Estado, políticas públicas y economía social

Recientes sucesos económicos sirven para plantear el rol del Estado en la economía. El antecedente algo más lejano lo constituye la crisis financiera internacional, que sobrevino por la falta de regulación del Estado y que se resolvió con el salvataje a los bancos y empresas privadas. El típico enfoque neoliberal de privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas.

El otro antecedente es mucho más reciente, y tiene que ver con la decisión, aún del Estado, de jugar un rol más activo en la economía, a partir del decreto de necesidad y urgencia Nº 441/11 que permite a la Anses ejercer los derechos políticos; es decir, de votación en las asambleas, en forma proporcional a la cantidad de acciones que el Fondo de Sustentabilidad posee en 42 distintas empresas.

Si bien algunas empresas han aceptado la participación del Estado, otras compañías resistieron decididamente el decreto, en parte porque no desean el contralor del Estado, en parte por un enfoque ideológico. Es este enfoque ideológico que plantea la concepción del Estado inactivo, aquel que debe estar solamente para acudir en auxilio de los grandes grupos privados cuando tienen dificultades, con subsidios, con exenciones impositivas, pero jamás para hacer valer a pleno sus intereses y sus derechos.

Queda claro que con esta visión, sustentada por varios de los candidatos actuales a la futura presidencia de la Nación, volvemos a la vieja teoría del Estado subsidiario, que sólo funciona para garantizar los derechos de las grandes corporaciones.

En este marco, la discusión sobre la relación del Estado y la Economía social sería imposible de llevar a cabo, puesto que sería irrelevante. No habría conexión alguna. Sólo a aquellos que sustentamos la importancia del Estado como regulador de la economía nos interesa discutir el tema que estamos discutiendo. Y utilicé el ejemplo de la participación del Estado en las empresas públicas porque nos remite al concepto aún más amplio de la economía social, que es el potencial de la economía mixta: aquella en la cual Estado y privados participan conjuntamente para obtener una eficiencia no sólo empresaria, sino también social, un tema que no fue suficientemente debatido.

Hay innumerables ejemplos a nivel internacional de grandes empresas transnacionales que tienen capitales privados y estatales, en los rubros más estratégicos de la actividad económica y que son altamente eficientes.

En este aspecto hay que mencionar que, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente en el año 2003, la economía social es puesta en la escena de las políticas públicas del Estado, a partir de la implementación de diversos programas sociales de atención a la población en situación de pobreza.

Primero, el traspaso de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados implementado en el año 2002 hacia otros planes orientados al desarrollo productivo, en especial el “Manos a la Obra”, cuyos beneficiarios debían asociarse para desarrollar su trabajo, principalmente a través de cooperativas.

Otro hito que merece destacarse es la conformación de la Comisión Nacional de Microcréditos (CO.NA.MI) en el año 2006, encargada de la implementación de la Ley Nº 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social”. Más recientemente, encontramos el Plan de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, conocido como “Argentina Trabaja”, que se anunció en agosto de 2009 y contemplaba la creación de 100.000 puestos de trabajo. Para ello los “beneficiaros” deben conformar módulos de trabajo de 60 integrantes bajo la figura cooperativa de trabajo, para realizar tareas vinculadas al espacio comunitario como la actividad de construcción de viviendas, labores de reparación de escuelas, centros comunitarios, etcétera.

Si bien ha habido un gobierno que ha ido desarrollando políticas importantes hacia las cooperativas y otras entidades de la economía social, aún falta esa “política de Estado” en el fomento a las entidades de la economía social, política de Estado que sólo se puede lograr con la participación de los tres poderes de la Nación.

A mi juicio, el sector público ocupa un lugar destacado dentro del conjunto de la economía social. Debe quedar claro que las empresas de propiedad pública pertenecen al conjunto de la comunidad, siendo el Estado nacional, las Provincias y los Municipios quienes representan sus intereses.

Por la importancia estratégica de los sectores involucrados, y sus extendidos efectos sobre la actividad económica y el nivel de vida de la población, consideramos que le corresponde a las empresas públicas un lugar protagónico en los servicios públicos (distribución de electricidad, distribución de gas, agua potable, saneamiento, correo) y en el sector energético (explotación de petróleo y gas, energía nuclear, hidroelectricidad). Estas compañías de propiedad pública deberán tener estrechos vínculos con el sistema educativo y científico (educación técnica, INTI, INTA, Conea) e interactuar con una sólida e importante banca pública.

La gestión de estas empresas debería ser tripartita, con una dirección conformada por representantes del Estado, de sus trabajadores y de organizaciones sociales representativas (entre ellas las de usuarios y consumidores). Esta forma de gestión contribuiría a que la propiedad pública sirviera a las necesidades populares, evitando la ineficiencia y su cooptación por parte del poder económico.

Integran también el sector de la economía social las “empresas solidarias”. Estas empresas no tienen propósitos de lucro, y su propiedad pertenece a un colectivo o grupo de personas organizadas, con el objetivo de producir un bien o prestar un servicio dirigido a sus miembros y/o al mercado. Se trata de las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las empresas solidarias tienen una rica y larga tradición en nuestro país, en particular al Movimiento Cooperativo, cuyos principios están totalmente vigentes, quizá con más razón aun que cuando nació, hace 150 años.

Todo lo realizado fue gracias al enorme esfuerzo de sus fundadores y de los millares de dirigentes cooperativos que tomaron su testimonio.

Su presencia ya es significativa en sectores tales como servicios públicos (electricidad, gas, telefonía, saneamiento y agua potable), producción y comercialización agropecuaria, sector industrial, actividad bancaria y de seguros.

Pero sus beneficios no se limitan al plano económico. Las experiencias de autogestión económica han sido calificadas acertadamente de “escuelas de democracia”, fomentando así una actitud de mayor compromiso y participación societaria. Estos emprendimientos no sólo son posibles y generan resultados económicos concretos, sino que tienen un gran valor agregado en la medida en que contribuyen a moldear sociedades más democráticas, más igualitarias, en definitiva más humanas.

Esta nota fue publicada en la Revista Debate el día 23.06.2011