La iniciativa del gobierno y la oposición sin propuestas

El proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa constituye una inteligente movida de ajedrez por parte del gobierno, que comienza declarando de interés público la reestructuración de la deuda soberana de 2005 y 2010 (Art. 1) y propone la remoción del BoNY como agente fiduciario (Art. 3), remplazándolo por Nación Fideicomisos, y aclarando el derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario.
También se autoriza al Ministerio de Economía (Art. 7) a instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local, para aquellos bonistas reestructurados que así lo soliciten. Es un canje totalmente voluntario, orientado a mejorar las vías de pago a los actuales tenedores de títulos del canje.
Otro tema destacado es que desactiva el concepto de “bonos en default”, al instrumentar el canje de los títulos que fueran elegibles y que aún no ingresaron a la reestructuración (Art. 8), crear una cuenta en Nación Fideicomisos denominada “Pago Soberano de Deuda Pública Pendiente de Canje” (Art. 9); y depositar una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los nuevos títulos públicos que en el futuro se emitan, en remplazo de aquellos que aún no ingresaron a la reestructuración de deuda soberana 2005-2010 (Art. 10) y que serán entregados a los tenedores que participen del canje.
En definitiva, un proyecto que avanza solucionando gran cantidad de temas, con el objetivo de resolver los problemas de cobro que han sido impuestos por el fallo Griesa, establecer las condiciones para el pago al 100% de los deudores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables, y –fundamentalmente– defender el proceso de regularización financiera iniciado en 2005.
A pedido de los fondos buitre, el juez Thomas Griesa llamó a audiencia esta semana, aunque no decidió nada sobre  las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia. Tampoco declaró a Argentina “en desacato”, pero observó que el proyecto del pago soberano de la deuda es “ilegal”. Refiriéndose a estas manifestaciones, el Ministerio de Economía argentino estableció que “el hecho de declarar ‘ilegal’ a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Una noticia a tener en cuenta es que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar, el 15 de agosto, a las presentaciones realizadas por el Citibank y la República Argentina, en contra de la decisión de Griesa de habilitar “por única vez” el pago de títulos emitidos bajo legislación nacional. La nota del Citibank señala que la orden del 28 de julio es un “abuso de facultades que debe ser revertido antes de que la República Argentina realice el próximo pago”. Manifiesta además que resulta imposible distinguir entre los bonos argentinos que entraron en las reestructuraciones de deuda de aquellos que no son parte de ellas.
Además de estos argumentos, Argentina sostiene que, incluso en el caso de aquellos bonos que fueron emitidos en las reestructuraciones y que pueden ser identificados, la orden de Griesa debería ser revertida. Fundamenta que los mismos no son objeto del litigio en cuestión ya que “los demandantes admitieron que los bonos argentinos denominados en pesos (…) no están sujetos a la cláusula de pari passu”.
Los bonistas europeos también hicieron una presentación ante la misma instancia judicial, oponiéndose a la decisión del juez neoyorquino de no permitir la transferencia de los fondos depositados por la Argentina.

DEFAULT O NO DEFAULT. La categorización de Argentina como país en default está obteniendo cada vez más reparos.
En un reportaje a Joseph Stiglitz en Ámbito Financiero (AF) (21.08.14), el Premio Nobel expresó que “la reapertura del canje para cambiar de jurisdicción el pago de los bonos es una buena decisión, ya que no es obligatoria e invita voluntariamente a hacerlo a los tenedores de bonos”. Stiglitz agregó: “desde un punto de vista económico, es lo que hubiera recomendado. Si tengo un activo y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es la base de la economía.” Además, sostuvo que Argentina no está en default, sino, usando un juego de palabras, en “Griesa’s fault”, cuya traducción es “culpa de Griesa”.
El catedrático expresó que “desde una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad debería ser inaceptable”. Se trata de una definición importante, que podría servir como punta de lanza para comenzar un debate profundo en nuestro país, en torno a la necesidad de inhibir la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros o supranacionales, como ocurre, por ejemplo, con el caso del CIADI.
Otra novedad interesante en cuanto a los interrogantes de “los mercados” sobre el “default” de Argentina es la decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) de suspender la licitación de los “seguros de cobertura de deuda soberana” o CDS de Argentina, que iba a llevarse a cabo el 21 de agosto, hasta el 3 de septiembre, así como revisar los términos del mismo.
Queda claro que, si bien la determinación de declarar a Argentina en default fue rápida por parte de la ISDA, cuando se trata de la subasta, la cuestión no es tan simple, ya que se están fijando ganancias y pérdidas entre sectores. Entonces, los operadores piensan más detenidamente antes de pagar los CDS de un país que fue puesto incorrectamente en la posición de default, cuando tiene toda la voluntad y los recursos para pagar sus obligaciones, no declaró moratoria ni repudió su deuda (cuestión aceptada por la ISDA) y que en realidad se enfrenta a “riesgo en oportunidad de cobro”, como bien lo definió el Ministerio de Economía argentino.

SIN PROPUESTAS. Si bien el proyecto fue recibido con cautela y posturas distintas, desde la oposición se escuchan muchas críticas, y las escasas propuestas resultan totalmente inconsistentes. Entre los distintos integrantes del PRO surge una actitud reverencial hacia el juez Griesa, de la misma forma que para ellos no hay que diferenciar acreedores, da lo mismo que sea el Club de París (conformado por los gobiernos de los países acreedores), o los fondos buitre. El tema de la extrema especulación y las acciones extorsivas de los buitres no figura en su discurso. Su líder, Mauricio Macri, volvió a reclamar “sentarse con el juez” Griesa y “resolver” la situación dictada por su sentencia.
En particular, dijo que le plantearía resolver “a partir del 1° de enero” y afirmar que el país “quiere cumplir con el fallo” (AF 20.08.14). Por un lado, asume una buena disposición de Griesa y propone acordar con él, desconociendo la influencia de los demandantes sobre el juez neoyorquino. No hay que perder de vista que una propuesta como la de Macri –comunicar que arreglaría en enero– podría gatillar los reclamos de los bonistas reestructurados amparados en las cláusulas RUFO, lo cual muestra una notable inconsistencia, aparte de una fuerte dosis de mala fe manifiesta.
Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comentó que el problema con los fondos buitre “tiene solución” y agregó: “tenemos que establecer diálogo a partir de un memo de propuesta que vamos a enviar (al Parlamento) y, a partir de esa base, tratar de encontrar acuerdos” (Infobae 21.08.14), lo cual deberá ser dirimido en el Congreso en los días que se avecinan.
En tanto, la mesa nacional de la UCR expresó que el proyecto enviado por el Ejecutivo es innecesario y los economistas citados por el radicalismo para tratar el tema coincidieron en que se debe cumplir con el fallo y pagar a los fondos buitre, pero no en efectivo, y mucho menos con las reservas, sino con un bono.
En realidad, el fallo de Griesa impulsa al pago en efectivo, y de allí el “secuestro” de los fondos en efectivo de otros bonistas, con lo cual la propuesta puede considerarse altamente ineficaz.
Un pronunciamiento claramente mayoritario de nuestro Parlamento, respaldando el proyecto, constituiría una fortaleza importante para las negociaciones que Argentina tiene por delante. Por eso, más que para especulaciones políticas, esta es una oportunidad crucial para generar un frente común, dejando los cálculos electoralistas para otro momento.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 24 de agosto de 2014.