Tiempo Argentino
Escenario económico
La ley de leyes revela la alternativa entre el ajuste de la oposición y las medidas de impulso al consumo
El año legislativo que transcurre es sumamente prolífico, no sólo por la cantidad de leyes aprobadas, sino por el contenido innovador y progresista de muchas de ellas. Comenzando por una iniciativa de gran trascendencia histórica, como fue la sanción del Código Civil y Comercial, y siguiendo con otras muy importantes, entre las que se encuentran las de Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral; Regularización de deudas previsionales para autónomos y monotributistas, Pago soberano de la deuda , la regulación de las relaciones de producción y consumo, la creación del Observatorio de precios y del Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo; y la media sanción a la Ley de Hidrocarburos por parte del Senado.
Al listado cabe agregar la media sanción al Presupuesto, ley que va mucho más allá de las erogaciones previstas. El Presupuesto es un plan de gobierno que parte del análisis del entorno mundial y de lo acontecido en el país, para establecer las líneas directoras de la gestión. Pero se trata, por sobre todo, de una discusión política y por ello la oposición cuestiona las cifras, aún antes de conocerlas, puesto que tiene visiones totalmente opuestas. Ante las tensiones que transita la economía, ¿se deben aplicar políticas de ajuste como pide la mayoría de la oposición, o se encaran con políticas contracíclicas, tratando que con el aumento del gasto público aumente la demanda agregada? La respuesta no es económica sino que es política y define el modelo de país que se pretende. Hay dos conductas: adaptarse al ciclo y vivir con las restricciones que impone, con menos gasto y actividad económica, o enfrentarse al ciclo, forzando las tendencias a partir de políticas activas de fomento para que los efectos de la fase sean lo menos perjudiciales posibles. Eso es lo que sintetiza el Presupuesto 2015, descartar el ajuste como herramienta para resolver las dificultades, y utilizar las políticas contracíclicas, precisamente el enfoque que diferencia a la heterodoxia de la ortodoxia.
Por estas razones, el Presupuesto aprobado plantea la continuación de las políticas virtuosas aplicadas desde 2003 (no exentas de dificultades y de errores), que permitieron forjar más de 6 millones de puestos de trabajo, incluir a más de 3 millones de personas en el sistema previsional, y acceder a derechos de todo tipo, generando inclusión social. Las líneas directrices del Presupuesto intentan favorecer el crecimiento de la economía, mejorando la distribución del ingreso a través de las políticas públicas que se van a implementar. Toda estas iniciativas parlamentarias, promovidas tanto desde el Ejecutivo como desde la bancada oficialista y sus aliados, demuestran que el “fin de ciclo” que algunos intentan instalar es sólo un relato. Hay un gobierno activo gestionando la economía, y una voluntad política muy fuerte de continuar este proyecto iniciado en 2003, que en las últimas semanas se ha visibilizado en el territorio en importantes demostraciones de participación popular realizadas por distintas fuerzas que adhieren al proyecto.
NECESARIOS CONTROLES. Hace ya tiempo la AFIP detectó una evasión por un monto de $ 570 millones, llevada a cabo por grandes firmas que utilizaron entre 2006 y 2010 los beneficios del convenio de doble imposición vigente entonces con España. La maniobra consistía en crear empresas ficticias en ese país y transferir su domicilio para beneficiarse de las normas más benignas en cuanto al pago de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Se trata de 51 grandes grupos locales y transnacionales, de los cuales un 82% ya aceptó el ajuste fijado por la AFIP. En parte, debido a estas conductas es que en 2013 se realizó un nuevo convenio con España, que también está en la dirección de los lineamientos impulsados desde el G20, que refieren a la necesidad de eliminar la elusión y evasión impositiva de las multinacionales. El propio gobierno de Barack Obama empezó a tomar medidas para limitar las “inversiones” que permiten a las grandes corporaciones comprar pequeñas compañías en el exterior con el objeto de dejar de tributar en los Estados Unidos. Ante el poderío y el tamaño de los grandes grupos económicos se requiere de una regulación y supervisión por parte de los Estados, ya que, de lo contrario, tiende a prevalecer el interés empresarial por sobre el de los sectores más vulnerables.
FMI, BUITRES, KICILLOF Y VANOLI EN WASHINGTON. A través de un documento, el FMI recomendó reformas para lograr reestructuraciones de deudas soberanas más ordenadas. Al presentar el texto, Sean Hagan, Consejero Jurídico del FMI, comentó que “la segunda reforma tiene que ver con una cláusula que figura en la mayoría de los bonos soberanos internacionales, conocida como la cláusula pari passu. Esa es la cláusula que utilizaron recientemente los holdouts para minar la reestructuración de la deuda argentina”. En el documento se expresa: “se ha acordado que la reforma en este campo esté basada en mecanismos de mercado y, por lo tanto, nos hemos concentrado en los cambios que se podrían introducir en los contratos internacionales de bonos soberanos”. En esa línea, el gobierno argentino avaló la postura del FMI a favor de medidas para reformar las cláusulas pari passu y reforzar las cláusulas de acción colectiva en los bonos soberanos; el ministro de Economía, Axel Kicillof, comentó que “el FMI presentó un documento donde nos da la razón en todo”. Estas medidas van en el mismo sentido que las recomendadas por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, grupo que nuclea a los más grandes bancos e inversores del mundo.
No obstante, cabe destacar una gran diferencia entre las propuestas que se centran en mejorar los mecanismos de mercado, respecto a la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, impulsada por Argentina, que va mucho más allá. Esta declaración “pone de relieve la especial importancia de hallar una solución rápida, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países en desarrollo a fin de promover su crecimiento económico inclusivo y su desarrollo”. De la lectura de la cita surge en forma evidente la relevancia que posee el enfoque de la declaración de la ONU, pues toma a las deudas soberanas y sus reestructuraciones como un problema mundial que debe ser encarado con convenios globales y teniendo en cuenta el desarrollo de los países. Respecto al tema de los fondos buitre, “el gobierno va a agotar pacífica, pero rigurosamente, todas las vías judiciales, diplomáticas, internacionales, porque entendemos que esto no es un problema de Argentina con (Paul) Singer”, expresó Kicillof antes de participar en la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial en Washington. Tanto Kicillof como Alejandro Vanoli, presidente del BCRA, criticaron las negativas proyecciones del FMI sobre la economía argentina. Sin duda, nuestro país está encarando el tema de los fondos buitre con una gran responsabilidad, desde la realización de iniciativas internacionales para evitar los efectos del fallo de Griesa y mejorar las condiciones de los países deudores, hasta la toma de las medidas necesarias para cumplir con el 100% de los acreedores. Importantes pasos en un largo camino que aún no hemos terminado de recorrer.