Más herramientas para el desarrollo

El gobierno dio un paso importante en la reconfiguración del mercado de telefonía celular al dejar sin efecto la licitación de una porción del espectro radioeléctrico que era pretendida por las principales operadoras del país. Se trata de la parte cedida en el año 2004 por Telefónica a cambio de la autorización oficial para la fusión de Movistar y Unifón. Según la Resolución 71/12 de la Secretaría de Comunicaciones, el concurso para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales y Radiocomunicaciones Móvil Celular fue dejado sin efecto “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, dado que los oferentes no acreditaban solvencia financiera y patrimonial, o no garantizaban una transparencia en la competencia del mercado. En los hechos, la decisión implica que el gobierno podría convertirse en el cuarto operador del mercado. En las próximas semanas se dará a conocer el plan de negocios para llevar adelante la explotación de las frecuencias, que podrá ser realizada por cuenta propia o a través de terceros.

El anuncio implica poner en un primer plano la necesidad de preservar el interés de los usuarios, en este caso a través de una mayor competencia. En este sentido, la medida colaborará para que se den condiciones tarifarias más razonables y para evitar los abusos que habitualmente sufren los clientes de las empresas de telefonía celular. En cuanto a la provisión del servicio, también se abre una veta interesante para las cooperativas y pymes del interior, ya que se señaló que podrán participar de la actividad, una decisión valiosa habida cuenta de que estos sectores habitualmente suelen quedar relegados en los procesos de adjudicación, en virtud de los elevados estándares requeridos.

En la práctica, estas frecuencias representan el 20% del espectro a nivel nacional y serán administradas por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), creada en el año 2006 y que está pronta a lanzar el primer satélite en 2013. Arsat además brinda el servicio de televisión digital terrestre y está desarrollando una red de fibra óptica de 20 mil kilómetros para todo el país. Se trata de un logro importante, pero poco mencionado, y que se encuentra en línea con la intención de alcanzar mayores grados de desarrollo tecnológico. Al respecto, el ministro Julio De Vido destacó en conferencia de prensa que de no haber existido Arsat “hoy estábamos en el círculo de no poder tener un mejor servicio y tener que entregarlo, o estar fomentando la creación de futuros monopolios”.
Independientemente de lo anterior, también será importante poner el foco en una nueva regulación para la telefonía móvil, un medio de comunicación masivo que ya supera al uso de la telefonía fija, la cual es considerada como servicio público, definición que no abarca a los celulares, que no cuentan con un marco regulatorio adecuado, lo que lleva a que, por ejemplo, las tarifas sean definidas por el mercado. El marco vigente abre la puerta para la existencia de prácticas abusivas por parte de las empresas proveedoras y genera, entre otras cuestiones, una situación de manifiesta inequidad dado que en general la gente de menos recursos es la que más paga en términos proporcionales, ya que suelen recurrir al uso de tarjetas de prepago, donde el minuto resulta más oneroso.

En los fundamentos de la resolución se sostiene que entre los objetivos de la medida se apunta a que “los emprendimientos que se realicen a nivel sectorial promuevan la inversión y la generación de empleo, incentivando la generación de valor en todos los niveles, no estando la planificación y administración del espectro ajena a las políticas públicas”. Se trata de una definición importante que pone de relieve la decisión de profundizar las políticas estratégicas que el gobierno nacional ha venido implementando en los últimos tiempos.

Claramente, son prácticas a las que no adscriben los principales sectores del establishment local, que consideran al sector privado como motor del bienestar y prefieren pedir la devaluación de la moneda antes que invertir sus riquezas para la obtención de ganancias de competitividad genuinas. Oscilan de manera esquizofrénica entre la necesidad del apoyo estatal, por conveniencia, y entre el rechazo a toda política que implique mayor regulación, criterio al que adscriben más bien por convicción. En este contexto se inserta la referencia a una “ola estatista” o a “más intervención”, tal como lo titularon los medios más consustanciados con la economía de los noventa.

El pedido de algunos empresarios de liberalizar el ingreso de productos importados no resulta razonable. De hecho, esta semana Brasil incrementó los aranceles a las importaciones extra Mercosur al 25%, para una lista de 100 productos, es decir, incrementó la protección comercial. Conceptualmente, a casi nadie se le escapa que los países que alcanzaron cierto grado de desarrollo descansaron previamente en la promoción y protección estatal, y que recién abrieron sus fronteras una vez que alcanzaron ciertos niveles mínimos de productividad.

Lo anterior no implica desconocer que algunos insumos y bienes importados son imprescindibles en el proceso productivo. En todo caso, el enfoque de protección debe ser lo suficientemente flexible como para contemplar la diversidad de situaciones, pero debe seguir siendo un eje central de la estrategia para afrontar la crisis mundial, siempre en línea con los objetivos centrales de las políticas públicas, entre ellos la preservación del empleo.

La flexibilidad en el uso de las herramientas para gestionar adecuadamente las políticas públicas constituye un atributo necesario ya que nos desenvolvemos en un entorno que por definición es cambiante, por lo que se requiere de un Estado activo, no mínimo ni ausente.

Al respecto, algo que no fue muy mencionado por los medios fue la referencia que hizo Cristina Fernández en el Día de la Industria respecto de que hay “instrumentos que un día sirven y que otro día no sirven” y que “algunos creen que las reglas de un modelo económico tienen que ser fijas, estáticas. Pero el corazón del proyecto es el crecimiento, la generación de trabajo, el consumo y la reindustrialización.” Resultó interesante su alusión al modelo económico, al que puso por detrás del modelo de país, al sostener que “la industrialización no es una variable del modelo, sino que responde a un proyecto político de país. Es la decisión de no ser un país productor de materias primas sin agregación de valor.” Mientras esto ocurría, el titular de Techint, Paolo Rocca, daba una charla “distendida” en la Academia de Ingeniería, y hacía alusión a la “pérdida de rumbo desde 2008”, una frase que puede ser vista como un decidido intento de negar el trasfondo eminentemente político que rodea a las decisiones de los últimos años.