Discurso para la sesión histórica en la que se aprobó la ley de Soberanía Hidrocarburífera

Referencia: R° 6 / 5ta. Sesión Ordinaria (Especial)
Fecha: 02/05/2012
Tema: “Expropiación de la tenencia accionaria de Repsol YPF Sociedad Anónima” – Expediente 29-S-2012 (OD 288)

Es cierto como ha dicho hace un rato un Señor Diputado “que hay otra Argentina posible y es mejor. Es la que se comenzó a construir trabajosamente en el 2003 sobre el país desvastado que dejó el “Vendaval Neoliberal”.

Estoy convencido que hoy estamos legislando sobre un tema crucial para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar actual y futuro de los argentinos. En ese sentido, quiero adelantar el voto favorable en General y en Particular del Bloque del Frente Nuevo Encuentro.

El petróleo, a pesar del surgimiento y la evolución de fuentes no convencionales de energía, sigue siendo un elemento estratégico en el proceso de desarrollo de los países centrales y en desarrollo. En la matriz energética mundial el petróleo participa con un 34% y el gas con el 21%. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina el carbón, con sus graves perjuicios sobre el medio ambiente, explica un 27% de la oferta energética mundial.

Varios elementos dan muestra de este carácter estratégico.

El elevado precio en el mercado internacional que se explica por el aumento de la demanda (en particular de los países en desarrollo que lideran el crecimiento mundial) y por los costos crecientes de explotación.

Además de su importancia como fuente de energía los hidrocarburos son insumos esenciales para el proceso productivo en general y para el proceso industrial en particular. El sector de hidrocarburos es un importante demandante de bienes industriales y es un insumo de industrias claves como la petroquímica (fertilizantes, plásticos).

El mercado mundial del petróleo está dominado por gigantescas empresas transnacionales que avasallan las soberanías nacionales, que alientan y financian guerras, con el objetivo de asegurarse el dominio de los yacimientos. La mayor parte de los conflictos y golpes de Estado posteriores a la segunda guerra mundial tienen un fuerte olor a petróleo. Los gobiernos de los países imperialistas representan a menudo los intereses de sus gigantes petroleros, mientras que en muchos países dependientes los gobiernos actúan como sus socios, en detrimento de los intereses nacionales. Los ejércitos de los países centrales a menudo constituyen las avanzadas que desbrozan el camino para que las petroleras puedan desplegar sus negocios. El nombre de Haliburton ha quedado como símbolo de esta estrategia en la invasión a Irak.

Veamos la lista de la revista Forbes de las compañías más grandes del mundo. Dentro de las 20 mayores Exxon ocupa el primer lugar, siendo además la empresa más rentable del planeta. El 4° lugar lo ocupa la Shell, el 7° Petro China, el 10° Petrobras, el 11° British Petroleum, el 12° Chevron y el 15 Gazprom (Rusia). Es decir de las 20 empresas más grandes 6 son petroleras, tres de ellas de países centrales (EEUU y Gran Bretaña) y otras 3 del grupo de países denominados BRICs, China, Brasil y Rusia. Es un interesante mapa que refleja la distribución de poder mundial.

Dada esa configuración del poder planetario, la mayoría de los países ha entendido que sólo los Estados nacionales cuentan con el poder y las herramientas necesarias para asegurar la soberanía y colocar la actividad hidrocarburífera al servicio de los procesos nacionales de desarrollo y el bienestar de la población. Veamos cuáles son esas herramientas:

La adopción de marcos legales que otorgan a la actividad hidrocarburífera el carácter de actividad de “utilidad pública” o de “recursos estratégicos”, con todas las derivaciones que de ello se desprenden. Muchas veces, para que estas definiciones tengan más fuerza se las inscribe en las Constituciones nacionales. El establecimiento de políticas energéticas e hidrocarburíferas que incluyen además de las empresas estatales, un marco regulatorio para alinear los objetivos de las empresas petroleras (estatales, privadas y mixtas) con los objetivos nacionales y para lograr que la renta petrolera, es decir las ganancias extraordinarias, no sea apropiada por las empresas privadas en lugar de beneficiar al Estado, los trabajadores y los consumidores.

El sector de hidrocarburos en la Argentina

Argentina cuenta con una rica historia petrolífera, en la que la creación de YPF en el año 1922 constituye uno de sus hitos más destacados.

Veamos lo que decía el general ingeniero Enrique Mosconi sobre la empresa YPF:

¿Qué representa YPF para la Nación?, (9 de julio de 1936)
“Haber suprimido para nuestro país la situación de peligro, de inferioridad y de desventaja que existió hasta el año 1922, transformándola en situación de seguridad, de progreso y ventaja…”

“El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo”

“El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor, señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales…”

“YPF ha dado, a la Nación, la comprobación de que nuestro país ha alcanzado madurez técnica y administrativa para organizar y conducir con éxito las más difíciles empresas que caracteriza la compleja estructura económica de las naciones modernas. Este sería, sin duda, el rumbo que debiéramos marcar para convertir a nuestro país en centro de gravitación de las naciones meridionales de nuestra América”

En el plenario de Comisiones para el tratamiento del actual proyecto de Ley, un diputado señaló que “el petróleo no tiene ideología”, que lo único que importaba eran los logros cuantitativos de extracción y comercialización.

Nada más lejos de la realidad. Las diferentes políticas petroleras aplicadas por los diferentes gobiernos, reflejaron la ideología de las clases dominantes y de los gobiernos. Los dilemas estatal vs. privado, nacionalización vs. extranjerización, regulación vs. desregulación y dominio estatal vs. dominio provincial han sido encarados de diferentes modos en la historia argentina, en función de la ideología de los gobiernos y los intereses y la presión de las empresas petroleras. Comparemos aquellos dichos de Mosconi con la tristemente célebre frase de Dromi, “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado y saquemos conclusiones sobre si el tema es ideológico o no.

Obviamente no podemos desarrollar en esta intervención la evolución histórica de la actividad hidrocarburífera de nuestro país. Pero sí queremos hacer una breve referencia a la evolución del sector en el marco del modelo neoliberal de los años 90, proceso que ha dejado una profunda huella en la situación del sector.

La solución de los dilemas planteados fue tajante, se optó por la privatización, la extranjerización, la desregulación y la provincialización de la producción de petróleo y gas. La política neoliberal no sólo redujo la participación del Estado en el sector energético. La desregulación transfirió a las grandes empresas del sector toda la política de hidrocarburos.

La política neoliberal negó el carácter estratégico del sector, reconociendo exclusivamente su valor económico. El petróleo y el gas eran tratados como cualquier otro bien, pudiendo las empresas privadas decidir, decidir su mix de producción, la cuantía de sus exportaciones y la política respecto de las reservas.

La desregulación tomo cuerpo en tres decretos firmados a principios de 1989 (decretos 1055, 1212 y 1589) que reconfiguraron profundamente la estructura del sector. Estos decretos traducían un afán desregulador a favor de las empresas privadas extranjeras. Los decretos convirtieron los contratos de exploración y explotación vigentes en concesiones de libre disponibilidad. Las empresas pasaron a controlar el petróleo extraído sin reconocimiento monetario alguno a YPF y sin preocuparse por la evolución de las reservas. Estos decretos, que siguen vigentes, deberán ser anulados a la luz de las transformaciones que el proyecto que hoy estamos tratando impondrá en el sector de hidrocarburos.

Al mismo tiempo se implementó un proceso de desmantelamiento progresivo de YPF, vendiendo refinerías, buques, gasoducto, petroductos y declinando su participación en importantes yacimientos.

Finalmente, la ley 24.145/92 convirtió a YPF en una sociedad anónima. En 1997 se inicio la desnacionalización de YPF y en 1999 prácticamente la totalidad de las acciones estaban en poder de Repsol, que pasó a controlar la compañía. Las decisiones relativas a la marcha de YPF comenzaron a tomarse en España obedeciendo a los objetivos de Repsol, los cuales se divorciaban en forma creciente de los intereses nacionales.

Los objetivos de Repsol consistían, exclusivamente, en maximizar y girar a España las utilidades, política que conducía a reducir las tareas de exploración y, en consecuencia, a una declinación continua en las reservas comprobadas.

Según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”.

Sin embargo, las recetas que los españoles querían aplicar en nuestro país se encontraban en las antípodas de lo que recomiendan para sus propios recursos. En la Constitución española, su artículo 128, denominado “la función pública de la riqueza” dice lo siguiente:

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector publico recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”

Cuando lo hacen ellos responde a al interés general, cuando lo hacen los países en desarrollo como el nuestro lo denominan “confiscación” y acuden al remanido argumento del “clima de negocios o de la “seguridad jurídica”.

Los resultados de la privatización han sido altamente favorables a Repsol y fuertemente desfavorables a los intereses de la Nación Argentina. Entre 1997 y 2010, YPF distribuyó dividendos por U$S 13.246 millones, el 85% de las utilidades netas del período, lo cual anuló las posibilidades de capitalización de la compañía. Con ellos financió su expansión global para posicionarse en Trinidad Tobago, Perú Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia entre otros países. Es decir, lo que debían haber invertido en Argentina, se invirtió en el exterior, en negocios que, según su presidente, Antonio Brufau, le generaban mayor valor agregado (eufemismo por ganancias) y disminuían el riesgo gracias a la diversificación geográfica.

Durante 2011 YPF realizó la exploración de 30 pozos, cuando tenía concesionadas unas 60 áreas, un valor exiguo si lo comparamos con los 110 pozos exploratorios por año que, en promedio, realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes de la privatización.

Repsol intenta distorsionar la realidad y encubrir su verdadero accionar a través de una costosa campaña en los diarios, campaña que es apoyada por los medios de comunicación monopólicos y por algunos legisladores que repiten los argumentos españoles (“inseguridad jurídica”, “aislamiento internacional”, “represalias a las exportaciones argentinas”).

La verdad es que desde que Repsol ingreso a YPF la producción de petróleo de esa compañía se redujo en un 44% entre 1997 y 2011. Repsol fue responsable del 54% en la caída en la producción de petróleo y 97% de la reducción de la producción de gas en ese período.

Caída de la producción y reservas, disminución de la actividad de exploración, maximización del giro de utilidades al exterior configuran un comportamiento depredatorio del recurso y de virtual vaciamiento de la empresa.

El Sector de hidrocarburos en la Argentina

En la matriz energética argentina la oferta proveniente del petróleo alcanza al 36,8% y del gas el 51.6%. La suma de ambos arroja un 88,4%. Además, el 92,4% proviene de recursos no renovables. En la comparación internacional se destaca una muy alta participación del gas en la oferta energética nacional, mientras que las reservas de gas -gracias a la política de exportación del recurso diseñada en los 90- y a una caída en la exploración y la producción las reservas de gas cayeron del equivalente a 17 años en 1997 a sólo 7 años en 2011.

Entre las primeras 15 empresas que más venden en el país hay tres empresas del sector energético: YPF en el puesto 1, Panamerican Energy en el 6° y Esso en el 12°. Es decir el sector está privatizado, fuertemente concentrado y desnacionalizado.

El nuevo proyecto

Como lo han planteado otros diputados, somos participes de una jornada trascendente, un día de recuperación de la soberanía nacional, una jornada que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos.

Se trata, nada menos que de recuperar para el Estado Nacional la propiedad mayoritaria y el control de las decisiones de una empresa clave del sector hidrocarburífero. Estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, desregulador, privatizador y desnacionalizador vigente en los años 90 y escribiendo una página de soberanía concreta -no declamatoria- sobre nuestros recursos naturales.

Estamos recuperando las mejores tradiciones de nuestra rica historia petrolera, sumándonos a esta oleada de actos también valientes y trascendentes que otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela han adoptado en defensa de su soberanía sobre los recursos naturales. Para algunos de estos países se trata de medidas inéditas, que se adoptan por primera vez desde el nacimiento de su independencia política. Sabemos que el neocolonialismo, mantenía formalmente la soberanía nacional mientras que depredaban los recursos naturales en beneficio de las compañías transnacionales y los Estados imperialistas.

Nuestro país ha registrado desde el año 2003 hasta la actualidad el proceso de crecimiento más importante de su historia. Esta expansión productiva no puede explicarse sin un vigoroso proceso de inversiones. Por eso no tiene sentido lo que plantean algunos gurúes sobre el proceso de inversión. Para defender su posición señalan que nuestro país recibe menos inversión extranjera directa que la que captan otros países de América Latina. No comprenden (o no quieren comprender) que este modelo no se basa en la Inversión Extranjera, los actores principales del proceso de inversión son los actores domésticos, las empresas, (incluidas las pymes) y la mayor inversión pública.

Y lo más significativo es que este aumento de la producción ha sido acompañado por la inclusión de amplios sectores de la población gracias a un drástico aumento del empleo, a una mejora en la distribución del ingreso, explicada por la inclusión de cientos de miles de compatriotas a través de medidas tales como la asignación universal por hijo y el aumento de la cobertura del sistema previsional. En el plano de la lucha contra la pobreza, la mayor inclusión y la mejora en la distribución del ingreso queda mucho camino por recorrer, lo que no significa reconocer los grandes logros que se han alcanzado.

¿Porque es importante la sanción de la Ley que hoy estamos debatiendo?

Para mantener un ritmo sostenido de crecimiento debemos contar con una infraestructura energética que lo haga posible. La combinación de aumento en la producción y la industria, y caída en la producción de hidrocarburos sólo cierra con una mayor importación, mayor uso de divisas y más erogaciones fiscales. Sería un proceso no sustentable, que en algún momento del tiempo se traduciría en desaceleración del crecimiento y el empleo.

Es cierto que Argentina tiene que diversificar su matriz energética, disminuyendo su dependencia de los hidrocarburos y ampliando la participación de energía hidráulica, atómica y recursos no convencionales (eólica, solar). Pero estos procesos estructurales son lentos. Durante muchos años los hidrocarburos seguirán siendo el componente central de la matriz energética.

Algunos diputados preopinantes han señalado que la expropiación de las acciones de Repsol solo conseguiría que el Estado contara con el 15% del mercado de hidrocarburos (la mitad de la participación de YPF en el mercado local).

Se trata de una falacia, las acciones conjuntas del Estado Nacional y las Provincias estarán cohesionadas gracias a un pacto de sindicación por 50 años, que les permitirá tener el 51% de las acciones de YPF. ¿Una reflexión al respecto: los Señores Diputados que piden que también se expropie al Grupo Petersen, no se les ocurrió pensar que tal vez sea la mejor solución para los intereses de ese grupo?

Pese a que la participación de YPF en la producción de petróleo cayó del 42% al 34% entre 1997 y 2011 y la de gas del 35% al 23% en ese mismo período, YPF sigue siendo un actor protagónico de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y puede recuperar rápidamente su participación anterior, en la medida en que gracias a esta legislación se implemente un plan estratégico de aumento de la producción y las reservas.

En otras palabras YPF será una herramienta poderosa para avanzar en el objetivo de aumento de la producción, impulsar el proceso de reindustrialización, establecer un mix de productos acorde con las necesidades, actuar como “empresa testigo” en materia de precios y, en definitiva, recuperar el autoabastecimiento perdido (eliminación del déficit energético).

Las alianzas con otras empresas petroleras, privilegiando a aquellas empresas estatales de países en desarrollo permitirán obtener recursos adicionales para aumentar la exploración y la explotación, y aplicar nuevas tecnologías.

El control estatal de YPF permitirá que el Estado, los consumidores y los trabajadores tengan una mayor participación en la renta petrolera, es decir la diferencia entre el precio internacional y los costos de producción. Esta renta petrolera crece con el aumento de la cotización internacional del crudo, que ha más que compensado la reducción de la producción. Una estimación de la renta petrolera permite en el año 2011 se aproxima a los 13.000 millones de dólares. La recuperación de YPF permitirá tomar decisiones sobre cómo distribuir la renta petrolera (las ganancias extraordinarias) entre la Nación, las Provincias, las empresas, los consumidores y las empresas petroleras.

El corazón del Proyecto de Ley es su artículo 1° que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Republica Argentina el logro del autoabastecimiento.

Entre los dilemas de la política petrolera que mencionáramos anteriormente, este proyecto es parte de una política energética que opta por la regulación y la mayor participación del Estado, revertir la desnacionalización y lograr un equilibrio entre los intereses de la Nación y las Provincias.

Este proyecto se inserta decididamente en un proceso de creciente participación del Estado en las áreas estratégicas de la economía. Las formas de mayor participación estatal incluyen la mayor propiedad pública, la mejor regulación y un control eficiente, de modo de contribuir a fortalecer este modelo de desarrollo e inclusión que estamos llevando adelante.

Quienes se oponen a esta medida recurren nuevamente al remanido argumento de la intrínseca ineficiencia del Estado para llevar adelante proyectos que hacen al bien público. YPF ha demostrado en su historia que cuando la empresa desarrolla su actividad en un marco regulatorio adecuado y con profesionales eficientes y consustanciados con los objetivos de la empresa, los resultados son muy positivos. No dudamos que este será el camino que recorrerá una YPF controlada por el Estado Nacional.

La presidenta Kirchner ha señalado que la reforma constitucional de 1994 le sacó poder de negociación al Estado porque fragmentó ese poder dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión; una expresión con la cual acuerdo. A resolver este problema se encamina la distribución de las acciones expropiadas, con el 51% para el Estado nacional y el 49% para las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones que permite lograr obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.

Además, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora una fuerte barrera a futuras privatizaciones, al declarar que la actual expropiación se realiza por causa de utilidad pública, prohibiendo la transferencia de tales acciones salvo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, lo que le da una fuerte impronta de continuidad y seguridad jurídica.

El gobierno español ha salido en defensa de Repsol anunciando distintas medidas de retaliación, como las de cesar las importaciones españolas provenientes de Argentina y denunciar a la Argentina ante organismos internacionales. Nuestro país ha adoptado una decisión soberana basada en la declaración de utilidad pública y fundada en su legislación de expropiación, tal como España lo prevé para la defensa del interés público en su Constitución. No podemos descartar la continuidad de las presiones españolas en favor de su empresa, aunque la única vía legal que le queda a Repsol será –probablemente acudir al CIADI en función del Tratado Bilateral de inversiones entre Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de cincuenta Tratados Bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.

Si bien con la recuperación de YPF para el Estado Nacional hemos dado un gran paso, quedan pendientes una serie de medidas para reconfigurar el sector de hidrocarburos en función de nuestro desarrollo nacional independiente.

Entre ellos cabe mencionar:
Diseñar una política energética integral que incluya planes de corto, mediano y largo plazo para que el modelo de desarrollo e inclusión no encuentre en la infraestructura energética un obstáculo insalvable.

Dentro de esta planificación, el plan de acción de la YPF recuperada ocupa un lugar preponderante.

Cambiar la matriz energética desarrollando otras fuentes de energía, en primer lugar la hidráulica, cuyos recursos son renovables y no afectan al medio ambiente. También la energía nuclear debería tener una mayor participación, sabiendo que contamos con los recursos científicos tecnológicos necesarios. Otras fuentes no tradicionales, como la eólica y la solar merecen también un rol más importante en la oferta energética.

Es necesario también anular las leyes y decretos sancionados en la década de los 90, que siguen vigentes y que apuntan a un proceso de desregulación en favor del capital nacional y transnacional más concentrado.

Hay que revisar los Tratados Bilaterales de Inversión firmados en la década de los 90 que, como se pone de manifiesto en el caso del petróleo podrían limitar la adopción de medidas soberanas. Esta revisión debe extenderse a la Ley de Inversiones Extranjeras- Ley 21.382 sancionada en 1993.

Conformar alianzas y proyectos conjuntos con otras empresas petroleras estatales de nuestra región (los nombres de Petrobras y PDVSA aparecen como los primeros candidatos) de modo de contar con recursos adicionales para las cuantiosas inversiones que necesitamos en el sector.

Pero, queda claro que estas tareas pendientes no deben menoscabar la importancia histórica de la ley que estamos tratando. El consenso mayoritario que se advierte en la población y en el seno de las fuerzas políticas constituye, sin dudas un hecho auspicioso. Este consenso se asienta en una recuperación del rol de un Estado inteligente y eficiente en un modelo de desarrollo con inclusión y equidad distributiva.