexo ubicado sobre la Av. Rivadavia evoca a Pugliese, el nuevo edificio perpetúe la memoria de alguien que dejó su impronta en esta Cámara durante los años ´90 e hizo de su banca un punto de referencia en torno del cual se nuclearon legisladores de diferentes extracciones políticas para defender juntos a la educación pública y a los derechos humanos; como así también, para combatir en todas sus dimensiones al modelo neoliberal que, por entonces, se enseñoreaba en el país.

Nos referimos a Alfredo Pedro Bravo, quien se incorporó a esta Cámara el 10 de diciembre de 1991.
Por entonces, ya contaba con 66 años vividos intensamente y buena parte de la ciudadanía lo llamaba “el maestro Bravo”; un apelativo que iba más allá de su único título académico, el de Maestro Normal Nacional, y que alcanzaba la dimensión del magisterio cívico que supo ejercer desde el sindicalismo docente, la defensa a ultranza de los derechos humano y su dilatada militancia socialista.

A la actividad sindical se incorporó de la mano de otro gran docente argentino; nos referimos al profesor Italo Américo Foradori, quien le abrió las puertas de la entidad que precedió a la hoy desintegrada Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP). En representación de esa agrupación sindical, Bravo llegaría en 1958 a ser parte de la Comisión Redactora del Estatuto del Docente que acabó con la intervención del poder político y las influencias personales o partidarias en la designación de maestros y profesores y reglamentó la carrera de los trabajadores de la educación.

Los años siguientes lo encontraron a Bravo bregando por la unificación de la fragmentada organización sindical docente; objetivo que se concretó en la madrugada del 12 de setiembre de 1973, cuando más de 140 sindicatos de todo el país confluyeron en la Confederación Argentina de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Meses después, al fallecer Carlos Alberto Rocchi, quien fuera el primer Secretario General de la naciente entidad, le correspondió a Bravo ocupar ese cargo, en el que permaneció hasta 1984, año en que renunció para asumir la Subsecretaría para la Actividad Docente del entonces Ministerio de Educación y Justicia bajo el gobierno del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Bravo también ejerció el magisterio cívico junto a aquellos pocos que durante la última dictadura se animaron a emerger de las catacumbas para reclamar por los Derechos Humanos que los militares y sus socios civiles avasallaban sin miramientos. Lo hizo en su condición de copresidente de de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y jugándose más que el pellejo durante esa oscura etapa de nuestra historia.

Su valiente actitud de entonces lo transformaría en una víctima más de los dictadores; fue el 8 de setiembre de 1977, cuando un grupo de tareas lo secuestró mientras daba clases a adultos en la vieja sede de la escuela “Primera Junta” del barrio porteño de Caballito.

Durante casi dos semanas permaneció desaparecido y en manos del temible Ramón Camps -por entonces, un coronel del Ejército Argentino que comandaba a la Policía bonaerense- y en las de quien fuese su ladero, el tristemente célebre comisario Miguel Ángel Etchecolatz.

Con captores de esa calaña, el paso por la sala de torturas era inevitable y las sucesivas sesiones de picana eléctrica, de “cubo” (inmersión alternativa de las piernas de la víctima en sendos recipientes que contienen agua hirviendo y agua congelada), de crucifixión y de submarino húmedo dejaron en Bravo secuelas físicas que lo acompañarían hasta el final de sus días.

La movilización nacional e internacional de los docentes que reclamaban conjuntamente con la APDH por la aparición de Bravo llegó a conocimiento de Jimmy Carter, por entonces Presidente de los Estados Unidos que había convocado a sus pares del continente para participar del acto de traspaso de soberanía del Canal de Panamá a la nación centroamericana.

Durante la ceremonia, Carter encaró al dictador argentino Jorge Rafael Videla y le reclamó la aparición con vida de Bravo. La exigencia del presidente de los Estados Unidos fue satisfecha el 21 de setiembre de 1977, día en la que el futuro diputado nacional sería sacado del Centro Clandestino de Detención en el que había pasado trece tortuosos días para, luego de un par de traslados, ser alojado en la Unidad 9 de La Plata.

Detalles de aquella jornada de cautiverio clandestino fueron relatados bajo compromiso de decir la verdad por el propio Bravo en sendas declaraciones judiciales. La primera, en 1985, durante el Juicio a las tres primeras Juntas que comandaron la dictadura militar. La segunda, el 4 de abril de 2001, en el transcurso del Juicio por la Verdad realizado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Con aquellas vivencias a cuestas, Bravo no pudo tolerar que durante el gobierno de su amigo Raúl Alfonsín se sancionaran y promulgaran las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Por ello, renunció a su cargo en el Ministerio de Educación y Justicia y volvió al llano para ocupar su puesto de director de una escuela primaria porteña.

En ese puesto permaneció hasta que le llegó el momento de la jubilación. Claro que su intensa trayectoria previa no le permitía convertirse en miembro de la mal denominada “clase pasiva”. Por ello, siguió copresidiendo la APDH y, en el intento de contribuir a revertir la diáspora socialista, se incorporó al Partido Socialista Democrático, uno de los fragmentos del viejo y glorioso partido fundado en 1896 y que, a decir del brillante intelectual José “Pancho” Aricó, fue el “proyecto más coherente de nacionalización de las masas, de incorporación de los trabajadores a la vida nacional y de construcción de una democracia social avanzada”.

A casi un siglo de la fundación de aquel Partido Socialista, Bravo entendía que de los propósitos sintetizados por Aricó, los dos primeros se habían alcanzado; aunque, luego, bastardeados; respecto a la construcción de una democracia social avanzada, comprendía que era aún una asignatura pendiente de la política argentina.

Con esos convencimientos, se propuso reingresar a las instituciones de la República, cosa que logra el 8 de setiembre de 1991 cuando 7 de cada 100 electores de la Ciudad de Buenos Aires lo eligieron como diputado nacional.

Comienza entonces una nueva etapa de su vida; justo cuando el gobierno del Presidente Carlos Menem llevaba adelante y a su antojo una reforma estatal que derivaría en el famoso “desguace del Estado”, cuyas consecuencias aún se padecen. En aquellas circunstancias, no fue casual que uno de los primeros proyectos de ley presentado por Bravo se titulase “Régimen de Acceso a la Información” y que propusiera una herramienta de control ciudadano ante los despropósitos del menemismo o de cualquier otro gobierno.

En cuanto a su labor legislativa, un rápido conteo que realizamos a partir de información que proporciona el portal de Internet de la Cámara nos reveló que durante los casi 96 meses legislativos que transcurrieron desde que se sentara por primera vez en su banca hasta el día de su muerte, Bravo fue autor de 785 proyectos (92 de Ley, 547 de Resolución y 146 de Declaración); esto significa más de 8 iniciativas elaboradas por mes legislativo.

Por cierto, ese número nada dice si no nos adentramos en el contenido de sus propuestas. Al hacerlo, descubrimos el alto contenido humanista que ellas tuvieron. Mayormente, Bravo se dedicó a la temática de los Derechos Humanos y su proyecto más ambicioso fue el que presentó junto a sus colegas Juan Pablo Cafiero, Jorge Rivas, Alfredo Villalba, Adriana Puiggrós y Diana Conti con el propósito de declarar nulas a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y -en consecuencia- habilitar la reanudación de los juicios a los genocidas que esas normas habían interrumpido.

Ante una ventilada amenaza de veto presidencial si ese proyecto resultara aprobado, el Legislativo optó aprobar un proyecto del diputado Humberto Roggero que proponía derogar ambas leyes sin declarar su nulidad: un sutil modo de preservar la impunidad de los terroristas de Estado. Frente a esa decisión, Bravo advirtió: “Como en todo genocidio, la primera víctima es la verdad. Yo quisiera preguntar a qué verdad y a qué justicia nos estamos refiriendo aquí. Formulo esta pregunta porque si hoy derogamos y no anulamos estas leyes sólo estaremos ofreciendo un gesto testimonial sin devolver a las víctimas su derecho. De ese modo volverán a aparecer los reclamos porque el tema seguirá insepulto. Y lo insepulto siempre florece, no sólo sobre la faz de la Tierra sino también en la vida, la memoria y el corazón de los familiares de los detenidos desaparecidos.”

El vaticinio de Bravo se cumplió. El planteo de nulidad de ambas leyes volvió a florecer a través de una iniciativa que la diputada Patricia Walsh presentó con el acompañamiento del “viejo maestro” en 2001 y representó dos años después. Finalmente, un acuerdo entre distintos bloques dio origen a un proyecto con idéntico propósito que resultó aprobado por ambas Cámaras en agosto de 2003, cuando ya se habían cumplido tres meses del fallecimiento de Alfredo Bravo.

Pero el bregar de Bravo por los Derechos Humanos no se limitó a la búsqueda de la verdad y la justicia sobre lo ocurrido durante la dictadura, sino que también se ocupó de la vigencia de esos derechos en la etapa democrática y no dudó en reclamar pronunciamientos de la Cámara cuando ellos eran vulnerados fronteras afuera.

En materia educativa, su máxima batalla legislativa la dio contra la propuesta oficialista que terminó convertida en la nefasta Ley Federal de Educación: anticipándose a las consecuencias que ella tendría, advirtió sobre el desmembramiento del sistema educativo que iba a provocar y presentó su propio proyecto de Ley Nacional de Educación que, proyectándose hacia el futuro, reivindicaba las mejores tradiciones pedagógicas de nuestro país.

En otro orden, presentó diversos proyectos destinados a acompañar al empecinado intento de Alejandro Olmos por demostrar en los estrados judiciales el carácter fraudulento de la deuda externa argentina; tanto de la contraída durante la dictadura como la asumida en tiempos de democracia.

Los hechos de corrupción que se sucedían en la administración pública también preocuparon a Bravo, así lo demuestran sus investigaciones, sus pedidos de informes tendientes a evidenciar los negociados que se realizaban desde el Estado y sus consiguientes denuncias ante la justicia.

Tampoco fueron ajenas a sus preocupaciones las cuestiones del deporte y de la cultura. En el primero de esos campos vale recordar sus proyectos proteccionistas del patrimonio de las asociaciones civiles deportivas o los referidos a la responsabilidad de los dirigentes de esas instituciones. En el segundo, los destinados a rescatar la cultura popular y a reivindicar sus máximos exponentes; al respecto y a modo de anécdota parlamentaria, sentimos la necesidad de evocar el proyecto que presentara con motivo del fallecimiento de ese excelso compositor e intérprete de nuestro folclore que fue el “Cuchi” Leguizamón. Al proponer que la Cámara expresara pesar por su muerte nos enseñó a ser contundentes y, a la vez breve, a la hora de argumentar: escribió solamente “Gustavo “Cuchi” Leguizamón creó belleza. Cualquier otro argumento diluye lo esencial. Solicito la aprobación de este proyecto de resolución”.

Adelantándose al hoy visible problema de la falta de viviendas, se opuso a la privatización de parte del capital accionario del Banco Hipotecario y, una vez concretada esa nefasta medida, impulsó diversas medidas para amenguar sus consecuencias y defender el derecho de sus deudores de conservar la casa propia.

Pero el aporte sustantivo que Bravo le hizo a este cuerpo fue la incorporación a la agenda legislativa de temas sobre los que muchos preferían no hablar escudándose “lo políticamente correcto”. Lejano a esa forma de hipocresía, presentó su proyecto de Ley sobre “Paternidad Responsable” en el que introdujo la aún pendiente despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En igual sentido podemos mencionar sus iniciativas sobre identidad de género o sobre beneficios a los pacientes de HIV.

Podría decirse que fueron pocas las iniciativas de Alfredo Bravo que prosperaron y eso no faltaría a la verdad. Por cierto, contaba con la desventaja de no haber transitado -salvo su breve paso por la Alianza- por las veredas oficialistas que suelen favorecer los afanes legislativos; sin embargo y tal como lo dijo el poeta, hizo camino al andar.

Sus convicciones, sus intuiciones y su capacidad para transgredir el status quo imperante en cada momento histórico hicieron que durante sus sucesivas diputaciones se convirtiera en un referente de la sociedad.

Quienes compartimos con él su etapa de diputado nacional lo recordamos caminando por las calles de la Ciudad y recibiendo de los vecinos expresiones de afecto en las que siempre estaba presente la palabra “maestro”. “¡No afloje, maestro!”, le gritaban. “¡Fuerza, maestro!”, lo alentaban. No faltaba el que -conociendo su condición de entusiasta hincha del Club Atlético Ríver Plate- le reprochara respetuosamente: ¡Qué lástima, maestro, que sea gallina!

Para graficar el afecto popular que Bravo se supo ganar basta con recordar lo sucedido en los furiosos 19 y 20 de diciembre de 2001. Algunos de nosotros lo esperábamos en esta Cámara y él no llegaba. Mientras tanto, una multitud rodeaba el edificio y expresaba su repudio hacia la dirigencia política sin distingo alguno. De pronto, alguien que miraba por una ventana advirtió: “Ahí viene”. En efecto, a la altura de Combate de Los Pozos, el viejo maestro cruzaba la avenida Rivadavia con su andar ladeado mientras la muchedumbre indignada le abría el paso para que ingresara por el único acceso semiabierto del edificio Anexo, el de la rampa del estacionamiento que da a la calle Riobamba.

Aquel reconocimiento popular es el que explica sus sucesivas reelecciones como diputado nacional en los comicios de 1995 y 1999, como así también la cosecha de voluntades que lo convirtieron en senador electo por la Ciudad de Buenos Aires en 2001, cuando por primera vez en la historia los porteños pudieron elegir de manera directa a sus representantes en la Cámara Alta. Un posterior ardid judicial impidió que Alfredo Bravo ocupara su banca senatorial.

A punto de cumplirse el octavo aniversario de su fallecimiento, creemos justo que se lo reivindique como destacado miembro de esta Cámara. Por ello, solicitamos la aprobación de este proyecto de Resolución.

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