Intervención en la Sesión del Congreso - Miércoles 14.12.2011

Señor presidente:

Me toca hacer uso de la palabra en nombre del bloque Nuevo Encuentro y lo primero que quería señalar es que he escuchado numerosas intervenciones en las que se alude a la falta de tiempo, al apuro y a la metodología que se ha utilizado para el tratamiento de este presupuesto.

Lo acabo de escuchar al señor diputado De Prat Gay, y le quería decir –tomando como ejemplo lo que ha manifestado- que el 30 de septiembre de este año, o sea, hace aproximadamente setenta y cinco días, el señor diputado escribió un artículo en el diario “La Nación” donde dijo que el gobierno le tendía una trampa a la oposición con el tratamiento de este presupuesto, porque estaba planteado de forma tal que se pretendía hacerlos elegir entre el menor de dos males: ser cómplices de una mentira o ser acusados de obstaculizar la gestión de un gobierno constitucional.

Continuó diciendo que esto era así desde 2003, cuando el Poder Ejecutivo inauguró la metodología de presentar un presupuesto con premisas falsas, subestimando los recursos y presentándolo al Congreso sólo para su aprobación o rechazo.

Sin duda que la primera observación es que el señor diputado De Prat Gay tiene mala memoria, porque fue presidente del Banco Central entre diciembre de 2002 y septiembre de 2004, es decir, mientras se aprobaron y se ejecutaron los presupuestos de 2003 y 2004. Que yo sepa en su momento no realizó ninguna crítica, y hoy las incluye porque sostiene que el presupuesto contiene premisas falsas.

También formuló un cargo para el conjunto de la oposición que no asume una postura de rechazo. El señor diputado De Prat Gay dice que algunos destacados diputados opositores evalúan optar esta vez por la complicidad y aprobar lo que venga del Poder Ejecutivo, porque no lo pueden dejar sin presupuesto.

Debo decir que la palabra “cómplice” tiene dos acepciones, porque me he tomado el trabajo de buscarla. Una es gentil, porque se refiere a la solidaridad y a la camaradería. Me parece que no es el sentido que le ha querido dar el señor diputado De Prat Gay.

La otra acepción tiene que ver con el hecho de participar o de estar asociado a un crimen o culpa imputable a dos o más personas, según lo que dice la Real Academia Española.

Es decir que todos aquéllos que se presten a aprobar este proyecto de ley de presupuesto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, serán cómplices de esta acción criminal, basada en un conjunto de falsedades.

Digo esto porque, luego de esas declaraciones, pareciera que lo que discutimos carece de sentido. Acá se asevera que estamos hablando de datos falsos, de un presupuesto falso, de un país que no existe y todos parecemos unos simples y obsecuentes seguidores de una propuesta que se hace y se vota porque hay que darle un presupuesto al Poder Ejecutivo. No es ésa nuestra postura, señor presidente. Hemos trabajado en ese análisis y adelanto que vamos a votar favorablemente partiendo de una cuestión esencial: el presupuesto es una ley eminentemente política, yo diría una ley política por excelencia, pues es la que permite plasmar un plan de gobierno que es la continuación de lo que se vino haciendo hasta aquí, aquello que llamamos el modelo. El resto de las cosas, los complejos cuadros de asignaciones presupuestarias, etcétera, son herramientas que se utilizan para cumplir este plan: pre supuestos, pre suponiendo que las cosas van a funcionar de determinada manera. Esta es la otra cuestión que es necesario tener presente cuando se habla de pre supuestos: se suponen escenarios, se supone que van a suceder determinadas cosas, y en función de ello se estima cuáles serán los resultados que tendrán esas acciones.

Por lo tanto, a mí y a nuestro bloque nos pareció muy importante, antes de entrar en el análisis de los números, tener en cuenta las orientaciones y guías que se expresan en el mensaje de remisión del proyecto de presupuesto. Allí se dice: “…durante el ejercicio 2012, las prioridades en las políticas públicas estarán dirigidas a seguir generando las condiciones necesarias para lograr el desarrollo económico con inclusión social, dando continuidad al actual modelo económico de crecimiento con equidad”. No veo que aquí aparezca la palabra “ajuste”.

De la misma forma, al definir las prioridades de los gastos, dice: “…el objetivo de inversión en el área social continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la gestión del Gobierno. Se profundizarán las políticas de inclusión y desarrollo comunitario de la población más desprotegida de la sociedad, impulsadas y articuladas desde un Estado activo que concibe a los derechos de las personas como sujetos centrales en el proceso de acción colectiva”.

Por su parte, bajo el título “Gastos Prioritarios”, dice: “En el contexto de una solvencia fiscal basada en un resultado primario superavitario y en una sustentabilidad a mediano plazo, la asignación del gasto público se orienta conforme las prioridades que se reseñan a continuación:…” insisto que son las prioridades que se establecen en el mensaje “…la seguridad social –en primer término , la educación, ciencia y tecnología, la inversión en infraestructura económica y social, la salud, la promoción y asistencia social y la seguridad interior y sistema penal, procurando dar continuidad al proceso de crecimiento económico con equidad”. Estos son los objetivos que están incluidos en el mensaje que acompaña la elevación del proyecto de presupuesto.

En ese marco, el presupuesto prevé un crecimiento para el año algo superior al 5 por ciento. En el debate que tuvimos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda muchos diputados se han encargado de considerarlo subestimado. Tal vez hoy no lo crean así y digan que es excesivo en función de la situación derivada de la crisis internacional.

Este crecimiento que el presupuesto plantea está sustentado en un aumento del consumo del 4,7 por ciento y de la inversión del 7,9 por ciento. Estas cifras son bastante inferiores a las del año en curso, lo que nos lleva a suponer que se está previendo la volatilidad del entorno mundial y el impacto que esto pueda tener en nuestro país. Por eso se plantean cifras menos ambiciosas de las que tenemos en el desarrollo de la actividad en el año 2011.

En lo que respecta a las exportaciones, se espera que crezcan un 8,8 por ciento. Repito que estamos hablando de supuestos. Asimismo, en un supuesto que considero audaz, se plantea que las importaciones sólo aumentarán el 8,1 por ciento. Esta cifra sólo se podrá alcanzar con un fuerte control del ingreso de importaciones y con una fuerte política de fomento a la sustitución de importaciones, objetivos que, por otro lado, fueron específicamente expuestos por el entonces ministro de Economía –hoy vicepresidente de la Nación en la presentación que hiciera oportunamente y que están avalados por un conjunto de hechos; por ejemplo, el último convenio que se acaba de suscribir con Brasil para incrementar la cantidad de autopartes de fabricación local en los automotores que se producen tanto en la Argentina como en dicho país.

Las exportaciones medidas en dólares alcanzarían los 90.833 millones y las importaciones, 82.254 millones, generándose un saldo comercial positivo de 8.579 millones, valor similar al que tuvimos en el año 2010 e inferior al que tendremos en este año en curso.

También forman parte del presupuesto 5.674 millones para el fondo de desendeudamiento destinados a la cancelación del servicio de la deuda pública con tenedores privados correspondiente a 2012.

Aquí también me voy a permitir una digresión y, seguramente, voy a polemizar otra vez con el diputado De Prat Gay ya que él no puede ignorar que cuando se toman fondos del Banco Central para pagar a acreedores privados el Tesoro toma una deuda con dicho banco. Entonces, decir que no ha habido desendeudamiento es cuanto menos contar la película de una manera parcial. Ha habido desendeudamiento con el sector privado y los tenedores privados, y ese desendeudamiento ha sido reemplazado por deuda que el Tesoro Nacional contrae con otros organismos del Estado.

Una definición importante que trae el presupuesto es la forma en la cual se crece, centrada en el consumo y en la inversión. Esta es una característica que no es propiedad exclusiva de este presupuesto sino que continúa una tendencia de los dos años anteriores, donde la inversión bruta fija supera su participación como porcentaje del PBI, guarismo que se espera llegue al 23,9 por ciento en el 2012, superando el nivel máximo alcanzado en 2008.

La presión tributaria, tal como explicó el miembro informante, crece y se ubica por encima del 32 por ciento. Nosotros siempre sostuvimos que una de las condiciones esenciales para que el Estado desarrollara sus políticas –en especial las sociales es que contara con recursos suficientes. Una debilidad de nuestra economía era que la presión tributaria era escasa, ubicándose -en la búsqueda de ejemplos compatibles- muy por debajo de los otros países de la región.

Este 32 y pico de presión tributaria significa un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a 2002, cuando no se llegaba al 17 por ciento. Esta es una definición importante, porque marca efectivamente una decisión del Estado de proveerse de recursos suficientes, y esto debe ser valorado muy positivamente. De todos modos, coincido con muchas de las intervenciones que aquí se han hecho en el sentido de que resulta imprescindible cambiar el sesgo regresivo de la tributación a través de una profunda reforma tributaria.

Observamos que los gastos sociales crecen el 20,6 por ciento, mientras que los gastos totales lo hacen el 18,8 por ciento. Por lo tanto, nadie puede decir que hay una política de ajuste en el medio. El gasto social subirá por encima del total del gasto presupuestario. Con este crecimiento el gasto social representará nada más y nada menos que el 6 por ciento del gasto corriente, que se compone por los gastos de la seguridad social, jubilaciones, asignación universal y otros, que representan el 41,8 por ciento del gasto alcanzando un total de de 18.916.958 beneficiarios.

En esta línea sobresalen las acciones que otorgan cobertura a niños, jóvenes y embarazadas, y las relacionadas con la seguridad alimentaria, la creación de capital social y desarrollo productivo y comunitario, y el otorgamiento de pensiones asistenciales no contributivas. En este rubro, justamente, se destacan las prestaciones de la seguridad social, jubilaciones y pensiones, que alcanzan a 7.664.000 beneficiarios, aumentando en 283.300 el número de beneficiarios con respecto al año anterior.

La asignación universal alcanzará a 3.368.105 beneficiarios más, y la asignación por embarazo se extenderá a 95.400 mujeres, unas 33.500 más que el corriente año. Es decir que estamos hablando de un aumento del 54 por ciento de las prestaciones en este rubro.

Las pensiones no contributivas han sido promocionadas e incrementadas en un 150 por ciento desde el año 2005; en este caso hablamos de 700.000 personas. Además –como se ha dicho en otras oportunidades , gracias a las moratorias ofrecidas se incorporaron al sistema previsional 2.300.000 personas.

Completan el gasto social: educación y cultura, 7,6 por ciento del total de gastos; salud, 3,6 por ciento; promoción y asistencia social, 2,2 por ciento; ciencia y técnica, 1,6 por ciento; agua potable y alcantarillado, 1,4 por ciento, y vivienda y urbanismo, 1,1 por ciento.

En educación superior, se transferirán fondos a las universidades públicas para que alcancen una matrícula de 1.400.000 estudiantes con más de 83.000 egresados. Además, se incorporarán un millón más de computadoras portátiles mediante el programa Conectar Igualdad para alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas e institutos de formación docente.

El gasto total de Nación provincias en educación llegará al 6,47 por ciento del PBI, cuando en 2003 era del 2,2 por ciento. En el rubro salud, entre otras cosas, está prevista la entrega de 54.000.000 de vacunas; en 2012 habrá dieciséis tipos de vacunas gratuitas, cuando en 2003 sólo había seis.

De las finalidades no destinadas al gasto social, la que mayor gasto absorbe es la de servicios económicos, con el 19 por ciento del gasto total, principalmente los subsidios orientados a energía, combustibles, minería y transporte. Le siguen en importancia los servicios de la deuda, con el 8,9 por ciento del total, que aumentan con respecto al 2011 debido al pago del cupón del PBI que se llevará a cabo próximamente.

En las distintas intervenciones que ha habido hasta ahora se ha hablado del resultado fiscal. Para el año 2012 se estima que los recursos tributarios corrientes crecerán un 23,1 por ciento, mientras que los gastos crecerán un 18,8 por ciento, generando –como ya se explicó un superávit primario superior a los 46.000 millones y un resultado financiero ligeramente superavitario.

No se puede decir que esto es un ajuste. Esto es un superávit que se obtiene por la vía del incremento de los ingresos y de ninguna manera por la del recorte del gasto. Aquí se da un tema bastante paradojal, porque los que toda la vida defendieron el superávit fiscal ahora quieren déficit y critican la idea del superávit. En realidad, lo que no dicen y está implícito en esa postura es que si hay déficit, para resolver el problema hay que recurrir nuevamente al endeudamiento, para lo cual es necesario pasar por la ventanilla del Fondo Monetario Internacional. Lo que quieren es mandarnos a esa ventanilla otra vez. Por eso les molesta que se traiga un presupuesto que no presenta déficit fiscal y que otorga autonomía a la Nación para la toma de decisiones, sin verse obligada a tener que recurrir al endeudamiento externo. En este punto parece obvio, pero quiero dejarlo expresamente dicho: nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la transferencia de utilidades del Banco Central y las rentas del Fondo de Garantías Sustentables de la ANSES, que son recursos genuinos de la Administración Nacional, y por lo tanto son incluidos correctamente entre los ingresos corrientes del presupuesto.

También estamos cansados de escuchar que habría un déficit de tanto si no se computaran estos ingresos. A nadie le llama la atención que la Reserva Federal de los Estados Unidos transfiera al Tesoro todos los años el total de sus resultados positivos, pero parece una transgresión vaya a saber a qué principio que el Banco Central, concebido como un país independiente dentro de otro país más grande, transfiera sus utilidades para fortalecer las arcas del Tesoro Nacional.

Por la ley de presupuesto se habló aquí también de que se faculta al ministro de Planificación a realizar operaciones de crédito público nacional para inversiones prioritarias por 9.178 millones de dólares.

Se dijo que era un número del que no se conocía el destino, y voy a darles alguna información que saqué del presupuesto:

Mil quinientos millones son para la ejecución de proyectos ferroviarios, adquisición de equipos y otros en el marco del acuerdo con China.

Mil cuatrocientos millones para obras de generación, transporte y distribución, adquisición de energía o combustible. Mil trescientos cincuenta millones para la construcción del gasoducto del Noroeste argentino. Mil doscientos millones para la prolongación Villa Central Atómica Embalse, cuarta central nuclear CAREM, obra material insumos Atucha II. Seiscientos cincuenta millones para los acueductos regionales de Chaco, Santa Fe y Bahía Blanca. Seiscientos quince millones para otros proyectos de infraestructura ferroviaria.

Quiere decir que no hay tal cheque en blanco, porque están detallados los fondos y los proyectos en los que serán utilizados estos recursos.

Una de las orientaciones fundamentales a nuestro juicio para profundizar el modelo recientemente validado en las urnas tiene que ver con ir desarmando la legalidad que se instituyó en los períodos que denominamos neoliberales, que incluyen períodos democráticos y dictatoriales, porque es un lastre que frena la posibilidad de instalar un verdadero desarrollo a largo plazo con mayor equidad distributiva.

Uno de esos lastres es, precisamente, la estructura impositiva, que tiene un sesgo efectivamente muy neoliberal y por eso resulta altamente regresivo.

Este cambio no se puede aprobar así como así y requiere un gran debate de la sociedad, que debe darse sin dilación, y este Parlamento seguramente podrá tomar como uno de los temas que podrá llevar adelante con iniciativas propias en debates durante el año 2012.

Es necesario avanzar hacia una reforma impositiva de carácter progresivo que grave con mayor intensidad las altas rentas y los altos patrimonios.

Nosotros acompañaríamos con gusto un proyecto como el mencionado por el señor De Prat Gay, referido a gravar determinado tipo de renta financiera, las transacciones, las rentas de los cupones, bonos, etcétera. Quiere decir que si hay voluntad, por lo menos de nuestra parte va a encontrar apoyo para trabajar juntos en proyectos de esa naturaleza.

Hay que saludar las últimas decisiones del gobierno sobre la reasignación de los subsidios, eliminando los dedicados al gas, electricidad y agua en los sectores de altas rentas y creando una comisión para estudiar la reasignación y los recortes para el resto de los sectores.

Si bien el proyecto de ley de presupuesto prevé un crecimiento del 19,7 de los subsidios, que es muy inferior al 31,5 que se espera terminará siendo este año, hay que profundizar ese proceso, defendiendo el concepto de los subsidios como instrumento que puede mejorar la distribución del ingreso y la promoción de sectores estratégicos, pero reorientándolos en forma más eficiente.

En este aspecto reafirmamos nuestra postura de seguir subsidiando a los consumidores de menores ingresos, estableciendo herramientas que permitan direccionar los subsidios directamente a los usuarios. Como ejemplo, y respecto al transporte, la generalización de la tarjeta SUBE será un avance importante.

También hay que estudiar cuidadosamente las distintas actividades económicas y el impacto que la redistribución de subsidios puede causar en cada una de ellas, prestando particular atención a la situación de las pymes, que merecen un tratamiento especial, segmentado, para que puedan continuar invirtiendo y de esa manera incrementar más aún su producción y el empleo.

Por todos estos comentarios nuestro bloque va a apoyar el dictamen de mayoría respecto del presupuesto nacional.

Con respecto a la prórroga de la ley de emergencia económica, aquí aparece también otro contrasentido. Me he cansado de escuchar a diputados decir que el país está maravillosamente bien cuando se trata de hablar de esta ley y que no hace falta declarar la emergencia, pero al ratito el país está lleno de problemas. Cuando se habla de la ley de emergencia parece que los datos fueran todos positivos y no existe ninguna razón para mantenerla.

Yo quisiera hacer un análisis que parte de otro lugar. Estamos en un mundo cruzado por incertidumbres, que existe en especial en los países centrales de Europa y en los Estados Unidos. Allí sí se están llevando a cabo políticas de ajuste aplicadas prácticamente en todos los países, y por la reciente firma de un pacto fiscal los Estados de la Unión Europa excepto el Reino Unido, que no lo hace por ser más progresista sino para defender la autonomía de los bancos, para que no haya ninguna duda se comprometen a aplicar lo que se llama la regla de oro, es decir, déficit cero. Más precisamente, el pacto establece que el déficit fiscal no podrá superar el 0,5 por ciento del PBI. Esto nos permite suponer que varias economías seguirán en recesión, algunas estarán ingresando en ella y sin duda la mayoría verá abruptamente disminuido su ritmo de crecimiento a niveles mínimos.

Este panorama augura, en el mejor de los casos, una baja en la demanda externa de esta región, siempre y cuando la crisis financiera por la que atraviesan los bancos con carteras plagadas de activos tóxicos provenientes tanto de deuda hipotecaria como soberana no se agrave ni tenga consecuencias aún mayores.

Si bien la región se ha unido a través del Consejo Económico y Social de la UNASUR y, más recientemente, con la conformación de la CELAC para encarar en forma conjunta los problemas que la crisis puede generar sobre nuestras economías, ello no significa que nuestra región, como tampoco nuestro país, estén blindados ante las amenazas de la crisis externa.

En ese entorno la emergencia económica cobra sentido, y si bien hemos crecido significativamente desde 2003 –como bien se ha dicho resulta imperioso consolidar lo que se ha hecho. Creo que este ha sido otra vez el sentido del voto popular que ratificó este rumbo con el 54 por ciento de los votos ciudadanos.

Para consolidar lo ganado y enfrentar los efectos de la crisis internacional resulta esencial que el gobierno continúe con las atribuciones que le asignó la ley 26.204, por ejemplo, para regular los servicios públicos, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambio, para reactivar el funcionamiento de la economía –en el caso de que fuera necesario y para mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales. Del mismo modo debería continuar con la facultad que tiene por ley para crear condiciones tendientes al crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, aunque hoy deberíamos decir, con mayor precisión, continuar creando condiciones para el crecimiento económico.

El país acaba de transitar por una situación especial que derivó este año en una intensa dolarización de portfolios de los agentes económicos, lo que generó una caída de reservas de alguna significación. Hay que destacar que esta caída evitó una devaluación brusca, que hubiera perjudicado significativamente los ingresos de los trabajadores y frenado la importación de necesarios bienes de capital e insumos industriales para sostener la expansión de la frontera productiva.

Este suceso se ha enfrentado satisfactoriamente sin tener que utilizar siquiera los poderes especiales conferidos por la ley 26.204. Se logró a través de una importante decisión fiscal en el sentido de exigir transparencia a las operaciones cursadas por el mercado de cambio alguien acá habló de control de cambio y no hay ninguna medida vigente en tal sentido ; solamente se pide que todas puedan justificar el origen de los fondos utilizados para comprar divisas. Esto generó. Esto generó algún cimbronazo inicial por la manera en que estas medidas fueron instaladas en la opinión pública, pero a medida que todo el mundo podía retirar dinero de los bancos sin ningún problema, porque el Banco Central estaba en condiciones de proveerlo sin dificultades, la situación se fue normalizando paulatinamente, y podemos decir que, según los datos que tenemos, en la última semana prácticamente ha desaparecido el drenaje de depósitos en dólares.

Es decir, hubo una minicorrida que se desactivó rápidamente, en parte por las medidas del Banco Central y de la AFIP y, en parte también, por la solidez que ofrecen el sistema financiero y la economía argentina.

Esto nos sirve a nosotros para evaluar la necesidad de intervención del Poder Ejecutivo en materias esenciales como la cambiara y financiera, que la prórroga de la ley de emergencia económica le confiere. Porque además significa avanzar en la participación del Estado, y esto es algo que repetimos permanentemente: todavía hay muchas leyes de la dictadura y de la década del 90 en vigencia, que mantienen el espíritu neoliberal de desregulación de los mercados y de reducción de las funciones del Estado.

Entonces, ante los efectos que pueda desatar la crisis internacional, contar con un mayor poder de fuego del Ejecutivo, que debe ser rápido, tal cual lo requieren los acontecimientos, es sin duda una herramienta indispensable para enfrentar mejor los efectos de esa crisis.

En ese aspecto, los tiempos que se manejan en la formación de las leyes pueden ser demasiado largos para la rápida resolución que puedan requerir los problemas a encarar. De allí que nuestro bloque va a votar a favor de la prórroga de la ley 26.204, de emergencia económica.

La ratificación de las deducciones del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, dispuestas por la AFIP para los años 2010 y 2011, que estamos votando, resulta imprescindible, dado que de no producirse, se impactaría negativamente en una gran cantidad de trabajadores. Aun con la ratificación de esos mínimos no imponibles, efectivamente en algunos casos el impuesto alcanza a los mínimos de los convenios firmados, una situación que no es totalmente equitativa puesto que además ha erosionado parte de los aumentos salariales percibidos.

En ese aspecto nosotros proponemos, acompañando la idea de que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de fijar los niveles, que como mínimo se trabaje con la media de los aumentos salariales, lo cual formó parte de un proyecto que nuestro bloque presentó cuando durante el ejercicio legislativo pasado se discutió el tema del impuesto a las ganancias. Nuestra propuesta -en minoría consistía en que hubiera un ajuste automático que se hiciera por el promedio de los aumentos salariales pactados en convenciones colectivas de trabajo.

Nosotros compartimos la idea de que hay que dar mayor progresividad a este impuesto, no solamente en el tratamiento de los ingresos del trabajo sino también en cuanto a eliminar exenciones injustificables, como la que existe a la renta financiera, obviamente procurando no gravar los pequeños ahorros de los trabajadores, es decir, haciendo aquí también una adecuada segmentación.

Acompañamos también, por consiguiente, este proyecto que plantea el Poder Ejecutivo, con un agregado y una sugerencia, que tiene que ver con nuestra pertenencia cooperativa. Nosotros tenemos un mismo planteo respecto de que las entidades cooperativas no son sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias porque no generan las ganancias. En la actualidad se encuentran exentas, pero nosotros creemos que deberíamos avanzar para que sean sujetos no alcanzados por el impuesto.

Respecto de los impuestos a los débitos y créditos bancarios y a la venta de cigarrillos, los apoyamos, aun aceptando aquí también todo lo distorsivo que tiene el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, porque entendemos que para cambiarlo es necesario una discusión de fondo que incluya una reforma impositiva. Sería grave no aprobar esto hoy porque se generaría un fuerte desfinanciamiento para el Estado nacional.

En cuanto al proyecto sobre prórroga por cinco años del derecho de exportación a los hidrocarburos, se trata de una herramienta fundamental para el manejo de la política de precios y recursos naturales del país. Apoyamos la iniciativa y hacemos nuestros sus fundamentos, que expresan que, siendo los hidrocarburos un componente esencial de la matriz insumo-producto de la economía argentina, se hace necesario sostener un equilibrio de precios internos y tipo de cambio que permita mantener el actual esquema económico del país.

Sería altamente saludable que, al igual que con el petróleo, lo mismo se pudiese repetir con la minería. Esta es una asignatura pendiente sobre la que el Parlamento debería trabajar en el próximo ejercicio.

Me he referido a todos los temas en debate hoy y he expresado el voto favorable a todos ellos por parte del bloque de Nuevo Encuentro. (Aplausos.)

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