Cuando las telecomunicaciones y los hidrocarburos son de interés público

Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos dan continuidad a una política encaminada a recuperar la soberanía energética, cuyo inicio puede encontrarse en la denominada “Ley Corta” de hidrocarburos, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, y tuvo un hito con la Ley 26.741, que además de establecer la recuperación de YPF, declara de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
En los ’90, Argentina tenía enormes carencias de abastecimiento energético: la red de gas cubría sólo 5 millones de hogares y no permitía incorporar nuevos usuarios. Como paradoja, se habilitaron nueve gasoductos de exportación a través de los cuales se exportó gas a precio vil, obteniéndose U$S 4000 millones, y si se hubiera contado con ese gas en estos diez años, el país hubiera evitado gastar U$S 33.500 millones en importaciones de combustibles.
Hoy estamos ante un movimiento de pinzas; por un lado, una producción deficitaria de los recursos energéticos, en especial los hidrocarburíferos, debido a una política de privatización de la prospección y producción de los mismos, que minó la producción y las reservas convencionales. Por otro lado, una mayor demanda de energía producto del crecimiento productivo del país y del aumento en el bienestar de su población.
Esta combinación nos ha llevado a perder el autoabastecimiento energético, a pesar de las relevantes medidas tomadas en materia de generación eléctrica y nuclear, que tienden a incrementar la oferta eléctrica.
En coincidencia con la búsqueda del autoabastecimiento, desde su recuperación, YPF ha mostrado niveles de producción en ascenso.
La reforma a la ley de hidrocarburos desarrolla un marco legal que permite la realización de aquellas inversiones que hacen falta para obtener autoabastecimiento manteniendo la soberanía hidrocarburífera.
La ley se orienta a destrabar algunas limitaciones para recibir inversiones externas, especialmente en los recursos no convencionales que requieren grandes recursos financieros, siempre bajo el paraguas de la definición de interés público de la Ley 26.741.
Los convenios que se realicen deben ser guiados por el interés público en la dirección de la exploración y explotación, y deben permitir que nuestro país, nuestros técnicos y nuestra YPF vayan adquiriendo los conocimientos que hoy sólo tienen las grandes multinacionales especializadas en las tecnologías no convencionales.
La discusión sobre la refoma de la ley generó un ámbito propicio para pensar en la importancia de seguir profundizando el proceso de integración con los países de América Latina. Sería conveniente considerar las asociaciones estratégicas con nuestros socios regionales y sus empresas energéticas públicas como Petrobras y PDVSA. En este aspecto, cabe celebrar el resultado de las elecciones en Brasil, dado que sostienen la continuidad de la nación hermana en el fortalecimiento de las políticas de integración latinoamericana.
La ley votada significa un gran avance, aunque las leyes son perfectibles, y en ese sentido resulta prioritario encarar una legislación para aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a la actividad. También queda el desafío de estipular con mayor rigurosidad los parámetros sobre los cuales se calculan las regalías, utilizando controles específicos y externos a las empresas que poseen las concesiones o permisos, dado que el cálculo actual en función del precio de venta informado por las empresas no resulta un procedimiento eficiente.
Por otra parte, el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que tiene por objeto declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y sus recursos asociados (TIC), con la finalidad de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de nuestro país a estos servicios, en condiciones sociales y geográficas equitativas. A partir de esta definición, se mejoraría la competencia para el acceso y el uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC.

NO ES LA PERSONA, ES LA IDEOLOGÍA. En los últimos días, tanto un ex presidente del BCRA como una diputada catastrofista que tiende a destruir todas las alianzas que ella misma dice impulsar, han criticado la designación de Alejandro Vanoli al frente de la autoridad monetaria. La diputada referida rechazó la designación, sugiriendo que Vanoli hará un uso irresponsable, discrecional y arbitrario de las reservas internacionales. Dicha postura la sustenta en declaraciones del actual titular del Central, quien expresó que las reservas están para usarse y que no hay que atarse a un determinado nivel de las mismas, un concepto con el cual se ha coincidido en varias oportunidades desde esta columna. Cabe resaltar que el titular del BCRA también estimó que las reservas aumentarán a fin de año.
Si se dispusiera una política de incremento forzado de las re-servas internacionales, ello nos puede llevar a menores importaciones que impactarán negativamente en la actividad económica, o directamente a una devaluación de magnitud, al no utilizar las reservas para administrar el precio del dólar oficial.
En realidad, puede pensarse que la esencia de las críticas no está vinculada a la persona en sí (Vanoli ha mostrado probidad en los organismos oficiales donde se ha desempeñado), sino a las decisiones soberanas que toman el gobierno y sus funcionarios, con una fuerte presencia estatal que limita al mercado para evitar la especulación y los efectos nocivos de la misma. En realidad, los críticos claman por un BCRA independiente, postura contraria a que “la política monetaria debería ser funcional a los objetivos del país, no sólo en términos económicos, sino al servicio de ideales y valores que forman la identidad de una nación”, como lo expresan Vanoli y Haroldo Montagu en un documento de 2006.
La realidad desarma las críticas, ya que se acaba de activar el acuerdo con la República Popular de China, por el cual el Banco Central de dicho país depositó yuanes en nuestro Banco Central por el equivalente a U$S 814 millones, recibiendo pesos a cambio, una operación denominada “swap”.
Este es el primer paso de un acuerdo equivalente a U$S 11 mil millones, que mejora las expectativas sobre el futuro de nuestras reservas. Como lo destacó el BCRA, el yuan es una moneda de inversión atractiva para los bancos centrales dado que su valor viene mejorando en los últimos años con una volatilidad muy acotada. De hecho, los bancos centrales de Corea, Australia, Brasil e Inglaterra, entre otros, poseen inversiones significativas en la moneda china.
No faltan los críticos que sostienen que el yuan no tiene valor, sino que lo que vale es el dólar. Son los mismos que dicen que nuestro país está aislado, porque añoran las relaciones carnales de los noventa. Mientras tanto, el mundo va en sentido contrario, y prueba de ello es la trascendente resolución en la ONU en contra del bloqueo a Cuba, que sólo fue votada negativamente por Estados Unidos e Israel, con tres abstenciones, y 188 países por la afirmativa. Nuestro país está integrado a esos países que dijeron “no” al bloqueo y es un activo participante en la puja para que los países en desarrollo obtengan mayor poder en el concierto mundial. Una interesante y digna inserción.

ENÉRGICA CARTA. Ratificando la firmeza de la posición argentina en contra de los fondos buitre, tal como le expresó en Naciones Unidas y otros organismos, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta a Obama por la designación de Nancy Soderberg como presidenta de la Junta de Desclasificación de Interés Público, quien es a su vez copresidenta de la ATFA, como expresamos en esta columna la pasada semana.
Cristina llama la atención del presidente estadounidense del hecho “que de confirmarse sería grave en las relaciones entre nuestros países”, dado que Soderberg “ha llevado a cabo una campaña difamatoria e injuriosa (…) con el objeto de perjudicar a la República Argentina”.
Entre los interesantes datos de la carta, destacó la alusión al discurso antievasión de Obama, cuando habló de “la indignación de que en un solo edificio de las Islas Cayman más de 12 mil empresas tengan sus oficinas principales”, para luego reflexionar con ironía “o es el edificio más grande del mundo, o es la estafa impositiva más grande del mundo”. Cristina le menciona que en ese edificio tiene la sede el Fondo Elliott Internacional, que financia las actividades de Soderberg en la ATFA, y que sería una gran contradicción en la lucha contra la evasión encarada por Obama la designación de Soderberg en un cargo público “clave”. De esa forma Cristina pone en evidencia, en este ejemplo y en otros, como el comercio de las armas, el doble discurso del gobierno estadounidense.
En resumen, la carta al presidente de la principal potencia mundial, no desprovista de cierto toque irónico que Obama también suele utilizar, indica una decisión enérgica y valiente de nuestra presidenta en la defensa de nuestra soberanía.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de noviembre de 2014.