Herramientas para influir sobre los precios y la distribución del ingreso

La discusión sobre los proyectos de ley de abastecimiento y regulación de las relaciones de consumo planteó claramente el rechazo de las asociaciones de grandes empresarios a cualquier forma de regulación estatal, a la vez que esa postura se enfrentó al apoyo mayoritario de los representantes de las PyME al contenido de fondo de las tres leyes.
Sucede que las PyME fueron excluidas de la normativa de la ley de abastecimiento durante el tratamiento en el Senado.
Estas leyes, aprobadas y ya sancionadas, son la 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (conocida como Ley de Abastecimiento), la 26.992 de Creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, y la 26.993 del Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Una diputada del PRO intentó vanamente colocar en falta al oficialismo al decir que, en la medida que eximía al 99% de las empresas de la regulación, las dejaba a merced del mercado que tanto se criticaba. Errónea observación, puesto que las PyME están sometidas a las posiciones dominantes de sus proveedores de insumos cartelizados, a los que deben transferir gran parte de sus excedentes (sino todos), como lo expresaron los representantes del sector.
Estas posiciones dominantes se pueden corroborar en los sectores de panificados, polietileno o chapa, donde un sola empresa del rubro controla más del 80% de la producción; los cinco supermercados que dominan el negocio, las dos empresas de galletitas con el 60% de la producción, las dos de gaseosas con el 82% de las ventas, las cuatro del azúcar, las tres de la cerveza, las cuatro del cemento, o las dos empresas que producen el 80% de los lácteos. No casualmente, la mayoría de estas grandes empresas pertenecen a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Argentina (Amcham), al G6 o al Foro de Convergencia Empresarial y distintas cámaras sectoriales, todos trajes a medida que estos empresarios utilizan indistintamente para difundir sus posturas, en este caso, las furibundas críticas a la ley de abastecimiento.
No hay que olvidar que en su manifiesto liminar, AEA establece que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país. Un representante de la cámara de muy grandes empresas, principalmente estadounidenses, expresó que “los derechos de propiedad del empresario son violados si no puede decidir qué va a producir, en qué cantidades y a qué precios”.
Para la Sociedad Rural Argentina la ley propuesta es “confiscatoria” y “es una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía”, mientras que su presidente, Luis Etchevehere, amenazó con “una catarata de amparos en toda la Argentina”.
Los argumentos de las grandes empresas, avalados por la mayoría de los diputados de la oposición, pueden resumirse en una cuestión filosófica, dado que su esencia lleva a las corporaciones a oponerse a todo tipo de controles.
Los empresarios concentrados interpretan nuestra Constitución Nacional como más les conviene: resaltan el Artículo 14, que establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” y en especial mencionan los “de trabajar y ejercer toda industria lícita” y “de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles”, pero se olvidan de citar el Artículo 42 en el cual se basan las leyes que se votaron y que establece los derechos de los consumidores. Tampoco tienen en cuenta otro artículo de nuestra Constitución Nacional, mucho más conocido pero también muy ignorado, el 14 bis, que expresa: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección(…)”. Si bien nuestra Constitución otorga el derecho de ejercer toda industria lícita, también le impone límites precisos, en cuanto a las características de los salarios, demás derechos de los trabajadores y de toda la ciudadanía.
Entre otras cuestiones, resulta absolutamente legítimo plantearse discutir cuál es el límite de esa propiedad privada. Y de eso se tratan estas leyes; además de la expansión de derechos del consumidor que conllevan, dotan al Estado de herramientas para evitar las distorsiones en las cadenas de valor, por las cuales los consumidores pagan precios abusivos, mientras que los productores reciben una ínfima porción del precio de venta, y se enriquecen injustamente los sectores concentrados. Eliminando las distorsiones se gana en actividad económica y se benefician  productores, consumidores y toda la sociedad, que verá mejor distribuída la renta generada por la producción.

UN PRESUPUESTO CON MAYOR GASTO SOCIAL. Ingresó al Parlamento el proyecto de Presupuesto para el año 2015, donde se plasman las principales definiciones en términos de ingresos y gastos del Estado Nacional, en consonancia con los objetivos de “crecimiento de la economía con el mejoramiento constante de la equidad en materia de distribución del ingreso”, tal como figura en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.
Los escenarios utilizados para la elaboración del proyecto le otorgan un especial peso al contexto mundial, por cierto volátil, y que desde el segundo semestre se ha tornado “decepcionante tanto para los países centrales como también para los emergentes”, según manifestó Axel Kicillof durante la presentación del proyecto.
Con ello, y teniendo en cuenta las distintas políticas de fomento a la actividad que se seguirán aplicando desde el Estado, se espera un crecimiento del 0,5% del PIB para 2014 y del 2,8% para 2015.
La estructura de ingresos y gastos presentada refleja el espíritu de las políticas anticíclicas de estímulo al mercado interno y defensa del empleo. En particular, durante el próximo año el gasto total aumentará un 13,2%, y el componente que más se incrementará es el de los servicios sociales, que crecerá un 25,3% y representará el 58,7% del gasto total, superando el 53% del presente año. Entre los ítems más dinámicos se encuentran las prestaciones jubilatorias y la Asignación Universal por Hijo, precisamente algunas de las partidas que más influyen en el consumo popular y en la mejora del reparto del ingreso. Mientras tanto, en paralelo se apuntará a reducir el gasto en servicios económicos (principalmente subsidios a tarifas).
No bien presentado el Presupuesto 2015, los representantes de la oposición lanzaron sus primeras críticas hacia el mismo, al resaltar por ejemplo las diferencias entre los números proyectados para este año y lo planificado un año atrás, sosteniendo a partir de allí que se trata de “un dibujo”. Sucede que el Presupuesto es un plan de trabajo que maneja posibles escenarios hacia el futuro, y que da indicaciones de las políticas que va a aplicar el Gobierno Nacional, y no un vaticinio de variables.
Quienes fundan sus críticas en las cifras específicas y no en las políticas aplicadas son aquellos que asignan la inflación al aumento de los recursos monetarios y del gasto, y lo que están planteando, sin decirlo explícitamente, es un severo ajuste en la economía aplicando estrictas reglas de manejo fiscal, al costo de erradicar el uso de herramientas anticíclicas y de apoyo a los sectores más vulnerables. Desde nuestra perspectiva, estas herramientas de fomento resultan absolutamente necesarias para situaciones como la actual, donde es preciso dinamizar el mercado interno, ante la baja de la demanda externa y las consecuencias del accionar desestabilizante de los buitres, que operan desde afuera y también desde adentro.
En el tema de los buitres, la Cámara de Apelaciones de Nueva York no quiso involucrarse en las complicadas implicancias del fallo del juez Griesa y rechazó el pedido del Citibank para intervenir, pero indicando al Citi que puede buscar mayores consideraciones por parte de Griesa. De esa forma queda bien con buitres y bancos estadounidenses, y aprovecha para criticar a la Argentina. Será ahora Griesa quien deberá cargar con el peso de sus decisiones y establecer si permite que el Citi pague, a fines de septiembre, los bonos Par con legislación argentina a los acreedores que residen fuera de nuestro país.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 21 de septiembre de 2014.