2012: balance positivo de gestión

Una mirada de la gestión confirma que todas las medidas apuntan a profundizar el modelo.

Dada la habitualidad de realizar balances de fin de año, puedo comenzar comentando que este ha sido un año muy activo, con una gran cantidad de decisiones importantes, implementadas tanto desde las leyes que aprobó el Congreso Nacional, como desde las diversas resoluciones del gobierno.
Una mirada al conjunto de la gestión permite tener una visión de rumbo y confirmar que efectivamente todas las medidas apuntan a profundizar el modelo, entendido este como la progresiva anulación de las lógicas y estructuras heredadas de los procesos neoliberales que se produjeron tanto en las dictaduras como en la década de los noventa.
Procesos que se enmarcan en un cambio de época, no sólo convalidado por la situación política de Nuestra América, sino por el profundo proceso encarado en nuestro país a partir de 2003. Quién podía pensar en aquel momento, que se crecería a un ritmo promedio del 7% anual, incluida la crisis 2008/2009 y la desaceleración del 2012. O que la desocupación y la pobreza iban a dejar de ser el problema principal, para convertirse en una preocupación constante por mejorar estas carencias. Resultaba difícil visualizar el importante aumento del salario real, así como que la producción automotriz podía superar las 800 mil unidades anuales. Allá por el 2002 era casi inimaginable que el 95% de nuestros adultos mayores llegarían a estar cubiertos por las prestaciones de la seguridad social y con haberes que se actualizan semestralmente.
También parecía muy lejano recuperar algunos de los símbolos más preciados que nos identificaban con el ser nacional, como una YPF estatal, hecho que se concretó este año, y con el que comienza el relato de los principales cambios producidos durante este fecundo 2012.
La expropiación de YPF, que debe comprenderse conjuntamente con la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte, y comercialización, indica la recuperación para la Nación del manejo soberano de los recursos energéticos, y permitirá comenzar a revertir el agudo déficit en esta materia que arrastramos luego de años de privatizaciones en el sector. También posee un fuerte componente estratégico y geopolítico, en un mundo que depende crucialmente de la disponibilidad de estos recursos no renovables. Argentina era el único país de la región que no tenía participación del Estado en el sector hidrocarburífero.
Los acuerdos más recientes entre YPF y PDVSA constituyen un símbolo de las potencialidades que entraña disponer de un marco regional común, así como se destaca el acuerdo firmado esta semana entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron, para avanzar en la explotación conjunta de recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina.
Otro gran paso ha sido la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, una ley aprobada por el Congreso Nacional destinada a modificar uno de los cuerpos normativos más emparentados a la lógica neoliberal. A partir de ahora los objetivos del BCRA no estarán escindidos de las políticas del gobierno nacional, siendo la finalidad del Banco Central promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es una diferencia sustancial respecto de la anterior ley, que sólo se enfocaba en preservar el valor de la moneda, una orientación de neta impronta monetarista. También le otorga amplias facultades para direccionar el crédito, especialmente hacia las pymes y las economías regionales, para ampliar la cobertura geográfica del sistema, para atender las zonas con menor potencial económico y densidad poblacional, y para promover el acceso universal a los servicios financieros. La implementación no se hizo esperar y desde el Banco Central se lanzaron una serie de normas para administrar este mandato.
Se decidió beneficiar con menor encaje (dinero inmovilizado sin rendimiento) a las sucursales de las zonas de menor población, a lo que se suma una rebaja adicional y proporcional de acuerdo al porcentaje de préstamos otorgados a MIPyMES que posean los bancos. Además se modificaron las condiciones para la apertura de sucursales, con un sistema de puntaje que fomenta la apertura en ciudades de muy baja cantidad de habitantes, y penaliza las aperturas en las grandes ciudades.
Estas normas son muy importantes, aunque tuvieron menor difusión que otra muy relevante, como la orientación del 5% de los depósitos de las entidades hacia la financiación de proyectos de inversión productiva a mediano plazo y a una tasa fija del 15 por ciento. A fin de año debía cumplirse con un total de $ 14.900 millones, la mitad dedicado a MiPyMes; la mayoría de los bancos han cumplido, e incluso algunos han comentado que han excedido el monto mínimo de colocación. Se acaba de extender esta línea por la cual se aplicará otro 5% de los depósitos a préstamos con similares condiciones por un importe aproximado de $ 17 mil millones, a colocarse durante el primer semestre de 2013. Esta es una clara medida de política anticíclica, fomentando la inversión productiva a mediano plazo, con un importante monto dedicado a las MiPyMes, que son las que mayor empleo generan.
Hubo también un conjunto de medidas aplicadas sobre el mercado cambiario orientadas a fomentar las operaciones en moneda nacional, que son parte del recorrido ineludible que debe transitarse para reafirmar nuestra soberanía monetaria con vistas a continuar el proceso de desarrollo económico. Las más relevantes son la suspensión de la compra de divisas para atesoramiento, la obligatoriedad de tener cuenta bancaria en dólares en el país para poder extraer dinero desde el exterior; el recargo del 15% a los consumos con tarjeta de crédito en el exterior, deducible del Impuesto a las Ganancias; y la finalización de la posibilidad de comprar dólares con créditos hipotecarios para vivienda, lo que incentivará que se realicen las operaciones inmobiliarias en moneda nacional. Estas medidas hay que verlas como una forma de cercar el camino de la fuga de capitales, un drenaje de recursos que perjudica severamente a la economía nacional.
Es todo un cambio cultural que, como tal, genera resistencias de quienes son afectados en sus intereses, pero también de aquellos que ven alteradas sus rutinas, que tenían incorporadas innumerables transacciones en moneda extranjera, en especial el atesoramiento en dólares. Son las tensiones que necesariamente genera la profundización del modelo.
Entre otras normas, la Administración Nacional deberá contratar determinados servicios con empresas estatales, o utilizar la gran escala del Estado para conseguir condiciones más beneficiosas. También debe mencionarse la incursión del Estado en telefonía móvil a través de la empresa estatal Arsat, la imposición de un costo financiero máximo para los préstamos a jubilados, la ampliación del segundo tramo del Préstamo del Bicentenario, la implementación del Pro.Cre.Ar, que a la vez que soluciona un problema habitacional para quienes más dificultades de acceso a la vivienda tienen, fomenta la construcción con su consiguiente generación de empleo, y muchas otras medidas que sería imposible enumerar en una sola columna.
Como cierre del año, puedo mencionar la sanción de la nueva ley de mercado de capitales, que no sólo deroga una ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía, sino que además adapta la normativa a los desarrollos actuales; y también la vuelta a sus orígenes de propiedad estatal del predio de La Rural, una viciada cesión menemista que privatizó uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Más que un broche de oro, un broche popular.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 23 de diciembre de 2012.