La función de los Bancos Centrales

Recientemente, la función de los Bancos Centrales ha estado presente en distintas medidas que se han tomado tanto en nuestro país como en Europa, que permiten identificar el diferente enfoque de teoría económica, que es también ideológico, que imprime las decisiones aquí y del otro lado del Atlántico.
El Banco Central de la República Argentina ha estrenado su nueva Carta Orgánica a partir de la Circular “A” 5319, que dispone para un grupo de 31 bancos, 20 de ellos los más grandes del país, que deberán establecer una línea de financiamiento a las empresas para proyectos de inversión, por un monto equivalente al cinco por ciento de sus depósitos del mes de junio.
La aplicación de la nueva normativa que regula a la Autoridad Monetaria se da por varias facetas. La primera de ellas es que el programa de créditos es anunciado por la Presidenta de la Nación, dejando su implementación a la Autoridad Monetaria. Esta actitud es la clara aplicación del nuevo objeto del Banco Central, que tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, y que debe ser aplicada “en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional”.
También está capacitado para orientar el crédito, puesto que la Carta Orgánica lo faculta para “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”.
Una de las características de esta “línea de créditos para la inversión productiva”, como se la ha denominado, es que la mitad de los préstamos debe destinarse a micro, pequeñas y medianas empresas, una decisión notable y que, también, se inscribe dentro de las nuevas facultades del BCRA para “establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales”.
La tasa de los préstamos es de hasta el 15 por ciento, y tienen un plazo mínimo de tres años. Para evitar que alguna entidad quiera compensar la menor tasa del préstamo para inversión con otras financiaciones a tasas más altas, como por ejemplo para capital de trabajo, la normativa del BCRA establece que estas operaciones accesorias “deberán estar relacionadas con el promedio de tasas que cobren a la clientela para esos destinos a fin de no desvirtuar el objetivo de este régimen”.
Cabe resaltar que la tasa, que resulta muy conveniente para las empresas, es bastante cercana a la tasa promedio de las financiaciones por documentos a corto plazo del sistema, promedio en el cual influyen las tasas de los bancos oficiales. Esta nueva operatoria no genera ningún perjuicio económico a las entidades, salvo una menor rentabilidad relativa, que no justifica las fuertes caídas que han tenido las acciones de los bancos que cotizan en Bolsa luego de conocerse la noticia.
Otro aspecto a destacar de esta normativa es que está diseñada para que tenga un impacto positivo en la economía: los bancos deberán colocar cerca de 15.000 millones de pesos en proyectos que incrementan la inversión productiva, lo que se constituye en una medida eminentemente anticíclica, porque la mayor inversión amplía la frontera productiva y la compra de bienes de capital, incrementando por ambas vías la demanda laboral.
Otra noticia que no ha sido muy difundida fue la creación de la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros. La organización de un espacio de defensa de los consumidores dentro del BCRA constituye una herramienta que permitirá mejorar las relaciones entre usuarios y el sistema financiero, y será un paso importante para intentar consolidar la confianza de los clientes en las instituciones.

FUERTES CONDICIONALIDADES
Respecto del salvataje a los bancos españoles, se dio a conocer el “Memorandum de entendimiento sobre la condicionalidad de las políticas del Sector financiero”, proceso que el diario español El País tituló como: “La UE pone bajo tutela a España”. Si bien las condiciones impuestas a España resaltan por su cantidad, es la profundidad de las medidas de control su aspecto más opresivo. La condicionalidad se extiende no sólo a los bancos con problemas, sino a la totalidad del sector bancario, como al conjunto de la economía. El memorandum es claro respecto de esta combinación de controles, puesto que explicita que “hay una estrecha relación entre los desequilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la salud del sector financiero”, por lo que las metas fiscales y el avance en las reformas estructurales “serán periódica y estrechamente vigilados en paralelo” al control del sistema financiero.
El memorandum crea un Comité de Coordinación Estratégica, que estará integrado por las autoridades españolas, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI. En principio, deberán informar mensualmente el nivel de depósitos y de liquidez de los bancos, y un detalle de la situación de cada entidad (activos, capital, morosidad, cartera de deuda pública) con carácter trimestral. La totalidad de los bancos deberá tener un 9 por ciento de capital sobre sus activos al menos hasta finales de 2014.
Los bancos en problemas deberán reducir personal, filiales, cesar en el pago de bonos a sus directivos y eventualmente, si no resultan viables, podrán ser liquidados. Y tendrán que hacer recaer los costos en sus accionistas y en gran cantidad de inversores minoristas que compraron, sin saberlo, instrumentos complejos que tenían distintas formas de participación en el capital de los bancos. De esta forma, inversores que fueron informados incorrectamente sobre las características de sus inversiones sufrirán pérdidas importantes.
Una de las exigencias poco comentadas de este memorandum es que “garantiza” la
independencia del Banco de España, el banco central de ese país. Cabe aclarar que la definida “independencia” del Banco de España es con respecto al gobierno del país, ya que la autoridad monetaria queda altamente controlada por la supervisión europea. De esa forma, el Ministerio de Economía pierde las facultades sancionatorias y de aprobación de entidades financieras que tenía, por cuanto debe trasladarlas al Banco de España.
Por otro lado, y en respuesta a las condicionalidades, que no son nuevas aunque sí más intensas, el gobierno español ha implementado el ajuste más grande en la historia de la democracia, calificativo que ya se había colocado al anterior ajuste de Mariano Rajoy, pero que quedó altamente superado por el actual. Aumento del IVA a una tasa máxima del 21 por ciento (Rajoy prometió enfáticamente en la campaña electoral que no subiría los impuestos), reducción en las prestaciones de desempleo, supresión del pago por Navidad a los empleados públicos, reducción en el 30 por ciento del número de concejales y del 20 por ciento de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, entre otros, indican que el ajuste va mucho más allá de lo estrictamente económico. Bajo el manto de la reducción del gasto, se recortan derechos de los trabajadores y se genera un potencial debilitamiento de la democracia.
El ajuste tendrá, además, un efecto devastador sobre la economía, con lo que no podrá conseguir el supuesto fin perseguido que es la reducción del déficit fiscal, dado que la recesión minará los ingresos fiscales y se entrará en una vorágine de más ajuste, más recesión, y más ajuste. Hasta que los ajustados muestren la capacidad de resistencia a estas medidas.
Con las medidas detalladas en nuestro país y en España queda clara la diferencia de los dos modelos. Mientras que en la Argentina el Banco Central pasa a ser un actor privilegiado en las políticas contracíclicas, se fomenta el crédito productivo y se incrementa la protección de los usuarios, el memorandum europeo sostiene que la independencia del Banco Central respecto del gobierno doméstico deja en manos de los entes europeos el manejo de su política financiera y la reconversión bancaria, penaliza a inversores mal informados y fomenta un ajuste de alcances inusitados que será procíclico, puesto que profundizará la recesión.
Más precisamente, la Argentina se está despojando de las herencias que dejó un modelo, al cual España está entrando vertiginosamente. Este proceso comenzó con la cancelación total de las deudas con el FMI y la abolición de las condicionalidades, y recientemente ha reformulado las funciones del Banco Central, eliminando los aires independentistas de las reformas de los 90, y hoy está orientando el crédito a fines productivos con claros efectos contracíclicos.