Protección al trabajo y fomento a las pymes

La informalidad laboral es una realidad que cruza a todas las economías de América Latina; en un informe del BID de 2012, Recaudar no basta: los impuestos como instrumento de desarrollo, se indica que el promedio de informalidad laboral en el período 2006-2010, como porcentaje del empleo, supera ligeramente el 50% para toda la región, con picos en Bolivia y Paraguay cercanos al 70%, mientras que los más reducidos están en Chile, Costa Rica, y Argentina por debajo del 40%; pero es nuestro país el que evidenció la mayor reducción respecto al período 1990-1994.

Atacar, entonces, este problema común a la región demanda políticas integrales, industriales, de fomento y, por supuesto, laborales, aunque el dirigente sindical vernáculo Gerónimo Venegas haya expresado: “el trabajo en negro no tiene nada que ver con nuestros reclamos”, una visión que no es nueva, ya que se opuso a una de las más importantes leyes para reducir el trabajo informal, como lo es la Ley Nº 26.727 de Régimen de trabajo agrario.

Al presentar el proyecto, la presidenta explicó claramente, al referirse a la década de los noventa cuando “casi un tercio de la población estaba desocupada, y había casi un 50% de precarización laboral”, que “no hay mejor instrumento para precarizar el trabajo, que el hecho de que haya muchos desocupados”. Por eso, según subrayó Cristina, “la mejor herramienta para combatir la precarización fue crear 6 millones de puestos de trabajo”, lo cual hizo descender el índice de desempleo a su mínimo del ciclo, el 6,4% en diciembre pasado. Según fuentes oficiales, se apunta a regularizar a 650 mil trabajadores en dos años, 300 mil de ellos en el primero. Con esta evolución, el índice de trabajadores no registrados descendería al 28%; asimismo, se proyecta facilitar la registración laboral a 290 mil microempleadores.

Pueden detallarse varias acciones principales en el proyecto; una de ellas es la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá empleadores que tengan infracciones comprobadas y sanciones del Ministerio de Trabajo, de la AFIP, de autoridades provinciales, y de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes figuren en este registro no podrán “acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados, administrados o implementados por el Estado Nacional, ni celebrar contratos con el mismo. Tampoco podrán acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas”, entre otras medidas.

Otro eje es la creación de dos regímenes especiales de promoción del trabajo registrado. Uno es para las microempresas que cuenten con una dotación de hasta cinco trabajadores y siempre que no superen cierto monto de facturación anual. En este caso, los empleadores se beneficiarán de manera permanente con una reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados contratados por tiempo indeterminado, es decir, sin contrato temporario.

El segundo esquema difiere en cuanto al tamaño de la empresa, y apunta a que se incorporen nuevos trabajadores formales. Con este régimen, “los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personal a través de la contratación por tiempo indeterminado, gozarán de reducciones a las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones” por un plazo de 24 meses, privilegiando a las Pymes, que tendrán una mayor rebaja.

Cabe destacar que esta reducción en las contribuciones patronales no afectará los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social, una diferencia abismal con las programadas disminuciones de aportes en la década de los noventa, asociadas al régimen mixto de capitalización.

Todos aquellos que figuren en el REPSAL o que incurran en prácticas abusivas de los beneficios establecidos, quedarán excluidos de estos. Las reducciones del proyecto no alcanzan a los importes destinados a las obras sociales ni a las ART.

Otra acción principal se trata de la adjudicación al Ministerio de Trabajo de la Nación de la función de fiscalizar el trabajo y la normativa laboral en todo el territorio de la Nación, en concurrencia con las autoridades provinciales y la CABA, así como de aplicar sanciones. También se crea una unidad especial de fiscalización del trabajo irregular en el ámbito de ese ministerio.

De convertirse en ley, lo que muy probablemente ocurra, el proyecto comentado generará un importante efecto promocional sobre las Pymes y la calidad del trabajo que estas generan.

NEOLIBERALISMO PARA PYMES. Se conoció el informe elaborado por la Fundación Observatorio Pyme (FOP) denominado Productividad, Devaluación, Inflación y Desempleo en las Pyme en 2014, que define al escenario macroeconómico actual como de “estanflación”, con un tope a la demanda agregada tanto por el consumo como por el gasto público, una evaluación que no considera el efecto positivo que las paritarias tendrán sobre el consumo. Lo llamativo es que define que “sólo una inflación en continua aceleración podrá impedir este año una caída del empleo”, aunque en este escenario de “inflación creciente” estima la reducción de 400 mil trabajadores, un 1% de la masa laboral empleada por las Pymes. Según la FOP, Este es el mejor pronóstico para el empleo, dado que “en un escenario de inflación estable o decreciente, el mejor escenario produciría una pérdida del empleo de dos puntos y en el peor cuatro”, es decir, entre 800 mil y 1,6 millones de desocupados. Estos supuestos que aparecen como excéntricos (a menor inflación, mayor desocupación), en realidad están basados en la idea de que la única forma de reducir la inflación es con un profundo ajuste de la economía, una idea bien ortodoxa; para reforzar este enfoque, se expone explícitamente que “la inflación no bajará por los controles”.

El estudio también carga las tintas sobre la baja productividad de las Pymes argentinas en comparación con los países desarrollados, y responsabiliza por esta característica a los altos costos laborales. Sin embargo, menciona que la productividad es más alta en Argentina (36% respecto a la productividad de las grandes empresas) que en Brasil (26%), Chile (25%) o Perú (24%). Es un estudio que pareciera estar sesgado por la visión de las Pymes que tienen las grandes empresas. El FOP fue fundado por Techint, junto con la UIA y la Universidad de Bologna; y cuenta con el acompañamiento institucional de empresas como Arcor, Clarín, Telecom y Toyota, entre otras. En realidad, la FOP actúa como una usina de pensamiento ortodoxo desde el cual analiza el comportamiento de las Pymes, para terminar recomendando como solución a los problemas de precios el ajuste de la economía, que impactará negativamente en esas mismas Pymes.

Confirmando ese sesgo ideológico, el informe citado no considera en absoluto la acción del Estado para garantizar el empleo, ni la variedad de programas que posee para ese fin, como el reciente proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que –si bien no se conocía en el momento de emisión del informe– es una más de las varias leyes para combatir el trabajo no registrado que se han promulgado en estos últimos años. Como la mencionada Ley de trabajo agrario, o el Régimen para el personal de casas particulares, que acaba de reglamentarse por el decreto 467/2014, y que establece, entre otras medidas, la obligatoriedad para los empleadores de contratar la cobertura de una ART.

La realidad evidencia que hay un Estado activo, protector del trabajo y del bienestar social, que quienes pronostican catástrofes se empeñan en desconocer, porque es antagónico con sus ideas e intereses corporativos.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 20 de abril de 2014.